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#Fallos Abandono de trabajo: Se justifica el despido por abandono de trabajo si la trabajadora no concurrió a retirar las misivas que le fueron cursadas para reintegrarse a sus tareas, pese a haber recibido los avisos de visita

Partes: Sguerzo Mónica Graciela c/ Administradora Sanatorial Metropolitana S.A. s/ despido

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo

Sala/Juzgado: III

Fecha: 30-sep-2020

Cita: MJ-JU-M-129062-AR | MJJ129062 | MJJ129062

Se justifica el despido por abandono de trabajo si la trabajadora no concurrió a retirar las misivas que le fueron cursadas para reintegrarse a sus tareas, pese a haber recibido los avisos de visita.

Sumario:

1.-Cabe considerar justificado el despido porque el vínculo finalizó por la carta documento enviada por la empleadora imputando a la trabajadora el no haber justificado sus ausencias incurriendo en abandono de trabajo (art. 244 , LCT), ya que las comunicaciones dirigidas en días anteriores a los fines de intimarla para reintegrarse a sus tareas no pudieron ser entregadas por responsabilidad de la propia actora, quien no las retiro pese a haber recibido los correspondientes avisos de visita, circunstancia ante la cual no resulta factible sostener que las notificaciones respectivas no ingresaron en su esfera de conocimiento.

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2.-Es injustificado el despido toda vez que no se configuró la causal de abandono de trabajo en tanto la actora intimó mediante una misiva ante el supuesto despido verbal, en virtud de lo cual la demandada envió otra comunicación intimándola a retomar tareas y esa intimación no llegó a la esfera de conocimiento de la trabajadora, sin perjuicio de que fue dirigida al mismo domicilio de las misivas que enviara la trabajadora, y siendo la única intimación previa al despido, a la luz de lo dispuesto en el art. 10 L.C.T, debió haber reiterado la intimación, lo cual no acreditó (voto en disidencia de la Dra. Cañal).

3.-Para que se configure el abandono de trabajo debe existir no sólo la intimación previa al trabajador, sino que también quede evidenciado su propósito expreso o presunto de no cumplir en lo sucesivo con su prestación de servicios, sin que medie justificación alguna, siendo la nota que lo caracteriza en principio y generalmente, el silencio del dependiente (voto en disidencia de la Dra. Cañal).

Fallo:

En la ciudad de Buenos Aires, capital de la República Argentina, 30/09/2020, reunidos en la Sala de Acuerdos los señores miembros integrantes de este Tribunal, a fin de considerar el recurso deducido contra la sentencia apelada, se procede a oír las opiniones de los presentes en el orden de sorteo practicado al efecto, resultando así la siguiente exposición de fundamentos y votación: La Doctora Diana Regina Cañal dijo: La sentencia definitiva de fs. 384/388 que hizo lugar a la demanda, suscita la queja que plantean las partes, actora a fs. 390/393 y la demandada a fs. 394/402, con las respectivas réplicas de fs. 404/406 y fs. 407/411. Asimismo, la perito contadora apela a fs. 389 la regulación de sus honorarios por estimarla reducida. La parte actora se queja, por el rechazo de la multa establecida en el artículo 80 L.C.T., por la omisión de tratar la temeridad y malicia solicitadas, del rechazo de la inconstitucionalidad de la ley 23.928 y del artículo 7 de la ley 25.561, y apela los honorarios por bajos.

La parte demandada se queja, porque considera violado el principio de congruencia; por la valoración efectuada de la prueba testimonial; porque considera que no fue estimada adecuadamente la conducta asumida por la parte actora; porque no se consideró configurado el abandono de trabajo; por la condena a abonar los rubros sac propocional, vacaciones proporcionales y día del gremio, y por la imposición de costas.

La Sra. Jueza a quo consideró configurado el distracto el día 27/08/2013, mediante la misiva remitida por la empleadora, en la cual invocaba el abandono de trabajo.Asimismo, estimó que en el presente caso, no existió la voluntad de la dependiente de no reintegrarse a sus tareas, toda vez que el informe del CEMA corrobora que la actora se encontraba gozando de licencia médica a partir del día 14/06/2013, al haber sufrido un episodio de desvanecimiento, precedido de un cuadro de ansiedad con traumatismo de cráneo regional frontal con tratamiento y reposo.

