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#Fallos Eso no se hace: Procede el despido directo de una trabajadora de un centro de salud que expuso información íntima de un paciente en su muro de Facebook

Partes: L. A. V. c/ Socorro Medico Privado S.A. s/ despido

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo

Sala / Juzgado / Circunscripción / Nominación: II

Fecha: 21 de abril de 2022

Colección: Fallos

Cita: MJ-JU-M-137087-AR|MJJ137087|MJJ137087

Se ajusta a derecho el despido directo de una trabajadora de un centro de salud que expuso información íntima de un paciente en su muro de Facebook.

Sumario:
1.-Correspode confirmar la resolución que consideró ajustado a derecho el despido decidido por la empleadora, pues ante la prueba testimonial y pericial informática se tiene por acreditado que la accionante publicó en el muro de su cuenta de Facebook una captura de pantalla del pedido efectuado por una paciente de la empresa demandada, en el que no sólo se dejaban expuestos los motivos de la consulta médica, sino también todos los datos personales de la paciente, tales como su nombre y apellido, domicilio y teléfono personal.

2.-Ninguna manifestación vertió la trabajadora al iniciar la acción por despido injustificado con relación a los hechos que llevaron a la empleadora a extinguir el vínculo, y simplemente se limitó a manifestar que la parte demandada la despide mediante el envío de la carta documento invocando una falsa causa para hacerlo, sin siquiera hacer una mínima referencia a la invocada publicación ni efectuar una defensa certera de los hechos detalladamente expuestos en la comunicación del despido.

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3.-Aun cuando no hubiera existido -a la fecha de la extinción- acuerdo de confidencialidad entre las partes mediante el cual se le impidiera a los trabajadores revelar información confidencial de la empresa sin previo consentimiento escrito de la misma, la actora no puede ampararse en dicha circunstancia para justificar la exposición pública de una paciente de 72 años y sus razones médicas para solicitar la atención domiciliaria por medio de la empresa demandada, cuando luce evidente que tal circunstancia -en la que también se expuso su nombre completo y demás datos personales como domicilio y teléfono- resultó lesivo de su derecho a la intimidad y dio lugar a burlas que pudieron verse extendidas a la totalidad de los ‘amigos’ en la red social, de la accionante -o más aún en caso de ser replicada tal publicación-.

4.-El recurso de nulidad interpuesto por la accionante no resulta procedente toda vez que el art. 115 L.O. al regular dicho recurso, lo vincula con defectos de forma de las sentencias ya que su objetivo es modificar errores de procedimiento y no de juzgamiento.

5.-Corresponde hacer lugar a la multa prevista en el art. 80 de la L.C.T., pues si bien es cierto que los certificados de trabajo fueron finalmente entregados a la trabajadora en ocasión de celebrarse la audiencia ante el SECLO, no puede soslayarse que los mismos fueron emitidos antes, de lo que se extrae que a la fecha en que la empresa puso a disposición de la trabajadora dichos instrumentos los mismos aún no se encontraban confeccionados.

Fallo:
VISTO Y CONSIDERANDO:

En la Ciudad de Buenos Aires, luego de deliberar, a fin de considerar los recursos deducidos en autos y para dictar sentencia definitiva en estas actuaciones, los integrantes de la Sala II, practicado el sorteo pertinente, en la fecha de firma indicada al pie de la presente proceden a expedirse en el orden de votación y de acuerdo con los fundamentos que se exponen a continuación.

La Dra. A. E. García Vior dijo:

I. Contra la sentencia de la instancia anterior se alza la parte actora a tenor del memorial presentado en forma digital ante el sistema Lex 100. También apelan su representación y patrocinio letrado y el perito contador sus honorarios, por reputarlos reducidos.

II. Cuestiona la parte actora la decisión adoptada por la sentenciante de grado quien, tras considerar ajustado a derecho el despido decidido por la empleadora con fecha 1/6/2015, desestimó la procedencia de las indemnizaciones reclamadas con fundamento en los arts. 232, 233 y 245 de la L.C.T. y art. 2 ley 25.323. Sostiene que la Sra. Jueza de la anterior instancia omitió analizar las pruebas conforme a las reglas de la sana crítica, lo que afectó claramente el debido proceso y la garantía de defensa en juicio de su parte, concluyendo con una decisión que contradice las constancias de la causa y rechazando la acción entablada por esta parte. Plantea asimismo la nulidad de la sentencia de grado con fundamento en lo dispuesto por el art. 34 inc.4 del CPCCN, en tanto refiere que la misma «carece de fundamentos serios, no se respetó la jerarquía de las normas vigentes ni el principio de congruencia; en definitiva es un acto descalificable como tal».

