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#Fallos Silencio del trabajador: Que el trabajador no haya formulado objeción a los registros unilaterales del empleador no hace inferir, sin más, la existencia de un trabajo de media jornada

Partes: Aramayo Carlos Adrián c/ Magiana S.A.; Inc S.A. s/ recurso de inconstitucionalidad

Tribunal: Corte de Justicia de la Provincia de Salta

Fecha: 11-sep-2020

Cita: MJ-JU-M-129602-AR | MJJ129602 | MJJ129602

Los registros constituyen manifestaciones unilaterales del empleador y la circunstancia de que durante la vigencia del contrato el trabajador no haya formulado objeción alguna no es posible inferir, sin más, la existencia de un trabajo de media jornada.

Sumario:

1.-Corresponde hacer lugar al recurso de inconstitucionalidad interpuesto y, en su mérito, dejar sin efecto parcialmente la sentencia en cuanto revoca la condena al pago de las diferencias salariales reclamadas por el actor, pues no se advierte que la ponderación de las constancias registrales y los recibos de haberes sea eficiente para sustentar la decisión de tener por acreditada la supuesta jornada reducida.

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2.-La procedencia de la modalidad del contrato a tiempo parcial sólo puede ponderarse a la luz de lo conceptualizado como jornada normal o legal para la actividad de que se trate, y que al ser la jornada reducida un supuesto de excepción de acuerdo con lo prescripto por el art. 198 de la LCT, no sólo exige una prueba fehaciente en tal sentido sino que corre a cargo del empleador su acreditación, toda vez que tanto desde el punto de vista del principio protectorio como desde la óptica de la carga dinámica de las pruebas, es esa parte la que habrá de contar con los elementos suficientes para demostrarla.

Fallo:

Salta, 11 de septiembre de 2020.

Y VISTOS: Estos autos caratulados «ARAMAYO, CARLOS ADRIÁN VS. MAGIANA S.A.; INC S.A. – RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD» (Expte. Nº CJS 40.175/19), y

CONSIDERANDO:

1°) Que mediante resolución que en copia obra a fs. 261/262 vta., esta Corte hizo lugar a la queja deducida por el actor y ordenó la tramitación del recurso de inconstitucionalidad articulado a fs. 206/211, en contra de la sentencia de fs. 199/203 de la Sala I de la Cámara de Apelaciones del Trabajo.

El recurrente afirma que la alzada vulneró los derechos constitucionales de defensa en juicio y a un debido proceso y no respetó el principio de legalidad. Sostiene que el fallo resulta arbitrario por prescindir de las constancias de la causa, omitir valorar los argumentos ex-puestos en la contestación del memorial y apartarse de la normativa vigente al invertir la carga de la prueba respecto de la jornada laboral.

Aduce que, contrariamente a lo entendido por el tribunal «a quo», al dependiente le basta con demostrar la existencia del contrato de trabajo, ya que éste se presume por tiempo indeterminado y cumplido en jornada completa (arts. 90, 92 ter y 198 de la Ley de Contrato de Trabajo), y que es el empleador quien debe de-mostrar la existencia de una jornada parcial. Agrega que, a tales efectos, las constancias registrales y los recibos de sueldo son insuficientes de conformidad a lo prescripto por los arts. 140 y 145 de la L.C.T., por cuanto son confeccionados por el empleador en forma unilateral.

Alega que lo decidido violó la obligación prevista en el art. 40 de la Ley 5642 por haberse apartado de lo establecido por esta Corte en un precedente análogo que fuera invocado en su ré-plica al recurso de apelación de la contraria.

A fs. 292/294 vta. y 295/298 vta., la codemandada Magiana S.A. y el actor presentaron respectivamente los memoriales; a fs. 302/303 dictaminó la señora Fiscal ante la Corte Nº 2, pronunciándose por la procedencia del recurso, y a fs.304 se llamaron autos para resolver, providencia que se encuentra firme.

2º) Que la doctrina de la arbitrariedad es el medio para resguardar las garantías de la defensa en juicio y a un debido proceso, al exigir que las sentencias sean fundadas y constituyan derivación razonada del derecho vigente con aplicación a las circunstancias comprobadas de la causa (esta Corte, Tomo 203:23; 204:165; 206:681, entre muchos otros).

Asimismo, si bien las cuestiones entre empleados y emplea-dores que atañen a derechos que emanan de la relación laboral y son debatidas ante los tribunales de la causa remiten al análisis de temas de hecho, prueba y derecho común, ajenos a la instancia extraordinaria, tal regla debe dejarse de lado cuando se verifica un supuesto de arbitrariedad que conduce a la descalificación del pronunciamiento como acto jurisdiccional válido (CSJN, Fallos, 324:1528 ; esta Corte, Tomo 209:633; 211:577, entre otros).

