Castillo Jesica Solet c/ Petit S.A. s/ despido

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo

Sala/Juzgado: II

Fecha: 9-jun-2010

Cita: MJ-JU-M-58197-AR | MJJ58197 | MJJ58197

Si la trabajadora respondió oportunamente a las intimaciones para justificar las inasistencias y el telegrama que enviara al principal fue devuelto al remitente por ‘dirección inexistente’, no quedó configurada la causal de abandono de trabajo, ya que la comunicación se envió al domicilio consignado por la propia empleadora y el incumplimiento de la carga de recepcionar las comunicaciones de sus dependientes en su propio domicilio, es de su exclusiva responsabilidad.

Sumario:

1.-Si bien es cierto que quien elige un medio para comunicar su voluntad carga con los riesgos que dicha elección implica, ello es a condición que no sea imputable al destinatario la causa que impidió la efectividad del medio empleado, por lo que, la circunstancia de que el Correo haya informado que el domicilio donde la actora remitiera el telegrama que hacía saber de sus inasistencias era ‘dirección inexistente’ -no obstante haber sido dirigidos a un domicilio correcto-, no puede originar perjuicio a la trabajadora, ya que el incumplimiento de la carga de recepcionar las comunicaciones de sus dependientes por parte de la demandada, en su propio domicilio, es de su exclusiva responsabilidad, por lo que tanto la contestación a la intimación de la demandada que cursara la actora, como la que intima por correcta registración, ingresaron bajo la órbita de conocimiento presunto de la demandada en la fecha en la cual el correo intentó diligenciar la entrega en su domicilio y tuvieron plena virtualidad a su respecto.

2.-Sin perjuicio de que la comunicación de voluntad, en nuestro derecho, reviste carácter recepticio, la falta de entrega material de las piezas postales, no implica que no deban considerarse recepcionadas por el destinatario cuando -como ocurrió en el caso- la comunicación ingresó bajo la órbita de su conocimiento presunto.

3.-El ‘abandono de tareas’ invocado por la demandada como causa de su decisión de dar por terminada la relación, no fue acreditado en autos, ya que frente a la intimación que la demandada le formulara a la actora, la accionante no guardó silencio y, por el contrario, mediante telegrama, respondió y alegó que la empleadora se había negado a recibir el certificado médico que acreditaba su ‘enfermedad inculpable’, por lo que habiéndose probado asimismo la negativa de tareas y de recepción de certificados médicos justificando inasistencias, no resulta evidenciado que la actora haya incurrido en el incumplimiento previsto en el art. 244 LCT., por lo que corresponde hacer lugar a las indemnizaciones previstas en el art. 232, 233 , y 245 LCT.

4.-Si bien la demandada cuestiona la imparcialidad de una testigo que admitió tener juicio pendiente con la misma, dicha circunstancia, por sí sola, no inhabilita su testimonio, sino que lleva a valorarlo de manera estricta, por lo que el hecho de que dicha deponente haya admitido tener pleito con las accionadas no resta eficacia probatoria a su declaración porque no ha incurrido en contradicciones ni en exageraciones que puedan llevar a dudar de la veracidad de sus dichos, y sus afirmaciones resultan absolutamente verosímiles.

5.-Aún cuando la empleadora haya demostrado mediante la prueba pericial contable, la fecha de ingreso de la trabajadora, lo cierto y concreto es que ello no implica que el contenido de dichos asientos sean veraces y que las constancias allí consignadas, no pueden ser opuestas al trabajador, por lo que los libros aún llevados en legal forma, no hacen plena prueba de su contenido, si existen otros elementos de juicio que los contradigan, ya que los datos allí volcados, por emanar exclusivamente del empleador son inoponibles al trabajador; ello es así, porque la contabilidad de la empresa sólo refleja una declaración unilateral de la voluntad del empleador, a la que no tiene acceso el trabajador para su control y/o modificación.

Fallo:

VISTO Y CONSIDERANDO:

En la Ciudad de Buenos Aires, el 9/6/10 , reunidos los integrantes de la Sala II a fin de considerar los recursos deducidos en autos y para dictar sentencia definitiva en estas actuaciones, practicado el sorteo pertinente, proceden a expedirse en el orden de votación y de acuerdo con los fundamentos que se exponen a continuación.