III. Liminarmente, cabe me refiera al recurso de nulidad interpuesto por la accionante y en este sentido sostengo que, a mi criterio, no resulta procedente toda vez que el art. 115 L.O.al regular dicho recurso, lo vincula con defectos de forma de las sentencias ya que su objetivo es modificar errores de procedimiento y no de juzgamiento.

Así se ha dicho que » El recurso de nulidad se circunscribe a los defectos de lugar, tiempo y forma de la sentencia en sí, quedando excluidas las irregularidades que afecten a los actos que la precedieron» y que «.no corresponde el planteo de nulidad de la sentencia cuando puede suplirse en segunda instancia la omisión de valoración de ciertos elementos de convicción o la falta de fundamentación en que pudiera haberse incurrido» (Cánepa María Susana en «Ley de organización y procedimiento de la Justicia Nacional del Trabajo», dirigida por Amadeo Allocati y coordinada por Miguel Ángel Pirolo, 2ª. Edición actualizada y ampliada, Ed. Astrea, pág. 364).

En el caso, la apelante no denunció vicios de forma en la sentencia de primera instancia sino que esbozó criterios erróneos – a su entender- en la valoración de la prueba y, falta de fundamentación en la sentencia, lo que obsta a la procedencia de la nulidad solicitada, al menos con los efectos propios de tal sanción.

Más aún, comparto el criterio que sostiene que «Si el agravio puede ser reparado por la Cámara, corresponde modificar el decisorio antes que decretar su nulidad, pues siempre debe estarse por el principio de validez del acto jurisdiccional.Es decir, no cualquier transgresión a los principios legales en que se basa la sentencia trae aparejada la nulidad, en particular cuando la alzada puede reparar las deficiencias y no se trata de cuestiones fundamentales del litigio. El vicio que provoque la nulidad tiene que ser grave, capaz por sí mismo de poner en evidente peligro el derecho que asiste a la parte apelante» (ob. cit., pág. 365).

IV. Sentado ello y en cuanto al fondo de la cuestión, cabe señalar que no hay controversia en autos acerca de que la accionante se desempeñó para la demandada Socorro Médico Privado S.A.-empresa que gira en plaza con el nombre de Vittal- desde el 5/6/2001 realizando tareas de recepción de solicitudes de servicio y asignación de destinos de viaje de las unidades móviles afectadas al servicio. Tampoco se encuentra controvertido que el vínculo laboral habido entre las partes quedó disuelto el 1/6/2015 por decisión de la empleadora quien despidió a la trabajadora en los siguientes términos: «Por medio de la presente le informamos que se ha constatado con fecha 7/5/2015, a través de acta notarial N°18650537 pasada por ante el Escribano Erica Holtmann, que Ud. con fecha 3/5/2015 y a través de su página de Facebook, cuenta A. L., subió a la red información confidencial con relación a una paciente que fuera atendida por la empresa con fecha 2/5/2015, a las 16.52 hs. y bajo el código 0P4. Tal circunstancia motivó la realización del correspondiente sumario interno, que concluyera con fecha 29/5/2015, conforme el cual se ha verificado que Ud. hizo pública no sólo la atención de un paciente y el motivo que generara la misma («mucho dolor de ano.») sino que además expuso en la red los datos personales de la persona que por tal motivo requiriera los servicios de la empresa.

Conforme es de su pleno conocimiento, los datos personales, como así las eventuales dolencias que los pacientes pudieran informar en oportunidad de un llamado a la empresa, sólo pueden ser utilizados para brindar el servicio de urgencias, emergencias y/ o traslados, pero jamás divulgados. Habiendo Ud. publicado en una red social información confidencial de la que Ud. tuviera conocimiento en virtud de las tareas realizadas para esta empresa, su conducta conlleva no sólo la violación de dicha confidencialidad y con ello de los deberes a su cargo, sino que además expone de manera absolutamente innecesaria la responsabilidad de la empresa frente al paciente que requiriera asistencia, importando ello un grave perjuicio para la empresa.Por tal motivo, le informamos que la gravedad de la falta por Ud. cometida conlleva la pérdida absoluta de confianza, motivos por los cuales resulta inviable la continuidad del vinculo por su exclusiva y única responsabilidad, circunstancia por la cual le notificamos su despido con causa.» (ver fs. 41).