De conformidad con lo señalado, corresponde determinar si lo decidido importa un tratamiento inadecuado y dogmático del planteamiento propuesto, es decir, si el fallo adolece de defectos que lo invalidan como acto jurisdiccional.

3°) Que el art. 90 de la L.C.T. establece que el contrato de trabajo se entenderá celebrado por tiempo indeterminado. Asimismo, el tiempo máximo de la jornada es de 8 horas diarias (con el límite de variabilidad de una hora por día previsto en el art. 1º, inc «b» del Decreto Reglamentario N° 16115/33) o de 48 horas semana-les.

A su vez, la reducción de la jornada máxima legal solamente procede cuando así lo establecen las disposiciones nacionales reglamentarias de la materia o una estipulación particular de los contratos individuales o convenios colectivos de trabajo (art.198 de la L.C.T.).

Al respecto, este Tribunal ha sostenido que la procedencia de la modalidad del contrato a tiempo parcial sólo puede ponderarse a la luz de lo conceptualizado como jornada normal o legal para la actividad de que se trate, y que al ser la jornada reducida un supuesto de excepción de acuerdo con lo prescripto por el art. 198 de la L.C.T., no sólo exige una prueba fehaciente en tal sentido sino que corre a cargo del empleador su acreditación, toda vez que tanto desde el punto de vista del principio protectorio como desde la óptica de la carga dinámica de las pruebas, es esa parte la que habrá de contar con los elementos suficientes para demostrarla (Tomo 149:929; 219:21).

4º) Que de acuerdo con las pautas señaladas, la solución propugnada por el tribunal «a quo», en lo que ha sido materia del recurso, es descalificable porque satisface sólo en apariencia la exigencia constitucional de la debida fundamentación, al prescindir de la normativa vigente en la materia.A más de ello, tampoco se advierte que la ponderación de las constancias registrales y los recibos de haberes, sea eficiente para sustentar la decisión de tener por acreditada la su-puesta jornada reducida.

Es que, como tiene dicho esta Corte, los registros constituyen manifestaciones unilaterales del empleador y la circunstancia de que durante la vigencia del contrato el trabajador no haya formulado objeción alguna no es posible inferir, sin más, la existencia de un trabajo de media jornada, por cuanto, en principio, en materia laboral no resulta de aplicación la doctrina de los propios actos al encontrarse en juego derechos irrenunciables (Tomo 204:73; 219:21).

5°) Que en tales condiciones, las garantías constitucionales que se invocan como vulneradas guardan relación directa e in-mediata con lo resuelto, lo cual torna al fallo descalificable como acto jurisdiccional válido (esta Corte, Tomo 85:185), pues las sentencias judiciales deben ser fundadas en forma tal que la solución que consagren corresponda a los hechos comprobados y proceda razonablemente del ordenamiento legal, principio de raíz constitucional que inhabilita los pronunciamientos dogmáticos o de fundamentación sólo aparente que no permiten referir la decisión del caso al derecho objetivo en vigor (CSJN, Fallos, 278:266).

6º) Que consecuentemente, corresponde hacer lugar al recur-so de inconstitucionalidad interpuesto a fs. 206/211, en lo que fue materia de agravios y, en su mérito, dejar sin efecto parcialmente la sentencia de fs. 199/203, en cuanto revoca la condena al pago de las diferencias salariales reclamadas por el actor e impone costas a su cargo. Con costas (art. 67 del C.P.C.C.).

Por lo expuesto, corresponde ordenar que bajen los autos a la Sala II de la Cámara de Apelaciones del Trabajo, para el dic-tado de un nuevo pronunciamiento, con arreglo al presente.

Por ello,

LA CORTE DE JUSTICIA,

RESUELVE:

I. HACER LUGAR al recurso de inconstitucionalidad inter-puesto a fs. 206/211 y, en su mérito, dejar sin efecto parcial-mente la sentencia de fs. 199/203, en cuanto revoca la condena al pago de las diferencias salariales reclamadas por el actor e impone costas a su cargo. Con costas.

II. ORDENAR que bajen los autos a la Sala II de la Cámara de Apelaciones del Trabajo, para el dictado de un nuevo pronunciamiento con arreglo al presente.

III. DISPONER que se remita testimonio de esta sentencia a la Sala I de la Cámara de Apelaciones del Trabajo.

IV. MANDAR que se registre y notifique.

(Fdo.: Dres. Guillermo Alberto Catalano -Presidente-, Ernesto R. Samsón, Sergio Fabián Vittar, Dras. Sandra Bonari -firma digital-, Teresa Ovejero Cornejo, Dres. Pablo López Viñals, Horacio José Aguilar, Dras. María Alejandra Gauffín y Adriana María Rodríguez Faraldo -Jueces de Corte y Juezas de Corte-. Ante mí: Dra. María Jimena Loutayf -Secretaria de Corte de Actuación-).

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