P. R. R. c/ Grupo Enaxion S.R.L. y otros

Partes: P. R. R. c/ Grupo Enaxion S.R.L. y otros s/ despido

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo

Sala/Juzgado: V

Fecha: 18-mar-2011

Cita: MJ-JU-M-81828-AR | MJJ81828 | MJJ81828

No corresponde admitir la existencia de mobbing pues no está probada una práctica habitual, continuada o ‘persistente’ acerca de un trato humillante sobre el trabajador.

Sumario:

1.-No corresponde admitir la procedencia del resarcimiento por daño moral pues la detenida lectura de la comunicación en cuestión no revela una actitud humillante hacia el actor, máxime siendo que la misma ocurrió un año antes del inter-cambio telegráfico, lo cual sumado a la ausencia de toda otra prueba, obsta a que quepa tener por probado un comportamiento injurioso persistente , irrespetuoso e injustificado durante la relación laboral.

2.-Si bien no existe un criterio jurisprudencial unánime para establecer cuándo se está en presencia de la figura del acoso moral o mobbing, los tribunales han ido definiendo su alcance y podría decirse que se configura cuando el trabajador es objeto repetido de abuso por parte de sus superiores, y/o en particular, víctima de prácticas destinadas a aislarlo del ambiente de trabajo -y en los casos más graves de repelerlo-.

3.-No corresponde admitir la fecha de ingreso que el actor denuncia, pues no obstante el esfuerzo argumental del mismo, la declaración testimonial a la que hace referencia, no resulta convictiva ni suficiente por sí sola para acreditar la fecha pretendida, porque dicha testigo dijo ser pareja del demandado, y puesto que dijo tener un interés económico en este juicio.

4.-Teniendo en cuenta la orfandad probatoria habida en la causa sobre las razones que llevaron al actor a darse por despedido, -incorrecta registración de la fecha de ingreso-, corresponde confirmar que no han sido acreditadas las injurias que se invocaron para romper el vínculo.

Fallo:

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, capital federal de la República Argentina, a los 18 días del mes de marzo de 2011, se reúnen los señores jueces de la Sala V, para dictar sentencia en esta causa, quienes se expiden en el orden de votación que fue sorteado oportunamente; y LA DOCTORA MARIA C. GARCÍA MARGALEJO dijo:

I. Vienen estos autos a esta alzada a propósito de los agravios que contra la sentencia de fs. 209/212 formula la parte actora a tenor del memorial obrante a fs. 214/216vta., que fue contestado por la contraria a fs. 219 vta.

II. Los agravios deducidos por el demandante se dirigen a cuestionar la decisión adoptada en la sentencia de grado en cuanto consideró que no fue suficiente-mente acreditado en autos que la fecha de ingreso del Sr. Pepe haya sido la del 1/9/06 ni que le corresponda un resarcimiento económico por daño moral. Adelanto que -en mi opinión- debería confirmarse lo resuelto.

Desde esa perspectiva, liminarmente cabe dejar sentado que la carga de la prueba incumbe a la parte que afirma la existencia de un hecho controvertido o de un precepto jurídico que el juez o el tribunal no tenga el deber de conocer (conf. art. 377 del C.P.C.C.N.)

La queja de la parte actora se dirige a cuestionar la valoración realizada de la prueba instrumental reconocida por la testigo Rao (remito Nº 00000829 obrante en sobre reservado 3032, anexo 4, y cuya copia luce a fs. 84). Al respecto, sostiene que se no ha efectuado una valoración adecuada de esta circunstancia y que esta prueba acredita que el actor había ingresado con anterioridad al 15/11/06 que falsamente fue consignada en los recibos de sueldo.

El mentado instrumento es un remito del cual surgiría que el 23/10/06 la empresa demandada remitió al Sr. Ricardo Pepe la cantidad de 5 “Sim Movistar” y que se encuentra firmado por la Sra.Perla Rao, a quien el actor individualizó como una persona que se desempeñaba en la empresa.

De esa manera, el recurrente entiende que el reconocimiento de la testigo Rao (fs. 174) resulta suficiente para demostrar su verdadera fecha de ingreso en la empresa (1/9/06) y no la consignada en el recibo (15/11/06).

No obstante el esfuerzo argumental del recurrente, luego de haber ponderado la escasez de elementos de prueba existentes en la causa, en mi opinión el referido documento antes analizado no resulta convictivo ni suficiente por sí solo para acreditar la fecha pretendida. Ello así porque dicha testigo (quien dijo ser “pareja” del demandado César Giorgi”) por un lado se declaró acreedora de la demandada Enaxion, por otro lado dijo tener un interés económico en este juicio y además quedan en pie las consideraciones efectuadas por el magistrado de 1ª instancia a fs. 210 a este respecto que, en mi opinión, no han sido adecuadamente controvertidas en el memorial, y no cabe concluir a partir de ese solo elemento que se hayan probado efectivamente servicios personales como parece pretenderse a fs. 215 vta.; obsérvese que en efecto pese a lo que surge de la demanda y del poder de fs. 21, el domicilio del Sr. Pepe que se consigna a fs. 84 no es coincidente con ello y que pese a tratarse en el caso de Rao de una testigo que dijo haber laborado para “Grupo Enaxion”, no se la citó para que brindara testimonio en forma amplia y libre sobre fechas de ingreso y otras circunstancias de la relación como declarante en los términos de los arts. 426 y sig. C.P.C.C.N. sino solamente para reconocer un documento (fs. 11 vta.) respecto del cual me remito a todo lo dicho más arriba.Adviértase además que no existen otros elementos que pudieran llevar a la conclusión de que el demandante se desempeñó para la accionada antes del 15 de noviembre de 2006.