Miguel Ángel Pirolo dijo:

La sentencia de primera instancia hizo lugar en lo principal a las pretensiones salariales, indemnizatorias y sancionatorias deducidas en el escrito inicial; y, en cambio, desestimó el reclamo por la indemnización prevista en el art. 9(ref:LEG826.9 y la duplicación dispuesta por el art. 15 , de la LNE.

A fin de que sea revisada esa decisión por este Tribunal de Alzada, interpusieron sendos recursos de apelación la parte demandada y la actora en los términos y con los alcances que explicitan en sus respectivas expresiones de agravios (fs.294/302 y fs. 307/308). A su vez, la perito contadora cuestiona la regulación de honorarios efectuada en su favor, por estimarla reducida.

Al fundamentar el recurso, la parte demandada se agravia porque el a quo consideró que la decisión resolutoria adoptada lució “abrupta e injustificada”. Señala que se encuentra acreditado en autos que la actora no se presentó a sus tareas, no dio aviso a su empleador del motivo, no justificó sus faltas y no extremó los medios y recaudos para que las justificaciones llegaran a conocimiento de su empleador. Cuestiona que el sentenciante de grado anterior haya considerado acreditada la fecha de ingreso alegada por Castillo en el inicio. Objeta la base remuneratoria tomada por el a quo para el cálculo de las indemnizaciones derivadas del distracto y se agravia por la condena, al pago de los rubros diferencia por antigüedad, salario 2da. quincena de agosto de 2006 y vacaciones proporcionales 2006 incluída la incidencia del SAC. Cuestiona que se haya condenado a su mandante a hacer entrega del certificado previsto en el art.80 de la LCT; y al pago del incremento dispuesto por el art. 2 de la ley 25.323. Se agravia por el rechazo del planteo de inconstitucionalidad del art. 16 de la ley 25.561 y por la condena al pago de dicho agravamiento. Objeta, asimismo, la tasa de interés dispuesta por al a quo y la imposición de costas.

La parte actora, al fundamentar su recurso, se agravia por cuanto el a quo rechazó el reclamo por la indemnización prevista por el art. 9 y por la duplicación del art. 15 de la LNE.

Sólo con el fin de adecuar el tratamiento de las cuestiones planteadas a un método expositivo que posibilite un lógico desarrollo argumental, estimo conveniente analizar en primer término los agravios expresados por la parte demandada.

Los términos de los agravios imponen memorar que Castillo dijo haber ingresado a trabajar para la demandada el 14/8/01 como operaria interna de producción, y que percibió una remuneración mensual de $ 1.209,90. Explicó que la demandada mantuvo la relación fuera de toda registración hasta que comunicó su situación de embarazo mediante TCL del 25/8/04, momento en el cual procedió a registrarla pero consignando una fecha de ingreso distinta a la real (ver fs. 2 vta.). Relató que, luego de haber sido apercibida por la demandada con motivo de ausencias supuestamente injustificadas (fs. 5/vta.), mediante CD del 7/9/06 la empleadora la intimó a que justificara las inasistencias de los días 6 y 7 de dicho mes (fs. 5 vta. y fs. 29). Frente a tal intimación dijo haberse presentado a trabajar el 10/2/06, y haberle entregado el correspondiente certificado médico al encargado Sr. Eduardo García quien se negó a firmar la copia. Dijo, además, haber puesto en conocimiento de la demandada, la entrega de los certificados, mediante TCL del 12/9/06, y la intimó para que registraba debidamente su real fecha de ingreso.Agregó que, el 14/9/06 concurrió a su trabajo, le negaron el ingreso y le informaron verbalmente que había sido despedida, por lo cual mediante TCL del 14/9/06, intimó para que le aclarara su situación laboral. Explicó que, ese mismo día, la demandada la consideró incursa en abandono de tareas (ver fs. 6/vta. y fs. 30).

Ahora bien, en atención a la forma en que ha quedado trabada la litis, y dado que el 14/9/06 la demandada, procedió a despedir a la accionante bajo la invocación de ausencias injustificadas y la imputación de abandono de trabajo, obviamente, a cargo de la ex-empleadora se encontraba acreditar la existencia y entidad de los motivos en los que pretendió fundar la decisión resolutoria (art. 377 CPCCN); y, a mi entender, no lo ha logrado.

