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#Fallos No mezclemos las cosas: Comunicarle al representante sindical que sería despedido cuando se obtuviera la exclusión de tutela previa no constituye en si misma una efectiva notificación del despido

Partes: Ramos Félix Manuel c/ Minera Santa Cruz S.A. s/ despido

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo

Sala / Juzgado / Circunscripción / Nominación: VIII

Fecha: 19 de abril de 2022

Colección: Fallos

Cita: MJ-JU-M-137218-AR|MJJ137218|MJJ137218

Rechazo de la pretensión indemnizatoria del representante sindical pues la comunicación de que sería despedido en cuanto se obtuviera la exclusión de tutela previa no constituyó en si misma una efectiva notificación del despido.

Sumario:
1.-Corresponde confirmar la resolución que rechazó el reclamo del actor quien afirma haber sido despedido sin la correspondiente acción de exclusión de tutela previa, según exige el art. 52 de la LAS, pues la empresa comunicó que el actor sería despedido ‘en cuanto se obtenga la habilitación judicial a tales efectos’, lo cual conduce a considerar dos cuestiones que, en rigor de verdad, son inescindibles entre sí: la primera, es que la empleadora sometió la decisión que adoptaría, a una condición resolutoria, ello es, la obtención de la habilitación judicial de exención de tutela; y, como segundo aspecto, que no desconoció ni soslayó que se debía transitar por esa instancia jurisdiccional para poder efectivizar el distracto, pues al accionante lo amparaban las garantías que prevén el art. 52 y conc. de la Ley 23.551; de modo que la comunicación no constituyó en sí misma, la efectiva notificación de un despido, tal como lo exigen los arts. 242 y 243 LCT, en tanto no se encontraba a esa época, cumplida la condición resolutoria bajo la cual la propia patronal sujeta la decisión disruptiva.

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2.-Mención aparte merece el reproche del accionante, en tanto postula que ‘de un día al otro, se vió sin dación de tareas y despedido, por su condición de activista sindical’, de modo que la empleadora, al eximirlo de prestar tareas, colocó al actor en una situación particular, pero sin desmedro de ello y, tal como surge del material probatorio del proceso, continuó abonándole los haberes devengados durante el período de suspensión.

3.-Al suspender la empleadora al actor lo privó de continuar ejerciendo la defensa de los derechos de sus compañeros en su calidad de dirigente sindical, al encontrarse privado de acceder al ámbito laboral, lo cual, si bien no le originó un perjuicio económico, implicó un cercenamiento en el ejercicio que le había sido delegado por sus pares, pero ello no constituyó una violación al deber que impone el art. 78 LCT, pues la télesis que surge del plexo normativo citado (art. 30 dec. 467/88) implica una exención a tal deber, y una prerrogativa a la que puede acceder el empleador en aquellos casos en que la continuidad de la prestación de servicios del delegado o representante sindical, involucre un peligro para la empresa o para sus dependientes.

Fallo:
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 19 días del mes de abril de 2022, se reúnen en acuerdo los jueces de la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo para dictar sentencia en la causa del epígrafe y, de acuerdo con el resultado del sorteo realizado, proceden a votar en el siguiente orden:

LA DOCTORA MARÍA DORA GONZÁLEZ DIJO:

I. Llegan las actuaciones a conocimiento de esta Sala, para dilucidar el recurso articulado por el actor en su pieza digital, disconforme con la solución dada en primera instancia en la sentencia del 20 de mayo de 2021. Por sus honorarios, recurre a su turno, el perito contador.

II. Del relato inicial, en prieta síntesis, surge que el actor laboraba en la firma demandada, como chofer, desempeñándose en la mina San José con sede en la Provincia de Santa Cruz. Narra que, luego de algunos años, por ser afiliado a la Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA), fue elegido delegado desde el 09/2012, y que durante 2015 se desempeñó como vocal suplente segundo de la Comisión Directiva de AOMA Santa Cruz. Luego de algunos incidentes que refiere dice que, en ese contexto, se iniciaron las negociaciones paritarias en el año 2015, las que no arribaron a un resultado exitoso. Por lo que la Comisión Directiva de AOMA Santa Cruz decidió adoptar medidas de acción directa, con un paro de actividades. Afirma que, como represalia por tales medidas, la empresa decide su despido sin la correspondiente acción de exclusión de tutela previa, según exige el artículo 52 de la LAS, lo que le fue comunicado por despacho postal del 22/07/2015. Ello fue repelido por el trabajador, suscitándose el profuso intercambio epistolar del que da cuenta en su relato y cuyas constancias documentales se encuentran agregadas en sobre reservado. Añade que en ese escenario, la empleadora también decidió aplicar el dispositivo del artículo 30 del decreto 467/1988, lo cual también fue rechazado por el trabajador.Cabe señalar que, en todos los casos, sus respuestas se cimentaron en el desconocimiento de los hechos que se le imputaban y en las facultades que se arrogó la empleadora. Como corolario, intimó a la patronal al pago de las indemnizaciones emergentes de la situación de despido directo y las agravadas por su carácter de representante sindical, sin éxito. Por lo que viene ante esta sede jurisdiccional en procura de las sumas a las que considera tener derecho, en virtud de los hechos que expone, que considera arbitrarios y desajustados a derecho.

