¿Quien quiere ser millonario?: Condena a la empleadora que no registró la relación laboral habida con el viajante de comercio reclamante

Partes: Jabulij Adrián Miguel c/ Alarcor S.A. y otro s/ despido

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo

Sala/Juzgado: VII

Fecha: 7-may-2019

Cita: MJ-JU-M-118665-AR | MJJ118665 | MJJ118665

Condena millonaria a la empleadora que no registró la relación laboral habida con el viajante de comercio reclamante.

Sumario:

1.-Cabe confirmar la sentencia que consideró ajustado a derecho el despido indirecto decidido por el viajante de comercio reclamante, al haberse probado la clandestinidad en la que se desarrolló la relación con la demandada, y la negativa por parte de ésta del vínculo cuando fue intimada a regularizar la situación.

2.-El viajante de comercio es aquel trabajador que personalmente y en forma habitual concierta negocios relativos al comercio o industria en representación de uno o más comerciantes y/o industriales, conforme a órdenes e instrucciones de éstos, percibiendo por ello una remuneración.

3.-El juramento del art. 11 de la Ley 14.546, aun cuando el empleador no lleve el libro previsto por el art. 10 de la citada Ley, no releva al viajante de indicar en forma individualizada cuáles son las operaciones sobre las que reclama la comisión, resultando insuficiente el reclamo global y meramente estimativo.

4.-Dado que el actor prestó labores para la empresa demandada en absoluta clandestinidad, no le es oponible la situación de estar jubilado en el año 2015, ya que aquél se encontraba en un contexto laboral de ‘pluriempleo’, por tanto que no podría serle de aplicación – a la vinculación entre él y la persona jurídica que aquí se demandó- la doctrina que dimana del plenario ‘Couto de Capa’.

5.-Cabe extender la responsabilidad a las personas físicas codemandadas, en tanto ha quedado acreditada la clandestinidad del vínculo que unía al actor con la empresa, resultando plenamente aplicable la doctrina y jurisprudencia en torno a la Ley de sociedades.

Fallo:

En la Ciudad de Buenos Aires, a los 7 días del mes de mayo de 2019, para dictar sentencia en los autos: “JABULIJ ADRIAN MIGUEL c/ ALARCOR S.A. y otro s/DESPIDO” se procede a votar en el siguiente orden:

LA DOCTORA GRACIELA L. CARAMBIA DIJO:

I.- La sentencia de primera instancia (fs. 479/481vta.), donde recibió favorable recepción el reclamo incoado, llega a esta alzada recurrida por las accionadas (fs. 494 y fs. 496), a tenor de los memoriales obrantes a fs. 495/vta. y a fs. 497/507, los que han sido replicados mediante las presentaciones de fs. 529/vta. y fs. 526/528vta., respectivamente. Asimismo, la representación letrada de ambas demandadas mantiene el recurso impetrado en subsidio a fs. 274/275, que fuera tenido presente en los términos del art. 110 de la L.O. a fs. 276 (ver fs. 508). A su vez, los letrados de las accionadas cuestionan por altos y bajos -según la medida de su interés- los honorarios regulados en el fallo.

II. En la especie, creo conveniente tratar, en primer término, el recurso mantenido en la presentación de fs. 508, relativo a lo que aconteció en la anterior instancia durante el trámite del proceso. Pues observo que esta problemática ha tenido un papel protagónico en estas actuaciones (nótese que; en el desarrollo de las “consideraciones preliminares” de los agravios de fs. 497/507, vuelven a hacer hincapié a estas cuestiones), por lo que -en definitiva- solicitan su tratamiento en esta alzada. La pretensión recursiva de los letrados de las accionadas, radica en el pedido de que se revoque el “severo llamado de atención” dispuesto por el Dr. Ramonet en la resolución de fs. 269/270 hacia ellos. En efecto, el Magistrado, entendió que el comportamiento de la representación letrada de la parte demandada habría denotado un trato impropio para con su investidura. Sentado lo expuesto, se advierte que, a fs. 280, se presentó en estas actuaciones el veedor designado por el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, Dr.José Tubio, toda vez que el Dr. Carlos Alberto Rios Ordoñez (Tº 11 Fº 748), efectuó la respectiva denuncia en dicha colegiatura. Dicho lo cual y en el entendimiento de que será el organismo precedentemente mencionado, el encargado de expedirse respecto de la denuncia que formularon los aquí recurrentes, es que a esta Sala solo le incumbe avocarse a la cuestión litigiosa trabada en estos autos. Ello así lo sustento teniendo especialmente en cuenta lo reglado por ley 23.187, con más la debida función -que aquí advertí- ejerció y asumió ese organismo colegiado en las presentes actuaciones. Amén de lo cual y debido a la trascendencia dada a esta cuestión en el trámite de las presentes actuaciones -tal como ya lo dije supra-, es que añadiré, a modo de obiter dictum, que los Magistrados efectivamente nos encontramos facultados para aplicar medidas disciplinarias, a fin de mantener el “buen orden y decoro en los juicios”, tal como así lo establece el art. 35 del C.P.C.C.N., justamente a esos efectos. Lo cual, aclaro, no significa dejar sentado criterio alguno en relación a la pertinencia o no del llamado de atención que dejó expresado el judicante de grado en la resolución de fs. 269/270.

