El beneficio de justicia gratuita para el consumidor en la jurisprudencia de los Tribunales de la Ciudad de Rosario

Autor: Raschetti, Franco – Lo Giudice, Diego r

Fecha: 12-abr-2019

Cita: MJ-DOC-14853-AR | MJD14853

Sumario:

I. Introducción. II. Constitucionalidad del beneficio procesal en una norma de fondo. III. Postura de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Santa Fe. IV. Precedentes en los juzgados de primera instancia y en las Cámaras de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Rosario. IV. a. Juzgados de primera instancia. IV. b. Sala I. IV. c. Sala II. IV. d. Sala III. IV. e. Sala IV. V. Precedentes de la Cámara de Apelaciones de Circuito de Rosario. VI. A modo de colofón.

Doctrina:

Por Franco Raschetti (*) y Diego Lo Giudice (**)

I) INTRODUCCIÓN

El beneficio de la justicia gratuita incorporada como novedad en la Ley de Defensa del Consumidor, mediante la reforma de la ley 26.361 del año 2008, ha surcado a la doctrina y a la jurisprudencia (1). En dos pasajes de la norma se contempló esta cuestión, a saber: a) su artículo 26 ) sustituyó el texto del artículo 53 de la ley 24.240 conformándolo, «in fine», del siguiente modo: «.Las actuaciones judiciales que se inicien de conformidad con la presente ley en razón de un derecho o interés individual gozarán del beneficio de justicia gratuita. La parte demandada podrá acreditar la solvencia del consumidor mediante incidente, en cuyo caso cesará el beneficio»; b) por medio de su artículo 28 se reformó el artículo 55 de la ley 24.240, el cual, in fine, reza: «.Las acciones judiciales iniciadas en defensa de intereses de incidencia colectiva cuentan con el beneficio de justicia gratuita».

A partir de la lacónica recepción normativa de esta tutela especial para los consumidores, la doctrina y jurisprudencia nacionales han discurrido sobre múltiples aspectos del beneficio de gratuidad. En primer lugar, se debate si se trata de una competencia privativa de las provincias o si, por el contrario, es válido su ejercicio por parte del Congreso de la Nación. Por otro lado, no existe acuerdo sobre el alcance del mismo. Es decir, si comprende solamente los depósitos previos, sellados y tasas judiciales o también el pago de costas en caso de ser vencido en el pleito.

Además, cabe destacar que han existido múltiples y variadas respuestas por parte de los distintos tribunales del país, lo que conlleva una duda e inseguridad jurídica relevante tanto en el justiciable como en el profesional que debe encauzar técnicamente el reclamo.Con este escenario, decidimos acotar el tema, a fin de dar nuestra humilde respuesta a alguno de los interrogantes planteados y pasar revista al estado de situación actual en los tribunales de la Ciudad de Rosario como así también al imperante en el ámbito de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Santa Fe.

II) CONSTITUCIONALIDAD DEL BENEFICIO PROCESAL EN UNA NORMA DE FONDO

Nos parece preciso delimitar el alcance de la cuestión, que debe ser apreciada desde una perspectiva constitucional. Mucho se ha discutido sobre el tópico del presente acápite, tanto en el marco de la doctrina especializada y los estudios científicos como en la praxis jurídica. Incluso este entuerto no es privativo de la normativa consumeril, puesto que con la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial de la Nación (en adelante CCCN) se han previsto distintas y relevantes normas procesales (2): a guisa de ejemplo, el CCCN en sus artículos 1735 y 1736 disciplina aspectos fundamentales concernientes a la prueba de la culpa o de la actividad diligente y de la relación de causalidad respectivamente dentro del espectro de la responsabilidad civil.Pero antes de que el CCCN adquiera vigencia, una serie de leyes especiales del Congreso de la Nación también regulaban la materia procesal tales como la ley de sociedades comerciales (19.550, artículo 154 ) ley de concursos y quiebras (ley 24.522 artículos 3 , 21 , 164 entre muchas otros), la ley de tarjetas de crédito (ley 25.065, artículo 52 ), la ley de seguros (ley 17.418, artículo 118 , 119 entre otros) o la propia ley de defensa del consumidor en otros pasajes (artículos 37 inciso c , 45 , 52 , 53 , 55 , entre muchos otros).

