Algunas reflexiones preliminares sobre el proyecto de reforma de la LRT y el decreto 1720/12

Autor: Amarante, Andrea

Fecha: 4-oct-2012

Cita: MJ-DOC-6008-AR | MJD6008

Sumario:

I. Algunas consideraciones introductorias. II. El proyecto. Régimen de ordenamiento de la reparación derivados de los daños de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. III. El Decreto 1720/12. Las mutuales. IV. Algunas conclusiones para un debate.

Doctrina:

 

Por Andrea Amarante (*)

 

I. ALGUNAS CONSIDERACIONES INTRODUCTORIAS

 

El mensaje del PEN al Congreso de la Nación, que acompaña al proyecto de reforma de la LRT , nos recuerda que, a partir del año 2004, «se inició un período de transformaciones normativas en el ámbito de las relaciones laborales […] donde se establecieron nuevas bases regulatorias».

 

Allí se mencionan como antecedente la Ley 25.877/04 , que trayendo el «ordenamiento laboral» incorporó definitivamente, a la normativa laboral, el instituto del «Período de prueba – […] para todas las relaciones laborales iniciadas a partir de su entrada en vigencia» y un Sistema Integrado de Inspecciones del Trabajo (SIDITySS), que no logra combatir el (oficialmente reconocido) porcentaje de casi 40% de trabajadores no registrados, una de las causas reales de los reclamos laborales existentes.

 

Aunque se refieren algunos precedentes jurisprudenciales de la CSJN -«Castillo» , «Milone» y «Aquino» , todos del año 2004-, sus contenidos finalmente no son receptados en el proyecto.

 

La presentación no se condice con el propio texto del proyecto, puesto que recurrentemente nos indica que se trataría de otro «Régimen de ordenamiento…», en este caso, «… de la reparación de los daños derivados de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales» en tanto que lo único que se habrá de generar es la renovación de viejos conflictos.

 

II. EL PROYECTO.RÉGIMEN DE ORDENAMIENTO DE LA REPARACIÓN DE LOS DAÑOS DERIVADOS DE LOS ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES

 

Si no estuviera convencida de la inexistencia de la involución, diría que este proyecto representa ese concepto pero, en realidad, solamente se trata de la necesaria evolución de la totalidad de las reformas que se están dando, especialmente me refiero al Proyecto de Reforma y Unificación de los Códigos Civil y Comercial.

 

Su denominación sería impactante si no fuera porque solamente deroga tres artículos de la actual LRT (19 , 24 y 39 Ley 24.557), dejando intacto el andamiaje de un sistema que dice «ordenar». En dieciocho artículos -uno de forma-, se pretende crear la ficción del «ordenamiento» de un sistema constitucionalmente desmoronado y aplastado por el peso de su propia iniquidad.

 

Se mantiene el procedimiento administrativo obligatorio ante las «comisiones médicas», conformadas por profesionales médicos dependientes del PEN, ante las cuales se envía al trabajador desamparado y sin asistencia letrada, que seguirán pronunciándose sobre cuestiones ajenas a su incumbencia, como la naturaleza laboral del accidente o de la enfermedad, el régimen de listado cerrado de enfermedades profesionales y el método y sistema de cálculos establecidos en las disposiciones del Decreto 1694/09 .

 

Esta reforma/ordenamiento retrotrae la situación de los trabajadores a principios del siglo XX (1915) cuando se sanciona la Ley 9688, que en su art. 17 disponía: «Los obreros y empleados a que se refiere esta ley, podrán optar entre la acción de indemnización especial que les confiere la misma, o las que pudieran corresponderles según el derecho común, por causa de dolo o negligencia del patrón. Sin embargo, ambas son excluyentes, y la iniciación de una de ellas o la percepción de cualquier valor por su concepto, importa la renuncia ipso facto de los derechos que en ejercicio de la otra pudiera corresponderle».

 

Por su parte, este nuevo ordenamiento normativo, en su art. 4, dispone:«Los damnificados podrán optar de modo excluyente entre las indemnizaciones previstas en este régimen de reparación o las que les pudieran corresponder con fundamento en otros sistemas de responsabilidad. Los distintos sistemas de responsabilidad no serán acumulables».

 

Asimismo en su art. 17 -inc. 2-, dispone: «A los efectos de las acciones judiciales previstas en el artículo 4° último párrafo de la presente ley, será competente en la Capital Federal la justicia nacional en lo civil».