Liminarmente, cabe destacar que la demandada, alegó en la comunicación extintiva, que Castillo guardó silencio a la intimación que le cursara para justificar sus inasistencias de los días 6 y 7 de septiembre de 2006; pero lo cierto es que, como señalara la actora en la demanda, mediante TCL del 12/9/06 Castillo respondió al requerimiento que la empleadora le había efectuado el 7/9/06 (ver fs. 5 vta. y fs. 29) y le hizo saber que las inasistencias habían correspondido a una enfermedad inculpable y que los certificados médicos se encontraban a su disposición. Ahora bien, según surge del informe del Correo Argentino obrante en autos a fs. 260, dicha comunicación fue devuelta al remitente con la observación “dirección inexistente”, pero lo cierto es que de la copia obrante a fs. 257 se desprende que fue dirigida a Madero 927, es decir, al que la propia demandada había consignado en la intimación que le remitiera a Castillo el 7/9/06, en la comunicación extintiva (ver fs. 30), así como en las sucesivas cartas documento que le remitiera la empleadora a Castillo (ver fs.31/32); y el que denunciara como real en el responde (ver fs. 33).

Si bien es cierto que, quien elige un medio para comunicar su voluntad, carga con los riesgos que la elección implica, ello es a condición que no sea imputable al destinatario la causa que impide la efectividad del medio empleado. En tal contexto, la circunstancia de que Correo Argentino haya informado que dicho domicilio era “dirección inexistente” (ver fs. 260), no obstante haber sido dirigidos a un domicilio correcto, no puede originar perjuicio a la actora, ya que el incumplimiento de la carga de recepcionar las comunicaciones de sus dependientes por parte de la demandada, en su propio domicilio, es de su exclusiva responsabilidad. Desde esa perspectiva, creo evidente que tanto la contestación a la intimación de la demandada que cursara Castillo el 12/9/06 (fs. 5 vta. y documental obrante en el sobre de fs. 3), como la intimación de fecha 12/9/06 -en la cual requiriera de la demandada la correcta registración de su fecha de ingreso (fs. 6 y documental obrante en el sobre de fs. 3), ingresaron bajo la órbita de conocimiento presunto de la demandada el 13/9/06 (pues es la fecha en la cual el correo intentó diligenciar la entrega en su domicilio: ver fs. 260) y tuvieron plena virtualidad a su respecto. No dejo de advertir que la comunicación de voluntad, en nuestro derecho, reviste carácter recepticio; sino que sólo he querido puntualizar que la falta de entrega material de las piezas postales, no implica que no deban considerarse recepcionadas por el destinatario cuando -como ocurrió en el caso- la comunicación ingresó bajo la órbita de su conocimiento presunto.

Desde tal perspectiva, tal como lo expuso el a quo, el “abandono de tareas” invocado por la demandada como causa de su decisión de dar por terminada la relación, no fue acreditado en autos.En efecto, tal como ya lo he señalado, frente a la intimación que la demandada le formulara a Castillo el 7/9/06, la accionante no guardó silencio y, por el contrario, mediante el TCL del 12/9/06, respondió y alegó que la empleadora se había negado a recibir el certificado médico que acreditaba su “enfermedad inculpable”. Además, la actora en la demanda señaló que concurrió el lunes 10/9/06 a la empresa y que, luego de entregarle el certificado en original al Sr. Eduardo García, encargado, éste se negó a firmarle la constancia de su entrega (ver fs. 5 vta.); todo lo cual se encuentra corroborado por los testimonios de los deponentes que declararon su propuesta.

El testigo Carvallo (fs. 78/79), afirmó haber sido compañera de trabajo de la actora. Señaló que en una oportunidad Castillo faltaba porque tenía conjuntivitis y tuvo que reemplazar a la actora en la mesa. Agregó que el encargado le comentó que a la actora no le quisieron reconocer los certificados. Dijo que el último día que Castillo fue a trabajar estuvo como una hora y “la hicieron bajar”.

El testigo Sánchez (fs. 85/87) afirmó que la actora llevó los certificados para justificar los días en que estuvo enferma y que discutió con el Sr. Eduardo García que era el encargado general.Explicó que la discusión fue en el sector del testigo, y haber visto que Castillo le trajo y le dio los certificados al encargado, y que después de cinco minutos, García le dijo que “no le había dado nada”. Aclaró que vio todo porque estaba a dos metros de distancia y que, después de este incidente, la actora volvió a trabajar, se presentó a horario -el horario de entrada era a las 8 de la mañana- y le dijeron que no podía entrar y que esperara hasta las 9 horas a que llegara el personal de oficina que tenían que hablar con ella porque “estaba despedida”. Aclaró que, como estaba como encargado de expedición y de la carga de camiones y de mercadería para el reparto, y los portones de calle estaban abiertos, podía ver quién entraba y quién salía y fue así que vió entrar a la actora ese día en el horario indicado. Señaló que Castillo, finalmente, habló con una chica de la oficina, -pero en el pasillo-, y que el Sr. Eduardo García le dijo a la actora que tenía que retirar sus cosas de su cofre.