Señaló que al día 30/07/2013, no se encontraba en condiciones de realizar actividad de tipo laboral (según informe de fs. 212/215) y que efectivamente estaba citada para el día 05/08/2013 y que no concurrió al consultorio. Pero, advirtió que no tenía intención de abandonar la relación, dado que se presentó en dos oportunidades y no le permitieron el ingreso (según declaraciones de Leiva a fs. 342 y de Dolt Graciela a fs. 344).

Por lo tanto, consideró injustificado el despido dispuesto por la demandada, haciendo lugar a las indemnizaciones derivadas del despido. Vale recordar aquí, que la actora señaló en el inicio que intimó de modo fehaciente a la accionada mediante la misiva del 01/08/2013 al correcto registro de la relación laboral. Expresó que el día 5 de agosto de 2013, la demandada la despidió verbalmente, sin explicación alguna.

Sostuvo que el mismo día, ante el despido verbal, envió una misiva intimando por 48 hs. a fin de que se reviera la medida, pero señaló que la accionada no respondió. Luego, expresó que vencido el plazo establecido y en fecha 9/08/2013, envió misiva intimando a que le fuera abonada la liquidación final.

La accionada negó que hubiera existido una negativa de tareas, ni que omitiera responder las misivas. Expresó que la actora se encontraba con licencia médico laboral por una enfermedad inculpable, siendo el 14 de junio de 2013, el último día que laboró, fecha a partir de la cual comenzó a gozar de licencia en los términos del art. 208 L.C.T.Sostuvo que durante los meses de junio y julio le abonó su remuneración, pero que la actora por el contrario demostró mala fe, omitiendo presentarse a fin de retirar y suscribir los recibos de sueldo.

Señaló que encontrándose gozando de licencia por enfermedad, remitió el insólito telegrama del día 2 de agosto de 2013, efectuando falsos reclamos en cuanto a sumas abonadas fuera de registro, y que el día 5 de agosto de 2013, envió un nuevo telegrama, donde invocaba un despido verbal que era falso.

Sostuvo que con fecha 06/08/2013, remitió telegrama rechazando por falsos, improcedentes y maliciosos los reclamos, intimándola a retomar tareas bajo apercibimiento de tener por configurado el abandono de trabajo.

Señaló que las misivas no fueron recibidas por la actora, pese a ser remitidas al domicilio por ella denunciado en su legajo personal, coincidente con el que figurara en sus misivas, pero que fueron devueltas con la leyenda «Cerrado/ Ausente se deja aviso de visita». Agregó, que envió la comunicación del 12 de agosto de 2013, señalando que la relación laboral se encontraba vigente, e intimando nuevamente a que retomara tareas, pero que ante el silencio a la intimación, y continuar la actora con las ausencias, no le quedó otra alternativa que extinguir el vínculo.

La accionada se queja, pues sostiene que la sentenciante consideró como cierto que la actora se hubiera presentado a laborar, y que su parte le hubiera negado el ingreso en dos oportunidades – circunstancia que dice ni siquiera fue alegada por la accionante ni en el intercambio telegráfico-, por lo que arguye que la juzgadora se refiere a hechos que ni siquiera fueron introducidos en el proceso, en clara violación al principio de congruencia. Asimismo, se queja pues la a quo otorgó valor convictivo a las declaraciones vertidas por los testigos Leiva y Dolz, y en cuanto a que consideró que declararon que la actora se presentó a laborar en dos oportunidades, y no se le permitió el ingreso.

Sostiene que la accionante en la demanda jamás mencionó dicha circunstancia.Por otra parte, expresa que los testigos no fueron coherentes, concordantes y suficientemente fundados, amén de resultar ajenos al Sanatorio Franchin, siendo que ningún compañero de trabajo de la actora avaló la existencia del supuesto despido verbal. En el tercer agravio, se queja en cuanto considera que se omitió valorar la conducta asumida por la actora, en tanto su parte intentó mantener vigente la relación laboral, siendo la actora quien con claro intento de deshacerse del vínculo, decidió pergeñar una situación de despido para hacerse de sumas de dinero. Así, señala que la actora inició en fecha 1 de agosto de 2013 su intercambio telegráfico, denunciando que percibía la suma de $1000 fuera de registración, lo que no fue probado. Luego, expresa que la actora omitió presentarse a medicina laboral y remitió cd aduciendo que había sido despedida verbalmente el día 3 de agosto de 2013, sin alegar cómo se produjo el despido, quién se lo transmitió o quiénes fueron los testigos.

