Modificar las tareas que realizaba la actora de «analista de marketing» a «analista de tele marketing» no configura ius variandi.

Partes: Francucci Luciana c/ Banco Columbia S.A. s/ despido

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo   Sala/Juzgado: I

Fecha: 22-may-2012

Cita: MJ-JU-M-73276-AR | MJJ73276 | MJJ73276

Si bien las tareas que desarrolla un trabajador pueden ser entendidas como un elemento ‘esencial’ del contrato de trabajo, las modificaciones propuestas a la actora -traslado de sus funciones de «analista de marketing» a «analista de tele marketing» deben calificarse como un ejercicio legítimo de la potestad de dirigir la empresa.

Sumario:

 

1.-No corresponde admitir el reclamo indemnizatorio puesto que si bien las tareas que desarrolla un trabajador pueden ser entendidas como un elemento esencial del contrato de trabajo, -en palabras del art. 66 de la LCT.-, en el caso de autos, las modificaciones propuestas deben ser calificadas como un ejercicio legítimo de la potestad de dirigir la empresa.

2.-No toda modificación dentro del contrato de trabajo debe ser entendida como un ejercicio ilegítimo del derecho y puede ser reprochado en sede judicial, pues una consecuencia de la facultad de dirección es el denominado ius variandi , que constituye la posibilidad de modificar aspectos no esenciales de la relación una vez que ésta fue anudada sin que genere perjuicio material o moral al dependiente; pero si la modificación recae sobre puntos neurálgicos de la relación, será indispensable el requisito de la conformidad por parte del trabajador para que sus consecuencias sean válidas.

3.-Sin perjuicio de que se encuentre reconocido que el cambio de tareas propuesto era el que efectivamente deseaba implementar la demandada, lo que posee déficits insalvables es afirmar que la decisión excede las potestades del empleador y que las modificaciones propuestas generen un perjuicio de entidad suficiente como para concretar la ruptura del contrato de trabajo dejando de lado el principio de continuidad y conservación (arts. 242 y 10 de la LCT.), por lo que el despido en que se colocó la actora, resultó injustificado.

4.-No corresponde admitir el daño material, como lo peticiona la actora con fundamento en que el cambio de tareas afectaría sus futuros ingresos porque las tareas desarrolladas repercuten desfavorablemente en su curriculum, pues el ex gerente de recursos humanos, en su declaración testimonial, destacó que la modificación de tareas no alteraría la retribución de la accionante.

 

Fallo:

 

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 22 días del mes de Mayo de 2.012, reunida la Sala Primera de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, para dictar sentencia en la causa del epígrafe, y de acuerdo al correspondiente sorteo, se procede a votar en el siguiente orden:

 

La Doctora Gabriela Alejandra Vázquez dijo:

 

I. La Sra. Jueza «a quo» rechazó, en lo principal, la demanda orientada al cobro de indemnizaciones por despido y otros créditos de naturaleza laboral (fs. 150/152). Para así decidir, entendió que no se encontraban acreditados los perjuicios invocados por la actora para determinar su despido indirecto.

 

II. Tal decisión es apelada por ambas partes a tenor de los memoriales de fs. 153/154 y 156/165 que merecieron oportunas réplicas a fs. 170/172 y 174/178 respectivamente. Por su parte, la representación letrada de la parte actora se alza contra los honorarios que le fueron regulados por considerarlos exiguos.

 

III. La actora se agravia porque la Sentenciante: (a) entendió justificada la decisión adoptada por la demandada; (b) no consideró relevante que la decisión no haya sido respaldada por ninguna razón objetiva y (c) omitió referirse a la incidencia que tiene en el caso el matrimonio contraído por la accionante. Subsidiariamente, apela la imposición de costas y la regulación de honorarios.

 

La parte demandada se alza contra la proporción en la que fueron distribuidas las costas solicitando que se le impongan a la actora en su totalidad. Además se alza contra la regulación de honorarios de los profesionales intervinientes.

 

La accionante apela la sentencia de grado a la que califica de errónea porque, no se trató la verdadera causal de su demanda, es decir, la modificación unilateral y arbitraria de un elemento esencial del contrato de trabajo. A este agravio lo subdivide en cuatro causales. Allí se queja porque -según considera- la Magistrada:(a) no entendió que las tareas desarrolladas por un trabajador forma parte de los elementos esenciales del contrato de trabajo; (b) comprendió que el empleador se encontró facultado para decidir unilateralmente y sin consentimiento el cambio; (c) no consideró agraviante que las nuevas tareas encomendadas fueran consideradas como de menor jerarquía y (d) que esta decisión no dañe material y moralmente a su parte.