 

Las comparaciones pueden ser odiosas, pero pueden resultar útiles para apreciar la regresión en materia legislativa que implicaría esta reforma/ordenamiento.

 

Conforme el art. 3, se fija una «una indemnización adicional de pago único del veinte por ciento (20%)», pretendiendo con esa suma «compensar cualquier otro daño no reparado por las fórmulas […] previstas en este régimen», o sea, se intenta tarifar la reparación integral con una compensación adicional fija para todos los casos.

 

Se impone al trabajador la «opción excluyente con renuncia», si este no acepta la liquidación que practica la ART dentro de las pautas del sistema, deberá iniciar acciones en el ámbito del fuero civil y con la aplicación de las normas correspondientes al derecho civil:«En los supuestos de acciones judiciales iniciadas por la vía del derecho civil se aplicará la legislación de fondo, de forma y los principios correspondientes al derecho civil». Con esta imposición, se aparta al trabajador del juez natural aplicándosele una normativa ajena a los principios tuitivos del derecho del trabajo.

 

Si acepta la indemnización, no podrá optar por la vía judicial, y si opta por recurrir a la justicia, deberá ser la civil, implicando la renuncia a la indemnización del Régimen de Riesgos del Trabajo, puesto que «podrá optar de modo excluyente entre las indemnizaciones […] con fundamento en otros sistemas».

 

Pero además el trabajador habrá de encontrarse con otro obstáculo y es que «las acciones judiciales […] solo podrán iniciarse una vez recibida la notificación fehaciente prevista en este artículo». Esta notificación deberá practicarse por los obligados por la LRT, dentro de los quince días de notificados de la muerte, o de la homologación o la determinación de la incapacidad laboral de la víctima/derechohabientes. En ella, deberán precisarse los conceptos e importes que se pongan a disposición para su cobro.

 

Esta nueva demora implica una violación al principio de libre acceso a la justicia, consagrado en diversos tratados internacionales suscriptos por nuestro país como el Pacto de San José de Costa Rica, Convención Americana sobre Derechos Humanos , arts. 8 «Garantías judiciales» y 25 «Garantía del acceso a la justicia», y la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, Bogotá, 1948, art. XVIII «Derecho de justicia», entre otros.

 

Para el cómputo del plazo establecido -quince días- a partir del cual se deberá notificar fehacientemente los importes referidos, no se precisa cuál es la forma de determinación de la incapacidad laboral definitiva y/o si la misma será a partir del alta médica otorgada por los propios profesionales que se desempeñan en el sistema de riesgos de trabajo.En consecuencia, en cuanto a la prescripción, «… que se computará a partir del día siguiente a la fecha de recepción de esa notificación», también surgirán inconvenientes para su conteo, debido a que el mismo dependerá del inicio del cómputo del plazo establecido para realizar la notificación.

 

Otro tema resulta asimismo preocupante: «El principio de cobro de sumas de dinero […] implicará que se ha ejercido la opción», es una expresión ambigua que puede incluir la percepción de sumas de dinero que correspondan a rubros salariales durante el período de licencia, con lo cual, su cobro podría ser considerado como el ejercicio de tal opción.

 

No nos encontramos frente al ordenamiento del sistema de reparación de los daños derivados de los accidentes y enfermedades del trabajo, sino que nos encontramos frente a una carrera de obstáculos que deberá sortear el trabajador siniestrado/accidentado, o enfermo o sus derechohabientes en la búsqueda de justicia, viendo agravada la situación en que ya se encuentra con las disposiciones de la Ley 24.557.

 

Finalmente el proyecto sufrió un agregado de último momento para ser enviado al Senado, la prohibición del «pacto de cuota litis» en los casos en que los abogados representemos a los trabajadores siniestrados. Será el CPACF quien deberá pronunciarse en defensa de los intereses de los matriculados, puesto que nuestros honorarios tienen asimismo carácter alimentario.

 

III. EL DECRETO 1720/12. LAS MUTUALES

 

Aunque la posibilidad de su constitución a través de la negociación colectiva ya estaba prevista en el art. 42 inc. a de la actualmente vigente LRT, a través de este decreto , se reitera y remarca esta posibilidad y se regula «… de manera operativa la creación, inscripción, autorización y funcionamiento» de las asociaciones mutuales sin fines de lucro, con la finalidad de gestionar las contingencias y prestaciones en caso de accidentes y enfermedades del trabajo.