La sentencia de primera instancia desestima sus pretensiones, lo que promueve la queja del accionante.

III. En efecto, contra la decisión de grado se alza el recurrente, agraviándose, porque el juez a quo sostiene que, técnicamente, no existió despido y, por tanto, Ramos carece de derecho a acceder a las indemnizaciones a las que aspira.

En defensa de su postura revocatoria, entre otras consideraciones ciertamente inconducentes, sostiene que «la empresa tenía la decisión irrevocable de despedir, y así fue notificado al actor, quien además de haber tenido que transitar por una injusta detención, de un día al otro, se vió sin dación de tareas y despedido, por su condición de activista sindical».

Desde ese orden de cosas y de acuerdo a las consideraciones que expondré, estimo que no le asiste razón al recurrente.Me explico:

De modo liminar, es necesario evidenciar que el despacho que desencadenó la confusa situación planteada por el actor reza, en lo que aquí concierne y luego de consignar los hechos que motivan la decisión, «.1) Notificarle que dichos hechos constituyen una injuria grave que impide la continuidad de la relación laboral, motivo por el cual se ha decidido despedirlo con causa y por su exclusiva culpa en cuanto se obtenga la habilitación judicial a tales efectos; «2) Dada su condición de Vocal Suplente de AOMA SANTA CRUZ proceder a iniciar acción de desafuero en su contra a efectos de que el magistrado competente habilite la posibilidad de proceder con su despido con causa»; 3) En atención que la conducta demostrada por su parte resulta peligrosa para la salud de sus compañeros de trabajo y otras personas que habitan el campamento de la mina explotada por su empleadora, liberarlo de prestar servicios en los términos del art. 30 del decreto 467/88 a partir del día de la fecha». (el resaltado me pertenece).

Bajo ese marco conceptual, es necesario poner de relieve que, en rigor de verdad, la empresa consideró que, con cimiento en los hechos que se le imputaban, el actor sería despedido «en cuanto se obtenga la habilitación judicial a tales efectos» Ello conduce a considerar dos cuestiones que, en rigor de verdad, son inescindibles entre sí: la primera, es que la empleadora sometió la decisión que adoptaría, a una condición resolutoria, ello es, la obtención de la habilitación judicial de exención de tutela. Y, como segundo aspecto, que no desconoció ni soslayó que se debía transitar por esa instancia jurisdiccional para poder efectivizar el distracto, pues al accionante lo amparaban las garantías que prevén el artículo 52 y conc.de la ley 23551.

Por lo tanto y en concordancia con lo que juzga el magistrado de grado, tal comunicación no constituyó en sí misma, la efectiva notificación de un despido, tal como lo exigen los artículos 242 y 243 LCT, en tanto no se encontraba a esa época, cumplida la condición resolutoria bajo la cual la propia patronal sujeta la decisión disruptiva.

Cierto es que, por otra parte, le asistía al accionante el derecho a repeler y replicar los términos de dicho despacho. Empero, como dije, ni técnica ni jurídicamente puede afirmarse que aquél configuró una efectiva comunicación rescisoria, sino únicamente la intención de la empleadora de despedirlo una vez obtenida la autorización judicial pertinente. Y que, como puede vislumbrarse de aquélla, puede inferirse que operó como justificante de la decisión de suspender su prestación en los términos en que la autoriza el artículo 30 del decreto 467/88, que en lo pertinente dispone que «El empleador podrá liberar de prestar servicios al trabajador amparados por las garantías previstas en los artículos 40, 48, ó 50 de la ley, en cuyo caso deberá comunicarlo, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas hábiles, al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y mantener el cumplimiento de la totalidad de los deberes que la ley o convenciones colectivas ponen a su cargo, como consecuencia de la relación laboral; así como el de aquello que le impone el artículo 44 de la ley de modo directo y los artículos 40 y 43 como correlato de los derechos del representante, cuando se tratare de un delegado en ejercicio de su función.» Ahora bien, en ese orden de ideas, hasta el momento únicamente se desprende de los hechos transcriptos, que la firma demandada actuó de acuerdo a las facultades que le otorgan las normas precedentemente citadas.No se observan excesos, ni acciones antijurídicas, ni arbitrariedades.

Desde esa perspectiva de análisis, no soslayo que lo expuesto no implica convalidar los motivos esgrimidos por la firma empleadora para adoptar tales determinaciones. Empero, las aristas del debate no transitan, en esta causa, por los hechos que el actor desconoce y que constituyen el sustento fáctico de la decisión de la demandada. Hechos que, a todas luces, deberán ser dilucidados en el proceso de exclusión de tutela o en aquél que decida promover el trabajador en defensa de los derechos que estima que le asisten. Proceso que, inexorablemente, deberá transitar por el debido debate y ponderación de las pruebas que incorpore cada uno de los contendientes, que consideren idóneas, en aras de ejercer sus respectivos derechos de defensa en juicio.

