Falta de idoneidad de la intimación a regularizar la relación laboral para generar la operatividad de las multas laborales.

CalendarioPartes: Arriola Daniel Ramón c/ Salti Mario Albino y/u otro s/ laboral

Tribunal: Cámara de Apelación en lo Civil, Comercial y Laboral de Rafaela

Fecha: 1-nov-2012

Cita: MJ-JU-M-76069-AR | MJJ76069 | MJJ76069

La intimación a regularizar la relación laboral con una fecha no verídica no resulta idónea para generar la operatividad de las multas laborales.

Sumario:

1.-Corresponde acoger parcialmente el recurso de apelación, y revocar la sentencia en cuanto ordena el pago de las indemnizaciones de los arts. 9  y 15  de la ley 24013 teniendo en cuenta que en la intimación a regularizar la relación laboral se consignó una fecha de comienzo de la relación, con los caracteres que tipifican el contrato de trabajo, que no es la real, así la pretensión del demandante de cobrar las indemnizaciones de los arts. 8  y 15 de la ley 24013 luce improcedente, pues la intimación del art. 11  de la ley 24013 no resulta idónea para generar la operatividad de las multas previstas en los mencionados artículos si no contiene los datos verídicos que la norma impone.

Fallo:

En la ciudad de Rafaela, al primer día del mes de noviembre del año dos mil doce, se reúnen en Acuerdo Ordinario los Señores Jueces de la Cámara de Apelación en lo Civil, Comercial y Laboral de la Quinta Circunscripción Judicial, Dres. Lorenzo J. M. Macagno, Beatriz A. Abele y Juan M.Oliva, para resolver los recursos de nulidad y apelación interpuestos por la parte demandada, contra la sentencia dictada por la Sra. Jueza de Primera Instancia de Distrito N° 10 en lo Civil, Comercial y Laboral de San Cristóbal, en los autos caratulados: «Expte. N° 131 – año 2011 – ARRIOLA, Daniel Ramón c/ SALTI, Mario Albino y/u Otro s/ Laboral» Dispuesto el orden de votación, en coincidencia con el estudio de la causa resulta: primero, Dr. Lorenzo J. M. Macagno; segunda, Dra. Beatriz A. Abele; tercero, Dr. Juan M.Oliva.

Acto seguido el Tribunal se plantea las siguientes cuestiones:

1ra.: ¿Es nula la sentencia apelada?

2da.: En caso contrario ¿es ella justa?

3ra.: ¿Qué pronunciamiento corresponde emitir?

A la primera cuestión, el Dr. Macagno dijo:

El demandado mantuvo el recurso de nulidad interpuesto (fs. 126) contra la interlocutoria de fs. 111 (Res. Nº 856 del 06/11/07) que había rechazado su revocatoria de fs. 103 contra el decreto del 30/08/07 (fs. 98) ?que designó nuevas fechas de audiencia para los testigos propuestos por el actor, despachando favorablemente el pedido de este último formulado el 30/08/07 (fs. 97, vta.)?, si bien le impuso las costas de la incidencia al actor porque «con su conducta procesal dio lugar al reclamo» (fs. 111 vta./112).

En efecto, en la audiencia de trámite, efectuada con la presencia de ambas partes y de sus respectivos letrados, el juzgado despachó favorablemente la prueba testimonial solicitada por el actor y designó las audiencias de fecha 02/05/07 para los testigos Lazzaroni, Prieto y Cáceres, y 04/05/07 para los testigos Miranda, Martínez y Fiore (fs. 83), de lo que ambas partes quedaron notificadas con la firma del acta de audiencia.También se habían designado las audiencias del 27/04/07 para el testimonio del Dr. López y 10/05/07 para el testimonio de Córdoba y Mamut, propuestos por el demandado. Ello no obstante transcurrieron los días fijados para los testigos del actor sin que éstos concurrieran y recién el 10/05/07, cuando había transcurrido en exceso el plazo fijado por el art. 63  del C.P.L., en pedido formulado en diligencia el actor solicitó fecha de nueva audiencia sólo para los testigos Miranda, Martínez y Fiore (fs. 94), que fueron fijadas para el 26/07/07 (fs. 94).

Tampoco concurrieron estos tres testigos a la fecha señalada sin que el interesado en la prueba hubiera actuado con diligencia para notificar a la contraparte. Es así como recién el 30/08/07 el actor solicitó en diligencia la designación de nueva fecha para todos sus testigos, cuando resulta manifiesto que estaban doblemente agotados los plazos del art. 63 del C.P.L. franqueando la sanción allí establecida, como lo solicitó el demandado en la revocatoria de fs. 103.