En este orden de ideas, corresponde analizar las competencias constitucionales y derechos fundamentales en juego para responder a la adecuación constitucional de dichos dispositivos legales. Así, un sector doctrinario y jurisprudencial, pone el foco en la potestad de las provincias de dictar sus códigos de procedimiento y de imponer sus propios tributos en base al artículo 75 inciso 12 y 123 de nuestra Carta Magna. Uno de los principales argumentos a la hora de expedirse en un sentido contrario al beneficio de gratuidad se basa en la imposibilidad de consagrar en una ley del Congreso de la Nación un beneficio cuya vigencia se patentiza en un proceso judicial e impacta en las competencias tributarias de las provincias (3).

Por caso, en la jurisprudencia santafesina, el Dr.Cifré, integrante de la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de la Ciudad de Rosario, al votar en disidencia en autos «Juncos» ha entendido que este razonamiento no es aplicable al tema en análisis, ya que no se trata de una cuestión procesal sino tributaria (que es de orden público al igual que la Ley de Defensa del Consumidor). Lo que se afectaría sería la autonomía de las provincias para decidir en este ámbito y percibir sus tributos (4). Aunque también se verifica una cuestión procesal, como el Vocal reconoce, la cuestión tributaria parece tener más entidad para fundamentar esta postura, porque estaría en juego la potestad constitucional de las provincias de percibir sus propios tributos, que es un aspecto fundamental del federalismo. Remitimos al lector al acápite correspondiente al tratamiento pormenorizado de los precedentes de la jurisprudencia de la Provincia de Santa Fe.

En la vereda opuesta, otra facción centra el análisis en el hecho de que los consumidores cuentan con una protección especial (artículo 42 de la Constitución Nacional) y el acceso a la justicia (derivado del debido proceso previsto en el artículo 18 constitucional) es esencial para hacerla efectiva.

Abonando a esta tesis, se ha defendido la constitucionalidad de las disposiciones procesales en normas de fondo siempre y cuando tengan en miras alcanzar la plena efectividad de los derechos sustanciales que se reconozcan en la normativa en cuestión. Sólo en tal supuesto, el legislador nacional se encontrará habilitado para dictar normas de tinte procesal (5).

En este sentido, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictaminó en precedentes tan antiguos como «Bernabé» (6), «Netto»(7), y «Pérez»(8) que, con el objetivo de asegurar la debida protección, efectividad, vigencia y ejercicio de los derechos fundamentales, la inclusión de institutos procesales en leyes nacionales o códigos de fondo era legítima, cuestión plenamente predicable respecto de la tutela de los derechos de los consumidores y usuarios.Abrevando en los precedentes citados, también se desprende de las causas «Spinetto» (9) y «Turia»(10) que nada impide que se incluyan en las leyes de fondo medidas de forma razonablemente estimadas necesarias para el mejor ejercicio de los derechos que aquéllas acuerdan.

Desde una perspectiva procesal, se contraponen dos aspectos con relevancia constitucional: el acceso a la justicia y la facultad de las provincias de dictar sus normas procesales. En principio, cabe realizar una armonización y procurar que se cumplan ambos. Sin embargo, en el presente supuesto no puede realizarse de modo absoluto. Por ello, entendemos que debe primar la tutela judicial efectiva de los consumidores y su consecuente acceso irrestricto a la justicia. Nos inclinamos, de tal modo, por la constitucionalidad de la disposición. Como bien se ha dicho, la finalidad de la norma es incentivar, estimular y promover el ejercicio de este derecho, por lo que la gratuidad es condición «sine qua non» para el efectivo funcionamiento del engranaje diseñado por el Constituyente en el artículo 42 (11).

La facilitación del acceso a la jurisdicción tiende a concretar una multiplicidad de principios, entre ellos la igualdad, debiéndose procurar, en consecuencia, una tutela al consumidor que garantice un acceso irrestricto a la justicia y no condicionado a factores económicos (12) dado que la eficacia de las medidas protectivas del consumidor no sólo dependen del reconocimiento de derechos, sino en igual medida y especialmente de los medios adecuados y eficaces para ejercerlos (13).

En este contexto, es claro que la ley 24.240 fija principios o estándares mínimos de tutela. Esto se advierte al analizar la escueta fórmula usada por el legislador, que no implica la adopción de una solución concreta y definitiva sobre el alcance de dicho beneficio.De tal modo, se permite a las jurisdicciones locales reglamentar su contenido, siempre que exista un viso de razonabilidad.