 

Sostiene, que la demandada intentó modificar las tareas que realizaba la actora de «analista de marketing» a «analista de tele marketing» y que sus razones se ven corroboradas por la testigo Méndez.

 

En lo que a este agravio respecta, entiendo que lo verificado en el caso no apoya la tesitura esbozada por la accionante. Primeramente, el alegado cambio unilateral de tareas, no es más que una especie dentro del género denominado ius variandi. Por ello, considero correcto que la Sra. Jueza que me precedió en el juzgamiento haya analizado la controversia, a la luz de lo normado por el art. 66 de la Ley de Contrato de Trabajo y concordantes.

 

En consecuencia no resulta ocioso antes de analizar cada uno de los fundamentos expresados en la queja en análisis, resaltar que el empleador, por su condición de tal y amparado por los arts. 5º y 64 a 68 de la Ley 20.744 tiene facultades de organización y dirección de la empresa. Por ello, nada obsta que ciertas alteraciones al contrato de trabajo primigeniamente celebrado sean modificadas siempre que, como lo expresa el art. 66 del mismo cuerpo «el empleador debe y puede indicar la especie de trabajo que el trabajador ha de ejecutar y la manera en que ha de realizarlo» (Krotoschin, Tratado práctico tomo I, p.196).

 

Una consecuencia de esta facultad de dirección es el denominado «ius variandi», que constituye la posibilidad de modificar aspectos no esenciales de la relación una vez que ésta fue anudada sin que genere perjuicio material o moral al dependiente.Si la modificación recae sobre puntos neurálgicos de la relación, será indispensable el requisito de la conformidad por parte del trabajador para que sus consecuencias sean válidas.

 

De lo expuesto, se desprende que no toda modificación dentro del contrato de trabajo debe ser entendida como un ejercicio ilegítimo del derecho y puede ser reprochado en sede judicial.

 

Por ello, resulta menester analizar cada caso en concreto y determinar si la modificación impuesta (o propuesta como en este caso) resultó desajustada de la normativa que la regla. En este sentido, la actora inició la acción porque se la intentó trasladar de sus funciones de «analista de marketing» a «analista de tele marketing».

 

Se encuentra reconocido que el cambio propuesto era el que efectivamente deseaba implementar la demandada. Ahora bien, lo que posee déficits -que entiendo insalvables- es afirmar que la decisión excede las potestades del empleador y que las modificaciones propuestas generen un perjuicio de entidad suficiente como para concretar la ruptura del contrato de trabajo dejando de lado el principio de continuidad y conservación (arts. 242 y 10 de la LCT).

 

La testigo que declaró a favor de la actora fue Muñoz, quien a fs. 116/117 no supo explicar con claridad cuáles eran las funciones que se le querían encomendar a la accionante. Al respecto supuso que las tareas de analista de tele marketing eran más «chatas» pues se debía trabajar sobre la productividad de los vendedores y además, señaló que las tareas que desarrollaba la actora cree que le correspondían a la de analista junior de marketing (el resaltado me pertenece).

 

Por su parte, Olivieri, quien declaró a tenor de la citación propuesta por ambas partes, ostentaba el cargo de gerente de recursos humanos de la empresa demandada y supo que el cambio propuesto le mantendría indemne la dependencia directa de la Gerencia Comercial del banco, es decir, se seguiría reportando ante sus mismos superiores.Los testimonios convencen que la diferente tarea no resultó probada y, en todo caso, no se avizoran como perjudiciales para la accionante quien, en reiteradas oportunidades, sostuvo que afectarían su imagen profesional toda vez que las que desarrolló durante su vínculo con la empresa, revestían una superior complejidad y eran entendidas como destinadas al personal considerado con mayores capacidades, extremo que no logró acreditar.

 

Es por lo expuesto, que si bien las tareas que desarrolla un trabajador pueden ser entendidas como un elemento «esencial» del contrato de trabajo (en palabras del art. 66 de la LCT), tal aserto depende del análisis del caso. En el que se examinan las modificaciones propuestas deben ser calificadas como un ejercicio legítimo de la potestad de dirigir la empresa.