Ello no obstante, al rechazar la revocatoria la juez invocó las facultades que le confiere el art. 61 del C.P.C. que torna procedente en el proceso laboral su ejercicio, en un marco de discrecionalidad inexistente en el proceso civil, aun mediando negligencia de la parte interesada en la prueba (VILLARRUEL, Juan Manuel y VIANA, Oscar D., «Comentarios al Código de Procesal Laboral de la Provincia de Santa Fe», Zeus Editora, Rosario, 1982, pág. 98/9), sin perjuicio de la imposición de costas al negligente, como lo hizo la interlocutoria impugnada.

Por estas razones, a esta primera cuestión voto por la negativa.

A esta cuestión, la Dra.Abele dijo que por idénticos fundamentos adhería al voto del Dr. Macagno.- A esta misma cuestión, el Dr.Oliva dijo que, atento a la existencia de dos votos concordantes, se abstiene de emitir opinión (art.26 , Ley 10.160).

A la segunda cuestión, el Dr.Macagno dijo:

El actor promovió su demanda en procura del cobro de los rubros laborales que detalla – diferencias salariales, adicionales del convenio colectivo 40/89 ítems 4.2.3, 4.2.4, 4.2.6, y 4.2.5, equivalente de ropa de trabajo, asignaciones no remunerativas, sueldo anual complementario, por el período no prescripto; vacaciones no gozadas año 2004 y proporcional 2005, indemnizaciones sustitutiva de preaviso y por antigüedad, de los arts. 8  y 15  de la ley 24.013, y subsidiariamente la del art. 1º  de la ley 25.323, incremento art. 2º ley 25.323, del art. 16  de la ley 25.561, indemnización del art. 45  de la ley 25.345 y certificación de servicios y remuneraciones-, invocando su desempeño laboral en la empresa de transportes del demandado desde el 05/03/2000, con continuidad, mensualizado en jornadas completas, como chofer de larga distancia, primera categoría, conduciendo camiones de transporte de cargas generales hacia diferentes puntos de las provincias de Santa Fe, Córdoba, Santiago del Estero y Chaco. La relación laboral nunca fue registrada y percibía una remuneración inferior a la que le correspondía hasta que a principio de julio de 2005 se agregó la falta de provisión de trabajo efectivo por lo que se inició el intercambio telegráfico que culminó con el despido indirecto del trabajador comunicado mediante el telegrama del 16/08/2005 (fs. 19, original en documental reservada), rechazado por el empleador en la carta documento del 19/08/05 (fs. 27; ver demanda, fs. 4/10)).

El demandado se opone a sus pretensiones, niega todas las circunstancias fácticas expuestas en la demanda, y expresa que el actor comenzó a trabajar en forma habitual el 04/01/05 como chofer de larga distancia, realizando fletes con un recorrido mensual entre cinco y seis mil kilómetros aproximadamente.Con anterioridad a esa fecha sólo realizaba viajes en forma esporádica, sin revestir la calidad de permanente y percibió los rubros laborales devengados en cada oportunidad según los comprobantes de pago que acompaña. Cuando el demandado instó la inscripción de la relación laboral para incorporarlo en forma permanente, si bien el actor efectuó y concluyó el examen médico, se negó a suscribir la restante documentación aduciendo que la registración se estaría haciendo sobre datos no reales, por lo que impidió su concreción y se ausentó a partir de julio de 2005 (responde, fs.56/59).

La sentencia de primera instancia ponderó la prueba testimonial para concluir que ellos acreditan que el actor trabajó para el demandado desde la fecha indicada en la demanda (05/03/2000), y señala que la omisión de presentar el libro especial del art. 52  de la L.C.T. acarreó la presunción del art. 55  de la misma ley, que no fue desvirtuada por prueba en contrario, por lo que considera justificado el despido indirecto del trabajador y condena al demandado al pago de las indemnizaciones de los arts. 232, 233  y 245  de la L.C.T., de los arts. 8 y 15 de ley 24.013 y del art. 2 de la ley 25.323; también al 80 % del incremento del art. 16 de la ley 25.561(decreto 2014/04), como también de los haberes de julio y proporcional de agosto de 2005, diferencias salariales, y demás adicionales reclamados en la demanda por el período no prescripto, vacaciones proporcionales año 2005, indemnización del art. 45 de la ley 25.435 y entrega del certificado de trabajo del art. 80 de la L.C.T., todo ello más sus intereses y costas (sentencia, 03/05/10, fs.197/203).