Es así que la consagración del principio de justicia gratuita en favor de los consumidores (artículos 53 y 55 de la ley 24.240) no nos parece inconstitucional e incluso se manifiesta como coherente con la protección reconocida por el artículo 42 de la Constitución Nacional. De hecho, numerosas provincias han regulado de modo expreso la problemática en cuestión como, por ejemplo, la ley 8.365 de la Provincia de Tucumán (artículo 4 ), la ley 1.480 de la Provincia de Formosa (artículo 18 ), la ley 3.811 de la Provincia de Misiones (artículo 12 ), la ley 13.133 de la Provincia de Buenos Aires (artículo 25 ).

No olvidamos que una adecuada comprensión del federalismo argentino impone que el contenido o alcance del beneficio sea fijado por las respectivas legislaturas provinciales. Pero también es cierto que en las provincias como Santa Fe, en las cuales no hay una regulación específica, son los tribunales locales en sus diversas instancias los encargados de realizar esta construcción. Por esta razón, nos parece que esta aplicación debe realizarse en consonancia con la protección constitucional de los consumidores y la normativa específica aplicable a la que hemos aludido.

Esta mirada constitucional no se limita a la órbita federal. Por el contrario, el artículo 42 de la Constitución Nacional debe ser armonizado con lo dispue sto por el artículo sexto de la Constitución de la Provincia, que dispone:«Los habitantes de la Provincia, nacionales y extranjeros, gozan en su territorio de todos los derechos y garantías que les reconocen la Constitución Nacional y la presente, inclusive de aquellos no previstos en ambas y que nacen de los principios que las inspiran». Es así que una interpretación razonable de la Carta provincial implica reconocer no sólo los derechos de los consumidores en términos generales, sino también aquellos que no ha reconocido expresamente la Constitución Nacional pero surgen de los «principios que los inspiran». Nos parece inevitable considerar dentro de ellos al principio de gratuidad, que está previsto en una ley nacional destinada a reglamentar el derecho del consumidor.

Esto no es más que una aplicación práctica y concreta de aquello que Sagüés dio en llamar «garantía federal» (14), vale decir aquella en virtud de la cual el Gobierno federal garantiza a las provincias el goce y ejercicio de sus instituciones y un adecuado equilibrio de la misma con el proceso de re-lectura en clave constitucional del derecho privado (15) realizada, en especial, por parte de la jurisprudencia de la Corte Suprema al consagrar un crédito a la seguridad y crear estándares propios de interpretación en numerosos y valiosos precedentes (16). Se ha cimentado, desde 1994 a esta parte, la noción de orden público económico de protección (17) consagrado expresamente en el artículo 65 de la ley 24.240, presente en toda relación consumo y en virtud del cual propendemos a la validez constitucional del beneficio de marras, pero con las reservas formuladas.

Virando el análisis a la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, elípticamente podemos inferir que el Máximo Tribunal avala la adecuación constitucional del beneficio de justicia gratuita ya que en una retahíla de casos no ha detenido su análisis en este extremo sino que, por el contrario, se ha enfocado en perfilar los alcances de dicho beneficio, un aspecto siempre conflictivo y cuyo tratamiento diferimos a un futuro trabajo.

En este orden de ideas,un recordado precedente (18), se manifestó sobre su extensión, al decidir la no imposición de costas por la desestimación del recurso extraordinario a la actora fundándolo en el artículo 55 de la ley 24.240. Esta tesitura del Máximo Tribunal fue sostenida luego en otros fallos posteriores del año 2012, 2014 y 2015 (19).

Siguiendo esta misma línea de pensamiento, se extendió en su fundamentación al decidir en la causa «Consumidores Financieros Asociación Civil por su defensa c/ Nación Seguros S.A.» (20), del año 2015, en la cual resolvió nuevamente que «no cabe exigir el depósito previsto en el artículo 286 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación» en materia de acciones judiciales iniciadas por los consumidores y usuarios. Argumentó que estos sujetos podrían accionar cuando sus intereses resulten afectados o amenazados, toda vez que «.al prever el beneficio de justicia gratuita, el legislador pretendió establecer un mecanismo eficaz para la protección de los consumidores, evitando que obstáculos de índole económica puedan comprometer su acceso a la justicia y, en consecuencia, privarlos de la efectiva tutela de los derechos consagrados en el texto constitucional» (21).

