Despido por una crisis poco precisa: La crisis de la actividad agropecuaria y agroexportadora no resulta suficiente para acreditar el despido por fuerza mayor

Partes: Falcon Adrián c/ Multigranos S.A. y otro s/ despido

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo

Sala/Juzgado: X

Fecha: 25-abr-2019

Cita: MJ-JU-M-118613-AR | MJJ118613 | MJJ118613

La crisis de la actividad agropecuaria y agroexportadora no resulta suficiente para acreditar el despido por fuerza mayor.

Sumario:

1.-Corresponde confirmar la resolución que admitió el reclamo de las indemnizaciones derivadas del despido en los términos del art. 245 de la LCT y desatendió los extremos invocados por la accionada para subsumir el despido por fuerza mayor, pues las manifestaciones efectuadas por la demandada respecto a las dificultades económicas por la crisis de la actividad agropecuaria y agroexportadora que atravesó el país no resultan suficientes para acreditar los extremos que justifican los despidos por falta o disminución de trabajo, ya que ésta es una situación que puede obedecer a distintas causas, de las cuales no cabe descartar la errónea conducción económica de la empresa.

2.-Para justificar los despidos por falta o disminución de trabajo, el empleador debe probar: a) la existencia de falta o disminución de trabajo que por su gravedad no consienta la prosecución del vínculo; b) que la situación no le es imputable, es decir que se debe a circunstancias objetivas y que no hay ni culpa ni negligencia empresaria; c) que se respetó el orden de antigüedad y d) perdurabilidad.

3.-No resulta atendible la crítica ceñida a cuestionar el rechazo de la excepción de pago opuesta por la accionada al contestar la demanda dado que el actor desconoció la documental acompañada en el referido responde, y la demandada no acreditó la autenticidad del depósito al que allí se hizo referencia mediante el correspondiente informe bancario.

4.-Las objeciones formuladas en torno a la omisión del auto de apertura a prueba del libramiento de oficio a la institución bancaria que la recurrente afirma haber ofrecido en forma subsidiaria no pueden prosperar puesto que la providencia que dispusiera el pase de las actuaciones a secretaría para alegar no mereció objeción alguna de la parte interesada, lo cual importó la convalidación de los actos probatorios producidos en el trámite de la causa por defecto en su producción o por omisión de alguna de ellas, operándose la preclusión del derecho del interesado a efectuar el planteo.

5.-Corresponde confirmar la condena impuesta con sustento en el art. 80 de la LCT. ya que la accionada acompañó junto con el escrito de responde una certificación de servicios que resulta insuficiente a fin de tener por cumplida la obligación exigida por dicha norma pues carece de la calificación profesional obtenida por el actor en los puestos de trabajo desempeñados como lo exige la Ley 24.576 .

Fallo:

Buenos Aires, 25/04/19

El DR. DANIEL E. STORTINI dijo:

1º) Llegan las presentes actuaciones a conocimiento de esta alzada a propósito de los recursos que contra la sentencia de fs. 298/300 interpusieron las demandadas a tenor del memorial de fs. 301/304 sin merecer réplica de su adversario.

2º) La apelante cuestiona la decisión del magistrado que me precede por cuanto admitió el reclamo de las indemnizaciones derivadas del despido en los términos del art. 245 de la LCT y desatendió los extremos invocados para subsumir el despido en los lineamientos del art. 247 del citado cuerpo legal.

Adelanto que la crítica será desestimada.

Lo dicho toda vez que la parte en su memorial recursivo no efectúa una crítica concreta y razonada como exige de modo insoslayable el art. 116 de la ley orgánica que revierta eficazmente los argumentos dados por el Sr. juez «a quo» en sustento de su pronunciamiento. Obsérvese que en su escrito de apelación el litigante nada indica de modo específico y razonado cuáles serían los elementos probatorios que a su juicio podrían modificar esa conclusión sustancial del fallo.

En efecto, cabe señalar que, la recurrente no rebate (art. 116 L.O.) el segmento del fallo en el que se da cuenta que fue el actor quien denunció la existencia de negativa de tareas, razón por la cual intimó exigiendo que se aclare su situación laboral y demás créditos y aportes adeudados.Luego, y ante el silencio adoptado por la accionada reiteró los términos de dicha pieza postal el 2 de octubre de 2013 mediante telegrama, el cual fue respondido recién el 17 de ese mes, limitándose la ahora recurrente a ratificar la «CD del 23/09/2013» En tal contexto el magistrado que me precede, en términos que comparto, advirtió que la accionada no acreditó el envío y menos aún el contenido de la referida carta documento fechada el 23/09/2013.

En virtud de lo dicho, coincido con la postura adoptada por el juez «a quo» en cuanto se avocó a analizar si resultó ajustada a derecho la decisión del trabajador de extinguir el contrato de trabajo desestimando la causal invocada por la accionada en los términos del art. 247 de la L.C.T. en tanto ni siquiera fue comunicada fehacientemente al actor frente a los requerimientos que este efectuara.

Con base en las consideraciones efectuadas, propicio -como lo anticipara- la confirmatoria del fallo en este segmento del recurso.

