Los insultos a los superiores a través del correo electrónico no justificaron el despido por resultar imprecisa la falta imputada

Partes: L. G. G. H. F. c/ YPF S.A. y otro s/ despido

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo

Sala/Juzgado: X

Fecha: 31-jul-2012

Cita: MJ-JU-M-74985-AR | MJJ74985 | MJJ74985

El despido resultó injustificado puesto que la falta imputada al trabajador -proliferación de insultos e injurias a superiores a través de correo electrónico y consecuente uso indebido de herramientas de trabajo-, fue imprecisa, lo que además de incumplir con la carga impuesta por el art. 243 de la LCT. impide valorar seriamente la supuesta injuria cometida por el actor.

Sumario:

1.-Corresponde confirmar la sentencia de anterior instancia, en cuanto reputó injustificado el despido dispuesto por la patronal puesto que sin bien la demandada procedió a extinguir el contrato de trabajo por haber registrado el uso de herramientas de trabajo indebidamente, -por correo electrónico el trabajador habría insultado e injuriado a sus superiores-, pero se desconoce en qué consistieron las supuestas injurias e insultos que habría proferido el actor a sus superiores y asimismo, se desconoce su identidad, por lo que además de incumplir con la carga impuesta por el art. 243  de la LCT., impide valorar seriamente la supuesta injuria cometida por el actor.

2.-La declaración testimonial apoyada en dichos de terceros y sin ningún otro elemento objetivo de prueba que lo avale, resulta ineficaz para el fin propuesto y determina, que deba reputarse injustificada la medida extintiva adoptada y procedentes las indemnizaciones debidas a causa de ese hecho extintivo.

3.-Las diferencias salariales son procedentes puesto que si bien en orden a que la presunción emergente del art. 55  de la LCT. resulta inaplicable ante la falta de exhibición de las planillas horarias, ya que no es un dato que deba consignarse en el libro del art. 52 del citado cuerpo legal, las diferencias declaradas procedentes en la instancia anterior encuentran correlato con la acreditación del horario de trabajo denunciado en el inicio.

4.-Corresponde confirmar la procedencia del incremento indemnizatorio previsto por el art. 2 de la ley 25.323, porque el despido dispuesto por la patronal resultó injustificado, el trabajador intimó el pago de las indemnizaciones debidas a causa de ese hecho extintivo y, a tenor de lo resuelto precedentemente, no existe ninguna razón atendible como para legitimar a la accionada en la omisión de abonarle al actor las indemnizaciones generadas a consecuencia de la ruptura del contrato de trabajo.

5.-Corresponde confirmar la condena solidaria dispuesta pues la coaccionada reconoció que tener como política el control del cumplimiento de las obligaciones de aquellos con quienes contrata y tal aspecto, que implica la admisión de la operatividad del art. 30  LCT., no fue acreditado en la causa pues el experto contable en su informe respondió que no le fue puesta a disposición documentación que permitiese evacuar lo solicitado.

Fallo:

Buenos Aires, 31/07/2012

El Dr. ENRIQUE R. BRANDOLINO, dijo:

El sentenciante de grado, luego de valorar los elementos probatorios arrimados a la causa y restarle eficacia convictiva al testimonio de Bonafina, consideró injustificado el despido dispuesto por Actionline de Argentina S.A. y admitió la acción en procura de diversos créditos de naturaleza salarial e indemnizatoria. Asimismo, hizo extensiva la condena a la coaccionada YPF S.A. con sustento en las disposiciones del art. 30  de la L.C.T.

Contra tal resolución se alzan ambas demandadas, a tenor de las presentaciones obrantes a fs. 263/67 y 271/73, debidamente replicadas por su contraparte. También hay apelación de la representación letrada del actor y del perito contador en relación a los honorarios que les fueran regulados.

Por una cuestión puramente metodológica, me abocaré en primer término al recurso interpuesto por Actionline de Arg. S.A. y, en punto al primero de ellos, entiendo que no le asiste razón en su planteo porque desde que está fuera de discusión que fue la recurrente quien decidió poner fin al contrato de trabajo alegando justa causa, estaba a su cargo acreditar los extremos fácticos que motivaran aquella decisión extintiva (art. 377  del CPCCN) y, más allá de los reparos que merece el texto de la misiva rescisoria (conf. art. 243  de la L.C.T.), con el aislado testimonio de Bonafina (fs. 148) no lo ha logrado.

En efecto, demandada procedió a extinguir el contrato de trabajo que la unía con el actor por intermedio de la misiva del 20/4/2009 cuyo texto reza: «Por medio de la presente y en virtud de registrarse que Ud. ha utilizado las herramientas de trabajo indebidamente, siendo que por correo electrónico insultó e injurio a sus superiores, haciendo publicidad con el resto de sus compañeros de su indebido accionar y toda vez que esto califica como una injuria de tal gravedad que no consiente la prosecución de la relación laboral, queda Ud.despedido con justa causa conf. art. 242 de la L.C.T.», pero se desconoce a tenor del texto transcripto y lo expuesto en el responde, en que consistieron las supuestas injurias e insultos que habría proferido el actor a sus superiores (cuyas identidad también se desconocen) y ello además de incumplir con la carga impuesta por el art. 243 de la L.C.T. (nótese que tampoco se describieron las circunstancias de tiempo y lugar), impide valorar seriamente la supuesta injuria cometida por L.