Asimismo, agregó en el considerando 7 que «.el otorgamiento del beneficio no aparece condicionado por el resultado final del pleito, pues la norma lo prevé ‘para todas las acciones iniciadas en defensa de intereses colectivos’. Una interpretación que pretenda restringir los alcances del precepto no solo desconocería la pauta interpretativa que desaconseja distinguir allí donde la ley no distingue sino que conspiraría contra la efectiva concreción de las garantías constitucionales establecidas a favor de los consumidores -y de las asociaciones que pretendan proteger sus intereses- a fin de posibilitar el acceso a la jurisdicción en defensa de sus derechos».

III) POSTURA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE SANTA FE

El Máximo Tribunal de la Provincia de Santa Fe se pronunció en el precedente «Salvato» (22) sobre el beneficio de gratuidad del consumidor individual en nuestra Provincia, pero circunscribiendo su decisorio a lapolémica en torno a la exigibilidad de los sellados de demanda (fijados en el marco de las competencias de la Administración Provincial de Impuestos – API). Sin embargo, dejó abierto el debate en torno a la amplitud del mentado beneficio en lo que toca; fundamentalmente, en lo relativo a la posibilidad de imponer o no el pago de costas al consumidor o asociación de consumidores vencida en el pleito.

El pleito versaba sobre la reparación de daños y perjuicios, con más daño moral y punitivo por el mal funcionamiento de televisor de la marca de la demandada (B.G.H.) comprado por la actora en el local de la co-demandada (S.I.P. S.R.L.). Al mismo le fue impreso, en Primera Instancia de Circuito de la ciudad de Rosario, el trámite de juicio sumario en cuyo ámbito la firma B.G.H opuso excepción de arraigo como de previo y especial pronunciamiento a tono con lo normado en el artículo 329 de nuestro Código de rito.

El Juez de Primaria Instancia Civil y Comercial de Circuito rechazó la excepción de arraigo con fundamento en el artículo 53 de la ley 24.240 ante lo cual la demandada recurre dicho decisorio por ante la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Circuito, la cual hizo lugar al recurso de apelación interpuesto y revocó la resolución de baja instancia esgrimiendo que si las tasas de justicia constituyen un recurso tributario local de las provincias, la invocación del beneficio de gratuidad del precitado artículo de la norma consumeril no exime al actor del pago de las tasas de actuación judicial y especial de justicia.Habida cuenta de que a la fecha la provincia de Santa Fe no adhirió a la ley 24.240 en adición al hecho de no haberse deducido en las actuaciones el beneficio de litigar sin gastos, la Cámara resolvió que el actor no quedaba exento de acreditar solvencia ante el pedido de arraigo de la contraria.

Ante esto, la actora interpuso recurso de inconstitucionalidad en base a la ley provincial 7055 y la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Santa Fe por unanimidad resolvió declarar procedente el recurso de inconstitucionalidad y anular la resolución de la Cámara de Circuito, eximiendo, consecuentemente, al consumidor de la acreditación de solvencia ante el arraigo de la contraria lo que implica una asimilación del artículo 53 de la ley 24.240 al artículo 330 inciso 3 del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Santa Fe, el cual requiere para eximir de arraigar que el actor hubiese sido declarado pobre para litigar por resolución firme. Asimismo, tuvo en cuenta el fallo de la Corte nacional del 24/11/2015, en la causa “Consumidores Financieros Asociación Civil por su defensa c. Nación Seguros S.A. s/ Ordinario”, que fue dictado luego del fallo de la Cámara de Circuito. La Corte provincial explica que, pese a esta cuestión temporal, no debe desconocerse la doctrina que impone el mismo.

Del voto del Dr. Falistocco se extrae que debe equipararse al consumidor (que goza por imperio de la ley del beneficio de gratuidad) con los pobres declarados por la ley ritual local, pudiendo litigar sin constituir arraigo. Ello sin perjuicio, claro está, de que la parte demandada acredite la solvencia del consumidor mediante incidente en cuyo caso cesará el beneficio.La aplicación práctica de esta última disposición ha sido criticada por la doctrina la cual denuncia que, en definitiva, el interesado en percibir las tasas de justicia y sellados no es el demandado sino, en la Provincia de Santa Fe, el API, por lo tanto el único legitimado para promover el mentado incidente debería ser el Representante del Fisco o al menos tener una intervención coadyuvante (23).