Agrega que la actora no debía trabajar el día 3 de agosto de 2013, porque se encontraba de licencia médica, y además porque era sábado y ella prestaba tareas de lunes a viernes.

Señala que la accionante remite el día 9 de agosto de 2013, una cd aduciendo que había vencido el plazo para rever la medida adoptada e intimando a que se le abonase la indemnización por despido. Por último, dice que omitió contestar cada una de las cartas documento que le remitiera, pese a ser quien había iniciado el intercambio telegráfico.

En el cuarto agravio, se queja porque no se tuvo por configurado el abanado de trabajo.Sostiene que la a quo considera de manera totalmente inconsistente, que la actora se había presentado a trabajar en dos oportunidades y que se le habría negado el ingreso, para luego poner en duda que ella se encontraría en condiciones médicas de trabajar y poner en su cabeza una carga incomprensible como la de verificar la salud práctica de la trabajadora. Insiste en que la actora no recibía las misivas que le enviaba, pese a que se remitían al domicilio denunciado en su legajo personal, y que es coincidente con aquel que ella misma consignaba en el intercambio telegráfico iniciado.

En el quinto agravio, se queja por la condena a pagar el SAC proporcional segundo semestre 2013, vacaciones proporcionales, sac s/ vacaciones y día del gremio. Asimismo, se agravia por la condena abonar la multa prevista en el artículo 2º ley 25.323, la imposición de costas y los honorarios. En primer término, corresponde señalar que arriba firme a esta instancia, que la extinción del contrato se produjo por decisión de la empleadora, invocando la figura del abandono de trabajo, pero queda determinar si se encontró probado o no el mismo.

Pues bien, cabe recordar que para que se configure dicha causal debe existir no sólo la intimación previa al trabajador, sino que también quede evidenciado su propósito expreso o presunto de no cumplir en lo sucesivo con su prestación de servicios.

Todo ello, sin que medie justificación alguna, siendo la nota que lo caracteriza en principio y generalmente, el silencio del dependiente (SCBA, 8/11/994, TSS,1996-40).

Sentado ello, observo que la parte actora desconoció la documental agregada por la accionada, quien ofició al Correo Argentino, a fin de acreditar la autenticidad de las cartas documento acompañadas y relatadas en su contestación.

Del informe del Correo (fs. 230/237), no surge informado que la accionada hubiera enviado la CD 386400037 de fecha 12 de agosto de 2013.De lo que se colige que la actora intimó mediante la misiva del 5 de agosto ante el supuesto despido verbal, en virtud de lo cual la demandada envió la misiva del 6 de agosto, intimándola a retomar tareas. Intimación esta que no llegó a la esfera de conocimiento de la trabajadora, sin perjuicio de que fue dirigida al mismo domicilio de las misivas que enviara la trabajadora, y siendo la única intimación previa al despido.

Aquí, cabe destacar el argumento de la sentencia respecto a que la accionada debería haber verificado el estado de salud práctica de la trabajadora, por aplicación de lo normado en los artículos 10 y 63 de la L.C.T., lo que no implica la violación del principio de congruencia, sino la apreciación de los hechos, en aplicación del principio iura novit curia.

Por lo cual, a la luz de lo dispuesto en el artículo 10 L.C.T, debió haber reiterado la inti mación, cuestión que alegó que efectuó mediante la misiva del día 12 de agosto, pero reitero que no probó. Por lo cual, considero que corresponde confirmar lo decidido en el grado anterior, en cuanto al fondo del asunto.

En relación a la condena por el SAC proporcional y vacaciones proporcionales, no puede considerarse cumplida la obligación con la notificación de su puesta a disposición, pues la empleadora siempre tiene el recurso legal de la consignación, lo que la recurrente alega que efectuó pero recién al contestar demanda.

Por lo tanto, de acreditarse en autos en la etapa de ejecución la existencia de fondos consignados, deberán descontarse del monto de condena. En relación a los días feriados, cabe destacar que el fichaje suministrado por la accionada e informado por el perito contador en el punto 14 de fs.278 vta., parte del día 2/07/2012 resultando incompleto no aparecen abonados conforme liquidación de fs.276 vta., por lo que por aplicación del artículo 55 L.C.T., corresponde confirmar el rubro en cuestión.