Por lo demás, los dichos de Bonafina (fs. 148) no dejan de ser meramente referenciales en tanto tomó conocimiento de los hechos por terceras personas («.que el actor dejo de trabajar para la demandada, .por agravios contra la persona de Carla Bisuti de YPF y Jhonatan Touson; que lo sabe porque se lo dijo su jefa») y aunque si bien refirió que le constan los agravios porque los leyó en un mail que, acoto no se aportó a la causa, agregó que no sabe a quién estaba dirigido y muchos menos preciso el contenido del mismo.

Consecuentemente, tal declaración apoyada en dichos de terceros y sin ningún otro elemento objetivo de prueba que lo avale, resulta ineficaz para el fin propuesto y determina, tal como lo hizo el sentenciante «a quo», que deba reputarse injustificada la medida extintiva adoptada y procedentes las indemnizaciones debidas a causa de ese hecho extintivo, lo que así se decide.

El agravio relativo a la procedencia de las diferencias salariales, tampoco será admitido y ello así pues, si bien comparto la tesis expuesta por la quejosa en orden a que la presunción emergente del art. 55  de la L.C.T. resulta inaplicable ante la falta de exhibición de las planillas horarias, ya que no es un dato que deba consignarse en el libro del art.52 del citado cuerpo legal, soslaya la quejosa que las diferencias declaradas procedentes en la instancia anterior encuentran correlato con la acreditación del horario de trabajo denunciado en el inicio, esto es, de lunes a viernes de 9 a 19 horas (conf. testimonios de -; Caruso -fs. 146-; Mandelani -fs. 142-; Bonafina -fs. 148-; y Lipski -fs. 155- (los tres últimos citados por la codemandada YPF S.A.), por lo cual no resulta necesario recurrir a la presunción citada y corresponde estar al cálculo proporcional efectuado por el experto contable a fs. 225vta, en tanto la recurrente no produjo prueba alguna en orden a acreditar la jornada reducida denunciada en el responde (30 horas semanales)

Tampoco, tendrá favorable tratamiento la queja relacionada con la procedencia del incremento indemnizatorio previsto por el art. 2  de la ley 25.323, porque el despido dispuesto por la patronal resultó injustificado, el actor intimó el pago de las indemnizaciones debidas a causa de ese hecho extintivo (ver anexo reservado en Secretaria y reconocimiento de fs. 137) y, a tenor de lo resuelto precedentemente, no encuentro ninguna razón atendible como para legitimar a la accionada en la omisión de abonarle a L. las indemnizaciones generadas a consecuencia de la ruptura del contrato de trabajo.

Igual temperamento habré de adoptar con la indemnización del art. 80  de la L.C.T. (to según art. 45  de la ley 25.345) porque la recurrente omitió acompañar en oportunidad del conteste los instrumentos aludidos por el citado precepto legal y a consecuencia de ello resulta imposible valorar lo afirmado en el responde y expuesto, nuevamente, en el memorial recursivo, con relación a que los mismos fueron puestos a disposición del actor contemporáneamente al distracto. Por ende, toda vez que arriba firme a esta alzada que el actor cumplimentó la intimación requiriendo los certificados de trabajo de conformidad con lo dispuesto por el art. 3ro.  del decreto 146/01, corresponde desestimar la queja impetrada y confirmar lo decidido en la instancia anterior.Resta analizar la extensión de la condena en forma solidaria a la codemandada YPF S.A. y sin perjuicio de señalar que la demandada Actionline de Arg. SA. carece de legitimación para cuestionar dicha condena como lo hizo, corresponde avocarse al tratamiento de los agravios vertidos por la coaccionada que fuera sujeto de condena en los términos del art. 30  LCT (to).

En este sentido, llega firme a esta alzada el hecho que el actor, en virtud del contrato celebrado entre dicha codemandada y su empleadora Actionline Arg SA, cumplió tareas de atención telefónica de clientes adheridos al programa YPF Serviclub cuyo alcance esta especificado en el contrato obrante a fs. 32/42 («Soporte a los socios de Serviclub y Clientes YPF en Ruta por diferentes temas descriptos a continuación: Consultas y reclamos acerca de los programas ServiClub, Serviclut, GNC, YPF en ruta e YER Contado (subsidiados); mantenimiento y actualización de datos de los socios y clientes; denuncia de tarjeta extraviada – deteriorada; aviso baja de socio; solicitud de adhesión; reclamo o resumen de cuenta YER, etc (ver fs. 39vta).