Contra ella apeló el demandado y se agravia por la valoración de la prueba efectuada en la sentencia al tener por cierta la fecha de iniciación de la relación laboral y la causa de extinción omitiendo ponderar otras pruebas presentadas por el demandado. Señala que tuvo en cuenta para el inicio de la relación laboral sólo la prueba testimonial aportada por el actor cuando los Sres. Cáceres y Fiore tenían también trámites judiciales iniciados contra el demandado radicados en el mismo juzgado y en los que intervino esta Cámara en grado de apelación (Expte. Nº 83/11, «Fiore Omar Oscar c/ Salti, Mario Albino» y Expte. Nº355/08, «Cáceres, Gabriel Reynaldo c/ Salti, Mario Albino»); y que los testigos Miranda y Martínez sólo tuvieron conocimiento de los hechos sobre que declararon por comentarios del actor. Señala que se ha probado que fue el actor con su conducta el que obstó para la finalización de los trámites de registración, y que partiendo de un supuesto de autodespido cuya justificación no fue probada, la sentencia haya hecho lugar a los rubros reclamados. Pide la revocación del fallo (fs. 233/235). Sus agravios fueron respondidos a fs. 238/245.

Corresponde analizar entonces dos cuestiones fundamentales: fecha de ingreso del trabajador y si resultó justificado el despido indirecto del trabajador.

Conforme está planteada la litis corresponde diferenciar dos períodos: el primero que va desde el 05/03/2000 hasta el 04/01/2005 y el segundo, que va desde esta fecha hasta el fin de la relación laboral notificado el 16/08/2005.La controversia se suscita respecto de la existencia de desempeño laboral durante el primer período ya que no está discutida su existencia y comienzo del trámite para su registración a partir del 04/01/2005 hasta el distracto dispuesto por el trabajador.

En este sentido, esta Cámara ha dicho que ante la negativa de los demandados acerca de la existencia de la relación laboral, la carga de la prueba está en cabeza de quien la invoca (KROTOSCHIN, Ernesto y RATTI, Jorge A.F., Código del Trabajo Anotado, Depalma, Buenos Aires, 1986, 70 ed., pág. 92; BABIO, Alejandro O., «La prueba y su carga en el proceso laboral», D.T., 1 990-B, 2281, IV, Reglas de distribución de las cargas probatorias; conf. esta Cámara en «Benítez, M. c/ Trossero, R.», 27/05/05, L. de Resoluciones 1, Res. N° 306/05; «Alvarez, Horacio D. c/ Zlauvinen, J.», 13/02/02, Res. N° 007/02; «Bernachea, V.J. c/ Altamiran o, J.M.», 02/12/05, L. de Resoluciones, T. III, Res. N° 643/05, entre otros) El testimonio de Gabriel Reynaldo Cáceres, desde que el testigo fue compañero de trabajo del actor e ingresó según sus dichos a trabajar para el demandado en el año 2002 (sin precisar fecha de ingreso), es inconducente para probar la fecha de ingreso del actor (05/03/2000), desde que su conocimiento surge «porque yo trabajaba ahì» (fs. 147, respuestas 1, 2 y 3). De allí que no haya podido tener conocimiento de un hecho ocurrido cuando él aún no trabajaba. Omar Oscar Fiore declaró en el juicio que siguió al demandado que comenzó «a trabajar para Salti en junio de 2001» (sentencia de esta cámara del 24/05/12,en los autos «Fiore, Omar Oscar c/ Salti, Mario Albino», L. de Resoluciones T. 18, Res. Nº 127/12), y al declarar como testigo en el presente dice que cuando el testigo empezó «a trabajar para el Sr. Salti, él (Arriola, Daniel) ya estaba trabajando hacía como tres meses en la empresa» (fs.166, respuesta 2), el actor «debe haber empezado a trabajar en el año 2001» (fs. 166, respuesta 3). Este testimonio tampoco posee valor probatorio respecto de la fecha indicada en la demanda como ingreso del actor.