Valorando en conjunto y de acuerdo a las reglas de la sana crítica (conf. art. 386 CPCCN y 90(ref :LEG2985.90) LO) las declaraciones de Carvallo y de Sánchez, dada la concordancia y uniformidad de sus testimonios, más allá de lo expuesto precedentemente con relación a que la actora no mantuvo silencio a la intimación que le efectuara la demandada para que justifique sus inasistencias, entiendo que se encuentra acreditado que Castillo concurrió a trabajar el día 10/9/06, que presentó los certificados médicos tendientes a acreditar su “enfermedad inculpable”, y que, la empleadora, a pesar de haberlos recepcionado a través de su encargado, posteriormente, le negó tareas, tal como se denunció en la demanda.

En consecuencia, no resulta evidenciado que la actora haya incurrido en el incumplimiento previsto en el art.244 LCT, por lo que, de prosperar mi voto, corresponde confirmar el pronunciamiento de grado en cuanto hace lugar las indemnizaciones previstas en el art. 232, 233 , y 245 LCT.

Se agravia la parte demandada por cuanto el a quo consideró acredita la fecha de ingreso denunciada por la actora en la demanda. Cabe memorar que Castillo denunció allí haber ingresado a trabajar el 14/8/01, pero que la relación laboral fue registrada por la demandada recién en agosto de 2004, a partir de que le comunicó su estado de embarazo mediante TCL del 25/8/04 (ver fs. 2 vta.).

La testigo Bordón (fs. 73/75) dijo haber ingresado a trabajar en diciembre de 2002 y que Castillo ya se encontraba trabajando. Carvallo (fs. 78/79) afirmó haber ingresado a trabajar para la demandada el 3 de junio de 2003, mientras que Diaz (fs. 80/81) dijo que ingresó en noviembre de 2003; y ambas deponentes señalaron que, al momento de sus respectivos ingresos, Castillo ya se encontraba trabajando. El testigo Sánchez, explicó que comenzó a trabajar para la demandada el 23/8/02 y que la actora ya se encontraba trabajando.

Si bien la recurrente cuestiona la imparcialidad de la testigo Carvallo pues admitió tener juicio pendiente con la demandada, dicha circunstancia, por sí sola, no inhabilita su testimonio, sino que lleva a valorarlo de manera estricta. En tal sentido, cabe señalar que, en el caso, el hecho de que dicha deponente haya admitido tener pleito con las accionadas no resta eficacia probatoria a su declaración porque no ha incurrido en contradicciones ni en exageraciones que puedan llevar a dudar de la veracidad de sus dichos, y sus afirmaciones resultan absolutamente verosímiles y aparecen corroboradas por los restantes testimonios mencionados (art. 90 LO).

Valorando en conjunto y de acuerdo a las reglas de la sana crítica (conf. art.386 CPCCN y 90 LO) las declaraciones de Carvallo, Diaz, Sánchez y Bordón, dada la concordancia y uniformidad de sus testimonios, entiendo que está acreditado que la relación laboral se inició con anterioridad a la fecha en que la demandada registró a Castillo (agosto de 2004).

El argumento vertido por la demandada respecto de que, mediante la prueba pericial contable se encontraría acreditado que la fecha de ingreso de la actora fue el 1/8/04, a mi entender, carece de virtualidad para modificar la conclusión expuesta precedentemente, dado que, aún cuando la empleadora haya demostrado mediante la prueba pericial contable, que en sus libros se asentó como fecha de ingreso la del 1/8/07, lo cierto y concreto es que ello no implica que el contenido de dichos asientos sean veraces y que las constancias allí consignadas, no pueden ser opuestas al trabajador. Esta Sala ha sostenido que “.los libros aún llevados en legal forma, no hacen plena prueba de su contenido, si existen otros elementos de juicio que los contradigan, ya que los datos allí volcados, por emanar exclusivamente del empleador son inoponibles al trabajador.” (sent. 82063 del 23/10/97 “Schwarzfeld, Christian C/ Arescar S.A. S/ despido”). Ello es así, porque la contabilidad de la empresa sólo refleja una declaración unilateral de la voluntad del empleador, a la que no tiene acceso el trabajador para su control y/o modificación.

