R. M. F. c/ Administración Federal de Ingresos Públicos A.F.I.P. s/ despido

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo

Sala/Juzgado: I

Fecha: 17-oct-2011

Cita: MJ-JU-M-69857-AR | MJJ69857 | MJJ69857

Resultó ilegítimo el despido dispuesto por el empleador durante licencia médica por enfermedad, pues corresponde al empleador arbitrar -por encontrarse en mejores condiciones fácticas- una prudente solución para determinar la real situación de salud de su dependiente y tal obligación resulta de su deber de diligencia.

Sumario:

1.-Corresponde confirmar el rechazo del planteo de inadmisibilidad de la acción por incumplimiento de los recaudos previstos en la ley nacional 19549 y su decreto reglamentario toda vez que la demanda entablada en autos no tiene por objeto conmover un acto administrativo dictado en los términos de la citada ley sino el pago de una indemnización, por lo que no se aplicaría la caducidad prevista por el art. 25 de dicha normativa.

2.-No resulta legítima la decisión de considerar que las inasistencias del actor resultaban injustificadas ni que la conducta encuadrase en las normas del régimen disciplinario que invoca la empleadora, puesto que corresponde al empleador arbitrar una prudente solución para determinar la real situación de salud de su dependiente y tal obligación resulta de su deber de diligencia consagrado en el art. 79 de la LCT. y de la facultad de control prevista por el art. 210 del mismo cuerpo legal, por ende, el despido decidido no revistió justa causa, y resultan procedentes las indemnizaciones condenadas.

3.-Toda vez que la demandada no ajustó su conducta a la directiva que consagra el art. 62 de la LCT., cuya regla genérica determina el modo de obrar de buena fe que deben adoptar las partes del contrato de trabajo, a fin de superar aquellas cuestiones que no estén previstas en forma específica, pues envió a su servicio médico a un lugar que no era el domicilio real de su dependiente, el despido decidido no revistió justa causa, y resultan procedentes las indemnizaciones condenadas.

4.-Puesto que la accionada no explicó y menos aún demostró, cuál habría sido la motivación funcional en la que basó la reasignación de las tareas dispuesta, -luego de la existencia de una denuncia por parte de un contribuyente que fuera finalmente desestimada y que no generó aplicación de sanción alguna-, como para apreciar su razonabilidad, resultando insuficiente al efecto la mera alegación acerca de que el pase se produjo por razones funcionales transitorias cuando tal lapso abarcó varios años, la modificación efectuada por la empleadora respecto de las nuevas tareas asignadas al actor, importó un ejercicio abusivo de sus facultades de organización y dirección ocasionando un serio menoscabo respecto a sus funciones anteriores y al rol que ocupaba en la empresa, aún cuando no se hubiere producido modificación en la categoría escalafonaria.

5.-El empleador debe velar por la integridad psicofísica de sus dependientes mientras se encuentren dentro del establecimiento y/o cumpliendo sus tareas, obligaciones que dimanan del deber genérico de seguridad y del principio de indemnidad (arts. 75 LCT. y 4 apartado 1 LRT.) y como contrapartida de los poderes de organización y dirección que la ley le otorga; tales obligaciones se complementan con el deber de previsión que surge de la relación contractual y que se convierte en una obligación legal de seguridad, de allí, que debe preservar la dignidad de la persona trabajadora cuyo fundamento no es otro que el dispositivo constitucional que garantiza condiciones dignas y equitativas de labor (art. 14 bis CN.), por ello, no sólo se encuentra legitimado para tomar medidas en resguardo de la integridad de sus dependientes sino que constituye una exigencia derivada del principio de indemnidad citado y de la buena fe exigible al buen empleador y lo esperable de éste (arts. 62, 63 , 75 y concordantes de la LCT.).