La demandada acompañó a fs. 24 Acta de Constatación efectuada por la Escribana Erica Holtmann con fecha 7/5/2015 mediante la cual se deja constancia de la comparecencia del Sr. Esteban C. Bluvol quien, en ejercicio de sus propios derechos expone «Que tiene una cuenta en la página http://www.facebook.com y que dentro de sus amigos se encuentra una compañera de trabajo que se llama A. L. Entiende el requirente que las publicaciones afectan la imagen de la empresa en la que ambos trabajan, Socorro Médico Privado S.A., sobre todo a raíz de la exposición fotográfica de una pantalla de computadora en la que dan cuenta de la solicitud del servicio de emergencias médicas.». Requerido así a la notaria la verificación de las publicaciones realizadas por la Sra. L., la Escribana Holtmann deja constancia de que el requerido «ingresa desde una de las computadoras en mi oficina a la página de Facebook.com, con su usuario y clave y se puede ver que dentro de sus amigos se encuentra la señora A. L.

El requirente ingresa en el «muro» de A. L., e imprimimos 8 páginas que salen de esta persona, por duplicado, una para agregar al protocolo y otra para la primera copia del presente.Hace hincapié el requirente en la publicación del 3 de mayo a las 2.07, donde hay una foto de una pantalla de computadora en la que se explican en comentarios las razones del llamado a la empresa de emergencias médicas en la que la misma trabaja.».

No es cierto que la sentenciante de grado considere veraces las manifestaciones de Bluvol por el solo hecho de estar transcriptas en el acta de constatación, en tanto la escribana no se limitó a transcribir los dichos del requirente sino que, como su propio nombre lo indica, constató la publicación de la accionante del día 3/5/2015 en su muro de la red social Facebook y la autenticidad de dicho documento fue corroborada por la profesional interviniente a fs. 234.

En cuanto a la prueba testimonial, si bien es cierto que la testigo Viviana Graciela Vairoletto (fs. 309/310) -subgerente operativa de la accionada- refirió las circunstancias que dieron lugar al despido de la trabajadora únicamente por comentarios de terceros, de los dichos de Ariel Darío Pelissero (fs. 306/307) -empleado del sector prestadores de la demandada- surge que el mismo vio la publicación efectuada por la actora en tanto manifestó que L. dejó de trabajar en el año 2015 (no recordó la fecha exacta) porque había publicado información confidencial en las redes sociales (facebook), había pegado un print de una pantalla de un servicio en el que estaban los datos de un paciente, con domicilio, nombre completo, teléfonos y datos de la obra social.

Refirió ser conocido de la persona que la tenía de amiga en las redes sociales -de nombre Esteban Bluvol, quien ya no trabaja en la empresa- y manifestó que ésta le mostró la publicación en la pantalla y los comentarios.Sostuvo el testigo que a raíz de lo sucedido se reforzaron las políticas relacionadas con el manejo de la información privada de la empresa, entre ellas, los datos de los pacientes.

El cuestionamiento que realiza la recurrente respecto del análisis efectuado en grado de la prueba testimonial resulta inatendible, en tanto acreditadas las circunstancias imputadas a la trabajadora ninguna relevancia guarda el hecho de que los testigos «no fueron interrogados en relación a la sinceridad de las razones que tuvo el Sr.

Bluvol para requerirle a la escribana que levantara un acta de constatación». Tampoco puede entenderse acreditada la existencia de la invocada «enemistad» de Bluvol para con la Sra. L. ni de que éste actuara «haciendo actos de vigilancia» respecto de aquélla, por el solo hecho de haber autorizado al apoderado de Socorro Médico Privado S.A. -Dr.