 

Respecto del factible daño material, la actora sostuvo que la decisión afectaba sus futuros ingresos porque las tareas desarrolladas repercuten desfavorablemente en su curriculum y en la posibilidad de conseguir mejores trabajos. Sin embargo, que la modificación haya sido de tal trascendencia y con aptitud dañosa no se acreditó. A mayor abundamiento, el ya reseñado testigo Olivieri, ex gerente de recursos humanos, destacó que la modificación de tareas no alteraría la retribución de la accionante. Es sabido, que para «la apreciación de la legitimidad del ius variandi constituía un elemento preponderante determinar la existencia de perjuicio comprobable al momento en que fue ejercido (art. 66 de la LCT)» -CSJN Z 275 XXXII «Zorzín, Víctor c/ YPF SA» 11/6/98 Fallos 321:1696-.

 

El segundo agravio lo constituye el hecho que la demandada no acreditó la razonabilidad que habría justificado el cambio dispuesto.

 

La mentada falta de prueba y la inexistencia de agravio me exime de tratar este punto del escrito recursivo. Digo esto porque el mismo art.66 de la Ley de Contrato de Trabajo le confiere al empleador la facultad de introducir todos aquellos cambios relativos a la forma y modalidades de la prestación de trabajo mientras que ellos no importen un ejercicio irrazonable de esa facultad, ni alteren modalidades esenciales del contrato, ni causen un perjuicio material o moral. Estas condiciones ya han sido analizadas en el punto anterior y su pronunciamiento no favorece a la postura de la apelante.

 

Por último, la tercera argumentación se refiere al hecho de que el matrimonio de la actora habría resultado la causa de la modificación de sus tareas a modo de represalia. Incluye de este modo una variable a la hora de analizar lo acaecido, la presunción del art. 181 de la Ley de Contrato de Trabajo. Remarca las pruebas en las que funda lo antedicho y propone que, en consecuencia, se revoque el fallo de grado.

 

El argumento tampoco logra revertir la decisión adoptada en grado.

 

La presunción legal puede ser desvirtuada por prueba en contrario y lo hasta aquí analizado permite concluir que la demandada no obró con ánimo de acosar a la trabajadora y, mucho menos, que su decisión de ruptura haya sido avalada por una represalia por haberse casado.

 

IV. Llegan apeladas las costas impuestas en grado por ambas partes. Toda vez que la categorización de «abusivo» de un ejercicio del ius variandi no es presunta sino que debe examinarse en cada caso, entiendo que corresponde imponer las costas por su orden, en ambas instancias, porque la actora pudo considerarse con derecho para reclamar (art. 68 2da parte del CP.C.C.N.).

 

Llegan apelados los honorarios del perito contador y la representación letrada de ambas partes regulados en primera instancia. Teniendo en cuenta el mérito y la extensión de los trabajos realizados, facultades conferidas al Tribunal por el art. 38 L.O. y las normas arancelarias de aplicación; resultan acordes los honorarios correspondiendo que los mismos sean mantenidos (artículos 6°, 7° y concordantes de la ley 21.839).

 

V.Los honorarios de la representación letrada de la parte actora y demandada por los trabajos cumplidos en esta etapa, propongo se fijen en el 25% y 25% de lo s que le correspondan percibir por su actuación en la instancia anterior.

 

VI. Por lo expuesto, propongo en este voto 1) confirmar la sentencia apelada; 2) modificar la imposición de las costas de ambas instancias y disponer que sean soportadas en el orden causado; 3) confirmar los honorarios regulados en primera instancia y 4) regular los honorarios de Alzada de los letrados intervinientes conforme lo dispuesto en el punto V del presente pronunciamiento.

 

La Doctora Gloria M. Pasten de Ishihara dijo:

 

Que por análogos fundamentos adhiere al voto que antecede.

 

A mérito de lo que resulta del precedente acuerdo, SE RESUELVE: 1) Confirmar la sentencia apelada; 2) Modificar la imposición de las costas de ambas instancias y disponer que sean soportadas en el orden causado; 3) Confirmar los honorarios regulados en primera instancia y 4) Regular los honorarios de Alzada de los letrados intervinientes conforme lo dispuesto en el punto V del presente pronunciamiento.

 

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

 

Gabriela A. Vázquez

 

Jueza de Cámara

 

Gloria M. Pasten de Ishihara

 

Jueza de Cámara

 

mig.

 

Ante mi:

 

Elsa I. Rodriguez

 

Prosecretaria Letrada de Cámara

 

En de de, se dispone el libramiento de cédulas. CONSTE.

 

Elsa I. Rodriguez

 

Prosecretaria Letrada de Cámara

 

En de de, se notifica al Sr. Fiscal General la resolución que antecede y firma.

 

Elsa I. Rodriguez

 

Prosecretaria Letrada de Cámara

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