 

Para ello, en el art.1, se autoriza a su constitución a «las asociaciones profesionales de empleadores o grupos de empleadores y las asociaciones sindicales de trabajadores con personería gremial que celebren negociaciones colectivas», y habrán de individualizarse bajo la denominación de «ART-MUTUAL».

 

Con esta posibilidad, claramente se tiende a beneficiar al sindicato con personería gremial, el cual, llegado el momento en que sea ART y asociación sindical simultáneamente, de cara al conflicto de intereses, deberá priorizar cuáles serán los que habrá de defender.

 

Se dispone que estas aseguradoras de riesgos de trabajo «son entidades sin fines de lucro», pero «en España, las mutuas han logrado generar negocios rentables, a pesar de no tener fin de lucro, con solo contratar servicios (como por ej. los de asesoramiento y formación en materia de prevención) con empresas asociadas y capturar a través de ese mecanismos los beneficios que la ley le prohíbe…)» (conforme Observatorio de Derecho Social, CTA, Boletín electrónico, Nº 78, «Primeras impresiones sobre el proyecto de modificación de la Ley de Riesgos de Trabajo y el decreto que habilita la creación de mutuas», 21/09/2012).

 

El art. 10 inc. a establece que estas ART-MUTUAL deberán: « Utilizar de manera prioritaria […] los servicios de obras sociales y efectores públicos de salud para proveer las prestaciones en especie previstas en el Régimen de Riesgos del Trabajo», con esta derivación de las prestaciones a los hospitales públicos, se logra que los propios trabajadores con sus aportes y todos con nuestros impuestos seamos quienes -en definitiva- afrontemos los costos del sistema. Esta pretensión tendrá como consecuencia el agravamiento de las condiciones presupuestarias en que se encuentran las instituciones sanitarias públicas, con graves problemas edilicios y de estructura, sin insumos y sin personal.

 

IV. ALGUNAS CONCLUSIONES PARA UN DEBATE

 

Esta propuesta de reforma/ordenamiento puede ser el inicio de un debate que se dé entre todos los actores comprometidos en darle una solución equitativa y justa al tema de accidentes y enfermedades del trabajo.El debate deberá incluir la prevención de los siniestros laborales, con inversión por parte del empresariado, que debe entender que los parches son algo parecido a una solución a corto plazo solamente. Pensar con seriedad y responsabilidad, sin un afán de lucro desmedido -cosechado sobre la salud y la vida de los trabajadores- puede ser el meollo de este debate.

 

El Estado deberá, lejos de aplicar los parches, asumir la conducta que le enmarcan los convenios de la OIT, entre ellos el 155/81 y el 187/06 , suscriptos por nuestro país y cumplir con sus compromisos, entendiendo «… el impacto negativo que sobre la productividad y el desarrollo económico social, implican las lesiones y muertes ocasionados por el trabajo», debiendo «… promocionar la seguridad y la salud en el marco del trabajo decente», exigiendo y controlando que «el ambiente de trabajo sea saludable y seguro, logrando esta protección por medio de la eliminación de los peligros».

 

Evaluar si los importes por reparación de incapacidad laboral se ajusten por el índice RIFTE/Remuneraciones Imponibles Promedio de los Trabajadores Estables no puede ser nunca más importante que la búsqueda de la prevención de los siniestros que puedan provocar esa incapacidad que, en definitiva, repercutirá sobre toda la sociedad, aunque quienes nos representan no puedan o no quieran ver el rol que les cabe en ello.

 

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(*) Abogada, UBA. Especialista en Derecho Laboral, UBA. Especialista en Medios Alternativos de Resolución de Conflictos, UNLZ. Posgrados en especialización en Globalización, Constitucionalismo y Derechos Sociales; en Globalización y Desafíos Regulatorios del Estado; y en Modelo Social Europeo: Problemática de la Ciudadanía Social y de la Regulación del Trabajo en la UE, UCLM. Secretaria del Instituto de Derecho del Trabajo (IDT), CAPCF. Coordinadora de los cursos de Práctica Profesional IDT, CPACF. Árbitro y Mediadora, Defensoría del Pueblo de la CABA. Autora de diversos artículos sobre temas de la especialidad.

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