6.-Puesto que surge acreditado que la demandada obró con negligencia y violó el deber de previsión y de seguridad en detrimento del actor, toda vez que lo sometió a condiciones laborales denigrantes, nocivas y a la postre idóneas para provocar daños en su salud psicofísica, generando un supuesto de violencia laboral psicológica proveniente del maltrato incurrido por la empleadora, surgen configurados los presupuestos de la responsabilidad civil, y con ello, la obligación de reparar el daño injustamente causado al trabajador generado por la conducta irregular y deficiente ejercida por aquellos a quienes le delegó las funciones de organización y dirección (arts.19 CN., 1109 y 1113 primera parte del CCiv.) por ello, corresponde receptar el reclamo en concepto de daño material y reparar el daño moral por los padecimientos y mortificaciones ocasionadas (arts.1071 , 1072 y 1078 del CCiv.).

7.-Resulta procedente la reparación del daño moral de acuerdo con la doctrina que emana del Fallo Plenario Nro. 243 y a lo normado por el art. 1078 del CCiv., pues el mismo se halla configurado por toda lesión a los sentimientos o afecciones legitima de una persona o por los padecimientos físicos en que se traducen los perjuicios ocasionados por el evento y en definitiva, por la perturbación que de una manera u otra, incidió en la tranquilidad y el ritmo normal del damnificado y para establecer su cuantía, deben tenerse en cuenta las vicisitudes por la que atravesó el actor y la angustia provocada.

8.-Corresponde confirmar la procedencia de la multa del art. 80 de la LCT toda vez que la demandada no invocó haber dado respuesta a la intimación que cursara el reclamante respecto de la entrega de las certificaciones en cuestión, lo que constituye una presunción en contra de la misma (art. 57 LCT.).

Fallo:

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 17 días del mes de Octubre de 2.011, reunida la Sala Primera de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, para dictar sentencia en la causa del epígrafe, y de acuerdo a la correspondiente desinsaculación, se procede a votar en el siguiente orden:

La Doctora Gloria M. Pasten de Ishihara dijo:

I. La sentencia de fs. 697/705 ha sido recurrida por la demandada a fs. 706/711 y por la parte actora a fs. 713/723. También apela el perito médico a fs. 712 los honorarios regulados.

II. En relación al primero de los agravios que formula la accionada, esto es, el rechazo del planteo de inadmisibilidad de la acción por incumplimiento de los recaudos previstos en la ley 19.549 y su decreto reglamentario, comparto los fundamentos y conclusiones del dictamen del Sr. Fiscal General que obra a fs. 772/vta. el cual doy por reproducido en homenaje a la brevedad.

Tal como destaca el Dr. Alvarez, la demanda entablada en autos no tiene por objeto conmover un acto administrativo dictado en los términos de la ley 19.549 sino el pago de una indemnización, por lo que no se aplicaría la caducidad prevista por el art. 25 de dicha normativa.

Consecuentemente, cabe estar a lo decidido en origen en cuanto al rechazo de esta defensa.

III. También se alza la demandada porque el Sr. Magistrado de la instancia anterior consideró que la cesantía del actor careció de justa causa.

Al respecto, considero pertinente recordar que el despido motivado por injuria requiere que el incumplimiento que se atribuye al trabajador sea perfectamente individualizable, además de actual, grave y objetivamente acreditable. La valoración debe ser hecha prudencialmente por quienes juzgan teniendo en consideración el carácter de las relaciones que resultan de un contrato de trabajo así como las modalidades y circunstancias personales de cada caso.En ese marco, señalo que no todo acto de incumplimiento constituye causa de denuncia del contrato de trabajo, sino sólo aquél que puede configurar injuria. Este concepto de injuria es específico del derecho del trabajo y consiste en un acto contra derecho y específicamente contra el derecho del otro. Para erigirse en justa causa de despido el obrar contrario a derecho debe asumir cierta magnitud, suficiente para desplazar del primer plano el principio de conservación del contrato que consagra el art. 10 de la Ley de Contrato de Trabajo, teniendo en cuenta los parámetros de causalidad, proporcionalidad y oportunidad.

