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#Fallos El sueldo se paga: Legitimidad del despido indirecto de un trabajador que, aun cuando justificó sus ausencias con certificados médicos, se le descontó la remuneración

Partes: González Francisco Manuel c/ Laboratorio Eriochem S.A. s/ Cobro de pesos – sentencias definitivas – ordinario

Tribunal: Cámara del Trabajo de Paraná

Sala / Juzgado / Circunscripción / Nominación: II

Fecha: 6 de octubre de 2022

Colección: Fallos

Cita: MJ-JU-M-139001-AR|MJJ139001|MJJ139001

Legitimidad del despido indirecto de un trabajador que, aun cuando justificó sus ausencias con certificados médicos, se le descontó la remuneración.

Sumario:
1.-El despido indirecto luce ajustado a derecho, ya que no hay prueba que acredite que la patronal, en ocasión de rechazar la justificación de las inasistencias haya hecho un esfuerzo para facilitar los diagnósticos de sus propios servicios médicos y así salvar las divergencias ni haya notificado con prontitud que no iba a considerar acreditadas las ausencias, sino que derechamente descuenta los días no laborados; máxime cuando las constancias médicas acompañadas por el trabajador y que dan cuenta de su estado de salud fueron ratificadas en autos e incluso los profesionales médicos que lo asistieron prestaron declaración en sede tribunalicia.

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2.-La junta médica administrativa, solicitada por la propia patronal, no objetó la existencia de una patología e incluso aconseja que una vez que el trabajador sea dado de alta, se reintegre a su trabajo procurándose un cambio en sus funciones; el Acta no fue cuestionada en su oportunidad y recién se pretende controvertir en sede judicial.

3.-Si bien a la patronal no le asista el derecho de contralor, todas sus acciones deben estar contempladas desde la perspectiva del artículo 68° LCT y lo cierto es que, en el caso, la junta médica administrativa, solicitada por la propia empleadora, valida la opinión médica de los profesionales que asistieron al trabajador, llegando incluso a recomendar cambios en el área laboral.

4.-El ejercicio del derecho de control médico por parte del empleador plantea el problema de la discrepancia de profesionales, y en estos casos, no corresponde otorgar preeminencia a uno de los certificados sobre el otro, sino que resulta necesario realizar las diligencias conducentes para determinar la real situación del empleado.

Fallo:
En la ciudad de Paraná, capital de la provincia de Entre Ríos, a los seis días del mes de octubre de dos mil veintidós, se reúnen los Sres. miembros de la Cámara Tercera de Apelaciones del Trabajo, Sala II, a saber: Presidente Dr. GUILLERMO FERNANDO BONABOTTA y Vocales Dres. EMILIO LUJAN MATORRAS y GUILLERMO LEOPOLDO FEDERIK para conocer en el recurso de apelación deducido en estos autos caratulados: «GONZALEZ FRANCISCO MANUEL C/ LABORATORIO ERIOCHEM S.A. -COBRO DE PESOS- S/ SENTENCIAS DEFINITIVAS ORDINARIO» (Expte. Nº 1646). Practicado el sorteo de ley, resultó que la votación debía tener lugar en el siguiente orden: Dres. GUILLERMO F. BONABOTTA, GUILLERMO L. FEDERIK y EMILIO L. MATORRAS.

Estudiados los autos, la Sala planteó la siguiente cuestión:

¿Qué corresponde resolver en autos?

A LA CUESTIÓN PROPUESTA EL SR. VOCAL DR. GUILLERMO F. BONABOTTA DIJO:

I.- La sentencia de fecha 20 de abril de 2022 receptó favorablemente el reclamo actoral, considerando que la denuncia del contrato de trabajo efectuada por el trabajador fue ajustada a derecho, toda vez que se le adeudaban los salarios devengados durante el tiempo en el que se ausentó a su trabajo de conformidad al artículo 208° LCT.

Arriba a tal conclusión, luego de ponderar la conducta de las partes materializada en el intercambio epistolar; en la existencia de una sanción aplicada al trabajador; en las relaciones en el ámbito de trabajo que se desprende de las testimoniales y el temperamento de la patronal, quién ejerció sus derechos en los términos del artículo 210° de la LCT, y, al existir divergencias entre las opiniones médicas de los profesionales de la salud que asisten al actor y la patronal, opta por la intervención de una junta médica administrativa que a la postre resulta favorable a la posición del trabajador.