En cuanto a la multa del artículo 2º de la ley 25.323, no encuentro causas que justifiquen la conducta del empleador de acuerdo a la forma de resolver la cuestión de fondo. De modo que, ante su incumplimiento, la actora se vio obligada a litigar para obtener la satisfacción del crédito alimentario, por lo que propongo confirmar el rubro en cuestión. En relación a la indemnización reclamada en los términos del artículo 80 L.C.T., cabe recordar que el mismo dispone, que al momento de la extinción del contrato de trabajo, se entregue al trabajador un certificado de trabajo, conteniendo las indicaciones sobre el tiempo de prestación de servicios, la naturaleza de éstos, constancias de los sueldos percibidos, y de los aportes y contribuciones efectuados con destino a los organismos de seguridad social.

Luego, se deriva que, en primer término, la entrega no resultó tempestiva, pues los certificados de trabajo fueron acompañados en la contestación de demanda (ver fs.60/71). En segundo lugar, entiendo que la obligación no se encuentra cumplida con la sola puesta a disposición de los mismos. Reiteradamente, he sostenido que no puede considerarse cumplida la intimación a acompañar las certificaciones del art. 80 de la LCT, con la notificación de su puesta a disposición, pues la empleadora siempre tiene el recurso legal de la consignación (conf. Sentencia Nº 2675 del 26.10.09, en autos «Camacho, Mario Javier c/ Establecimientos Metalúrgicos Becciu e hijos S.A.s/ despido», del registro del Juzgado Nº 74). Por lo tanto, propongo revocar la sentencia en el punto y hacer lugar a la multa en cuestión, la que asciende a la suma de $ 20.207 ($6.735,70 x3). En relación al pedido de temeridad y malicia, la apelante no indica las razones por las cuales se configuraría el supuesto del artículo 275 L.C.T., por lo que el agravio arriba desierto conforme lo dispone el artículo 116 L.O.

Finalmente, en cuanto al agravio relativo a la actualización monetaria, he de precisar que la actualización de los créditos, puede inferirse del actual texto del art. 772 del CCCN, que resulta aplicable en el caso, el cual en su primera parte dispone que «si la deuda consiste en cierto valor, el monto resultante debe referirse al valor real al momento que corresponda tomar en cuenta para la evaluación de la deuda.», y siguiendo lo que siempre he sostenido como Juez de Primera Instancia, en la medida que exista un fenómeno inflacionario excesivo, corresponde disponer la actualización de los créditos.

Desde ya con el anterior código, sostuve en relación a los conceptos de interés y actualización monetaria en los autos «Sánchez, Javier Armando c. Cristem S.A. s/ Juicio Sumario» (Causa Nº 28.048/2011/CA1), registrada el 01/12/2014, que los mismos constituyen «un fenómeno de la actualidad de orden económico que se impone, tiene efectos sobre estos, los atraviesa, e inevitablemente entrecruza el análisis de estos institutos».

En dicho precedente, profundicé los fundamentos teóricos sobre la viabilidad de la actualización en todos los casos, a los cuales me remito en atención a la brevedad.Asimismo, no puedo dejar de recordar la doctrina del fallo «Camusso», de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que data del 21 de mayo de 1976, en el cual se resolvió, con relación a la ley 20.695, que «la actualización de un crédito cuyo importe había sido establecido mediante una sentencia firme, pero estaba pendiente de pago, no implicaba una alteración sustancial de la cosa juzgada que menoscabara las garantías constitucionales de propiedad y de la defensa en juicio.» Esta, como otras pautas interpretativas allí alcanzadas por la Corte, goza de evidente razonabilidad en nuestros días, dentro del marco de la racionalidad normativa vigente de los derechos humanos fundamentales. De todas formas, señalo que de mediar en esa misma realidad, a la que le estoy prestando atención, un fenómeno en el futuro que produzca un desajuste en perjuicio de la contraparte, también ha de ser atendido siguiendo en ello lo que esta Justicia Nacional del trabajo tuviera como práctica con los incidentes de ejecución en tiempos de la Ley Martínez Raymonda.