La recurrente alude al hecho de que el actor no se presentó a control médico alguno en el Servicio Médico de la empleadora luego de solicitar a partir del 11/2/08 una nueva licencia por afección de largo tratamiento; que no fue encontrado en su domicilio en ocasión de la visita que realizara el médico de Medicar S.A. y que no presentó certificado médico alguno ni acreditó su imposibilidad de presentarse a dicho control.

El Sr. Juez de grado consideró que el despido dispuesto por el organismo demandado fue apresurado. Para arribar a tal conclusión, valoró que la demandada decidió la cesantía en pleno curso de la licencia médica por enfermedad, que el actor había puesto a disposición los certificados médicos que corroboraban su dolencia y la extendían hasta el 6/4/08 y que hizo saber a su principal -invocando su actuar de buena fe- que su único domicilio real era el correspondiente a la localidad de Nordelta, Tigre, Pcia. de Buenos Aires, remarcando que la empresa Medicar S.A., que efectuó una visita el 31/3/08, durante la cual no pudo encontrar al Sr. Rodríguez, concurrió a un domicilio de la Ciudad de Buenos Aires sito en Olazábal 2879, 6º A. Respecto de estas consideraciones no existe una crítica concreta y razonada en la presentación en tratamiento (art.116 L.O.) y ello permite concluir que la empleadora no habría cumplido en debida forma con el control médico que dice haber intentado en el domicilio del actor.

Sentado ello, resalto que corresponde al empleador arbitrar -por encontrarse en mejores condiciones fácticas- una prudente solución para determinar la real situación de salud de su dependiente y tal obligación resulta de su deber de diligencia consagrado en el art. 79 de la LCT y de la facultad de control prevista por el art. 210 del mismo cuerpo legal. En tal sentido, la demandada no ajustó su conducta a la directiva que consagra el art. 62 de la LCT, cuya regla genérica determina el modo de obrar de buena fe que deben adoptar las partes del contrato de trabajo, a fin de superar aquellas cuestiones que no estén previstas en forma específica, pues envió a su servicio médico a un lugar que no era el domicilio real de su dependiente.

Por consiguiente, no resulta legítima la decisión de considerar que las inasistencias registradas a partir del 31/3/08 resultaban injustificadas ni que la conducta del actor encuadrase en las normas del régimen disciplinario que invoca a fs. 709, por ende, el despido decidido no revistió justa causa, por lo que concuerdo con la solución arribada en primera instancia acerca de la procedencia de las indemnizaciones condenadas.

IV. El tercer agravio de la demandada se refiere la multa del art. 80 de la L.C.T.

En la queja sostiene que puso a disposición del actor los certificados previstos en dicha norma, no habiéndose presentado a retirarlos, como consecuencia de lo cual procedió a acompañarlos oportunamente con la contestación de demanda.Sin embargo, lo argumentado no controvierte adecuadamente lo expresado en el fallo acerca de que dicha puesta a disposición no significa cumplimiento de la obligación de entrega, resultando insuficiente al efecto la remisión al precedente que allí se cita.

Sin perjuicio de ello y sólo a mayor abundamiento, observo que la demandada no invocó haber dado respuesta a la intimación que cursara el reclamante con fecha 30/6/08 respecto de la entrega de las certificaciones en cuestión, lo que constituye una presunción en contra de la misma (art. 57 L.C.T.). Por lo expuesto, debería desestimarse el agravio de la demandada.

V. El actor, por su parte, se agravia porque se rechazó el reclamo en concepto de reparación integral por el daño ocasionado en su persona debido a la modificación de sus condiciones contractuales.