De hecho, tal es lo ocurre con el nuevo sistema de Declaración Jurada de Pobreza en nuestra Provincia instaurado en el año 2017 con la reforma de los artículos 232 , 233 , 236 , 241 , 242 y 333 del Código Procesal Civil y Comercial santafesino mediante la ley 13.615 . En la nueva redacción del artículo 333 se lee que «.La Administración Provincial de Impuestos podrá verificar el contenido de dicha declaración y su consistencia, tomando a tales fines en consideración la capacidad económico-financiera del actor y su relación con la cuantía del proceso, llevando adelante, si correspondiere, los procedimientos de determinación de oficio, aplicando, en su caso, las sanciones pertinentes y poniendo en conocimiento de la justicia penal la falsedad o inexactitud de la declaración que se hubiere constatado.».

Como podrá apreciar el lector, la Corte santafesina se limitó en el caso a:1) admitir la constitucionalidad y operatividad del beneficio de gratuidad explicitado en la ley 24.240 sin perjuicio de la falta de adhesión expresa de nuestra Provincia a dicha norma; 2) pronunciarse en favor de comprender dentro del beneficio a los sellados de demanda y tasas de justicia, gozando el consumidor, por el solo hecho de serlo, de la misma tutela que imprime una «declaración jurada de pobreza».

Sobre este último han aclarado Vázquez Ferreyra y Avalle (24) que, en rigor, en el Código Procesal de Santa Fe, el instituto del beneficio de litigar sin gastos, es limitado a los gastos de inicio del proceso y de los sellados e impuestos propios de todo juicio, más si el beneficiado con dicho instituto es condenado en costas, deberá afrontar el cien por ciento de ellas.

Unificando dicha reflexión con el decisorio de la Corte Provincial podemos extraer dos lecturas: a) Si la Corte asimila al beneficio del artículo 53 con la declaratoria de pobreza pues la misma está participando de una tesis res trictiva, vale decir, aquella que circunscribe el alcance de la gratuidad exclusivamente a los sellados y tasas excluyendo a las eventuales costas; b) la Corte no se expidió sobre la posibilidad de condenar en costas al consumidor-actor ya que ello no era objeto del recurso de inconstitucionalidad sometido a su conocimiento cuya materia se agotaba en la posibilidad de hacer arraigar al actor cuando este es un consumidor, de modo tal que el Máximo Tribunal no ha definido aún de modo completo su postura con respecto a la amplitud de la tutela procesal diferenciada que le asiste a los consumidores, remitiendo un pronunciamiento de su parte sobre dicho tópico cuando sea llevado a su conocimiento un recurso cuyo objeto comprenda tal extremo.

De este modo, aún permanece inconcluso el encendido debate en derredor de la posibilidad o imposibilidad de condenar al consumidor vencido en juicio al pago de costas:por supuesto que la Corte podría haber aprovechado su pronunciamiento en «Salvato» para despejar esta duda, pero no menos cierto es que dicho cuerpo no se encontraba en el deber de expedirse toda vez que los límites de lo que era materia de recurso excluían la temática del alcance del beneficio de gratuidad.

IV) PRECEDENTES EN LOS JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA Y EN LAS CÁMARAS DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL DE ROSARIO

IV. a) Juzgados de primera instancia

En autos «Casanovas, Eduardo A. c. ARS S.A. s. daños y perjuicios», tramitado ante el Juzgado de Distrito en lo Civil y Comercial de la 3ª Nominación de Rosario. Allí se corrió vista a la A.P.I. para que se pronuncie sobre la procedencia o no del beneficio de gratuidad. La repartición contestó que correspondía aplicar el Código Fiscal y que la norma nacional no podía entrometerse en asuntos tributarios ni prever las exenciones. Posteriormente dictó la Circular N° 7980 del 28/06/2012 (informe 327/12 de la Dirección General Técnica y Jurídica) mediante la cual exigió la reposición de sellados a quienes inicien esta clase de juicios.

Actualmente en los juzgados de distrito de primera instancia de la ciudad de Rosario, el sellado es exigido solamente por el juzgado número 7 (25). Por supuesto que resta dilucidar la adecuación que dichos Juzgados harán como consecuencia del dictado del precedente «Salvato» que ya estudiáramos.

IV. b) Sala I

La jurisprudencia de la Sala I es de una gran fecundidad sobre el tema que nos convoca a lo largo de los años, pero nos centraremos en una serie de pronunciamientos recientes que son producto de la nueva integración de dicha Sala, vale decir, los Dres. Ariza, Cifré y Kvasina.