Contra dicho pronunciamiento se alza la demandada interponiendo recurso de apelación en fecha 25/04/2022 expresando agravios en fecha 08/05/2022 (los que fueron replicados por la parte actora en fecha 31/05/2022).

Centra sus agravios en la valoraciónde la prueba efectuada en la instancia de grado, donde a su juicio, indebidamente se tuvo por acreditada la existencia de una enfermedad inculpable que afectó a la salud del trabajador, cuestión que no surge de las pruebas de autos.

En tal sentido, señala la insuficiencia de los certificados médicos toda vez que los mismos dan cuenta de diagnósticos diferentes, no siendo suficientes para justificar las inasistencias. Ensaya una explicación de las cuestiones médicas que se desprenden de los certificados en cuestión para luego señalar la falta de entidad del acta que da cuenta de la junta médica administrativa, para luego entrar a cuestionar la ponderación efectuada sobre la causa de los padecimientos alegados por el trabajador.

Asimismo, defiende la posición tomada respecto los controles médicos patronales y la entidad del aviso y presentación de certificados en los términos del artículo 209° de la LCT.

II.- Resumidas la sentencia y la posición partial, en primer lugar cuadra señalar que la recurrente ha dado cumplimiento a las exigencias procesales establecidas en el art. 125° CPL.

En segundo lugar, para una mejor claridad expositiva se impone establecer el factum de la presente donde lo central es la denuncia del contrato de trabajo (despido indirecto) por falta de pago se haberes salariales.

El trabajador, luego de que se aplicara una sanción disciplinaria, se ausentó al trabajo por razones médicas (arts. 208° y 209° LCT), se ausentó a su trabajo luego de que se aplicara una sanción disciplinaria.La patronal, haciendo uso de su derecho de control en los términos del artículo 210° LCT, hizo concurrir en dos oportunidades al trabajador al servicio médico, y a instancias de éste, no tuvo por justificadas las inasistencias fundadas en razones de salud y procedió a descontar los días no trabajados.

Ya producido un fuerte intercambio epistolar en el cual el trabajador reclamaba los días descontados (días del mes de marzo y la totalidad de abril) y la patronal negaba adeudar monto alguno (sin dar mayores explicaciones sobre la divergencia médica que surge desde su asistencia profesional). Frente a esta situación el trabajador denuncia el contrato de trabajo en concomitancia con el pedido de una junta médica ante la Secretaría de Trabajo, la cual se concreta ya extinguido el vínculo.

El Acta de la Junta Médica (Expte. N° 2397674) de fecha 25/06/2020, al efectuar las consideraciones médico-legales señala expresamente que: «se espera alta médica laboral, sugiriendo una vez que se establezca realizar cambios de área laboral» (sic).

Esa acta médica recién busca ser controvertida por la patronal en el marco del proceso judicial, destacando que en la misiva en que se responde la denuncia del contrato (ello es la CD de fecha 26/06/2020), pese a que ya se había realizado la junta médica la patronal continúa sosteniendo que no se adeudan salarios.

Destaco que no encuentro prueba que acredite que la patronal, en ocasión de rechazar la justificación de las inasistencia haya hecho un esfuerzo para facilitar los diagnósticos de sus propios servicios médicos y así salvar las divergencias ni haya notificado con prontitud que no iba a considerar acreditadas las ausencias, sino que derechamente descuenta los días no laborados.

En este orden de ideas, lo que cabe analizar es si la conducta enrostrada a la patronal, constituyó un incumplimiento contractual grave que impida la prosecución del vínculo que justifique la denuncia del contrato de trabajo en los términos del artículo 242° LCT.Ello va anudado a la razonabilidad de la medida tomada por la patronal de no abonar salarios al tener por no justificadas las inasistencias del trabajador (arts. 208°, 209°, 210° y concordantes LCT).

Por otra parte, más allá de la causa alegada como factor desencadenante del padecimiento del trabajador, lo cierto es que se está debatiendo la existencia -o no- de una enfermedad inculpable. Así pues, las cuestiones relativas al ambiente de trabajo, que pueden ser desencadenantes del cuadro clínico invocado, sólo refieren a eso y no integran la plataforma fáctica en lo relativo al reclamo propiamente dicho, aunque sí permiten poner bajo análisis la conducta de las partes en los términos de los arts. 62°, 63°, 79° y concordantes de la LCT.

III.- En este orden de ideas advierto que las constancias médicas acompañadas por el trabajador y que dan cuenta de su estado de salud fueron ratificadas en autos e incluso los profesionales médicos que lo asistieron prestaron declaración en sede tribunalicia.