Por otra parte, encontrándose acreditada mediante la prueba testimonial analizada precedentemente que la actora comenzó a prestar servicios para la demandada con anterioridad a la fecha registrada por ésta, tal circunstancia lleva a concluir que la documentación presentada por la accionada contiene datos falsos sobre la fecha de ingreso; y que, por lo tanto, tales instrumentos carecen de toda eficacia probatoria. En tales condiciones, es evidente que la accionada no ha llevado debido registro de la relación habida con la actora (conf. arts. 52 LCT y 7 y subs de la ley 24.013), pues ha omitido registrar la correcta fecha de ingreso de Castillo.Tal circunstancia, indudablemente, genera la presunción del art. 55 de la LCT en favor de la fecha de ingreso invocada en el escrito inicial. En función de los elementos testimoniales reseñados (valorados conf. arts. 386 CPCCN y 90 LO) y habida cuenta de la presunción derivada del art 55 de la LCT, dada la ausencia de toda prueba en contrario, cabe tener por acreditado que el vinculo que unió a la accionante con la demandada se inició el 14/8/01.

Desde esta perspectiva, propicio confirmar lo decidido en la instancia de grado, sobre el punto, lo que así dejo propuesto.

En virtud de lo hasta aquí señalado debe desestimarse, asimismo, el agravio deducido respecto de la condena a hacer entrega a la actora del certificado previsto en el art. 80 de la LCT, pues tales aspectos del recurso -fundados en que el certificado que entregó la demandada a la actora, cumplía con las condiciones requeridas por la norma y de conformidad a los datos de la relación conforme se encontraba registrada-, no pueden resultar viables a la luz de la conclusión recién explicada con relación a la real fecha de ingreso de Castillo.

Se agravia la parte demandada por el salario de $ 1.310,72, tomado como base por el a quo para el cálculo de las indemnizaciones derivadas del despido. El sentenciante de anterior instancia, estableció como mejor remuneración normal y habitual la suma de $ 1.209,90 (ver fs. 291 segundo párrafo), pero no, una suma superior a ésta, como señala la recurrente. Cabe señalar que la recurrente soslayó que el Dec. 1295/05 incrementó y estableció el carácter remuneratorio del beneficio originalmente establecido por el dec. 2005/04 ($ 120). Por otra parte, el a quo condenó a la demandada al pago de diferencias salariales que derivan de computar la verdadera antigüedad de la actora (ver fs.290 vta.); y, obviamente, ha tenido en cuenta la incidencia de esas diferencias para el cálculo de la “mejor remuneración normal y habitual” devengada por Castillo, y tal aspecto del decisorio no fue cuestionado por la recurrente. En tales condiciones, de prosperar mi voto, corresponde confirmar la sentencia apelada en el punto.

Se agravia la parte demandada por la condena al pago de los rubros diferencia por antigüedad, salario 2da. quincena de agosto de 2006 y vacaciones proporcionales 2006 con SAC.

La recurrente señala que, según lo informado por el perito contador en la pericia contable, el salario de la 2da. quincena de agosto de 2006 y las vacaciones proporcionales 2006 con inclusión del SAC habrían sido liquidados por la demandada; pero tal aspecto del recurso no puede tener favorable acogida, dado que, tal como señaló el a quo, la demandada no acreditó en autos haber cancelado dichos rubros con el pertinente recibo de sueldo o constancia de acreditación bancaria (conf. art. 124 y 138 LCT).

Por otra parte, y en virtud de lo hasta aquí señalado, en torno a que se encuentra acreditada en autos, la fecha de ingreso denunciada en la demanda así como el monto al cual ascendió la mejor remuneración normal y habitual de Castillo, corresponde desestimar las argumentaciones expuestas por la recurrente respecto a una supuesta incorrecta determinación de los importes adeudados por dichos conceptos.

Se agravia la parte demandada por la condena al pago del incremento previsto por el art. 2 de la ley 25.323 dado que, a su entender, no resulta de aplicación al caso por cuanto la actora se encontraba incursa en abandono de trabajo; y que, a todo evento, se la exima de dicha condena o se la morigere en virtud de lo previsto por la segunda parte de dicha normativa.