Por lo tanto, sugiero devengar actualización monetaria sobre los créditos que proceden, empleando el índice RIPTE del mes en que se apruebe la liquidación. En caso de que no se encontrara publicado dicho índice, o que éste fuera inferior al índice que elabora la Cámara Argentina de la Construcción, se empleará este último a los fines de realizar el cálculo. Luego, y para el futuro, de darse lo señalado en el párrafo anterior, se evaluará en su momento.

Por todo lo expuesto propicio modificar el fallo de anterior instancia y elevar el monto de condena a la suma de $ 160.176,72 (Pesos ciento sesenta mil ciento setenta y seis con setenta y dos centavos) que deberá ser abonada con más los intereses y actualización dispuesta en el presente pronunciamiento.

Ante el nuevo resultado del litigio que propongo, y de acuerdo a lo normado por el art.279 del CPCC, corresponde dejar sin efecto la imposición de costas y las regulaciones de honorarios practicadas en la instancia anterior, y proceder a su determinación en forma originaria, deviniendo abstracto el tratamiento de los agravios en el punto. En tal contexto, considero que las costas de ambas instancias deben ser soportadas por la demandada vencida (art. 68 de la normativa procesal señalada). En atención al valor económico de la contienda, al resultado del pleito, a la calidad y extensión de las tareas desempeñadas por los profesionales intervinientes y a lo dispuesto en el art. 38 de la ley 18345, arts. 6, 7, 8, 9, 19, 37, 39 y conc. de la ley 21839, propongo regular los honorarios de los letrados de las partes actora, por sus trabajos en la instancia previa en el 17% (diecisiete por ciento), de la demandada en el 14 %( catorce por ciento), y perito contador 8%(ocho por ciento) a calcular sobre el monto de condena con más la adición de intereses; y por su actuación ante esta alzada regular los honorarios a la representación letrada de la parte actora y de la demandada en el 30% ( Treinta por ciento) para cada uno de lo que, en definitiva, le corresponda percibir por sus trabajos ante la instancia previa.

En relación con la adición del IVA a los honorarios regulados, esta Sala ha decidido en la sentencia 65.569 del 27 de septiembre de 1993, en autos «Quiroga, Rodolfo c/ Autolatina Argentina S.A. s/ accidenteley 9688», que el impuesto al valor agregado es indirecto y por lo tanto grava el consumo y no la ganancia, por lo que debe calcularse su porcentaje, que estará a cargo de quien deba retribuir la labor profesional.

En el mismo sentido se ha pronunciado la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa «Compañía General de Combustibles S.A.s/recurso de apelación» (C.181 XXIV del 16 de junio de 1993), al sostener «que no admitir que el importe del impuesto al valor agregado integre las costas del juicio -adicionárselo a los honorarios regulados- implicaría desnaturalizar la aplicación del referido tributo, pues la gabela incidiría directamente sobre la renta del profesional, en oposición al modo como el legislador concibió el funcionamiento del impuesto».

En caso de tratarse de responsables inscriptos, deberá adicionarse a las sumas fijadas en concepto de honorarios de los profesionales actuantes en autos el impuesto al valor agregado que estará a cargo de quien debe retribuir la labor profesional. Oportunamente, cúmplase con lo dispuesto en el artículo 1º de la ley 26856 y con la Acordada de la Corte Suprema de Justicia de la N ación Nº 15/2013. Por todo lo expuesto propicio:

I.- Modificar parciamente el fallo de primera instancia, y en consecuencia elevar el monto de condena a la suma de $ 160.176,72 (Pesos ciento sesenta mil ciento setenta y seis con setenta y dos centavos) con más los intereses dispuestos en el presente pronunciamiento;

II Imponer las costas de ambas instancias a la demandada vencida.

III.- Regular los honorarios de los letrados de la parte actora, por sus trabajos en la instancia previa en el (%), de la demandada en el 1(%), y perito contador en el (%) a calcular sobre el monto de condena con más la adición de intereses; y por su actuación ante esta alzada regular los honorarios a la representación letrada de la parte actora y de la demandada en el (%) para cada uno de lo que, en definitiva, le corresponda percibir por sus trabajos ante la instancia previa.En caso de tratarse de responsables inscriptos, deberá adicionarse a las sumas fijadas en concepto de honorarios de los profesionales actuantes en autos el impuesto al valor agregado, que estará a cargo de quien deba retribuir la labor profesional; V.- Oportunamente, cúmplase con lo dispuesto en el artículo 1º de la ley 26.856 y con la Acordada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Nº 15/2013. El Dr. Alejandro H. Perugini dijo: He de disentir, en lo sus tancial, con la propuesta de resolución formulada en el voto que antecede.