III.- Despejado lo anterior, por una cuestión de orden metodológico, habré de tratar los restantes recursos y agravios existentes en el orden que seguidamente presentaré, no sin antes mencionar que la persona física demandada también indicó su adhesión al recurso seguido por la persona jurídica coaccionada. A su vez, estimo apropiado dejar sentado que la sentencia de marras, no ha sido cuestionada por la parte actora, por tanto se encuentra consentido por esa parte todo lo decidido allí.

a) Principalmente, las recurrentes cuestionan que el Sr. Juez a quo haya tenido por cierta la existencia de una relación de dependencia entre el actor y la empresa Alacor S.A., en carácter de viajante de comercio de esta última.Al respecto, están de acuerdo en que era el actor quien tenía la carga de la prueba respecto de la prestación de tareas por él alegada y que fuera por ellas negada. Sin embargo, en lo que discrepan es sobre la valoración que hizo -el judicante de grado-de la prueba testimonial e informativa para decidir como lo hiciera sobre este aspecto medular del fallo. A modo de prefacio, debo precisar que, en el sub judice, el actor denunció haber estado vinculado como viajante de comercio con las demandadas, desde el 20/11/1997 hasta el 15/09/2015, momento este último en el cual se consideró despedido con justa causa por encontrarse fuera de toda registración, siendo que las accionadas le negaron el vínculo laboral, como así también de cualquier otra índole. En tal contexto, el judicante de grado, entendió que efectivamente entre las partes existió una relación de dependencia, sustentándose en que tanto las declaraciones testimoniales producidas en autos, como lo informado por la empresa Carnevali Hnos. S.A. a fs. 216, han acreditado que efectivamente el actor prestó las tareas que indicó en el líbelo inicial a favor de las demandadas. En función de ello, hizo valer en el sub lite la presunción que dimana del art. 23 de la L.C.T., toda vez que por ningún otro medio de prueba las accionadas, han logrado rebatir la ya referida presunción iuris tantum. Ahora bien, aquí creo conveniente rememorar que, el viajante de comercio es aquel trabajador que personalmente y en forma habitual concierta negocios relativos al comercio o industria en representación de uno o más comerciantes y/o industriales, conforme a órdenes e instrucciones de éstos, percibiendo por ello una remuneración (art. 1 de la ley 14.546). Puede decirse que la actividad del viajante se centra en torno a la información y persuasión de la clientela, para llegar a la venta directa o a la obtención del pedido.La concertación de negocios a que se refiere el artículo antes mencionado no significa que el viajante de comercio deba vender el producto o mercadería de su representado, o deba concluir el negocio, sino que aquél sólo lo presenta a su principal para su aprobación. De ahí que el término “concertar” deba entenderse como pactar, ajustar, acordar un negocio y no como “concluir”, pues esta facultad usualmente pertenece al principal que acepta la nota de venta (J.C. Fernández Madrid, “Los viajantes de comercio ante las leyes del trabajo”, págs. 80/81, Ed. Contabilidad Moderna). Desde la órbita de lo descripto y, teniendo en la mira las alegaciones brindadas por las recurrentes, opino que la tesis recursiva esbozada no es hábil como para modificar este punto neurálgico del pronunciamiento de grado (cfr. art. art. 116 de la L.O.). A todo evento, no puedo dejar de mencionar que las accionadas no han aportado prueba idónea alguna que refute las valoradas por el judicante de grado sobre esta cuestión (las que ya mencioné ut supra), en tanto -en mi opinión- ellas resultan ser preponderantes en la decisión que sustenta el fallo cuestionado y, por tanto, es que también las comparto en esta instancia. Pues lo cierto es que -las quejosas- solo se limitan en su ilación recursiva a efectuar visiones sesgadas de los dichos de los deponentes, cuando en rigor de verdad todos los testigos han sido contestes en que el Sr. Jabulij era quien intermediaba, entre las empresas para las que ellos laboraban (a saber; Abbondanza y Erujimovich, trabajaron para Dia y, Ausimour, para Carrefour -luego Inc-) y la empresa Alacor S.A., a fin de concertar las ventas de los productos que comercializaba esta última en el mercado (es decir; budines, obleas y galletitas dulces), como así también -señalaron- al Sr. Chamaza como su dueño, circunstancia esta última a la que volveré más adelante cuando le dé tratamiento al agravio relativo a su responsabilidad solidaria.Lo expuesto, me forma convicción de que, las declaraciones testimoniales aludidas, fueron analizadas concienzudamente por el judicante de grado en los fundamentos de su fallo, en tanto lucen concordantes entre sí, objetivas y circunstanciadas, por tanto opino en igual sentido que lo hiciera el magistrado y, en su mérito, tendré por cierto que el actor efectivamente desplegó las tareas de viajante de comercio a favor de las accionadas de autos (cfr. art. 90 de la L.O. y art. 386 del C.P.C.C.N.). En base a todo lo argüido por las recurrentes sobre tales testimonios, a lo antedicho, debo agregarle que, el hecho de que los deponentes no supieran sobre la operatoria para el pago de los cheques de las mercaderías, en mi visión, no tiene vinculación alguna con las tareas que realizaba el actor como “viajante de comercio”, toda vez que el Sr. Jabulij era solo un nexo visible y más directo, entre las empresas que luego quedarían vinculadas comercialmente, por ende no luce como irrazonable que los testigos dijeran hablar de “precios” con el accionante en ese particular contexto (cfr. arts. 90 y 386, de los dispositivos legales ya citados). En cuanto a la concatenación que pergeña, de que el actor además laboraba para otras empresas, observó que ello, en la especie, tampoco tiene relevancia, puesto que más allá de no haberlo desconocido el accionante, lo cierto y concreto, es que tampoco indicó que las labores que realizaba para la empresa Alacor S.A., lo eran de modo exclusivo, pues solo señaló que trabajaba una jornada de ocho horas para la mencionada. Por lo demás, avizoro que, incluso, de la prueba informativa producida a instancias de la propia recurrente (ver fs. 74), la empresa Georgalos informó a fs.115, que el actor ha sido empleado de esa razón social desde el 03/07/2000 como “viajante de comercio no exclusivo” (sic, lo remarcado en negrita me pertenece), por tanto no se colige porque motivo no podría haber realizado el actor las tareas que han quedado probadas en autos para la empresa aquí demandada en forma concomitante con otras sociedades, puesto que no existió nota de exclusividad de la labor efectuada con ninguna de las empresas aquí referenciadas, sellando de este modo la suerte adversa al plante o efectuado (cfr. arts. 386 del C.P.C.C.N.). A lo antedicho agregaré que, la pluralidad de relaciones de empleo que pueda tener un viajante de comercio no impide que se configure una vinculación dependiente con la empresa que aquí se demanda u otra, ya que la exclusividad debe ser objeto de pacto expreso (cfr. art. 1 in fine de la ley 14.546). Es decir que, la exclusividad no es una nota característica de este tipo de contrato de trabajo, pues el referido art. 1 de la ley 14.546 que rige la vinculación en examen, admite la figura del viajante no exclusivo (ver en igual sentido, Sala II de esta CNAT, Expte. N° 27294/99 S. D. Nº 95.134 del 19/7/2007 “Cejas, Luis Oscar