Hallamos un cúmulo de precedentes que se direccionan en un mismo sentido:por mayoría, la Sala comprende que no es dable exigir la reposición del sellado correspondiente al inicio de la demanda de consumo, en cuyo mérito deja sin efecto los decretos de baja instancia que ordenan al consumidor el pago del mismo. Esto se ha argüido con idénticos motivos en autos «Inchauspe» (26) y «Juncos» (27), que, a su vez, replican lo sostenido (bajo la composición anterior) en «Cejas» (28), «Rodríguez» (29) y «Diana» (30).

La Sala concluye, con cita de Palacio de Caiero, que la postura restrictiva que desconoce el principio de gratuidad inicial de los procesos que involucran los derechos del consumidor, exigiendo aportes tributarios iniciales o tasas de justicia según los códigos tributarios locales o el acudimiento al resorte que brinda a los sectores en situación de pobreza el beneficio de litigar sin gastos instituido en los códigos de procedimientos, no responde a los nuevos paradigmas constitucionales y de derechos humanos instituidos por el CCCN, desde que impone medidas más gravosas y encontradas con el axioma «in dubio pro» consumidor. Esa máxima se extiende a todos los consumidores sin excepción, sin interesar o no su situación de pobreza.

Asimismo, esgrime que la especial naturaleza de los derechos y garantías previstos en el artículo 42 de la Constitución Nacional justifican un abordaje necesariamente superador de los parámetros clásicos de deslinde de competencias constitucionales que se utilizaban con anterioridad a la reforma constitucional del año 1994. Ante la intersección entre el derecho público y el privado como también la confluencia entre lo procesal y lo fondal, los aspectos más particulares y característicos de los institutos consagrados por la reforma constitucional de 1994 resultan fundamentales a la hora de dilucidar la encrucijada planteada.Tal confluencia originaria e inescindible de aristas que ostenta el tema, justifica la especial modalidad reglamentaria seguida por el Congreso al delinear los contornos del artículo 53 de la ley de defensa del consumidor.

Finalmente, hay que destacar que, en autos «Inchauspe», «Juncos» y «Ormeño» (31) se presenta una muy fundada disidencia del vocal Cifré cuya lectura recomendamos enérgicamente y la cual, por haber sido reproducida en dichos casos hace presumir que mantendrá su postura (minoritaria en la Sala) en futuros pronunciamientos análogos. Como decíamos, la disidencia es medulosa y extensa, motivo por el cual diremos, quizá de modo muy breve, que la misma se sustenta en el hecho de que la reforma de 1994 implicó una re-elaboración superadora del clásico deslinde de competencias entre Nación y Provincias pero, aún en este marco, la reglamentación que le compete efectuar al Congreso de la Nación respecto del artículo 42 de la Constitución no puede llegar a implicar una afectación directa de las facultades tributarias locales que implicaría poner mayores “servicios” en cabeza de las Provincias, sin su acuerdo y sin proveerles recursos al efecto.

Éstas últimas, sostiene el Vocal, titularizan la competencia para legislar sobre los sellados y tasas, pero con una aclaración: el impacto de la norma contenida en el artículo 53 de la ley 24.240, en lo que es materia del recurso examinado, no es directamente procesal o «de forma» sino que resulta, principalmente, de carácter tributario:la consecuencia de la aplicación al caso del precepto en cuestión consistiría en, como lo solicita la recurrente, eximir a la actora de «abonar los sellados de ley».

Así, comenta que va de suyo que las normas que regulan las tasas retributivas de servicios (ya sea en cuanto a la configuración del hecho imponible, a la determinación de la base sujeta a impuesto, a la identificación de los sujetos responsables del tributo, al tiempo y forma del pago o a sus demás particularidades), más allá de que se encuentren insertas en el Código Fiscal (art. 273 ss. y cc.) o en el ordenamiento procesal (art. 33 y cc.), constituyen materia tributaria y hacen a la conformación de las rentas de quienes imponen el tributo.

Por otra parte, no considera aplicables las pautas del fallo «Consumidores Financieros» de la CJSN, debido a que se dictó con relación a lo dispuesto por el artículo 286 del Código Procesal de la Nación y no tuvo en cuenta las particularidades que se presentan en nuestro fuero.