Juan Marcelo Martínez, quien da como razón de sus dichos su desempeño laboral en la Estación de Servicio San Lorenzo desde 1998 y continúa haciéndolo a la fecha de su declaración (08/05/08), declara que sabe que el actor trabajó para el demandado porque lo veía en un camión de este último, no sabe en qué fecha comenzó pero dice que «en el año 2000 lo empecé a ver en el camión «la fecha no la sé y la fecha en la que dejó de trabajar no la sé», «trabajó con continuidad.lo sé porque yo trabajo en la estación de servicio San Lorenzo y lo veía pasar todos los días con el camión», «manejaba el camión, hacía carga general. Esto lo sé porque cuando lo atendía en la Estación de Servicio San Lorenzo veía las cargas que llevaba»; y cuando se le pregunta «cuáles eran los días y horarios de trabajo del actor mientras trabajó para el demandado, y cómo lo sabe», respondió: «Todos los días y horarios lo veía cuando llegaba a la estación a comprar algo.», respuestas que invalidan su testimonio dada la imposibilidad de que pudiese haber visto al actor «todos los días», cuando en la demanda se invocó que realizaba viajes, entre otros destinos, a «Córdoba, Santiago del Estero y Chaco», lo que demuestra la mendacidad del testigo (fs.150, respuestas 2, 3, 4, 5 y 6). También resulta inexplicable que el testigo no hubiese conocido al actor durante el año 1998 -en el que el testigo comenzó a trabajar en la Estación de Servicios San Lorenzo-, hasta diciembre de 1999 en que Eduardo Julio Miranda tuvo la gomería en la misma estación de servicio, período durante el que, según los dichos de Miranda, el actor trabajaba para él cuando había mucho trabajo (fs. 146, respuestas 1 y 2).

Julio Eduardo Miranda declara que cuando él tenía una gomería en la Estación de Servicios San Lorenzo, cuando había mucho trabajo venía el actor y lo ayudaba y «ahí me quedó una relación de amistad»; el testigo declara que dejó la gomería en el mes de diciembre de 1999 » y sabe que el actor trabajó para el demandado «porque cuando yo dejé la gomería, a los tres o cuatro meses Arriola empezó a trabajar para Salti.más de cuatro o cinco meses desde que yo dejé la gomería no pasó para que Arriola comience a trabajar para Salti», «esto lo sé porque yo siempre voy a la casa de ellos cuando hay cumpleaños y voy a cocinarles y ahí me entero, aparte la vez que lo encontraba andaba con el camión de Salti y también a veces le hacía cosas al camión, mantenimiento». Contrasta esta última respuesta con su falta de memoria respecto de la marca del camión, como también «que cuando iba a buscarlo a la casa yo nunca lo encontraba» , «iba a veces los sábados a la noche y tampoco estaba en su casa»; siendo por otra parte que el testigo también sabía lo que cargaba el camión, «esto lo sé porque yo lo sabía ver al camión cargado en la casa de Arriola» (fs.146, respuestas 1, 2, 3, 4, 6 y 7). Tales imprecisiones acerca de la fecha de ingreso del actor así como ignorancias inexplicables en las circunstancias relatadas por el testigo, y el hecho de haberse enterado del desempeño laboral del actor por comentarios en la casa de éste cuando el testigo concurría con motivo de cumpleaños, resta valor probatorio a sus dichos respecto de la fecha de ingreso invocada en la demanda.

Queda así el único testimonio de Néstor Prieto quien afirma que el actor trabajó «más o menos desde el año 2000» sin explicar si fue a comienzos, a mediado o finalizando el año 2000, con lo que este único testimonio se muestra insuficiente para tener por acreditado que el actor comenzó a trabajar el 05/03/2000 como lo invoca en la demanda.

Ello no obstante, estimo que de la prueba documental traída tanto por el actor como por el demandado, se desprende que aquél había comenzado a trabajar con anterioridad a la fecha de ingreso como trabajador permanente reconocida por el demandado, es decir, con anterioridad al 04/01/2005.En efecto, con los propios recibos traídos por el demandado se acredita que ya en junio de 2004 el actor estaba prestando sus servicios (esos recibos tienen el mismo formulario que los utilizados a partir de enero de 2005, ver documental reservada). Asimismo, el actor trajo en su apoyo documentos que acreditan su vinculación con el demandado, bien que no permanente, desde julio del año 2002 (documental reservada).