Previo a iniciar el análisis de los argumentos expuestos en el memorial recursivo del actor, haré referencia al hecho nuevo invocado a fs. 819/821 mediante el cual se argumenta, entre otras cosas, que la justicia penal ha considerado que quien incurrió en incumplimientos vinculados con las actuaciones del contribuyente Roldán Bulnes fue Haydee Margarita Aagesen y que el motivo del deliberado e inexcusable afán persecutorio en su contra, tuvo como objeto cubrir sus propios incumplimientos. En tal sentido, tal como ha dictaminado la Sra. Fiscal General Adjunta a fs. 839, no existe obstáculo alguno para la inclusión de los documentos agregados a fs. 774/789, por presentar vinculación suficiente con el debate de la litis, en consecuencia, los tendré en cuenta conforme lo normado por el art.386 del CPCCN y en la medida que resulten conducentes para la decisión que en definitiva proponga respecto a este segmento de la queja.(Fallos 272:225; 274:113; 276:132, 280:320 y 310:1162).

Sentado ello, con relación al primer agravio del actor y atento la forma en que quedó trabada la litis, debió demostrar que los padecimientos que lo aquejan fueron ocasionados por la conducta persecutoria y discriminatoria de la demandada y, en tal sentido, disiento respetuosamente con la valoración de la prueba realizada en el considerando III de fs. 702/703 y con las conclusiones del Sr. Juez de origen acerca de la falta de prueba de la existencia de acoso psicológico o “mobbing” (ésta última, conforme la denominación asignada por el actor en el inicio).

La prueba testimonial producida a instancias de la parte actora, permite tener por acreditado que el actor, luego de la existencia de una denuncia por parte de un contribuyente (que fuera finalmente desestimada y que no generó aplicación de sanción alguna), sufrió una modificación peyorativa de tareas. En tal sentido, el testigo Villanueva (fs. 431/43) expresó que el Sr. Rodríguez hasta fines del año 2002 trabajó en la División Investigaciones, que en el año 2003 siendo inspector y habiéndole asignado una tarea bastante importante (ya que trabajaba con Jefatura de Región) recibió una denuncia de parte de un contribuyente, como consecuencia, le sacaron los casos y luego lo trasladaron a la Sección Administrativa de la Región, donde funciona la Mesa de Entradas, allí lo veía llevando los expedientes que llegaban y haciendo tareas administrativas consistentes en reponer papel higiénico, licitar para el jabón que va en los baños, entregar expedientes que se reciben en Mesa de Entradas y reponer hojas de la fotocopiadora. Por su parte, Plaul (fs.593vta./594) también expresó que el actor era inspector de equipo, que pasó al área de investigación y que a raíz de una denuncia tuvo un corte, pasó de ser una persona reconocida por su capacidad técnica a que le asignaran tareas no acordes a su capacidad, que pasó al área administrativa y allí el dicente lo vio sacando fotocopias, que las tareas que hacía en el área administrativa eran foliar expedientes, armarlos y llevar y traer documentación, no volviendo nunca al área de fiscalización donde trabajara antes de la denuncia. Finalmente, Magnaterra (fs. 595/vta.) también da cuenta de que el demandante estaba en la división investigación y que a principios de 2004 lo sacaron de esa área y lo pasaron al área administrativa.

La accionada no explicó y menos aún demostró, cuál habría sido la motivación funcional en la que basó la reasignación de las tareas dispuesta como para apreciar su razonabilidad, resultando insuficiente al efecto la mera a legación acerca de que el pase se produjo por razones funcionales transitorias (fs. 72) cuando tal lapso abarcó -aproximadamente – desde julio 2004 hasta mayo del 2008, fecha en que se lo declaró cesante. A tenor de las declaraciones antes reseñadas, considero que la modificación efectuada por la empleadora respecto de las nuevas tareas asignadas al actor, importó un ejercicio abusivo de sus facultades de organización y dirección ocasionando un serio menoscabo respecto a sus funciones anteriores y al rol que ocupaba en la empresa, aún cuando no se hubiere producido modificación en la categoría escalafonaria.

También quedó establecido que la esposa del actor, que también habría sido objeto de denuncia por los mismos hechos que éste, no sufrió modificación respecto de su lugar de trabajo, con lo cual encontraría respaldo la denuncia de un trato discriminatorio arbitrario e injustificado.