Para así concluir he de tener en cuenta, como punto de partida para el análisis que desarrollaré a continuación, no sólo que llega firme a esta instancia que el vínculo habido entre las partes finalizó por la carta documento enviada por la empleadora el día 27 de agosto de 2013, en la cual ésta imputó a la trabajadora el no haber justificado sus ausencias desde el día 5 de agosto incurriendo en abandono de trabajo (art. 244 LCT), sino que también arriba sin discusión que las comunicaciones dirigidas los días 6, 12 y 27 de dicho mes no pudieron ser entregadas por responsabilidad de la propia actora, quien no las retiro pese a haber recibido los correspondientes avisos de visita, circunstancia ante la cual no resulta factible sostener que las notificaciones respectivas no ingresaron en la esfera de conocimiento de la destinataria.

Si bien coincido con la magistrada de grado en cuanto a que la figura del «abandono de trabajo» previsto en el art.244 de la LCT, también llamado «abandono incumplimiento», exige necesariamente un «animus abdicativo» claro y terminante que no se configuraría cuando el/la trabajador/a, pese a su ausencia, realiza actos que denotan su voluntad de continuar con el vínculo, no encuentro que ésta última circunstancia se haya verificado en el presente caso, no sólo porque la supuesta presentación a trabajar con posterioridad al presunto despido verbal del cual dijo haber sido objeto el día 3 de agosto de 2013 (ver al respecto comunicación de fs. 236), efectivamente un día sábado, es un hecho que ni siquiera fue alegado en la demanda, sino también porque, si acaso esto no fuera suficiente para descartar su consideración, las manifestaciones de Leiva (fs.342) y Doltz (fs.344) al respecto, evaluadas a la luz de lo dispuesto en el art. 456 del CPCCN, tampoco merecen la credibilidad o la interpretación que se les ha asignado en primera instancia.

En este sentido, la lectura de la presentación inicial permite advertir que la actora, luego de soslayar toda referencia respecto de las licencias por enfermedad que le fueron otorgadas desde el mes de junio de 2013, de la continuidad de tal situación hasta el momento en que dice que fue despedida verbalmente, y de su falta de presentación al control que debía realizar el día 5 de agosto de 2013 (ver informe de «Cema» obrante a fs.213/215), se limitó a señalar que el día 5 de agosto (corrigiendo la fecha del intercambio telegráfico donde aludió al día 3), y como presunta respuesta a su requerimiento de una regularización cuya pertinencia no demostró, se la despidió verbalmente, hecho frente al cual requirió la revisión de la medida adoptada sin obtener, según su parecer, respuesta alguna, para posteriormente, en función de tal silencio y por comunicación del día 9 de agosto, intimar el pago de la liquidación final derivada de aquél supuesto despido verbal.Como se observa, nada se ha referido respecto de una presunta presentación de la actora a retomar tareas con posterioridad al despido verbal, que no ha probado, o como respuesta al requerimiento efectuado por la empleadora para que lo hiciera, que sin razón dijo no haber recibido, por lo que no solo es claro que toda consideración al respecto excedería el marco de la congruencia (conf. Arts. 34 inc.4to y 163 inc.6to CPCCN), sino también que, fuera de tales razones de orden estrictamente formal, el hecho ni siquiera podría considerarse verosímil, pues en la medida en que la reclamante decidió convalidar la supuesta extinción del vínculo decidida por la demandada, frustrando la recepción de las respuestas y reclamando las indemnizaciones correspondientes, hecho este último que ocurrió el día 9 de agosto (fs.232), es claro que no surge de su relato posibilidad alguna de que haya tenido la intención de reintegrarse a su tarea con posterioridad a ello, y menos del modo y en las oportunidades que refiere la sentencia de grado.