Pablo Sebastián Rossetto- a «utilizar su clave en la página Facebook y realizar las denuncias que considere convenientes», por cuanto ello no controvierte la legitimidad de la p ublicación y lo cierto es que el mencionado Bluvol actuó -en definitiva- en resguardo del buen nombre y de los intereses de su empleadora, habiendo sido la actora quien en el caso habría aceptado la «amistad» de aquél en la red social de que se trata.

No se me escapa que no fue mucho lo que en definitiva pudo aportar la pericia informática efectuada en la causa en tanto, según sostuvo la experta, no se pudo constatar la veracidad de la publicación dado que la misma se encontraba visible a «solo amigos», mas lo cierto es que los hechos acreditados a partir de la constatación notarial obrante en la causa, analizada a la luz de los escasos términos vertidos en el escrito inicial, me llevan a tener por acreditado que la accionante publicó en el muro de su cuenta de Facebook una captura de pantalla del pedido efectuado por una paciente de la empresa demandada -con el comentario «Hoy tomaron un auxilio así.», en el que no sólo se dejaban expuestos los motivos dela consulta médica («refiere mucho dolor de ano») sino también todos los datos personales de la paciente, tales como su nombre (Regalada) y apellido, domicilio y teléfono personal.

No dejo de advertir que ninguna manifestación vertió la trabajadora al iniciar la acción por despido injustificado con relación a los hechos que llevaron a la empleadora a extinguir el vínculo, y simplemente se limitó a manifestar que «el 01 de junio de 2015 la parte demandada despide a la trabajadora mediante el envío de la carta documento C.D. 660954417 de la misma fecha, invocando una falsa causa para hacerlo», sin siquiera hacer una mínima referencia a la invocada publicación ni efectuar una defensa certera de los hechos detalladamente expuestos en la comunicación del despido.

Ahora bien, asiste razón a la quejosa en cuanto a que el Acuerdo de Confidencialidad acompañado por la demandada a fs. 21/23 -cuya firma fue reconocida por la trabajadora a fs. 322- carece de fecha cierta, y el hecho de que figure al pie del documento como firmado «en Buenos Aires a los.días del mes de Mayo de 2015» hace plausible que, teniendo en cuenta que la publicación de Facebook fue efectuada el día 3/5/2015, el mismo hubiera sido firmado por la trabajadora con posterioridad al hecho de autos.

Sin embargo, considero que aun cuando no hubiera existido -a la fecha de la extinción- acuerdo de confidencialidad entre las partes mediante el cual se le impidiera a los trabajadores revelar información confidencial de la empresa sin previo consentimiento escrito de la misma, la Sra. L.no puede ampararse en dicha circunstancia para justificar la exposición pública de una paciente de 72 años y sus razones médicas para solicitar la atención domiciliaria por medio de la empresa demandada, cuando luce evidente que tal circunstancia -en la que también se expuso su nombre completo y demás datos personales como domicilio y teléfono- resultó lesivo de su derecho a la intimidad y dio lugar a burlas que pudieron verse extendidas a la totalidad de los «amigos» en la red social, de la accionante -o más aún en caso de ser replicada tal publicación-.

No soslayo que el crecimiento de la utilización de redes sociales que viene dándose en los últimos tiempos generó un nuevo escenario en las relaciones interpersonales, que impondría la necesidad de una reglamentación específica regulatoria de las mismas en el ámbito laboral, mas lo cierto es que aun ante su inexistencia, la conducta adoptada por la trabajadora resultó lesiva de normas expresamente establecidas en la Ley de Contrato de Trabajo que exigen un obrar de buena fe de ambas partes «ajustando su conducta a lo que es propio de un buen empleador y de un buen trabajador, tanto al celebrar, ejecutar o extinguir el contrato o la relación de trabajo» (art. 63).

A su vez el art. 85 de dicho texto normativo exige el cumplimiento del deber de fidelidad por parte de los trabajadores al establecer que «el trabajador debe observar todos aquellos deberes de fidelidad que deriven de la índole de las tareas que tenga asignadas, guardando reserva o secreto de las informaciones a que tenga acceso y que exijan tal comportamiento de su parte».

En definitiva, habré de concluir que, como entendió la Sra. Jueza de la anterior instancia, el comportamiento adoptado por la accionante resultó lo suficientemente injuriante como para justificar la decisión resolutoria adoptada por la demandada lo que me lleva a confirmar lo resuelto en grado en cuanto desestimó la procedencia de las indemnizaciones reclamadas con fundamento en los arts. 232, 233 y 245 de la L.C.T. y art.2 de la ley 25.323.

