El monto de las propinas del playero de una estación de servicio es integrativo de la remuneración para calcular las indemnizaciones

Partes: Nardone Carolina Paola c/ Y.P.F. S.A. y otro s/ despido

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo

Sala/Juzgado: VII

Fecha: 31-jul-2012

Cita: MJ-JU-M-74402-AR | MJJ74402 | MJJ74402

Se confirma el monto de las propinas como beneficio integrativo de la remuneración para la base del cálculo de las indemnizaciones, pues la percepción de las mismas es una modalidad típica en los operarios playeros, por su contacto permanente con automovilistas.

Sumario:

1.-Corresponde confirmar el fallo de anterior instancia en cuanto hace lugar a las indemnizaciones correspondientes al despido incausado previstas en la LCT, así como también el incremento del art. 2 de la ley 25.323, pues del detallado análisis de las declaraciones de los testigos, ni del informe pericial contable surge, en modo alguno, que la estación de servicios en el período en cuestión (enero/mayo 2008) sufrió un pico de trabajo, ni que su personal haya tomado vacaciones, ni un incremento en la demanda de servicios

2.-El art. 99  de la LCT. (texto según el art. 68  de la LE.) establece que se considerará que media contrato de trabajo eventual cuando la actividad del trabajador se ejerce bajo la dependencia de un empleador para la satisfacción de resultados concretos, tenidos en vista por éste, en relación a servicios extraordinarios determinados de antemano, o exigencias extraordinarias y transitorias de la empresa, explotación o establecimiento, toda vez que no pueda preverse un plazo cierto para la finalización del contrato.

3.-Es el empleador quien carga con la prueba de que el contrato inviste la modalidad de eventual, pues siempre debe primar la realidad sobre la forma, es decir la verdad de los hechos, sobre la apariencia o por encima de los acuerdos, lo documentado de la ficción jurídica.

4.-La modalidad eventual de contratación se trata de una cesión temporaria de trabajadores propios -que realiza una empresa constituída exclusivamente a tal fin- para cubrir tareas en empresas usuarias que requieren trabajadores eventuales, es decir, que por un contrato comercial entre ambas empresas, la primera facilita a la segunda un trabajador propio, con miras a cubrir necesidades propias de su ciclo de producción y por el tiempo que se extienda la eventualidad a afrontar.

5.-Mientras las empresas de servicios eventuales cumplan su cometido en los términos de la ley, ninguna responsabilidad puede caber a la usuaria, pues ambos sujetos de derecho están actuando una norma jurídica que las habilita para llevar a cabo el negocio expuesto, mas, si no se cumpliera algunos de esos requisitos, como por ejemplo que las tareas no fueran eventuales, entonces cae todo el andamiaje y se produce un verdadero fraude a la ley, porque se ha utilizado el art. 29  de la LCT., como norma de cobertura, generando una tensión entre la misma y el orden público laboral, es decir, se ha invocado a los efectos de violar el orden jurídico imperativo in totum .

6.-La empresa usuaria deja de ser tal y pasa a ser empleadora, la empresa de servicios eventuales la acompaña en la solidaridad de que, en este caso, el legislador la ha impuesto con fuente legal como sanción.

7.-La propina es una forma de pago que consiste en la oportunidad de obtener beneficios o ganancias a propósito y con motivo del trabajo del dependiente, y la ley indica sólo dos condiciones que deben reunir para ser aceptadas como partes integrantes de la remuneración: que tengan carácter habitual y que no estén prohibidas (art. 113  de la LCT.).

8.-Sobre la base de considerar acreditada la percepción de propinas, y teniendo en cuenta que estas no se encontraban registradas como parte de la remuneración de la trabajadora al momento de su desvinculación, cabe confirmar la condena al pago del incremento previsto por el art. 1º  de la Ley 25.345.

Fallo:

En la ciudad de Buenos Aires, a los 31 días del mes de JULIO de 2012, para dictar sentencia en los autos : «NARDONE CAROLINA PAOLA C/ Y.P.F. S.A. Y OTRO S/ DESPIDO» , se procede a votar en el siguiente orden:

LA DOCTORA ESTELA MILAGROS FERREIRÓS DIJO:

I.- A fs. 24/31 se presenta la actora e inicia demanda contra Y.P.F. S.A. y contra PROYECTO PROFESIONAL RH S.A. en procura del cobro de unas sumas a las que se considera acreedora con fundamento en las disposiciones de la Ley de Contrato de Trabajo.-

Aduce que se desempeñó en relación de dependencia con Y.P.F. en tareas de atención de playa y expendio de combustible en estación de servicio, aunque a los pocos días de haber ingresado la enviaron a la empresa Proyecto Profesional RH indicándole que allí le tomarían sus datos, pues la misma sería la encargada de pagar los sueldos.-

Explica las características y condiciones en que se desarrolló el vínculo hasta que en determinado momento dice que le negaron el ingreso al trabajo por lo que intima a ambas demandadas en los términos que transcribe.-