La confrontación de estos elementos probatorios me llevan al convencimiento de que la relación entre las partes tuvo comienzo con anterioridad al 04/01/2005; y más allá de que los testimonios traídos, producidos en el año 2008, se refieren a hechos que datan de varios años atrás, es de rigor reconocer que las pruebas producidas no son suficientes para establecer con alguna precisión desde cuándo el actor comenzó a desempeñarse bajo la subordinación y dependencia del demandado configurando una relación de trabajo permanente.

A esta altura, cabe recordar que este tribunal ha señalado que en virtud de la buena fe con que deben ejecutarse los contratos y muy particularmente el de trabajo, tanto el empleador como el trabajador están obligados a exteriorizar, en tiempo oportuno, su conformidad o disconformidad con cualquier acto o medida que se relacione con los derechos y obligaciones recíprocos, principio que quedaría contrariado si quien pudiendo oponerse, acepta una situación y extemporáneamente se atribuye calidad de pretensor de acreencias acumuladas por el transcurso del tiempo o de un crédito para el futuro (CARCAVALLO, Hugo R., «El reemplazo del viajante, la buena fe y los reclamos retroactivos», L.T. XVIII-867, cit. por VAZQUEZ VIALARD, A. en «Tratado de Derecho del Trabajo», t. 6, pág. 1080; conf. esta Cámara en «Lagger, Norberto César c/ Luis Brunelli y Cía. S.R.L. s/ Laboral», 07/08/96, L. de Fallos N° 9, Res. N° 063/96, copia obrante a fs.144/56 del presente).

En el contexto de tales imprecisiones probatorias, de las que no resulta ajeno el proceder del actor con su ausencia de reclamos durante el extenso período que, según su versión, habría estado desempeñandose como chofer permanente, con infracción al principio de la buena fe (art. 63, L.C.T.), estimo adecuado establecer el 01/07/2003 como fecha de iniciación de la relación con los caracteres que tipifican al contrato de trabajo, debiendo computarse a partir de esa fecha los rubros basados en la antigüedad (conf. criterio de esta Cámara en «Zenklusen, Cristian Martin c/ Biderbost, Miguel Ángel s/ laboral», 24/08/10, L. de Resoluciones T. 14, Res. N 291/10).

A partir de esta conclusión se muestra justificado el despido indirecto del trabajador habida cuenta de que el intento de registrar la relación laboral por parte del empleador (fs. 52/55, reconocimiento del trabajador a fs. 85 vta., testimonio de fs. 88) no se ajustó a la fecha de ingreso real de aquél, circunstancia de gravedad suficiente para justificar el distracto dispuesto por el trabajador (RODRÍGUEZ MANCINI, Jorge -Director-, «Ley de Contrato de Trabajo, Comentada, Anotada y Concordada», Editorial La Ley, Buenos aires, 2007, t. IV, pág. 505).

En el marco de la precedente conclusión y teniendo en cuenta que en la intimación a regularizar la relación laboral se consignó una fecha de comienzo de la relación, con los caracteres que tipifican el contrato de trabajo, que no es la real (fs. 16), la pretensión del demandante de cobrar las indemnizaciones de los artículos 8 y 15 de la ley 24013 luce improcedente. Esta Cámara tiene dicho que la intimación del art. 11 de la ley 24013 no resulta idónea para generar la operatividad de las multas previstas en los artículos 8, 9 y 15 si no contiene los datos verídicos que la norma impone (C.N.A. Trab. sala VIII, 10-8-2001, «Bruno, Andrea L. y otro c. Celular Business SA. y otro», D.T.2002-A, 310), como también que es inadmisible condenar al empleador al pago de las multas de la ley 24013, si el trabajador en el requerimiento de regularización registral indicó una fecha de ingreso incorrecta (C.N.A.Trab., sala VIII, 15-7-2002, «Aguilar, Fermín F. y otros c. Escuela J.N. Bialik Soc. sin fines de lucro y otros», D.T. 2003-A, 359; esta Cámara en «Carrere, Manuel Silvio c/ Onofre Hugo Sala S.A. y/ o Sala, Hugo Sergio y/o Isu Motors S.R.L. y/o Sala, Alejandro Lucas José y/o quien resulte resp. y/o prop. y/o Sala, Onofre Hugo y/ o Sala, Mónica del Carmen s/ Laboral». 25/02/05, Res. N° 093/05; en igual sentido «Maidana, Gabriela María de Belén c/ Porta, Alcides Juan y/u Otros s/ Laboral, 20/05/05, L. de Resoluciones T. 1, Res. N° 294/05; «Cavalie, Ariel Andrés c/ Vritos, Carlos Orlando s/ Laboral», 08/03/07, L. de Resoluciones T. 6, Res. N° 03 7/07, entre otros).