Sumado a ello, la junta médica administrativa, solicitada por la propia patronal, no objetó la existencia de una patología e incluso aconseja que una vez que el trabajador sea dado de alta, se reintegre a su trabajo procurándose un cambio en sus funciones. El Acta no fue cuestionada en su oportunidad y recién se pretende controvertir en sede judicial.A todo evento el mentado acto administrativo ha de interpretarse de conformidad al artículo 9° de la LCT (sumado a esa falta de explicaciones «oportunas» sobre el diagnóstico que motivara la divergencia cuando aún estaba vigente el vínculo).

Ello es que, si anudamos las constancias médicas del trabajador a lo dictaminado por la autoridad administrativa, la posición de la patronal resulta debilitada y ha de reputarse acreditada la existencia de una incapacidad laboral temporaria tal como lo hizo la colega de grado en ocasión de la sentencia hoy cuestionada.

No es dato menor el clima de conflicto entre un superior jerárquico y el actor que concluyó con una sanción disciplinaria, y que luego la patronal no reconozca una eventual imposibilidad de prestar el débito laboral evidenciando una suerte de «manu militari» en relación a la conducción del personal. No estamos en presencia de un enfermedad o tratamiento de larga duración, sino que en un plazo relativamente breve de tiempo se le desconoció la justificación médica y se procedió al descuento salarial.

Esta «inmediatez» para descontar los días no trabajados en marzo 2020 (y que se proyecto en el mes siguiente), del modo que se materializo, sin mayores explicaciones o notificaciones en el tiempo oportuno conforme elementales exigencias de razonabilidad y buena fe, y recién se refleja en los recibos de haberes, hizo de una suerte de «asfixia» del trabajador dado que la afectación va directamente dirigida a su principal (y posiblemente única) fuente de ingresos (art. 103° y concordantes LCT).

No estoy diciendo que a la patronal no le asista el derecho de contralor, pero todas sus acciones deben estar contempladas desde la perspectiva del artículo 68° LCT y lo cierto es que la junta médica administrativa, solicitada por la propia empleadora, in fine valida la opinión médica de los profesionales que asistieron al trabajador, llegando incluso a recomendar cambios en el área laboral.Cuestión que reitero, más allá del carácter facultativo de la intervención de un tercero imparcial no vinculante para el magistrado, no escapa a su análisis desde el modo de apreciación de dicha prueba con arreglo al artículo 9° LCT.

Sobre la cuestión, y en su especial incidencia sobre el salario, no debe perderse de vista que, según el artículo 209° de la LCT, el trabajador adquiere el salario con el cumplimiento de la carga del aviso de su situación de incapacidad, de modo que cualquier interpretación sobre el alcance de la facultad de control reconocida al empleador por el artículo 210° y de las consecuencias de su ejercicio, debe necesariamente respetar la regla establecida en aquella primera norma (ver Ackerman, Marío; «Riesgos del Trabajo»; T II; Rubinzal Culzoni; 2020; pág. 234).

El ejercicio del derecho de control médico por parte del empleador plantea el problema de la discrepancia de profesionales, y en estos casos, no corresponde otorgar preeminencia a uno de los certificados sobre el otro, sino que resulta necesario realizar las diligencia s conducentes para determinar la real situación del empleado. La Ley 21.297 eliminó el sistema establecido en el texto original de la Ley de Contrato de Trabajo por lo que prima facie es razonable privilegiar la opinión del médico del trabajador, que es el profesional a cargo del tratamiento y, por ello, el mejor conocedor del estado de salud y aptitud (CNAT, Sala VIII, 22/08/2008; «Farías, Héctor F. c.Coto CICSA»), y en este caso, si bien la patronal arbitró diligentemente los medios para dirimir el diferendo, la resulta de la junta médica no le resultó favorable y termina convalidando la posición asumida por el trabajador.

Al darse una discrepancia entre las opiniones profesionales acerca de la existencia de un impedimento nacido de enfermedad o accidente, es facultad del empleador decidir en base a los fundamentos que cada dictamen o según su naturaleza de la documentación presentada si justifica o no las ausencias, haciéndose cargo de su decisión que, obviamente, será finalmente revisada por los jueces si el trabajador la cuestiona, pues no cabe limitar la libertad que el actual texto de la LCT otorga al principal para tomar esa decisión, ni corresponde imponerle acudir a juntas médicas, ni someterse a tribunales judiciales ni administrativos como condición previa a tomar tales decisiones (CNAT, Sala II, 15/02/2008, «Romero, Analía c. Colorit SA s. Despido), pero reitero, en este caso, la patronal, al haberse sometido libremente a una junta administrativa, ató su suerte a dicha evaluación que no le resultó favorable y no logró revertir en autos tal cuestión.