En atención al resultado negativo de sus requerimientos afirma que se colocó en situación de despido indirecto por lo que reclama las indemnizaciones correspondientes al despido incausado, multas e incrementos previstos en el ordenamiento laboral.-

A fs. 73/89 responde PROYECTO PROFESIONAL RECURSOS HUMANOS S.A.; desconoce los extremos invocados por la parte actora; relata su versión de los hechos y, tras realizar algunas consideraciones más, pide el rechazo de la demanda.-

Lo propio hace Y.P.F. S.A. a fs. 147/157.-

La sentencia de primera instancia obra a fs. 397/497.-

En ella la «a-quo», luego de analizar los elementos de juicio obrantes en la causa decide en sentido favorable a las pretensiones de la parte actora pero sólo condena a PROYECTO PROFESIONAL RECURSOS HUMANOS SOCIEDAD ANÓNIMA.-

Los recursos que analizaré llegan interpuestos: por PROYECTO PROFESIONAL RECURSOS HUMANOS S.A. (fs.414/420vta.) y por Y.P.F. S.A. (fs. 422/427vta.). También hay apelación de la Sra. perito contadora quien considera reducidos sus honorarios (fs. 412).-

II.- La demandada cuestiona el fallo en tanto consideró no acreditado el carácter eventual de las tareas que cumpliera la actora, pero no veo en su recurso datos o argumentos eficaces para revertir lo resuelto.-

No está discutido que la actora fue contratada por una empresa de servicios eventuales (la ahora apelante) y que esta la envió a prestar servicios en otra empresa que era la explotadora de la estación de servicios donde se desempeñó.-

Ahora bien, no puedo dejar de señalar que el art. 99  de la L.C.T. (texto según el art. 68  de la LE) establece que se considerará que media contrato de trabajo eventual cuando la actividad del trabajador se ejerce bajo la dependencia de un empleador para la satisfacción de resultados concretos, tenidos en vista por éste, en relación a servicios extraordinarios determinados de antemano, o exigencias extraordinarias y transitorias de la empresa, explotación o establecimiento, toda vez que no pueda preverse un plazo cierto para la finalización del contrato.Se entenderá además que media tal tipo de relación cuando el vínculo comienza y termina con la realización de la obra, la ejecución del acto o la prestación del servicio para el que fue contratado el actor.-

A la vez es el empleador quien carga con la prueba de que el contrato inviste esta modalidad, pues es de recordar que siempre debe primar la realidad sobre la forma, es decir la verdad de los hechos, sobre la apariencia o por encima de los acuerdos, lo documentado de la ficción jurídica.-

Estimo, al igual que la sentenciante, que en el presente caso no se han dado los presupuestos exigidos por la norma.

He tenido oportunidad de señalar, en relación a la modalidad eventual de contratación, que se trata de una cesión temporaria de trabajadores propios -que realiza una empresa constituída exclusivamente a tal fin- para cubrir tareas en empresas usuarias que requieren trabajadores eventuales. Es decir, que por un contrato comercial entre ambas empresas, la primera facilita a la segunda un trabajador propio, con miras a cubrir necesidades propias de su ciclo de producción y por el tiempo que se extienda la eventualidad a afrontar.-

Mientras estas empresas cumplan su cometido en los términos de la ley, ninguna responsabilidad puede caber a la usuaria, pues ambos sujetos de derecho están actuando una norma jurídica que las habilita para llevar a cabo el negocio expuesto. Mas, si no se cumpliera algunos de esos requisitos, como por ejemplo que las tareas no fueran eventuales, entonces cae todo el andamiaje y se produce un verdadero fraude a la ley, porque se ha utilizado el art. 29  de la ley de contrato de trabajo, como norma de cobertura, generando una tensión entre la misma y el orden público laboral.Es decir, se ha invocado a los efectos de violar el orden jurídico imperativo «in totum». Se produce entonces un vicio en la causa fin del negocio jurídico (el contrato de trabajo en el caso) y la normativa pretendida pasa a ser automáticamente reemplazada por la que corresponde en su conjunto.-

De tal manera, la usuaria deja de ser tal y pasa a ser empleadora. La empresa de servicios eventuales la acompaña en la solidaridad de que, en este caso, el legislador la ha impuesto con fuente legal como sanción (ver trabajo publicado en ERREPAR – DLE – Nº 20 – diciembre/03 , T.XVII, pág. 117 en «Intermediación. Mediación. Tercerización. Solidaridad; en igual sentido esta Sala en «Blanco Carmen Viviana c/ Novartis Argentina SA y otro», sent. 37.397 del 25.3.04).-

En el caso, comparto la conclusión a la que ha arribado la «a-quo», luego de un minucioso y detallado análisis de las declaraciones de los testigos -cuyos dichos obran transcriptos en el fallo- así como también del informe pericial contable de los que no surge, en modo alguno, que la estación de servicios en el período en cuestión (enero/mayo 2008) sufrió un pico de trabajo, ni que su personal haya tomado vacaciones, ni un incremento en la demanda de servicios.-