c/ Marycuer S.A. y otro s/ despido”). Ahora bien, en lo que respecta a la referencia efectuada por las recurrentes en relación a la pericia contable (ver fs. 499vta.), cabe apuntar que, el hecho de que los libros sean bien llevados por la empleadora respecto de los “empleados” que posee registrados, en modo alguno puede ser ponderado a su favor en la presente litis, dónde directamente se encuentra negada la relación laboral aquí invocada, ende es imposible que el actor este incluido en la nómina de los empleados por ella registrados. Además, en la especie, lo que no debe perderse de vista es que, la propia perito contadora indicó que no pudo expedirse sobre los ptos.d, l y m, solicitados por la parte actora y ordenados por el magistrado, toda vez que no le fueron exhibidos -por la empresa demandada- los registros, ni la información sistematizada necesaria para ello (ver informe de fs. 333/336 y aclaraciones a su respecto a fs. 345), por tanto es obvio que la experta contable se encontró imposibilitada de corroborar la relación entre los cheques denunciados por el actor y los estados contables de la accionada, por lo que en definitiva cabe estarse al principio de primacía de la realidad que surge del art. 14 de la L.C.T. (Ver en igual sentido, esta Sala, S.D. Nº 53.714, del 26/03/19, Expte Nº 66.958/2013, in re “JOZSA ERICA DENISE C/ VIAMONTE CONSTRUCCIONES S.A. Y OTRO S/ DESPIDO”). Respecto a las demás consideraciones vertidas en el escrito recursivo sobre esta temática, diré que, tal como la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sentado criterio, el juzgador no está obligado a ponderar una por una y exhaustivamente todas las argumentaciones, sino sólo aquellas que estimare conducentes para fundar sus conclusiones, como así tampoco analizar todas las cuestiones y argumentos utilizados que -a su juicio- no sean decisivos (conf. CSJN, 29.4.70, La ley 139-617; 27.8.71, La Ley 144- 611 y citas jurisprudenciales en “Código Procesal.” Morello, Tº II-C, Pág. 68 punto 2, Editorial Abeledo – Perrot; art. 386, última parte, del Código Procesal; y de esta Sala, ver autos: “Bazaras, Noemí c/ Kolynos”; S.D. 32.313 del 29.6.99). Por consiguiente y amén del esfuerzo que advierto desplegó la recurrente en su tesis recursiva, procede sin más la desestimación de este pasaje de la queja y, por tanto, se confirma este aspecto medular del fallo de marras.b) En otro orden de ideas, cuestiona que no se haya aplicado el plenario “Couto de Capa”. Sin embargo, al respecto, tengo para mí que, al momento de contestar la demanda, el argumento que dimana del mencionado plenario no ha sido concretamente esgrimido por las recurrentes en su defensa. Circunstancia de envergadura tal, que determina, claramente, una valla imposible de soslayar en esta sede -ver especialmente fs. 42- (cfr. arg. arts. 163, inc. 6º, 164, 271 “in fine” y 277 del C.P.C.C.N). Ello así lo creo, por cuanto acceder a lo solicitado implicaría afectar el principio de congruencia, cuyo fundamento constitucional se encuentra en el art. 18 de la Ley Fundamental. En igual sentido, lo ha declarado nuestro más Alto Tribunal, al establecer que comporta agravio a la garantía de defensa tanto las sentencias que omiten el examen de cuestiones propuestas oportunamente por las partes que sean conducentes para la decisión del pleito, como aquellas que se pronuncian sobre pretensiones o defensas no articuladas en el proceso, tal el caso de marras (doct. Fallos 307:948; 312:696 y 313:983; etc.). Sin perjuicio de lo cual, nótese que, el Sr. Juez a quo, cuando mencionó a la referida doctrina plenaria en su pronunciamiento, lo hizo a colación de que las accionadas indicaron que el actor estaba jubilado, empero solo a fin de posicionarse en relación a la antigüedad del accionante (ver fs. 478 del fallo). Pues bien, lo cierto y concreto, en la especie, es que habiendo quedado acreditado -y aquí confirmado-, que el actor prestó labores para la empresa demandada en absoluta clandestinidad, es que entiendo que no le es oponible la situación de estar jubilado en el año 2015. Pues no podemos perder de vista que, Jabulij, se encontraba en un contexto laboral de “pluriempleo”, por tanto -claro es- que no podría serle de aplicación – a la vinculación entre él y la persona jurídica que aquí se demandó- la doctrina que dimana del aludido plenario. En virtud de lo cual, se descarta este ítem de la queja intentada.c) Seguidamente, me avocaré a la crítica trazada en torno a la fecha de ingreso que tuvo por acreditada el sentenciante de la otra sede, no sin antes adelantar que este talante del recurso ha sido convincente como para modificar este aspecto del pronunciamiento de grado. En efecto, el A quo tuvo por cierto que, el 20/11/1997, se inició la relación laboral entre las partes, por la falta de registro del vínculo. Para ello se amparó en la presunción del art. 55 de la L.C.T. y en lo establecido en el art. 56 del mismo cuerpo legal (ver fs. 478vta.) y porque -para ese entonces- no figuraba en el informe brindado por la Afip que el actor hubiera estado registrado para otro empleador, ambos aspectos que -a mi modo de ver- no son suficientes como para tener por acreditada una relación laboral de tan larga data, en tanto no se ha podido enlazar esa fecha con otro medio positivo de prueba (cfr. arg. art. 386 del C.P.C.C.N.). Pues bien, en mi opinión, no puedo dejar de ponderar, que los testigos deponentes, han conocido al actor bastante tiempo después al referido como de inició de la relación laboral. Obsérvese que, el testigo Abbondanza a fs. 182/183, refirió que conoció al actor en el año “2005”, momento en el que el dicente comenzó a laborar en Dia. A su vez, la testigo Erujimovich, a fs. 184/185, explicó que conoció al actor en el año “2002/2003”, en el contexto en que ella comenzó a laborar en el supermercado Dia por octubre de 2002. Y, finalmente, el testigo Ausimour, a fs.229/231, indicó que conoció al actor en “diciembre de 2003 o enero del año 2004”, cuando el dicente pasó al área comercial de Carrefour; más luego narró -en consonancia con lo antedicho- que su ingreso a esa firma ocurrió en diciembre de 2003 y que lo hizo hasta el año 2012, como así también, señaló que por cuestiones comerciales ha tenido a la vista acuerdos del año 2002 en los que participó el accionante. Por los dichos transcriptos ut supra, encuentro ajustado a derecho determinar como fecha de inicio de la relación laboral, la de octubre de 2002, toda vez que en ese año dos de los testigos tuvieron conocimiento cierto de la labor desplegada por el actor en las distintas reseñas que aquí deje vertidas de sus deposiciones (ver especialmente lo remarcado en negrita precedentemente). Pues, opino que, ese momento es el más próximo y fidedigno en relación con la fecha indicada por el accionante, toda vez que la pretendida por este último, del 20/11/1997, no ha podido ser debidamente contrastada con prueba positiva que justifique tenerla por acreditada y, además, con el convencimiento de que no resulta hábil para ello el hecho de que no le figuren ingresados aportes para esa época en la A.F.I.P. por ninguna otra empresa, puesto que -reitero- ello resulta absolutamente aleatorio como para dar por cierta la fecha de ingreso pretendida en el libelo de inicio (cfr. arts. 90 de la L.O. y art. 386 del C.P.C.C.N.). Por lo tanto, para el caso de ser compartido mi voto, propongo establecer como fecha de inicio de la relación laboral la de octubre de 2002.