Liminarmente, cabe destacar que, como ya se ha señalado, no resulta evidenciado que la actora haya incurrido en el incumplimiento previsto en el art.244 LCT, por lo que el argumento según el cual el incremento de la norma en cuestión no sería de aplicación, no resulta viable.

En tales condiciones, dado que no se han esgrimido ante esta Alzada, causas que justifiquen la conducta omisiva de la accionada respecto de la falta de pago de las indemnizaciones derivadas del despido imputable a su responsabilidad, y que dicha actitud colocó a la accionante en situación de tener que promover esta acción para procurar su cobro; resulta procedente el incremento con base en el art. 2º de la ley 25.323, por lo que corresponde confirmar el decisorio en el punto.

La parte demandada se agravia por la condena al pago del agravamiento previsto por el art. 16 de la ley 25.561 pues insiste

en que no habría existido en autos un despido incausado; y, señala en su memorial recursivo que, “reiteramos los fundamentos esbozados en el responde de demanda, respecto de la manifiesta inconstitucionalidad de la norma mencionada, solicitando en su caso que V.E. declare la inconstitucionalidad de la norma” (ver fs. 301 vta.).

El agravio deducido por la demandada no cumplimenta los recaudos del art. 116 de la L.O., pues se limita a sostener en forma genérica un simple disenso subjetivo con la conclusión establecida por la Sra. Juez a quo y a remitirse a una presentación anterior. Creo conveniente recordar aquí que la expresión de agravios debe constituir una exposición jurídica que contenga el análisis serio, razonado y crítico de la senten cia recurrida, a través de argumentos tendientes a descalificar los fundamentos en los que se sustenta la solución adoptada en el decisorio; y, se debe demostrar, punto por punto, la existencia de los errores de hecho o de derecho en los que pudiera haber incurrido el juzgador y se deben indicar en forma precisa las pruebas y las normas jurídicas que el recurrente estime le asisten (cfr. esta Sala, in re: “Tapia, Román c/Pedelaborde, Roberto”, S.D.Nº73117, del 30/03/94, entre otras). En el caso, la recurrente ha soslayado toda puntualización en torno a cuál sería el error o equivocación en el que se habría incurrido el juez y cuáles serían los elementos de prueba en los que pretendería sustentarse la aspiración recursiva.

Por otra parte, la recurrente se limita a insistir en la inconstitucionalidad de la norma citada, en base a los argumentos esbozados en el responde. Al respecto, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido que “la mera reedición por las partes de los argumentos vertidos en las instancias anteriores o la remisión a ellos, no constituye una crítica concreta y razonada del pronunciamiento recurrido” (CSJN fallos 285:19; 288:108, entre otros). Por ende, el segmento recursivo no pude tener favorable acogida. En consecuencia y por las razones antes expuestas, corresponde confirmar el decisorio dictado en la instancia de grado anterior, en el punto.

Se agravia la parte demandada por la tasa de interés dispuesta por el a quo al monto de codena. Al respecto, corresponde señalar que cabe tener en cuenta el doble carácter resarcitorio y moratorio de la tasa de interés adoptada; y que se debe decidir con suma prudencia aquellas cuestiones que, por sus efectos en las relaciones jurídicas vigentes, pudieran causar efectos distorsivos. Analizado el planteo en los concretos términos formulados, entiendo que la tasa de interés no sólo se encuentra destinada a sancionar la mora del deudor, sino que también posee naturaleza resarcitoria; y expresa por tanto la expectativa inflacionaria que en cada momento rija en el mercado, por lo que cabe evaluar la metodología que según la legislación vigente resultaría idónea y que, en el caso, no es otra que la de aplicar intereses que, de alguna manera, compensen la pérdida sufrida en el valor adquisitivo del salario.En tal marco, y dado que la tasa de interés que ordena aplicar el a quo coincide con la prevista en la Resolución de Cámara de fecha 7 de mayo del 2002 (Acta 2357), propicio se confirme el fallo cuestionado también en este aspecto.