En este orden de ideas, desde la misiva de fecha 14 de mayo de 2020 el trabajador intimó a la patronal para que ésta proceda a sanear el vínculo (pago de salarios). Cuestión que se repite tanto en el telegrama de fecha 22 de mayo como en el de fecha 5 de junio (actos en los cuales también se agravia de la falta de explicaciones de la patronal sobre a la razón por la cual hay discordancia médica), por lo tanto, actuó con buena fe en los términos de los arts. 62° y 63° LCT, dando la oportunidad de favorecer la continuidad de la relación y luego, al persistir la negativa de la demandada procedió a denunciar el vínculo en fecha 23/06/2020 (CNAT, Sala I, 18/06/91, «Krawczyk, Esther c.Difusora Bibliográfica Dibisa SA y otros», DT 1992-A-260).

Así las cosas, el no pago de los haberes salariales fundado en la falta de justificación de las inasistencias apoyadas en razones de salud, lo cual luego resultó corroborado en sede administrativa constituye falta contractual grave atribuible a la patronal.

Se advierte así que la patronal incumplió con el deber contractual de prestación o de conducta, puesto que el carácter personal y comunitario de la relación de trabajo determina un régimen peculiar de los deberes de prestación, en orden a su vinculación, y son motivo de resolución de la relación por causa de dicha violación (ver C4º Trabajo de Mendoza, 04/06/96 «Klepic, Dardo c. Banco Independencia Coop. Ltda.»; DT 1996-B-2737).

Hay acuerdo en la doctrina y jurisprudencia respecto a que la injuria laboral es un incumplimiento, falta, inobservancia de las obligaciones del contrato de trabajo, tanto sea por acción u omisión de una de las partes, que importa daño, menoscabo o perjuicio a la seguridad, honor o interés de la otra parte o su familia (CSJN, 24-8-76, D T 1977-23; CNAT, Sala II, 29-5-70, JA 1970-77).

Por tanto, conforme el comportamiento de las partes y las constancias de autos, resultó ajustada a derecho la denuncia del contrato del trabajo efectuada por el trabajador.

IV.- Como corolario de lo dicho, propicio rechazar el recurso de apelación interpuesto por la demandada, confirmando el pronunciamiento de fecha 20/04/2022, con expresa imposición de costas a la vencida.

Encomendar a la Sra. Colega de grado que en ocasión de regular los honorarios profesionales oportunamente diferidos, proceda a regular los estipendios correspondientes a Alzada, los que se estiman en un (%) de los que sean regulados por las respectivas actuaciones en esa instancia.

Todo lo que así voto.

A SU TURNO EL SR. VOCAL GUILLERMO L. FEDERIK DIJO:

Adhiero a la solución propuesta en el voto del Señor vocal Guillermo F. Bonabotta.

A SU TURNO EL SR. VOCAL EMILIO L.MATORRAS DIJO:

Formulo abstención (art. 47 Ley 6902).

Con lo que se da por finalizado el acto, quedando acordada la siguiente sentencia.

Firmado digitalmente por BONABOTTA Guillermo Fernando -Vocal-

Firmado digitalmente por FEDERIK Guillermo Leopoldo -Vocal- ADHESIÓN

Firmado digitalmente por Emilio Luján Matorras -Vocal- ABSTENCIÓN

S E N T E N C I A:

Paraná, 6 de octubre de 2022.

Y V I S T O S:

Los fundamentos del acuerdo que antecede, se

R E S U E L V E:

1) Rechazar el recurso de apelación interpuesto por la demandada, confirmando el pronunciamiento de fecha 20/04/2022, con expresa imposición de costas a la vencida.

2) Encomendar a la Sra. Colega de grado que en ocasión de regular los honorarios profesionales oportunamente diferidos, proceda a regular los estipendios correspondientes a Alzada, los que se estiman en un (%) de los que sean regulados por las respectivas actuaciones en esa instancia.

Regístrese, notifíquese a las partes y, en estado, bajen.

Firmado digitalmente por BONABOTTA Guillermo Fernando -Vocal-

Firmado digitalmente por FEDERIK Guillermo Leopoldo -Vocal- ADHESIÓN

Firmado digitalmente por Emilio Luján Matorras -Vocal- ABSTENCIÓN

Santiago Mario Gutiérrez

-Secretario de Cámara

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