d) Asimismo, se cuestiona el monto de condena, con el entendimiento de que la remuneración de $52.000.- que decidió utilizar el judicante de grado para establecer su cuantía, resulta ser excesiva. Liminarmente diré que, la tesis recursiva mediante la cual se critica concretamente la remuneración determinada por el Sr.Juez a quo, no es hábil para modificar su cuantía, toda vez que observo un mero disentir con la decisión adoptada por el inferior, sin brindar argumentos idóneos que justifiquen su petición. Máxime que, del estudio pormenorizado de las presentes actuaciones, no se evidencia prueba alguna producida por las recurrentes que me permitan cambiar tal aspecto del fallo, lo que -a mi modo de ver- resulta ser la razón por la cual no pudieron brindar un sustento probatorio debido a este a este pasaje recursivo (cfr. arg. art. 116 de la L.O.). Consecuentemente, procede sin más, confirmar el monto de la retribución que fijó el Juez de grado en su pronunciamiento, en tanto se valió de la manda que le brinda el art. 56 de la L.C.T. y, ante la renuencia de la empresa demandada en torno a la exhibición a la perito contadora de la documental necesaria para expedirse en relación a los puntos periciales d), l) y m), que fueron oportunamente ordenados en el auto de apertura a prueba (ver especialmente: fs. 54vta. y las fs. 333vta. y 335/vta., del informe pericial contable) y siendo que la oposición efectuada por las accionadas fue debidamente tratada en esa misma resolución, por el a quo. Lo que, vale aclarar, no ha sido cuestionado por las aquí recurrentes al momento de efectuar la presentación de fs. 66 y sgtes. (cfr. arg. arts. 53 de la L.O., 386 del C.P.C.C.N. y 55 de la L.C.T.). A lo antedicho, agregaré que, tal como lo enseña Carlos J. Colombo que la expresión de agravios, establece el alcance concreto del rec urso y fija la materia reexaminable por el ad quem en las cuestiones de hecho y de derecho sometidas a la decisión del juez de primera instancia que sean cuestionadas (conf. arg. art.271 y 277 CPCCN). Su blanco es la sentencia respecto de la cual debe formularse una crítica frontal, concreta y argumentada tratando de demostrar los errores que se atribuyen al a quo en el ámbito en que se hayan cometido. En tal sentido, dicho tratadista enfatiza que, de la misma manera que la sentencia, la expresión de agravios que ha de controvertirla debe observar a su turno los principios de plenitud y congruencia (conf. Colombo Carlos J. Código Procesal Civil y Comercial de la Nación -anotado y comentado- Abeledo Perrot, Bs. As. 1975, T. I, págs. 445 y stes.). Prosiguiendo con la temática en estudio y, luego de haber quedado confirmado el monto de la remuneración del accionante en la suma de $52.000.-, corresponde tratar la ilación efectuada por las recurrentes, en el sentido de que debió aplicarse al sub lite el tope establecido en el art. 245 de la L.C.T. Cuestión esta última, a la que sí les asiste la razón a las recurrentes, pues – lo cierto y concreto- es que el sentenciante de grado debió aplicar el tope establecido en el 2º párrafo del art. 245 de la L.C.T., sin embargo no lo hizo. En virtud de lo cual, corresponde dejar sentado que, a la fecha del distracto (es decir, 15/09/2015), el tope aplicable a la casuística de autos asciende a la suma de $30.090.-, pues el mínimo garantizado del art. 16 del CCT 308/75, se estableció a ese entonces en la suma de $10.030.-, tal como así también lo cuantificaron las recurrentes. Por tanto, en la especie, cabe estarse al referido tope y, en su mérito, es que deberá recalcularse la cuantía indemnizatoria.