Solo a mayor abundamiento, memoro tal como lo tiene reiteradamente dicho la jurisprudencia del Fuero, que para justificar los despidos por falta o disminución de trabajo, el empleador debe probar: a) la existencia de falta o disminución de trabajo que por su gravedad no consienta la prosecución del vínculo; b) que la situación no le es imputable, es decir que se debe a circunstancias objetivas y que no hay ni culpa ni negligencia empresaria; c) que se respetó el orden de antigüedad y d) perdurabilidad.

De faltar alguno de estos requisitos, como resulta de las constancias de autos, el despido no puede justificarse en base a la causal prevista por el art.247 de la L.C.T., dado que las manifestaciones efectuadas por la demandada respecto a las dificultades económicas por la crisis de «la actividad agropecuaria y agroexportadora» que atravesó el país no resultan suficientes -por sí mismas- para acreditar los extremos a los que hace referencia la norma citada, ya que ésta es una situación que puede obedecer a distintas causas, de las cuales no cabe descartar la errónea conducción económica de la empresa. Desde esa perspectiva, es el empresario quien debe asumir el riesgo empresario como contrapartida del lucro o beneficio que obtiene.

3º) No resulta atendible la crítica ceñida a cuestionar el rechazo de la excepción de pago opuesta por la accionada al contestar la demanda (ver fs. 47vta.) dado que el actor desconoció la documental acompañada en el referido responde, según constancia de fs. 73 y la demandada no acreditó la autenticidad del depósito al que allí se hizo referencia mediante el correspondiente informe bancario (art. 377 y 386 del CPCCN).

En tal sentido, las objeciones formuladas en torno a la omisión del auto de apertura a prueba del libramiento de oficio a la institución bancaria que la recurrente afirma haber ofrecido en forma subsidiaria no pueden prosperar puesto que la providencia de fs. 290 (que dispusiera el pase de las actuaciones a secretaría para alegar) no mereció objeción alguna de la parte interesada, lo cual importó la convalidación de los actos probatorios producidos en el trámite de la causa por defecto en su producción o por omisión de alguna de ellas, operándose la preclusión del derecho del interesado a efectuar el planteo (conf. Allocati, «Ley de Organización y Procedimiento de la Justicia Nacional del Trabajo», Tomo II, pág. 286).

En consecuencia, devienen extemporáneas y constituyen una reflexión tardía la totalidad de las consideraciones efectuadas en el memorial en análisis en lo concerniente a dicha prueba.

4º) Tampoco prosperará la objeción a la condena impuesta con sustento en el art.80 de la LCT.

En efecto, al invocar el cumplimiento de lo normado por el citado art. 80 en cuanto a la dación de los certificados de trabajo, la accionada acompañó junto con el escrito de responde una certificación de servicios (formulario ANSeS PS.6.2) la cual -aun colocándose por vía de hipótesis en una solución más favorable a las codemandadas- resulta insuficiente a fin de tener por cumplida la obligación exigida por dicha norma pues carece de la calificación profesional obtenida por el actor en los puestos de trabajo desempeñados como lo exige la ley 24.576.

Por ende, sin necesidad de analizar la puesta o no a disposición por parte de la demandada de los certificados en cuestión, ni la cuestión atinente a la certificación de firmas invocada, lo concreto es que la documentación con la cual la ahora recurrente pretende se tenga por cumplida a la obligación, carece de la totalidad de los recaudos impuestos por la citada norma legal. Cabe aquí remarcar que respecto de estos instrumentos debe consignarse «la misma cosa» a cuya entrega el sujeto está obligado de conformidad con lo previsto por el art.

740 del Código Civil (ver mi voto en S.D. N° 14.898 de esta sala X del 09/02/2007 «in re» «Giménez Leonardo Alfredo c/Unilever de Argentina S.A. s/ despido»), de modo que la obligación legal permanece incumplida.

Sobre tal base considero que cabe desestimar el agravio y confirmar la sentencia en cuanto admitió la pretensión.

5º) Finalmente, atento la forma en que se resuelve la cuestión debatida sugiero imponer las costas de alzada a cargo de las demandadas (art. 68 C.P.C.C.N.) y regular los honorarios de su representación letrada por las tareas cumplidas en esta instancia, en el (%) -en forma conjunta- de lo que le corresponda percibir por los trabajos realizados en la instancia anterior (art. 38 L.O y cctes. ley arancelaria).

6º) Por lo expuesto, voto por:l) Confirmar el fallo apelado en todo lo que ha sido materia de recurso y agravios. 2) Costas de alzada a la demandada vencida (art. 68 primer párrafo del CPCCN). 3) Regular los honorarios de la representación letrada de las demandadas en el (%) -en forma conjunta- de lo que le corresponda percibir por los trabajos cumplidos en la etapa anterior.

El DR. GREGORIO CORACH dijo:

Por compartir los fundamentos del voto que antecede adhiero al mismo.

El DR. MARIO S. FERA no vota (art. 125 L.O.).

Por lo que resulta del acuerdo que antecede, el Tribunal RESUELVE: l) Confirmar el fallo apelado en todo lo que ha sido materia de recurso y agravios. 2) Costas de alzada a la demandada vencida (art. 68 primer párrafo del CPCCN). 3) Regular los honorarios de la representación letrada de las demandadas en el (%) -en forma conjunta- de lo que le corresponda percibir por los trabajos cumplidos en la etapa anterior. Cópiese, regístrese, notifíquese,

oportunamente, cúmplase con lo dispuesto en el art. 1º de la ley 26.856 y con la acordada de la CSJN Nº 15/2013 y devuélvase.

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