Por otra parte, mediante la pericia médica producida a fs.617/628 quedó acreditado que el cuadro de depresión reactiva que padece y que le provocó una incapacidad parcial y permanente del 40% de la t.o., pudo razonablemente ser determinada por los hechos vinculados a la denuncia y al traslado que sufriera el trabajador.

En efecto, del citado informe surge que el Sr. Rodríguez presenta, entre otros síntomas, angustia y ansiedad, dificultad para soportar la situación laboral, desvalorización total de la autoestima, nerviosismo e irritabilidad constantes, humor depresivo interno, intolerancia total a los requerimientos del medio, a la frustración y la espera, miedos focalizados con ataques de pánico, alteración de la conducta, insomnio, llanto inmotivado, dependencia y síndrome depresivo. Asimismo, presenta indicadores de intolerancia total a la experiencia laboral con resignificación constante de lo acontecido en su condición de exigencia, presencia de indicadores de stress y fatiga y con estallidos hiperemotivos que no logra controlar de modo alguno con signos foginos focalizados a los recuerdos de la exigencia laboral de exigencia y maltrato (fs. 620). También concluyó la experta que el actor experimentó un acontecimiento caracterizado por amenazas para su integridad psíquica (fs. 624), una vivencia traumática que dejó una impronta en su psiquismo, que padece una enfermedad de origen psiquiátrico y que guarda relación con una desafectación abrupta de sus tareas (ver fs. 625), presentando una depresión exógena con nexo de causalidad laboral (Fs. 626).

Dicho informe, valorado a la luz de lo normado por los arts.386 y 477 del CPCCN, realizado conforme las directivas del art.472 del mismo ordenamiento legal, resulta suficientemente claro, preciso y fundado y no encuentro razones atendibles para apartarme de sus conclusiones.

Memoro que el empleador debe velar por la integridad psicofísica de sus dependientes mientras se encuentren dentro del establecimiento y/o cumpliendo sus tareas, obligaciones que dimanan del deber genérico de seguridad y del principio de indemnidad (arts.75 LCT y 4 apartado 1 LRT) y como contrapartida de los poderes de organización y dirección que la ley le otorga; tales obligaciones se complementan con el deber de previsión que surge de la relación contractual y que se convierte en una obligación legal de seguridad (Krotoschin,1968, Instituciones de Derecho del Trabajo, Buenos Aires: De Palma), de allí, que debe preservar la dignidad de la persona trabajadora cuyo fundamento no es otro que el dispositivo constitucional que garantiza “condiciones dignas y equitativas de labor” (art. 14 bis C.N.), por ello, no sólo se encuentra legitimado para tomar medidas en resguardo de la integridad de sus dependientes sino que constituye una exigencia derivada del principio de indemnidad citado y de la buena fe exigible al buen empleador y lo esperable de éste (arts. 62, 63 , 75 y concordantes de la LCT).