V. La apelación que se tuviera presente en los términos del art. 110 de la L.O. a fs. 351 respecto de la falta de producción en la causa de la prueba confesional – que actualiza la accionante al agraviarse de la sentencia definitiva- también habrá de ser desestimada en tanto la recurrente no esgrime razones que, a la luz de los restantes elementos de prueba obrantes en la causa, lleven a considerar que la falta de producción de dicho medio probatorio importó sin más una violación a su derecho de defensa.

VI. Lo decidido en torno a la legitimidad del despido dispuesto por la empleadora me llevan a desestimar sin más la queja vertida respecto de la ausencia de tratamiento en grado del art. 9 de la ley 25.323 y de la inconstitucionalidad del tope previsto en el art. 245 de la L.C.T.

VII. Se queja asimismo la parte actora por cuanto la judicante de la anterior instancia no hizo lugar a la multa prevista en el art. 80 de la L.C.T. y, adelanto, asiste razón a la quejosa en este aspecto.

En efecto, si bien es cierto que los certificados de trabajo fueron finalmente entregados a la trabajadora el 21/8/2015 en ocasión de celebrarse la audiencia ante el SECLO, no puede soslayarse que los mismos fueron emitidos el 18/8/2015 (fs. 45/60) de lo que se extrae que a la fecha en que la empresa puso a disposición de la trabajadora dichos instrumentos los mismos aún no se encontraban confeccionados.

Tampoco lo estaban en el plazo dispuesto en la norma en cuestión, esto es, a las 48 hs. de cursada la intimación efectuada vencidos los 30 días de extinguido el vínculo (ver intimación del 10/8/2015 obrante a fs. 197), por lo que la procedencia de la multa prevista en el art. 80 de la L.C.T.se impone.

Para el cálculo de dicho concepto habré de estar a la mejor remuneración informada por el perito contador a fs. 250 vta. de $18.929,25 que, contrariamente a lo que sostiene la demandada en su impugnación de fs. 254 reviste el carácter de mensual, normal y habitual. De tal modo, la multa de que se trata prosperará por la suma de $56.787,75 que deberá ser abonada dentro del plazo de cinco días de notificada la liquidación prevista en el art. 132 L.O. y devengará intereses desde el 1/6/2015 hasta el 30/11/17, de conformidad con la tasa nominal anual para préstamos personales libre destino del Banco Nación para un plazo de 49 a 60 meses, conforme lo dispuesto por Resolución de Cámara Nº 2601/14 de fecha 21/5/2014 y 2630 del 27/04/16.

A partir del 1/12/17 y hasta su efectivo pago, los intereses se calcularán a la tasa activa efectiva anual vencida, cartera general diversa del Banco Nación, conforme se resolvió en Acta CNAT Nº 2658.

VIII. En tanto no se acreditó incumplimiento alguno de la empleadora relacionado con el ingreso de aportes y contribuciones a los organismos de la seguridad social, el agravio vertido en dicho aspecto habrá de ser desestimado.

IX. La modificación que aquí se deja propuesta impone dejar sin efecto las costas y honorarios fijados en la anterior instancia y proceder a su determinación en forma originaria (art. 279 CPCCN), circunstancia que torna abstracto el tratamiento de los agravios vertidos por las partes y perito contador en tales aspectos.

X. Así las cosas, de conformidad a la existencia de vencimientos parciales y mutuos y a la importancia de los rubros admitidos y rechazados respecto de cada una de las partes, propongo distribuir las costas de ambas instancias en un 10% a cargo de la parte demandada y en un 90% a cargo de la parte actora (art. 71 CPCCN).

XI.En cuanto a los honorarios por lo actuado en la instancia de grado, corresponde señalar que los trabajos realizados por la representación letrada del actor y de la demandada fueron llevados a cabo bajo la vigencia de dos regímenes arancelarios distintos, esto es, el anterior y el posterior a la entrada en vigencia de la ley 27.423 (B.O.:22/12/2017); norma que, ante la observancia efectuada por el art. 64 por el decreto 1077/17 (B.O.: 21/12/2017), entró a regir el 05/01/2018 (arg. art. 3º del CCyCN).