Por ultimo, y dicho sea de paso, se advierte que el informe pericial presentado el 02/06/10, con posterioridad a la sentencia (fs. 204/209), al expedirse sobre el rubro indemnización de l art. 16 de la ley 25.561 (fs. 206), se aparta del criterio establecido en la ley 25.972  (B.O. 17/12/2004) que en su art. 4º señala expresamente que «en caso de producirse despidos en contravención a dicha suspensión, los empleadores deberán abonar a los trabajadores afectados el porcentaje adicional que fije el Poder Ejecutivo Nacional, por sobre la indemnización que les corresponda conforme a lo establecido en el art. 245  de la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias», a lo que deberá ajustarse la liquidación definitiva excluyéndose para el cómputo las indemnizaciones o recargos especiales (conf. RODRÍGUEZ MANCINI, Jorge, op. cit., t. IV, pág. 461, n.5).

Por estas razones estimo que corresponde acoger parcialmente el recurso de apelación, modificar la sentencia según las consideraciones precedentes, revocarla en cuanto ordena el pago de las indemnizaciones de los arts. 9 y 15 de la ley 24.013, declarar procedente la indemnización del art. 1º de la ley 25.323 y, con la salvedad de los rubros declarados improcedentes, confirmarla en el resto, con la salvedad de que los rubros procedentes deberán liquidarse computando como fecha de inicio del contrato de trabajo el 01/07/2003, reajustes que, en ausencia de acuerdo de partes, se efectuarán en la baja instancia por el perito contable. Teniendo en cuenta el éxito parcial de las partes, se imponen las costas, en ambas instancias, por el orden causado (art. 102, C.P.L.).

Dejo así formulado mi voto.

A esta cuestión, la Dra.Abele dijo que por idénticos fundamentos adhería al voto del Dr. Macagno.- A esta misma cuestión, el Dr.Oliva dijo que, atento a la existencia de dos votos concordantes, se abstiene de emitir opinión (art. 26 , Ley 10.160).

A la tercera cuestión, el Dr. Macagno dijo que, atento al resultado obtenido al tratar la cuestión anterior, corresponde: Acoger parcialmente el recurso de apelación, modificar la sentencia según las consideraciones precedentes, revocarla en cuanto ordena el pago de las indemnizaciones de los arts. 9 y 15 de la ley 24.013, declarar procedente la indemnización del art. 1º de la ley 25.323 y, con la salvedad de los rubros declarados improcedentes, confirmarla en el resto, con la salvedad de que los rubros procedentes deberán liquidarse computando como fecha de inicio del contrato de trabajo el 01/07/2003, reajustes que, en ausencia de acuerdo de partes, se efectuarán en la baja instancia por el perito contable. Teniendo en cuenta el éxito parcial de las partes, se imponen las costas, en ambas instancias, por el orden causado (art. 102, C.P.L.).

A la misma cuestión, la Dra.Abele dijo que la resolución que correspondía adoptar era la propuesta por el Dr. Macagno, y en ese sentido emitió su voto.

A esta misma cuestión, el Dr. Oliva dijo que, atento a la existencia de dos votos concordantes, se abstiene de emitir opinión (art. 26, Ley 10.160).

Por las consideraciones del Acuerdo que antecede la CAMARA DE

APELACION CIVIL,COMERCIAL Y LABORAL,

RESUELVE : Acoger parcialmente el recurso de apelación, modificar la sentencia según las consideraciones precedentes, revocarla en cuanto ordena el pago de las indemnizaciones de los arts. 9 y 15 de la ley 24.013, declarar procedente la indemnización del art. 1º de la ley 25.323 y, con la salvedad de los rubros declarados improcedentes, confirmarla en el resto, con la salvedad de que los rubros procedentes deberán liquidarse computando como fecha de inicio del contrato de trabajo el 01/07/2003, reajustes que, en ausencia de acuerdo de partes, se efectuarán en la baja instancia por el perito contable. Teniendo en cuenta el éxito parcial de las partes, se imponen las costas, en ambas instancias, por el orden causado (art. 102, C.P.L.).

Insértese el original, agréguese el duplicado, hágase saber y bajen.

Concluido el Acuerdo, firmaron los Jueces de Cámara por ante mí, doy fe.

Lorenzo J.M. Macagno Beatriz A. Abele Juan M. Oliva

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