e) Las quejosas también se alzan por la condena por comisiones adeudadas; amén de que el judicante de grado las halla justipreciado en un 50% del valor pretendido, pues arguyen que el argumento brindado en el fallo para su reducción lo es en realidad como para que sean desestimadas en su totalidad.A ello diré que, únicamente le asistirá razón en parte a las pretensoras, toda vez que -también- concuerdo con que el juramento del art. 11 de la ley 14.546, aun cuando el empleador no lleve -como en el caso-, el libro previsto por el art. 10 de la citada ley, no releva al viajante de indicar en forma individualizada cuáles son las operaciones sobre las que reclama la comisión, es por ello que el reclamo global y meramente estimativo que – en tal sentido- formuló el reclamante en estas actuaciones resulta insuficiente (ver, en igual sentido; S.D. 83.419, de la Sala II, del 10/4/02 recaída en autos “Regatto Luis Emilio c/Coca Cola Femsa de Bs. As. S.A. s/despido”; S.D. Nº 94.741, misma Sala, del 14/02/07, Expte N° 33.572/02, autos “Fontana, Omar Dante c/ Wanchi SRL y otro s/ despido” y Sala V Expte Nº 32510/2010 S.D.Nº77.068, del 24/4/2015, en los autos “Kaul, Gustavo Adolfo c/Carpintería Metálica El Italo SRL y otros s/despido”, entre otros). Amén de lo cual y, ante la referencia que hice en relación a que el agravio en análisis progresará en parte, debo indicar que, el Sr. Juez a quo, fijó, a fs. 480, por “comisiones adeudadas”, de manera discrecional la suma genérica de $128.000.-. Sin embargo, es mi pensar que, no puede perderse de vista que las comisiones reclamadas en el sub judice lo fueron no solo por diferencias en las mismas (dónde sí opera lo antedicho sobre la insuficiencia del juramento del art. 11 de la ley citada para su progreso) sino también porque no se le abonaron dos meses de su remuneración.En tal contexto, es menester recordar que, el salario de Jabulij, estaba únicamente integrado por comisiones y ha quedado confirmado -en esta sede- en la suma de $52.000.- Y, siendo que, del texto de las misivas obrantes en Anexo 2790, surge que efectivamente se reclamó por el pago de los meses de julio y agosto de 2015 (ver, además, el detalle de la liquidación que realizó el actor a fs. 15, dónde también menciona las comisiones impagas en tal concepto -aunque no soslayo por una valor muy superior-), es que tendré en cuenta la referida ausencia de pago esos dos meses de salarios, a fin de establecer la cuantía de este rubro de condena. A mayor abundamiento, agregaré en relación a las comisiones adeudadas por la venta de “budines” que en la liquidación de fs. 15 se indica que corresponden a febrero de 2015, sin embargo en el juramento prestado a fs. 14vta., se habla de “budines” para febrero de 2014, por tanto es evidente que no se puede diferir ese valor a condena puesto que no se puede establecer debidamente de dónde surge ese monto pretendido (cfr. art. 386 del C.P.C.C.N.). Por todo lo cual, diferiré de pago únicamente las comisiones relativas a los dos meses adeudados de remuneración del actor (es decir, julio y agosto del 2015), empero solo por el monto de $104.000.- ($52.000 x 2), toda vez que en las diferencias resultantes por dichas comisiones, es dónde rige lo estipulado precedentemente en relación al reclamo global de la mismas, aspecto este último que vale recordar ha llegado incólume a esta instancia respecto de la parte actora.