Máxime cuando, por una mera razón temporal y sin perjuicio de las razones que consignó la empleadora en el despacho en crisis, ello no obstaría a que situaciones o circunstancias sobrevinientes a los hechos que aquí se dirimen, pudieren derivar en una modificación de su decisión primigenia o, contrariamente, ampliar las razones y motivos que la llevarían a disponer la ruptura del vínculo laboral. Puesto que, reitero y destaco, el despacho transcripto no comunica un despido efectivo.

Mención aparte merece el reproche del accionante, en tanto postula que «de un día al otro, se vió sin dación de tareas y despedido, por su condición de activista sindical». Efectivamente, no escapa a mi evaluación que la empleadora, al eximirlo de prestar tareas, colocó al actor en una situación particular.Sin desmedro de ello y, tal como surge del material probatorio del proceso, continuó abonándole los haberes devengados durante el período de suspensión.

Ciertamente, en el marco precitado la suspensión dispuesta privó al actor de continuar ejerciendo la defensa de los derechos de sus compañeros en su calidad de dirigente sindical, al encontrarse privado de acceder al ámbito laboral.

Lo cual, si bien no le originó un perjuicio económico, implicó un cercenamiento en el ejercicio que le había sido delegado por sus pares.

No obstante, desde tal perspectiva de análisis, ello no constituyó una violación al deber que impone el artículo 78 LCT, pues la télesis que surge del plexo normativo citado (art. 30 decreto 467/88) implica una exención a tal deber, y una prerrogativa a la que puede acceder el empleador en aquellos casos en que la continuidad de la prestación de servicios del delegado o representante sindical, involucre un peligro para la empresa o para sus dependientes. Así pues la primera parte de dicho dispositivo normativo contempla que «La medida cautelar prevista por el artículo 52, párrafo 1º in fine, podrá ser requerida por el empleador en momento en que surja o mientras perdure un peligro potencial para las personas, se desempeñen o no en la empresa (trabajadores, consumidores, proveedores, usuarios, etc.), los bienes ya sean éstos materiales o inmateriales, usados, consumidos, producidos u ofrecidos por la empresa o el eficaz funcionamiento de ésta siempre que dicho peligro se evite o reduzca con la suspensión de la prestación laboral del titular de la garantía de estabilidad.» En esta ilación, en vista de los hechos que la empresa le imputa a Ramos, reitero, que no se debaten en este proceso, justificarían la decisión adoptada. La que, en todo caso, deberá ser dilucidada en el proceso de exclusión de tutela o en el que promueva el actor en función de sus desacuerdos.Pero, que en esencia, no constituyen «la causa petendi» de esta litis, que se encuentra ceñida a discernir si en el caso le corresponden a Ramos las sumas que procura en concepto de indemnizaciones por despido y sus agravamientos de acuerdo a la normativa de la ley 23551.

Tales circunstancias, puestas en evidencia por el magistrado de grado, sellan la suerte adversa del recurso. Así lo voto.

IV. En lo que concierne a los restantes argumentos que exhibe la pieza recursiva, en tanto transcurren por carriles que no se ajustan a la realidad de los hechos, en función de lo juzgado precedentemente, su tratamiento deviene inoficioso.

V. Finalmente, en cuanto a los recursos por honorarios por los trabajos de la etapa previa, planteados por el letrado de la parte actora y por el perito contador, a mi juicio los emolumentos fijados en grado no lucen reducidos, y no deberán ser objeto de revisión (conf. art. 38 L.O., ley 21.839, art. 21 y conc. ley 27.423, dec. ley 16.638/57 y demás normas arancelarias)

VI. En definitiva, voto por confirmar la sentencia de primera instancia en todo cuanto fue motivo de agravio y recurso; imponer las costas de segunda instancia al actor (conf. art. 68 CPCCN) y fijar los emolumentos de los letrados que suscriben los escritos dirigidos a esta Alzada, en el (%) de lo que les correspondiere por las tareas cumplidas en la etapa anterior (conf. art. 30 ley 27423).

EL DOCTOR VÍCTOR ARTURO PESINO DIJO:

Que por análogos fundamentos, adhiere al voto que antecede.

POR ELLO, EL TRIBUNAL RESUELVE:

1. Confirmar la sentencia de primera instancia en todo cuanto fue motivo de agravio y recurso.

2. Imponer las costas de segunda instancia al actor.

3. Fijar los emolumentos de los letrados que suscriben los escritos dirigidos a esta Cámara, en el (%) de lo que les correspondiere por las tareas cumplidas en la etapa anterior.

Regístrese, notifíquese, cúmplase con lo dispuesto en el artículo 4º Acordada CSJN 15/13 del 21/05/13 y oportunamente, devuélvase.- MDG 04

MARIA DORA GONZALEZ

JUEZ DE CÁMARA

VÍCTOR ARTURO PESINO

JUEZ DE CÁMARA

Ante mí:

CLAUDIA ROSANA GUARDIA

SECRETARIA

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