Al respecto, observo que Leiva y Doltz, más que demostrar que la actora concurrió en dos oportunidades a prestar servicios y no le permitieron el ingreso como se sostiene en el decisorio en crisis, solo ponen en evidencia su contradicción y la evidente voluntad de beneficiar con su impreciso testimonio la postura de la demandante, pues al margen que la falta de referencia de la demanda a presentaciones posteriores al presunto despido verbal del día 5 (o 3) de agosto, deja sustancialmente herida la credibilidad de quien pretende ubicar alguna otra presentación «entre el 10 y 17 de agosto» (Doltz) y la de quien ni siquiera alcanza a localizar temporalmente el hecho que refiere (Leiva), tampoco parece verosímil que, en dos oportunidades diferentes, hayan encontrado a la actora afectada por la supuesta negativa de trabajo cuando, en esta hipótesis fáctica, ya había sido despedida y ella misma había convalidado la situación reclamando las indemnizaciones correspondientes.Aun cuando, solo a modo de hipótesis, pudiera entenderse que las declarantes refieren a la alegada negativa verbal que habría ocurrido a principios del mes de agosto, ello tampoco mejoraría el valor probatorio atribuible a los testimonios, porque al margen de las imprecisiones y circunstancias poco verosímiles que hacen a la propia idoneidad de los testigos, tal como que Leiva pretenda que una mucama de sanatorio concurría casi todos los días a sacar fotocopias o que Doltz refiera haberla visto en períodos en que estaba de licencia, no resulta lógico que una testigo no identifique la presencia de la otra en el mismo hecho, tampoco que la actora haya intentado ingresar dos veces consecutivas, aproximadamente en el mismo horario, en razón de haber encontrado otra persona que la acompañara, ni finalmente, que haya intentado presentarse a prestar servicios cuando estaba de licencia y pendiente de un nuevo control al cual, según surge probado del ya referido informe de CEMA (fs.213/215), no concurrió. De tal modo, solo encuentro que la reclamante, quien se encontraba de licencia desde el mes de junio de 2013, decidió formular requerimientos de regularización que no probó justificados, omitir la concurrencia al control médico, y alegar la existencia de un despido verbal que no acreditó, sin demostrar ninguna intención de reintegrarse al trabajo ni de alegar su imposibilidad de hacerlo ofreciéndose a la realización de los controles respectivos, lo cual configura con nitidez el ánimo abdicativo exigido por el art. 244 de la LCT para legitimar la decisión del empleador de dar por concluido el vínculo por abandono de trabajo.Necesario es señalar, asimismo, que si bien es cierto que el informe de fs.230/237 no contiene referencia a la comunicación que la empleadora dice haber dirigido a su dependiente el día 12 de agosto de 2013, cuya autenticidad y falta de entrega por responsabilidad de la demandante podría igualmente extraerse de los sellos obrantes en el documento de fs.81, su eventual inexistencia tampoco alteraría la suerte de la controversia, desde que la respuesta del día 6 de agosto, que entró efectivamente en la esfera de conocimiento de la destinataria generando los efectos legales correspondientes, contenía la expresa intimación de reintegro, configurativa de la constitución en mora exigida por el art. 244 de la LCT.

Finalmente, no encuentro razones para sostener que la accionada debió verificar la salud de la trabajadora antes de intimarla retomar servicios, dado que más allá de ser ésta quien omitió la concurrencia al control respectivo sin alegar motivo, tampoco cuestionó ni invocó tal circunstancia frente al requerimiento formulado, el que lisa y llanamente decidió ignorar para mantenerse en la postura de quien, según su entender, ya estaba despedida, sosteniendo tal decisión en razón de un silencio del principal en definitiva inexistente.

De tal modo, de prosperar mi voto, la sentencia ha de ser revocada en su aspecto sustancial, debiendo considerarse justificado el despido decidido por la empleadora. Ello conllevará el consiguiente rechazo del incremento indemnizatorio previsto en el art. 2do de la ley 25.323.