f) En cuanto a los agravios referidos a las multas de los arts. 8 y 15 de la ley 24.013, habré de desestimarlos puesto que se sustentan en que no ha existido vínculo laboral alguno con el accionante, aspecto este último que ha quedado debidamente desenmascarado tanto en la sentencia de grado como en este pronunciamiento. Sellándose de este modo la suerte adversa de estos reclamos.Por lo tanto, también se confirman estos ítems de la sentencia criticada.

g) En este estado de cosas, me avocaré al agravio delineado concretamente por la persona física demandada, Sr. Ricardo Luis Chamaza, quien pretende su exclusión en la condena de autos con expresa imposición de costas al accionante, pretensión que sustenta en los argumentos que dejó vertidos en su disquisición de fs. 495/vta. A lo cual diré, luego de lo que vengo razonando en relación a la temática traída a estudio y en la medida en que no se ha logrado modificar lo medular del fallo de grado (respecto a la existencia de relación de dependencia del actor con la empresa demandada), que los planteos intentados por la recurrente nos son válidos como para exonerar de responsabilidad solidaria al coaccionado que representa. En efecto, sobre este tema puntual, concuerdo con el análisis que realizó el judicante de grado en el considerando IV de su fallo (ver fs. 480vta./481), pues allí -el Dr. Ramonet- tuvo especialmente en cuenta que la IGJ a fs. 139 señaló al codemandado Ricardo Luis Chamaza como presidente de Alacor S.A. (ver concretamente, fs. 158 de dicho informe, cfr. art. 386 del C.P.C.C.N.). y, en tanto ha quedado acreditada la clandestinidad del vínculo que unía al actor con esa empresa, es que resulta plenamente aplicable la doctrina y jurisprudencia empuñada por el A quo en torno a la ley de sociedades (cfr. arg. arts.54 y 59 de la ley 19.550). Por lo demás, tengo para mí que, en el sub examine, también ha quedado demostrado -mediante las declaraciones testimoniales rendidas a instancia de la parte actora y que ya he tenido oportunidad de citar en otro fragmento del presente fallo-, que todos los deponentes tuvieron algún tipo de contacto y trato con Ricardo Luis Chamaza, en su calidad de dueño de la empresa demandada y de otra denominada “Zupay”, pues – incluso- a través de sus dichos han podido clarificar la labor desplegada por el actor y la injerencia que tenía dicho coaccionado en las relaciones comerciales entre las empresas en las que trabajaban los deponentes y las mercaderías que comercializaba el Sr. Chamaza a través de las empresas que manejaba (cfr. art. 90 de la L.O. y art. 386 del C.P.C.C.N.). Sumado a ello, aquí es significativo recordar que ya he dejado propuesto fijar la fecha de inicio de la relación laboral en “octubre de 2002”, basándome en las declaraciones testimoniales aludidas, por lo tanto -opino que- tal modificación al fallo de grado, además, brinda un lógico sustento a este aspecto de la condena, en la medida en que luce razonable que sea desde la citada fecha establecer solidariamente la condena del Sr. Chamaza, habida cuenta la vinculación que ha podido establecerse a través de los dichos de los testigos desde ese entonces y, claro está no antes de allí, ya que no conocían al actor ni al codemandado en el año 1997 (cfr. arts. 90 y art. 386 ya mencionados). En base a lo expuesto, se desestima el recurso impetrado por el coaccionado y, en su mérito, se confirma la condena solidaria resuelta en origen, aunque por los valores que a posteriori dejaré establecidos habida cuenta la modificación que he dejado propuesta en relación a la fecha de ingreso y a las comisiones adeudadas.h) En virtud de la solución aquí propuesta, el actor será acreedor a los siguientes rubros y montos, teniendo en cuenta los parámetros modificados del fallo de grado.

