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#Fallos Debía notificar: La invocación de la tutela sindical es improcedente al no haberse acreditado el cumplimiento de la notificación de la designación a la empleadora

Partes: Montalto Mariana Andrea c/ Radio y Televisión S.E. s/ acción de amparo

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo

Sala/Juzgado: X

Fecha: 7-mar-2022

Cita: MJ-JU-M-136593-AR | MJJ136593 | MJJ136593

La invocación de la tutela sindical es improcedente al no haberse acreditado el cumplimiento de la notificación de la designación a la empleadora.

Sumario:

1.-Corresponde rechazar la demanda iniciada por quien invoca la tutela gremial prevista en los arts. 48 y 52 de la Ley 23.551 porque no demostró haber cumplido con el recaudo establecido en el art. 49 inc. ‘b’ a los fines de la operatividad de la garantía siendo que la prueba invocada no fue incorporada a las actuaciones en virtud de lo resuelto en grado según la providencia que dispuso la tacha virtual de la totalidad del escrito al cual se adjuntó, a lo cual se adiciona que dicha documental no resultaría idónea para demostrar la efectiva recepción por parte de la empleadora de la carta documento tendiente a comunicar la designación, toda vez que el cotejo de las fotografías no permite vislumbrar alguna grafía o rasgo distintivo que así lo evidencie.

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2.-Las costas deben imponerse en el orden causado si, pese a que la demanda laboral fue rechazada, la actora pudo considerarse asistida de mejor derecho a litigar teniendo en cuenta ciertos aspectos de las constancias probatorias.

Fallo:

Buenos Aires,

El DR. GREGORIO CORACH dijo:

I.- Vienen las presentes actuaciones a conocimiento de esta alzada a propósito de los agravios que contra la sentencia de primera instancia interpone digitalmente la actora, mereciendo réplica de la contraria. Asimismo, la recurrente cuestiona los emolumentos fijados a la representación letrada de la contraria.

Conferida la vista al Fiscal General interino, este se expide a tenor del dictamen que antecede.

II.- El sentenciante de grado consideró fuera de controversia que la disolución contractual se perfeccionó el 7/01/19. Ello así entendió que, dado que el período de conservación del empleo había vencido el 1/04/19 (en clara referencia al 4/01/19), no se advertía violación a las disposiciones del art. 211 de la LCT. Asimismo, consideró no demostrado en la especie el cumplimiento del recaudo establecido por el inc. «b» del art. 49 de la ley 23.551 sin perjuicio de lo cual -a todo evento- concluyó que, en virtud de que el mandato gremial de la actora había vencido el 6/01/18, desde el 6/01/19 no gozaba de la garantía establecida por la citada ley por lo que el despido (operado el 7/1/19) ocurrió fuera del período de tutela gremial. En consecuencia, dispuso el rechazo de la acción incoada.

Contra tal decisión se alza la actora, quien sostiene que el magistrado de grado omitió valorar las pruebas que indica en su recurso, cuestiona la fecha en que el sentenciante de grado consideró vencido el período de conservación del puesto de trabajo a cuyo fin insiste en que gozaba de tutela gremial hasta el 7/1/2019 y afirma que el despido aconteció el 5/01/19. Critica enfáticamente el desempeño del sentenciante a quo y vierte otras consideraciones en virtud de las cuales solicita que se revoque la sentencia apelada.

Anticipo que, por mi intermedio, la queja no tendrá favorable acogida. Me explico.

La actora insiste en que el despido operó el 5/01/19 y no el 7/1/19 como concluyó el Sr.Juez a quo y a tal fin invoca una documental referida a la baja temprana ante la ANSES en que figuraría como fecha de cese del vínculo laboral el 5/1/19.

Dos razones me llevan a desechar dicho argumento recursivo. La primera de ellas es que, tal como sostuvo el judicante de grado y lo destaca el Sr. Fiscal General interino en su dictamen, la actora reconoció expresamente en su misiva del 8/01/19 en la que repelía el despido, que la pieza rescisoria CD 625608005 fue «notificada el 07/01/19». Ello así, más allá de los términos de la epístola rescisoria (en la que se comunica la extinción del contrato de trabajo a partir del 5/01/19 en los términos del art. 211 in fine de la LCT) lo cierto es que la propia demandante reconoció que la pieza extintiva fue «notificada el 7/01/19» por lo que, en virtud del carácter recepticio que revisten las comunicaciones telegráficas, ninguna duda cabe que el despido se perfeccionó en esta última fecha.

En tal contexto -y he aquí el segundo motivo que conduce al rechazo del tramo de la queja en análisis-, mal podría reputarse extinguido el vínculo el 5/1/19 en virtud de la documentación en que figuraría la baja temprana ante Anses en la citada fecha como pretende la apelante. Así lo sostengo porque la incorporación de la documental a la que se refiere (adjuntada con el escrito de fs. 65/67) fue rechazada en origen por resolución firmada el 3/12/2020 que se encuentra firme y que motivara un nuevo planteo de la actora desestimado por esta Sala el 24/08/2021.Si bien eso sella la suerte adversa de la cuestión, cabe agregar -a todo evento- que dicha documental no resultaría idónea en el caso bajo estudio a los fines del perfeccionamiento la extinción del vínculo contractual, el que sin duda operó al recibir la demandante la comunicación del despido.