Consecuentemente, y de conformidad con la tesis sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente que se registra en Fallos 319:1915 («Francisco Costa»), ratificado posteriormente en Fallos 320:2756, 321:330, 532 y 325:2250 y, en especial, en Fallos 341:1063 («Establecimiento Las Marías»), se tendrá en cuenta la época en que los trabajos profesionales fueron realizados, oportunidad en que se constituye el derecho (arg. arts. 14 y 17 de la CN).

Sentado lo expuesto, en atención a la calidad, mérito y extensión de las labores profesionales realizadas en la instancia anterior por la representación y patrocinio letrado de la actora y de la demandada, de conformidad con las pautas que emergen de los arts. 6 y cctes. de la ley 21.839 y del art. 38 LO, habida cuenta -además- de la proporción de las tareas realizadas durante la vigencia de dicha norma con relación a la totalidad de las labores cumplidas, corresponde regular los honorarios derivados de ese segmento de sus respectivas actuaciones profesionales en las sumas de $.y $.que, respectivamente, se fijan a valores del presente decisorio. A su vez, por las tareas llevadas a cabo en primera instancia por la representación y patrocinio letrado de la actora y de la demandada durante la vigencia de la ley 27.423, de conformidad con lo establecido por los arts. 16, 21 y cctes.de la ley 27.423, y a la proporción de las tareas cumplidas en el marco de esta ley con relación a la totalidad de las labores realizadas, corresponde regular los honorarios de dichas representaciones y patrocinios letrados en la cantidad de .UMA (que al día de la fecha representan $.) y . UMA (que al día de la fecha representan $.), ambos conforme a la Acordada CSJN Nro. 4/2022).

Por su parte, toda vez que los trabajos cumplidos por el perito contador, fueron cumplidos sustancialmente durante la vigencia de la ley 21.839, en atención a la calidad, mérito y extensión de las labores profesionales realizadas en la instancia anterior por dicho profesional, corresponde regular sus honorarios en la suma de $.a valores del presente decisorio.

En cuanto a la actuación de la perita informática, toda vez que sus trabajos fueron esencialmente cumplidos durante la vigencia de la ley 27.423 corresponde regular sus honorarios en la cantidad de. UMA (que al día de la fecha representan $.), de conformidad a la Acordada CSJN N° 4/2022.

XII. A su vez, y con apego a lo establecido en el art. 30 de la ley 27.423, habida cuenta el mérito, la calidad y la extensión de la labor desarrollada en esta instancia por la representación y patrocinio letrado de la actora y demandada, propongo regular los honorarios por esas actuaciones en el .% de lo que le corresponde percibir por la totalidad de lo actuado en la instancia anterior.

El Dr. José Alejandro Sudera dijo:

Adhiero a las conclusiones del voto de la Dra. A. E. García Vior, por análogos fundamentos.

Por lo que resulta del acuerdo que antecede (art.125, 2ª parte de la ley 18.345), el Tribunal RESUELVE:

1°) Modificar la sentencia de grado y hacer lugar parcialmente a la demanda condenando a SOCORRO MÉDICO PRIVADO S.A. a pagar a la actora A. V. L.la suma de $ 56.787,75 (PESOS CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS) que deberá ser abonada por la demandada en la forma y con más los accesorios fijados en el considerando respectivo; 2°) Dejar sin efecto la imposición de costas y regulaciones de honorarios fijadas en grado; 3°) Imponer las costas de ambas instancias en un 10% a cargo de la parte demandada y en un 90% a cargo de la parte actora; 4°) Regular los honorarios correspondientes a la representación y patrocinio letrado de las partes actora y demandada y a los peritos contador e informática en la forma dispuesta en el considerando respectivo; 5°) Fijar los honorarios correspondientes a la representación y patrocinio letrado de las partes actora y demandada por las tareas llevadas a cabo en esta instancia en el .% de lo que le corresponda percibir a cada una por las tareas llevadas a cabo en la instancia de grado; 6°) Hágase saber a los interesados lo dispuesto por el art. 1º de la ley 26856 y por la Acordada de la CSJN Nº 15/2013, a sus efectos.

Cópiese, regístrese, notifíquese y devuélvase.

José Alejandro Sudera

A. E. García Vior

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