Luego, no habiendo tampoco demostrado la demandada la comunicación del comienzo de su suspensión entre asignaciones (cfr. art. 6  decreto 1694/06), cabe considerar demostrada la negativa de trabajo por la cual la actora se colocó en situación de despido indirecto, y en forma legítima.-

Así entonces cabe confirmar el fallo en cuanto hace lugar a las indemnizaciones correspondientes al despido incausado previstas en la L.C.T. así como también el incremento del art.2  de la ley 25.323.-

III.- La demandada también se agravia en tanto la «a-quo» consideró acreditada la percepción de propinas por parte del actor, mas no le veo razón en su planteo.-

Es oportuno recordar que la propina es una forma de pago que consiste en la oportunidad de obtener beneficios o ganancias a propósito y con motivo del trabajo del dependiente, y la ley indica sólo dos condiciones que deben reunir para ser aceptadas como partes integrantes de la remuneración: que tengan carácter habitual y que no estén prohibidas (art. 113  de la L.C.T.).-

Como se indica en el fallo ha quedado demostrado también con los testigos que la percepción de propinas es una modalidad típica en los operarios playeros, por su contacto permanente con automovilistas.-

De tal suerte, como beneficio integrativo de la remuneración debió ser tomada en cuenta en la base del cálculo de las indemnizaciones como se hizo en el fallo, que propongo sin más confirmar en este punto, incluso en cuanto al monto de las mismas que no me parece exagerado.-

Sobre la base de considerar acreditada la percepción de propinas, y teniendo en cuenta que estas no se encontraban registradas como parte de la remuneración de Nardone el momento de su desvinculación, también cabe confirmar la condena al pago del incremento previsto por el art. 1º  de la Ley 25.345

IV.- Similar solución propondré no sólo para la condena al pago de la multa prevista por el art. 45  de la Ley 25.345.-

En efecto, la apelante hace hincapié en sostener que los certificados fueron puestos a disposición y entregados oportunamente.Sin embargo, entiendo que el hecho de que los certificados pertinentes hayan sido acompañados sólo en oportunidad de responder demanda no le priva al trabajador de su carácter de acreedor frente a la indemnización prevista en la norma de referencia, ello toda vez que el plazo para cumplir con la obligación allí prevista se encontraba vencido (en similar sentido, esta Sala en: «Duarte Espíndola Benjamín y otro c/ Teralux de Argentina SRL y otro s/Despido», S.D. 37.413 del 30/3/04).-

Propongo entonces confirme el fallo también en este punto.-

V.- Sí tiene razón la apelante cuando afirma haber depositado en la cuenta de la actora como liquidación final la suma de $ 524.- (v. fs. 59), que corresponde descontar del monto de condena el que será de $ 23.636,67.- más los intereses que se indican en el fallo.-

VI.- No encuentro razones para apartarme de lo resuelto en relación a las costas. Respecto de Proyecto Profesional Recursos Humanos S.A. es lógico que esta cargue con las mismas declarado su carácter de vencida (art. 68  del Código Procesal). En cuanto a Y.P.F. si bien no se probó una relación ni directa ni indirecta con la actora, lo cierto es que esta proveía de combustible a la estación de servicios donde ella laboraba y también YPF firmó contratos con Proyecto, de modo que entiendo que Nardone pudo considerarse asistida de mejor derecho para litigar, por lo que las costas a su respecto deben declararse por su orden (art. 68, 2º pte. del Código Procesal).-

VII.- Los honorarios regulados en primera instancia me parecen equitativos sobre la base del mérito de los trabajos cumplidos, por lo que propongo sean confirmados (arts. 38  de la ley 18.345 y demás normas arancelarias).-

VIII.- De tener adhesión mi voto, propicio que las costas de alzada se declaren en el orden causado (art.68 cit.) y se regulen honorarios a la representación letrada de cada una de las demandadas en el 25% de los determinados para la primera instancia (art. 14  del arancel de abogados y procuradores).-

EL DOCTOR NESTOR MIGUEL RODRIGUEZ BRUNENGO DIJO:

Por compartir sus fundamentos, adhiero al voto que antecede.-

LA DOCTORA BEATRIZ INES FONTANA No vota (art. 125  de la Ley 18.345).-

A mérito de lo que resulta del precedente acuerdo el Tribunal RESUELVE: 1) Modificar parcialmente el fallo apelado y fijar el monto de condena en la suma de $ 23.636,67 (VEINTITRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS)- más los intereses que allí se indican. 2) Confirmar el fallo en todo lo demás que decide, inclusive los honorarios regulados. 3) Costas de alzada en el orden causado. 4) Regular honorarios a la representación letrada de cada una de las demandadas en el (.%) de los determinados para la primera instancia.,-

Regístrese, notifíquese y devuélvase.-

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