Fecha de ingreso: octubre de 2002

Fecha de egreso: 15/09/2015

Remuneración: $52.000.-

Tope CCT 308/75: $30.090.-

1) Indemnización por antigüedad -con tope- (13 períodos).$391.170.-

2) Indemnización sustitutiva de preaviso (dos meses).$104.000.-

3) Incidencia del SAC sobre preaviso.$8.666,66.-

4) Integración mes de despido.$26.838,70.-

5) Sac s/integración.$2.236,55.-

6) Días de salarios de septiembre de 2015.$23.483,87.-

7) SAC proporcional 2º semestre 2015.$10.827,39.-

8) Vac. proporcionales 2015.$40.996,80.-

9) SAC proporcional s/ vacaciones.$3.416,40.-

10) Comisiones adeudadas, salarios -julio y agosto 2015-.$104.000.-

11) Indemnización por clientela (391.170+ 104.000 + 8.666,66 +26.838,70 +2.236,55) / 4.$133.227,97.-

12) Multa del art. 8 de la ley 24.013 (52.000 x 168 meses /4).$ 2.184.000.-

13) Multa art. 15 de la ley 24.0 13 (391.170 + 104.000 + 8.666,66 +26.838,70 +2.236,55).$532.911,91.-

Lo que arroja un total de $3.565.776,25, (TRES MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SETESCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS CON VEINTICINCO CENTAVOS) suma sobre las cuales deberán adicionarse los intereses dispuestos en origen toda vez que no se encuentran cuestionados por ninguna de las partes.

IV.- En el nominado noveno agravio, las recurrentes cuestionan por un lado la imposición de costas en cabeza de sus representados por el fondo del asunto y por el otro hacen referencia a un recurso planteado en subsidio al de revocatoria por las costas impuestas ante el desistimiento de la prueba confesional efectuado por la parte actora respecto de la empresa codemandada.En materia de costas, sobre el fondo del litigio, corresponde que me expida en forma originaria, habida cuenta la modificación que dejo propuesta en torno a la cuantía reparatoria y a la fecha de ingreso del accionante (cfr. art. 279 del C.P.C.C.N.), por tanto se han tornado abstractos los agravios impetrados sobre este tópico. Pues bien, dicho lo cual, diré que no encuentro mérito para apartarme -en la especie- del principio general de la derrota que dimana del art. 68 del C.P.C.C.N., ende habré de proponer que las costas irrogadas en la anterior instancia sean soportadas por ambas demandadas solidariamente (cfr. arg. arts. 68 y 279 ya citados). Ahora bien, respecto de las costas impuestas por el desistimiento de la prueba confesional que efectuó la parte actora (ver fs. 329), opino que no le asistirá razón a la quejosa. Ello así, toda vez que, en el sub lite, lo cierto y concreto, es que las costas por ese tramo del proceso se impusieron por su orden (ver fs. 337), pues si bien es cierto que del acta de fs. 178, surge la incidencia suscitada en torno a la personería del representante legal de la demandada, no lo es menos que el desistimiento formulado por la accionante hace razonable el criterio asido en grado de imponer las costas de ello por su orden, pues bien pudo considerarse el accionante con derecho a efectuar el planteo allí vertido, más allá del resultado que habría sido blandido en el caso que hubiera insistido con el mismo (cfr. arg. art.68, 2º párrafo del C.P.C.C.N.). A ello agregaré que, distinta habría sido la postura, si efectivamente se hubieran impuesto -esas costas- a cargo de la demandada, empero ello no ocurrió. Pues, lo cierto es que hago esta mención, porque de los términos del agravio en estudio pareciera que se estuviera haciendo referencia a que las costas se impusieron a las demandadas y, reitero, lo real es que en la resolución atacada se estableció que cada una de las partes deberá hacerse cargo de las costas generadas por la labor desplegada por los profesionales que los representaron en ese evento concreto, pues tal como lo indica la apelante “.el trabajo profesional se generó.” (sic, ver fs. 506vta.). Ende, concuerdo con que, cada parte deberá abonar los emolumentos de sus abogados correspondientes, los que vale decir aún no han sido regulados en origen. Por todo lo antedicho, propicio que las costas irrogadas en primera instancia sean soportadas solidariamente por las demandadas y, además, confirmar la imposición de costas por su orden por la incidencia precitada.