Ahora bien, en orden a la tutela gremial invocada por la demandante con sustento en lo dispuesto por los arts. 48 y 52 de la ley 23.551cabe señalar que, toda vez que se encuentra acreditado mediante la contestación de oficio de AJEPROC que el último mandato gremial para el cual habría sido elegida la actora transcurrió desde el 12/05/14 hasta el 6/01/18, aun soslayando la falta de demostración del cumplimiento del recaudo establecido en el inciso «b» del art. 49 de la ley 23.551 y en el mejor de los escenarios para la reclamante, es evidente que la garantía de protección emanada de la citada ley habría finalizado el 6/01/19. En tales condiciones, aun desde tal perspectiva hipotética, cabe concluir el despido -reitero, operado el 7/01/19- tuvo lugar fuera del período de tutela gremial.

De todos modos, lo cierto es que la accionante no demostró haber cumplido con el recaudo establecido en el art. 49 inc. «b» de la ley 23.551 a los fines de la operatividad de la garantía contemplada en el art. 48 puesto que la prueba a la que alude en su recurso (fs.

63/64) no fue incorporada a las actuaciones en virtud de lo resuelto en grado según la providencia firmada el 3/12/2020 que dispuso la tacha virtual de la totalidad del escrito presentado el 16/09/2020 al cual se adjuntó. No obstante ello, se señala a todo evento que dicha documental no resultaría idónea para demostrar la efectiva recepción por parte de la empleadora demandada de la carta documento nro.408650833, toda vez que el cotejo de las fotografías no permite vislumbrar alguna grafía o rasgo distintivo que así lo evidencie.

Todo lo expuesto conduce a desestimar los argumentos recursivos vertidos acerca de las conclusiones a las que arribó el magistrado de grado allí referidas, así como de la valoración de la prueba rendida en la causa puesto que coincido con el análisis efectuado en origen y, a la par, no advierto que se hubiese omitido ponderar otros elementos de prueba como afirma la recurrente, especialmente la que alega haber acompañado al escrito de fs.

65/67 puesto que, reitero, por resolución del 3/12/2020 se dispuso la tacha virtual de la totalidad del escrito presentado el 16/09/2020 (fs. 65/67 y su documental de fs. 49/64), resolución que se encuentra firme.

En consecuencia y teniendo en cuenta los términos de los agravios expuestos a los que corresponde ceñirse en aras de salvaguardar el principio de congruencia (conf. arts. 34 inc. 4, 163 inc. 6 CPCCN), propongo confirmar la sentencia apelada en cuanto dispone el rechazo de la acción.

Para concluir, resulta pertinente remarcar que los jueces no tienen obligación de expedirse sobre todas y cada una de las alegaciones vertidas por las partes, sino sólo sobre las que resulten conducentes para la dilucidación del pleito. En este sentido, el Máximo Tribunal ha señalado que no resulta necesario seguir a las partes en todas y cada una de sus argumentaciones, bastando hacerse cargo de las que resulten conducentes para la decisión del litigio (Fallos 272:225, 274:113, 276:132, 280:320). Desde dicha perspectiva, no se advierten eficaces las demás argumentaciones vertidas en el memorial recursivo para rebatir la valoración antes realizada.

III.- En cuanto al modo en que fueron impuestas las costas considero que cabe modificar lo decidido en la etapa anterior.

Conforme la última parte del art. 68 del CPCCN el juez puede eximir total o parcialmente de esta responsabilidad al litigante vencido siempre que exista mérito para ello (por ej.por tratarse de cuestiones suscitadas por la interpretación de leyes nuevas o sobre las cuales se han dictado fallos contradictorios o cuando esas cuestiones tienen complejidad jurídica o existen circunstancias de hecho dudosas o eximentes) y se desprenden a mi juicio de la causa circunstancias por las cuales correspondería en el caso hacer una excepción al principio general.

En efecto, no obstante lo decidido precedentemente, toda vez que la actora pudo considerarse asistida de mejor derecho a litigar teniendo en cuenta ciertos aspectos de las constancias probatorias, sugiero modificar lo decidido en materia de costas e imponer las de ambas instancias en el orden causado.

IV.- Como corolario de la solución apuntada, la actora ha perdido interés para cuestionar la regulación de honorarios dispuesta a favor de la representación letrada de la contraria.

V.- Con arreglo a lo establecido en el art. 30 de la ley 27.423, habida cuenta del mérito y extensión de la labor desarrollada en esta instancia por la representación y patrocinio letrado de las partes actora y demandada, propongo que se regulen sus honorarios en el (%) para cada una, de las respectivas sumas que le corresponda percibir por la totalidad de lo actuado en la instancia anterior (conf. art. 38 L.O. y ley arancelaria).

Por todo lo expuesto, de prosperar mi voto correspondería: 1) Confirmar el pronunciamiento de primera instancia a excepción de lo resuelto en materia de costas e imponer las de ambas instancias en el orden causado; 2) Regular los emolumentos de la representación letrada de la parte actora y demandada por su actuación en esta instancia en el (%) para cada una, de las respectivas sumas que le corresponda percibir por la totalidad de lo actuado en la instancia anterior.

El DR. LEONARDO J. AMBESI dijo:

Por compartir los fundamentos del voto que precede, adhiero al mismo.

El DR.: DANIEL E. STORTINI no vota (art. 125 de la L.O.).

Por lo expuesto, el Tribunal RESUELVE: 1) Confirmar el pronunciamiento de primera instancia a excepción de lo resuelto en materia de costas e imponer las de ambas instancias en el orden causado; 2) Regular los emolumentos de la representación letrada de la parte actora y demandada por su actuación en esta instancia en el (%) para cada una, de las respectivas sumas que le corresponda percibir por la totalidad de lo actuado en la instancia anterior. 4) Cópiese, regístrese, notifíquese y oportunamente, cúmplase con lo dispuesto en el art. 1 de la ley 26.856 y con la Acordada de la CSJN Nº 15/2013 y devuélvase.-

ANTE MI

MFF

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