En este punto del análisis, cabe resaltar que toda persona debe ejercer sus actos respetando a su vez el principio alterum non laedare consagrado en el art.19 de la constitución Nacional y 1109 del Código Civil, que prohíbe ocasionar daños a otras personas, de lo contrario, debe reparar ese daño y en tal sentido, la indemnización constituye un instrumento que apunta a reparar un derecho ya irremisiblemente lesionado ante la imposibilidad de reponer las cosas al estado anterior (art.1083 del Código Civil). Mediante dicha reparación se resarce el daño material que, en lo esencial, es el menoscabo económico que sufre una persona en su patrimonio y en los derechos subjetivos de la víctima que se encuentran incorporados a su patrimonio y el daño moral (daño extrapatrimonial) que comprende los padecimientos y mortificaciones en la seguridad personal, tranquilidad o en el goce de bienes, que exceden el marco de la normal tolerancia.En orden a tales consideraciones, surge acreditado que la demandada obró con negligencia y violó el deber de previsión y de seguridad en detrimento del actor, pues lo sometió a condiciones laborales denigrantes, nocivas y a la postre idóneas para provocar daños en su salud psicofísica, generando un supuesto de violencia laboral psicológica proveniente del maltrato incurrido por la empleadora, todo lo cual, permite tener por configurados los presupuestos de la responsabilidad civil. En efecto, el actor acreditó mediante la pericial médica analizada, que padece una incapacidad parcial y permanente del 40% a lo que debe agregarse los gastos que le demandará su recuperación, pues según las indicaciones de la perito médica (v.fs. 625) deberá someterse a terapia de apoyo y tratamiento psiquiátrico, como consecuencia de la antijuridicidad a la que fue sometido y cuya relación causal surge del informe médico antes analizado, todo ello determina sin más que nazca la responsabilidad de la empleadora y con ello, la obligación de reparar el daño injustamente causado al trabajador generado por la conducta irregular y deficiente ejercida por aquellos a quienes le delegó las funciones de organización y dirección (arts.19 Constitución Nacional, 1109 y 1113 primera parte del Código Civil) por ello, propicio receptar el reclamo en concepto de daño material y reparar el daño moral por los padecimientos y mortificaciones ocasionadas (arts.1071, 1072 y 1078 del Código Civil).

Para fijar el importe del resarcimiento, tendré en cuenta que el damnificado al momento de su egreso contaba con 40 años, las características personales que surgen de las presentes actuaciones, el tipo y grado de afección que presenta, el tiempo de vida útil que le resta permanecer disminuido en el mercado de trabajo y sus perspectivas económicas; que padece una incapacidad laboral del 40%, que era contador y que percibía una remuneración de $ 5.570 mensuales así como el daño emergente y el lucro cesante en que todo ello se traduce a lo quecabe sumar el tratamiento a que deberá ser sometido conforme el informe pericial de fs. 625. (cfr. CNAT, Sala II, “Alvez Pereyra Ramón c/Servicios Forestales El Bosque SRL s/accidente”, SD 94.182 del 27/4/2006, con cita de los fallos de la CSJN, “Audicio de Fernández c/Prov. de Salta” del 4/12/80, “García de Alarcón c/Prov. de Buenos Aires -Fallos 304:125 y “Badiali c/Gobierno Nacional”, L.L.24/12/86).

Resta señalar, con relación a la reparación del daño moral, que resulta procedente de acuerdo a la doctrina que emana del Fallo Plenario Nro. 243 de esta Cámara y a lo normado por el art. 1078 del Código Civil., que considero que se halla configurado por toda lesión a los sentimientos o afecciones legitima de una persona o por los padecimientos físicos en que se traducen los perjuicios ocasionados por el evento y en definitiva, por la perturbación que de una manera u otra, incidió en la tranquilidad y el ritmo normal del damnificado (CNCiv. Sala E, diciembre 9-2004 “Mallon, Salvador Tito c/ Diario Electrónico Satelital S.A.s/daños y perjuicios) y para establecer su cuantía, tengo en cuenta las vicisitudes por la que atravesó el Sr. Rodríguez y la angustia provocada.

Conforme a los parámetros expuestos y en virtud de lo normado por el art.165 del CPCCN, estimo justo y equitativo fijar la indemnización en la suma total de $ 360.000, discriminada en $ 300.000 en concepto de daño material y $ 60.000 en concepto de daño moral. Dicho importe llevará intereses conforme la tasa fijada en origen y se calcularán a partir de la fecha de cese de la relación laboral (mayo del 2008).

La condena aludida sólo recaerá sobre la empleadora AFIP pues el actor no formuló reclamo respecto de la ART citada como tercero por la demandada (fs.81vta./82) y esta última no especificó concretamente en su responde cuáles eran las circunstancias de hecho que justificaran su responsabilidad en los términos del art. 1074 del Código Civil.