Se agravia la parte actora por el rechazo de la indemnización del art. 9 y de la duplicación del art. 15 de la LNE. Cabe memorar que, como ya he señalado, Castillo intimó a la demandada mediante TCL del 12/9/06 para que registrara la relación laboral en función de la verdadera fecha de ingreso; y dicha intimación, satisface las exigencias del art. 11 de la Ley 24.013. Como se ha visto, tal comunicación entró en la esfera de conocimiento presunto de la demandada el 13/9/06 (ver fs. 260). A su vez, la actora cumplió con la comunicación a la AFIP que exige la norma en tiempo oportuno (ver fs. 255 y fs. 260). Transcurrido el plazo previsto en dicha norma y en el art. 3ro. del Dec. 2725/91, la demandada no se avino a regularizar la anómala situación que había creado al registrar una fecha de ingreso posterior a la real, por lo que es evidente que resulta procedente la indemnización establecida en el art. 9 de la LNE. Por otra parte, el despido dispuesto por la empleadora, se produjo dentro del lapso contemplado en el art. 15 de la LNE; y desde esta perspectiva, también resulta procedente la duplicación contemplada en esa norma.

Por lo expuesto precedentemente, de prosperar mi voto, corresponde modificar la sentencia de anterior instancia, y elevar el monto de condena a la suma de $ 39.980,48 ($ 19.513,53 monto de condena anterior + $ 11.796 indemnización art. 9 LNE ($ 1.209,90 x 39 meses x 25%) + $ 8.670,95 duplicación art. 15 LNE ($ 6.049,50 indem. 245 LCT + $ 2.621,45 indem.232 LCT), con más los intereses dispuestos en la anterior instancia.

En virtud de las argumentaciones expuestas y con arreglo a lo establecido por el art. 279 del CPCCN, se debe adecuar la imposición de costas y los honorarios al resultado del pleito que se ha dejado propuesto para resolver las apelaciones; lo cual torna abstracto los planteos en torno a las costas y a las regulaciones de honorarios. En orden a ello, en función de dicho resultado, y de acuerdo con el resultado que se ha dejado propuesto para resolver las apelaciones, estimo que las costas de ambas instancias deben ser impuestas a cargo de la parte demandada, por haber sido vencida en los aspectos principales de la controversia (art.68 CPCCN).

En atención al mérito y extensión de la labor desarrollada por los profesionales que actuaron en estos autos y al nuevo resultado del pleito que he dejado propuesto, de acuerdo con las pautas que emergen del art.6 y subs. de la ley 21.839, de la ley 24.432 , del art. 38 de la L.O., estimo que, por las tareas llevadas a cabo en primera instancia, corresponde regular los honorarios de la representación y patrocinio letrado de la parte actora; los de la representación y patrocinio de la parte demandada; y los del perito contador en el .%, .%, y .%, respectivamente, porcentajes éstos que, en la oportunidad prevista en el art.132 de la LO, deben aplicarse sobre el monto total de condena -capital e intereses-.

A su vez y con arreglo a lo establecido en el art.14 de la ley 21.839, habida cuenta del mérito y extensión de labor desarrollada en esta instancia por la representación y patrocinio letrado de la parte actora y de representación y patrocinio letrado de la parte demandada, propongo que se regulen los honorarios por esas actuaciones en el .% y .%, respectivamente, de lo que corresponde a cada uno de ellos por la totalidad de lo actuado en la instancia anterior.

La Dra. Graciela A. González dijo:

Que adhiere a las conclusiones del voto del Dr. Miguel Ángel Pirolo, por análogos fundamentos.

Por lo que resulta del acuerdo que antecede (art. 125 de la ley 18.345), el Tribunal RESUELVE: 1) Modificar la sentencia dictada en la instancia de grado anterior y elevar el monto total de condena a la suma de $ 39.980,48 con más los intereses establecidos en la instancia anterior; 2) Dejar sin efecto la imposición de costas y regulación de honorarios; 3) Imponer las costas de ambas instancias a cargo de la parte demandada; 4) Regular los honorarios de la representación y patrocinio letrado de la parte actora, de la representación y patrocinio letrado de la parte demandada y del perito contador, en el .%, .% y .% del monto total de condena -capital e intereses; 5) Regular los emolumentos de la representación y patrocinio letrado de la parte actora y de la representación y patrocinio letrado de la parte demandada, por los trabajos realizados en esta Alzada, en el .% y .%, respectivamente, de lo que corresponde, a cada una de ellas, por la totalidad de lo actuado en la instancia anterior.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Graciela A. González – Juez de Cámara –

Miguel Ángel Pirolo – Juez de Cámara –

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