En lo que refiere a los importes relativos a la liquidación final, feriados y días del gremio no abonados, y a la pretendida sanción de temeridad y malicia, he de adherir a lo propuesto en el primer voto. En cuanto a la multa prevista en el art. 80 de la LCT, cabe concluir que si el despido se configuró el 27 de agosto de 2013 y la reclamante requirió su pago el 12 de septiembre de ese mismo año, no se han cumplido los requisitos establecidos en el decreto 146/01 para su procedencia.Tampoco acompañaré la propuesta de actualización monetaria de los importes que cabe diferir a condena, a cuyo fin he de tener en cuenta, por un lado, que las deudas objeto de consideración en este proceso, aun relacionadas con un valor como lo sería el trabajo cumplido, son obligaciones de dar dinero de las definidas en el art.765 del CCYCN, y por otro, que es criterio pacífico de Máximo Tribunal de la Nación que la decisión de invalidar una norma, en el caso las previsiones de la ley 23.928 y art.7mo de la ley 25.561, comporta la última ratio del orden jurídico, a la que sólo cabe acudir cuando no existe otro modo de salvaguardar algún derecho o garantía amparado por la Constitución, si no es a costa de remover el obstáculo que representan normas de inferior jerarquía (Fallos: 312:2315; 330:855, 5345).

De tal modo, y en tanto las tasas de interés aplicadas por la sentencia de grado conforme a lo sugerido por la Excma. Cámara, más las previstas en el Acta 2658/17 a partir del 1ro de diciembre de 2017 (Acta 2658) , cuya aplicación propiciaré, resguardan adecuadamente el valor de los derechos reconocidos por la sentencia, sin que, en concreto, se haya alegado algún perjuicio que exija una perspectiva diferente o la adopción de otro mecanismo correctivo, he de proponer la desestimación de este agravio. Consecuente con lo expuesto, se rán diferidas a condena las sumas de $ 6.571,04 por liquidación final y $ 3.250- por feriados y días del gremio, lo cual hace un total de $ 9.821,04- mas los intereses establecidos en la sentencia de grado hasta el 30 de noviembre de 2017, y a partir de allí los previstos en el Acta 2658/17 de la CNAT.Las costas del proceso serán impuestas, en ambas instancias, en un 90% a la actora y en el 10% restante a la demandada, dada la proporción del éxito obtenido por cada una de ellas (art. 71 CPCCN).

Los honorarios correspondientes a la representación y patrocinio de la actora, demandada y perito contador, por las tareas en primera instancia y en atención al valor económico del proceso y el mérito, extensión e importancia de las tareas cumplidas, serán regulados en las respectivas sumas de $ 30.000 $ 40.000 y $ 15.000-, a valores actuales y mas el IVA en caso de corresponder.

Los honorarios de segunda instancia, para actora y demandada, serán equivalentes al (%) y (%), respectivamente, de lo que deban percibir por las tareas cumplidas en la anterior, mas el IVA de corresponder. Por lo expuesto, voto por: 1. Revocar la sentencia en lo sustancial y reducir el monto de condena a la suma de $ 9.821,04- mas los intereses señalados en los considerandos; 2. Imponer las costas de ambas instancias en un 90% a la actora y en el 10% restante a la demandada; 3. Regular los honorarios de la representación y patrocinio de la actora, demandada y perito contador en las sumas respectivas $ 30.000 $ 40.000 y $ 15.000-, a valores actuales y mas el IVA en caso de corresponder, y los de actora y demandada, por las tareas en esta instancia, en el (%) y (%) respectivamente, de lo que deban percibir en la anterior. Regístrese en los términos del art.1ro de la ley 26.856 y Acordada 15/2013 de la CSJN. La Dra. María C. Hockl, dijo: Que adhiero a los fundamentos y conclusiones del voto del Dr. Alejandro H. Perugini. Por todo lo dicho, el Tribunal RESUELVE:I.- Revocar la sentencia en lo sustancial y reducir el monto de condena a la suma de $ 9.821,04- más los intereses señalados en los considerandos; II.- Imponer las costas de ambas instancias en un 90% a la actora y en el 10% restante a la demandada; III.- Regular los honorarios de la representación y patrocinio de la actora, demandada y perito contador en las sumas respectivas $ 30.000 $ 40.000 y $ 15.000-, a valores actuales y más el IVA en caso de corresponder, y los de actora y demandada, por las tareas en esta instancia, en el (%) y (%) respectivamente, de lo que deban percibir en la anterior; IV.- Regístrese en los términos del art.1ro de la ley 26.856 y Acordada 15/2013 de la CSJN. V.- Notifíquese y devuélvanse.

María Cecilia Hockl

Juez de Cámara

Alejandro H. Perugini

Juez de Cámara

Diana Regina Cañal

Juez de Cámara Juez de Cámara

Ante mí:

María Lujan Garay

Secretaria

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