VI. Otro agravio del actor se refiere al rechazo de la indemnización prevista por el art. 213 de la L.C.T.

En la queja se alude al hecho de que fue despedido en forma apresurada y desmesurada pues estaba con licencia médica notificada. Asimismo, sostiene el recurrente que corresponde que se le abonen los meses de tratamiento psicológico y psiquiátrico que señala el perito psiquiatra.

Al respecto, observo que en el memorial recursivo no se atacó el fallo en cuanto considera que la parte actora incumplió la directriz del art. 65 de la L.O. (fs. 704, tercer párrafo) y respecto del segundo aspecto, quedó comprendido en el considerando V.

No obstante, cabe tener en cuenta que el último certificado que se invoca en la demanda es del 30 de mayo de 2008 (fs. 14vta.) que ha sido reconocido por el profesional que lo suscribe (fs. 593), por lo que el reclamo en cuestión sólo puede prosperar por los treinta días que prescribe el mismo, fijánd ose el importe de los salarios correspondientes a este período en el equivalente a un mes de sueldo más SAC, es decir, $ 6.034,17 ($ 5.570 + $ 464,17), elevándose el monto de condena fijado en el apartado 1) de fs. 704 a $ 139.705,83, revocándose también en este aspecto lo decidido en origen.

VII. Lo planteado en el tercer agravio (fs. 721vta./722) debe considerarse tratado a través de lo expuesto en el considerando V.

VIII. En virtud de la revocatoria que propicio, corresponde adecuar las costas y honorarios en relación a la acción por reparación integral (art. 279 CPCCN), debiendo establecerse que las costas corran a cargo de la demandada en ambas instancias (art.68 del citado dispositivo legal), incluso las correspondientes a la citación de La Segunda ART S.A. pues la AFIP no justificó la razonabilidad de tal citación.

Finalmente, deberán ser dejados sin efecto los honorarios regulados en el apartado 2), fijándose los correspondientes a los profesionales de la actora, de la demandada y del tercero citado y los del perito psiquiatra, respectivamente, en el 15%, 13%, 7% y 7% del monto de condena decretado respecto de este reclamo.

IX. Por todo lo expuesto, propicio: 1º) revocar parcialmente la sentencia apelada, elevando el monto de condena dispuesto en el apartado 1) de fs. 704 a la suma de $ 139.705,83; 2º) hacer lugar al reclamo por reparación integral y condenar a la AFIP a pagar la suma de $ 360.000, con más sus intereses y en la forma y plazo dispuestos en el apartado 1) antes aludido; 3º) Con costas y honorarios en la forma dispuesta en el considerando VIII; 4º) regular los honorarios de alzada de los profesionales de la actora y de la demandada, respectivamente, en el 28% y 25% de los que les correspondan por su actuación total en primera instancia.

El Doctor Vilela dijo:

Que por análogos fundamentos adhiere al voto que antecede.

A mérito de lo que resulta del precedente acuerdo, SE RESUELVE: 1º) Revocar parcialmente la sentencia apelada, elevando el monto de condena dispuesto en el apartado 1) de fs. 704 a la suma de $ 139.705,83; 2º) Hacer lugar al reclamo por reparación integral y condenar a la AFIP a pagar la suma de $ 360.000, con más sus intereses y en la forma y plazo dispuestos en el apartado 1) antes aludido; 3º) Con costas y honorarios en la forma dispuesta en el considerando VIII; 4º) Regular los honorarios de alzada de los profesionales de la actora y de la demandada, respectivamente, en el 28% y 25% de los que les correspondan por su actuación total en primera instancia.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Gloria M. Pasten de Ishihara Julio Vilela

Jueza de Cámara Juez de Cámara

Ante mi:

Elsa I. Rodriguez

Prosecretaria Letrada de Cámara

En de de , se dispone el libramiento de cédulas. CONSTE.

Elsa I. Rodriguez

Prosecretaria Letrada de Cámara

En de de , se notifica al Sr. Fiscal General la resolución que antecede y firma.

Elsa I. Rodriguez

Prosecretaria Letrada de Cámara

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

Conectando a %s