Teniendo en cuenta la orfandad probatoria habida en la causa sobre las razones que llevaron al hoy demandante a darse por despedido (me remito al escrito inicial y a la sentencia de grado sobre la reseña efectuada), coincido con el sentenciante de grado respecto a que no han sido acreditadas las injurias que se invocaron para romper el vínculo.

Por tanto, no encuentro mérito para receptar la queja del accionante y, de esa manera, voto por confirmar lo resuelto en la sentencia apelada.

III. Se agravia también el actor por el rechazo del reclamo por daño moral. Entiende que resulta de fundamental eficacia probatoria el documento individualizado como anexo 6 obrante en el sobre reservado 3032 (copia glosada a fs. 89), cuya autoría fue reconocida por el testigo Jordán (socio de la demandada, no demandado conforme fs. 4; según fs. 140/145 la demandada es la continuadora de Grupo Proaxion S.R.L. de la cual Roberto Enrique Jordán era gerente), para acreditar el maltrato que recibió durante la relación laboral, al que calificó de inadecuado y agraviante. Entiende el recurrente que la nota mencionada, por el tamaño de su letra y su contenido agresivo, resultaría demostrativa del grado de violencia recibida por el trabajador.

Sin embargo, amén de reiterar la orfandad probatoria a lo largo de toda la causa -pues lo relatado a fs. 4 vta., y 7 última parte está referido no a un episodio particular sino a un alegado comportamiento permanente, verbal y por otros medios-, la detenida lectura de la mentada “comunicación” no conduce a la conclusión pretendida por el apelante, ni revela una actitud humillante hacia el Sr. Pepe (obsérvese que la planilla allí referenciada no fue acompañada con el instrumento en cuestión), a lo que se agrega que tal como se señaló en la sentencia (fs.210), de estar a ese documento lo que allí se indica acaeció el 28 de junio de 2007 en tanto que el intercambio telegráfico que llevó al distracto comenzó a principios de mayo de 2008 (casi un año después) lo cual sumado -reitero- a la ausencia de toda otra prueba, obsta a que quepa tener por probado un comportamiento injurioso “persistente”, irrespetuoso e injustificado durante la relación laboral, tal como se invocara a fs. 4 vta.

Tampoco encuentro justificante del rubro que aquí se trata el aspecto vinculado a la invocada suspensión del pago de la prestación por desempleo porque no se indica en el memorial de qué prueba surgiría en concreto acreditada una afectación del período de prestación que le restaba percibir (art. 122 ley 24.013).

Si bien no existe un criterio jurisprudencial unánime para establecer cuándo se está en presencia de la figura del acoso moral o mobbing, los tribunales han ido definiendo su alcance y podría decirse que se configura cuando el trabajador es objeto repetido de abuso por parte de sus superiores, y/o en particular, víctima de prácticas destinadas a aislarlo del ambiente de trabajo -y en los casos más graves de repelerlo-. Y en este caso concreto, no está probada una práctica habitual, continuada o “persistente” -como se invocó en el inicio- acerca de un trato humillante; y, pese a tratarse de una vinculación que duró más de un año, no se arrimó prueba testimonial alguna que pudiera apoyar esas invocaciones, vale decir una habitual y permanente actitud grosera e irrespetuosa (reitero la cita de fs. 4 vta.) hacia el dependiente.

Propongo confirmar también en este aspecto el decisorio apelado.

IV. Trataré seguidamente el agravio vertido por el accionante con relación a la forma en que fueron impuestas las costas en la instancia de grado (a su cargo). Al respecto sostiene que pudo considerarse con derecho a demandar como lo hizo.Considerando las razones que, en la sentencia de 1ª instancia y en este voto conducirían al rechazo de la demanda, y puesto que el principio rector en la materia es objetivo -y no subjetivo- , y en base a la derrota total o parcial en el litigio (arts. 68 y 71 C.P.C.C.N.), no hallo razones excepcionales para apartarse de tales disposiciones, por lo cual debería confirmarse la resolución apelada.

V. Dado el resultado del recurso, correspondería imponer las costas de alzada al apelante (art. 68 cit.) regulándose conforme el mérito, importancia y extensión de las labores realizadas, el monto involucrado en el proceso, y las pautas arancelarias vigentes, los honorarios de los Dres. Alberto Gustavo Iannella y Guillermo Armando Pizzotiello en $ 650 y $ 800 respectivamente (conf. art. 14 ley arancelaria citada).

EL DOCTOR OSCAR ZAS manifestó: Que por análogos fundamentos adhiere al voto del Sr. Juez de Cámara preopinante.

En virtud de lo que surge del acuerdo que antecede, el TRIBUNAL RE-SUELVE: 1º) Confirmar la sentencia de primera instancia en todo lo que fue materia de recursos y agravios. 2º) Declarar las costas de alzada y regular los respectivos honora-rios, como se sugiere en el punto V del primer voto de este acuerdo. 3º) Reg., not. y dev. Con lo que terminó el acto, firmando los señores jueces por ante mí, que doy fe. Se deja constancia que el Sr. Juez Enrique Néstor Arias Gibert no vota en virtud de lo dipuesto por el art. 125 de la ley 18.345.

María C. García Margalejo

Juez de Cámara

Oscar Zas

Juez de Cámara

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