V.- Con relación a los honorarios, cabe señalarse liminarmente que, teniendo en cuenta la entrada en vigencia de la ley 27.423, para justipreciarlos, es necesario indagar en cada caso la época o momento en que se cumplió el hecho, acto o relación jurídica que engendró y sirvió de fundamento a la obligación, ya que esa circunstancia determinará cuál es la legislación aplicable. Ello así en concordancia con el criterio adoptado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación a partir del precedente que se registra en el Fallo 319:1915 (mantenido en Fallos: 320:31 ; 2349 y 2756 ; 321:146 ; 330 , 532 y 1757 ; 325:2250 ), así como el reciente CSJN 32/2009 (45-E)/Cs1 ORIGINARIO “Establecimientos Las Marías S.A.C.I.F.A.c/ Misiones, Provincia de s/ acción declarativa” que guarda relación con lo dictaminado por la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires en el fallo “MORCILLO Hugo Héctor c/ PROVINCIA DE Buenos Aires S/ INCOST. Decr.-ley 9020” de fecha 8 de noviembre de 2017. En tanto, allí se estableció que frente a una nueva norma arancelaria, como la que en el caso nos ocupa -ley 27.423 (B.O. del 22/12/2017), promulgada por decreto 1077/17, que contiene, en su art. 7, una observación del art. 64-, la remuneración por la labor en los juicios debe determinarse tomando en cuenta las etapas del proceso cumplidas. Resulta necesario, entonces, ante la entrada en vigor de un nuevo ordenamiento arancelario, discriminar aquellas pasadas durante la vigencia del régimen anterior, de las que se hicieron a partir de la operatividad del nuevo sistema. De tal modo, en el caso, en tanto los trabajos profesionales, por la labor cumplida en la primera instancia, se realizaron -en su mayoría- estando en vigencia la ley 21.839, el art. 38 de la ley 18.345, el art. 13º de la ley 24.432 (DL 16.638/57) es que habré de utilizar las normas arancelarias allí contenidas. En función de lo cual y teniendo en cuenta lo establecido por el art. 279 del C.P.C.C.N., en tanto propuse cambiar la cuantía indemnizatoria, es que corresponde me expida en forma originaria sobre esta materia, por tanto deviene abstracto expedirme en relación a los agravios diseñados por las demandadas al respecto. Consecuentemente, considerando el mérito, extensión de la labor desarrollada, el monto del juicio, la naturaleza del litigio y demás pautas arancelarias de aplicación, juzgo adecuado mantener los porcentajes regulatorios establecidos en origen, con la aclaración de que los mismos deberán ser calculados sobre el nuevo monto de condena con sus respectivos intereses (cfr. arts. 38 de la L.O., 6º, 7º y concs.de la ley 21.893, ley 24.432 y DL 16.638/57).

VI.- De tener favorable adhesión mi voto, propicio imponer las costas de esta instancia, por su orden, pues han recibido favorable recepción distintos ítems recursivos planteados por las accionadas en forma conjunta (cfr. art. 68, 2º párrafo del C.P.C.C.N.). A tal fin, juzgo adecuado fijar los honorarios de las representaciones letradas intervinientes ante esta sede, por la parte actora y por la parte demandada, está última en conjunto, y por la totalidad de los trabajos aquí desplegados, en el (%), de los montos totales regulados por la actuación en origen -sin lo referido a las incidencias- (cfr. art. 30 ley 27.423).

EL DOCTOR NÉSTOR MIGUEL RODRIGUEZ BRUNENGO DIJO: Por compartir sus fundamentos, adhiero al voto que antecede.

EL DOCTOR LUIS ALBERTO CATARDO: No vota (art. 125 ley 18.345). A mérito de lo que resulta del precedente acuerdo, el Tribunal RESUELVE: 1) Modificar el monto de condena y establecerlo en la suma de $ 3.565.776,25, (TRES MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS CON VEINTICINCO CENTAVOS), con más los intereses dispuestos en origen. 2) Confirmar todo lo demás que ha sido motivo de recursos y agravios, con la salvedad hecha en el Considerando II. 3) Imponer las costas de primera instancia solidariamente a cargo de las demandadas y confirmar las costas dispuestas por su orden en el auto de fs. 337. 4) Mantener los porcentuales de honorarios establecidos en el fallo de grado, debiendo calcularse los mismos sobre el nuevo monto de condena con intereses. 5) Imponer las costas irrogadas en esta instancia por su orden. 6) Regular los honorarios de las representaciones letradas intervinientes en esta sede, por la parte actora y por la parte demandada, está última en conjunto, y por la totalidad de los trabajos aquí desplegados, en el (%), de los montos totales regulados por la actuación en origen -sin lo referido a las incidencias-. 7) Oportunamente, cúmplase con lo dispuesto en el art. 1º de la ley 26.856 y con la Acordada de la CSJN Nº 15/2013. Regístrese, notifíquese y devuélvase.