Sobre tal base el Dr. Perez, concluyó que tal contratación importa una delegación de al menos parte de su actividad normal y específica en tanto incluye las coadyudantes o complementarias integradas de modo permanente al establecimiento con lo cual se activa, según entendió, la responsabilidad solidaria que prevé el art. 30 de la LCT; en especial, teniendo en cuenta lo informado por el perito contador respecto de las actividades desarrolladas por ambas empresas (conf. fs. 224 pto.3).

Tal conclusión en modo alguna ha sido cuestionada debidamente en el memorial recursivo pues allí se dedica a dejar en claro que no fue empleadora del actor (aspecto que más allá de la opinión que me merezca, no fue objeto de decisión en la instancia anterior) y por el otro lado se limita a señalar que el objeto social de ambas empresas resulta notoriamente diferente, aspecto que en modo alguno resulta suficiente para enervar los argumentos dados en el fallo que se pretende revertir (conf. arg. Art. 116  de la L.O.).

Aún así, no puede perderse de vista que en su propio responde la coaccionada reconoció que tener como política el control del cumplimiento de las obligaciones de aquellos con quienes contrata, tal así, expresó «en cumplimiento de las prescripciones del art. 30 de la LCT lleva a cabo un control de los contratistas y subcontratistas con los que se encuentra vinculada» (ver fs. 47vta) y tal aspecto, que implica la admisión de la operatividad de la norma en cuestión, no fue acreditado en la causa pues el experto contable en su informe de fs. 223/227 en respuesta a la pregunta formulada por la recurrente («Informe si YPF efectúa controles de auditoria sobre las empresas contratistas, describa sistema de control como así también documentación requerida a las mismas; informe sí dichos controles se efectuaron respecto de la empresa Actionline de Argentina S.A. por el período en que el actor estuvo vinculado a la misma?) respondió que no le fue puesta a disposición documentación que permitiese evacuar lo solicitado.

En este sentido, considero que en este caso concreto, corresponde confirmar la condena solidaria dispuesta en la sentencia recurrida.

Las costas de la instancia de grado, se mantienen a las demandadas vencidas en la contienda (art.68  del CPCCN).

Los honorarios correspondientes a la representación letrada del actor y al perito contador, en orden al mérito y extensión de las labores desarrolladas, los encuentro elevados y, consecuentemente, procipio reducirlos al .% y .% respectivamente del monto de condena comprensivo de capital e intereses (conf. arts. 38  L.O., 6, 7 , 9 , 19 , 22  y conc. de la ley 21.839, 24.432  y dec. ley 16.638/57 ).

Propongo imponer las costas de alzada a las demandadas vencidas en lo principal (art. 68 CPCCN), regulándose los honorarios de la dirección letrada del actor y de las codemandadas Actionline Arg. SA. e YPF S.A. en el .%, a cada una respectivamente, de lo que les corresponda por su actuación en la instancia anterior (art. 14  ley arancelaria).

Por todo lo expuesto, de prosperar mi voto, sugiero: 1) Confirmar la sentencia apelada en lo principal que decide y reducir los honorarios regulados a la representación y patrocinio letrado de la parte actora y al perito contador al .% y .%, respectivamente, del monto de condena más los intereses dispuestos en la instancia anterior (conf. arts. 38 L.O., 6, 7, 9, 19, 22 y conc. de la ley 21.839, 24.432 y dec. ley 16.638/57); 19, 22 y conc. de la ley 21.839, 24.432 y dec. ley 16.638/57); 2) Imponer las costas de alzada a las codemandadas vencidas; 3) Regular los honorarios de la dirección letrada del actor y de las codemandadas Actionline Arg. SA. e YPF S.A. en el .%, a cada una respectivamente, de lo que les corresponda por su actuación en la instancia anterior (art. 14 ley arancelaria).

El Dr. DANIEL E. STORTINI, dijo:

Por compartir los fundamentos del voto precedente, adhiero al mismo.

El Dr. GREGORIO CORACH, no vota (art. 125  LO).

Por lo que resulta del acuerdo que antecede, el Tribunal RESUELVE: 1) Confirmar la sentencia apelada en lo principal que decide y reducir los honorarios regulados a la representación y patrocinio letrado de la parte actora y al perito contador al .% y .%, respectivamente, del monto de condena más los intereses dispuestos en la instancia anterior (conf. arts. 38 L.O., 6, 7, 9, 19, 22 y conc. de la ley 21.839, 24.432 y dec. ley 16.638/57); 2) Imponer las costas de alzada a las codemandadas vencidas; 3) Regular los honorarios de la dirección letrada del actor y de las codemandadas Actionline Arg. SA. e YPF S.A. en el .%, a cada una respectivamente, de lo que les corresponda por su actuación en la instancia anterior (art. 14 ley arancelaria).

Cópiese, regístrese, notifíquese y oportunamente devuélvase.

Ante Mí.

Ms.

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