IV. c) Sala II

En el año 2013, en autos «Vincelli» (32) se había considerado que este beneficio no se extendía a las costas. Debemos apuntar que en este último caso, si bien el tema en debate en autos radicaba en determinar el alcance del beneficio de gratuidad, negándose en el fallo su extensión a las costas, la Sala dejó asentada su posición favorable en relación a la no exigibilidad de los sellados y tasas de justicia al interponer la demanda.

El fallo, pese a ser anterior a la reforma al CPCCSF, expresó que la norma consumeril implicaba otorgar el beneficio de litigar sin gastos (ya previsto en nuestro ordenamiento provincial) en forma automática y sin trámite previo. Vale decir, sólo era posible aplicar la norma nacional porque el beneficio estaba previsto en la normativa provincial.

Sin perjuicio de ello, fue argüido que «.debe ponderarse que: a) en el art.53 LDC no se ha reconocido ese derecho irrestricto a no tener ningún tipo de costo; b) toda exención debe interpretarse de manera restrictiva; c) de aceptarse que el consumidor nunca debe hacerse cargo de costo alguno conllevaría derechamente a consagrar un bill de indemnidad absoluto para que cualquiera demandase por lo que le plazca, tenga o no tenga derecho, sin que cargue con consecuencia económica alguna (lo cual además tornaría en letra muerta el criterio sentado en el art. 48 LDC por el cual se ordena sancionar, ?sin perjuicio de las que pudieren corresponder por aplicación de las normas civiles y penales a quienes presentaren denuncias maliciosas o sin justa causa ante la autoridad de aplicación), y d) se trata de una atribución reservada a los estados federados el reglar lo atinente a los juicios que se tramitan ante los estrados de sus tribunales (arts. 5 y 75, inc. 12, Constitución nacional), y por ello no puede entenderse más allá de lo autorizado expresamente en los ámbitos locales».

De hecho, en un proyecto de ley presentado sin mayor éxito parlamentario por la diputada santafesina Verónica Claudia Benas por ante la Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe en el año 2016, se destaca a este último pronunciamiento como un avance a la hora de tutelar el acceso a la justicia de los consumidores santafesinos.

En 2014 dictó el fallo «Kiszco» (33), en el cual se apartó de lo decidido anteriormente y exigió el pago de los sellados de conformidad con la Circular N° 7980 del 28/06/2012 de la A.P.I.En el año 2015, la Cámara volvió al criterio de «Vincelli» en el caso «Cusmano» (34), tomando el criterio manifestado por la mayoría de la Sala I, aunque se mantuvo el criterio de que no se extiende el beneficio a las costas.

Si bien los precedentes hallados no son considerables en cantidad, la cercanía temporal del caso «Cusmano» permite inferir que la Sala de marras se mantendrá en sostenimiento de una tesitura idéntica a la argüida en el fallo apuntado, aunque, por supuesto, quedará la duda sobre el entendimiento q ue se mantendrá luego del fallo «Salvato» de la CSJSF y de los fallos de la CSJN que oportunamente reseñáramos.

IV. d) Sala III

En su composición anterior, la Sala mantuvo distintas posiciones. Así, en un primer momento (año 2012), hizo lugar a la exención fiscal en el fallo «González» (35).

Luego cambió su criterio con fundamento en lo dictaminado por la A.P.I. y se manifestó en contra del otorgamiento del beneficio de gratuidad en la causa «Frenna» (36) postulando que no caben dudas en orden a que la materia referida a la tasa de justicia, vinculada esencial e inexorablemente al servicio jurisdiccional provincial, constituye el ejercicio de facultades locales no delegadas por las Provincias a la Nación. Es cierto, continúa, que en virtud de lo establecido en el art. 75 inc. 12 de la CN, las Provincias han delegado a la Nación la capacidad de dictar los códigos de fondo, empero de tal afirmación no resulta legítimo deducir la voluntad de ellas de aceptar limitaciones a su potestad de organizar su servicio de administración de justicia o restricciones a su poder de imposición. De este modo, no cabría sostener que el legislador provincial se ve constreñido a atender y observar las directivas o pautas fijadas por el legislador nacional al determinar la administración y funcionamiento del Poder Judicial local.

Argumentó asimismo que una solución contraria importaría convalidar una injerencia ilegítima en la órbita propia de las autonomías provinciales.Es decir, la interferencia por parte del legislador nacional en materia local no puede ser admitida, pues tal proceder va en contra de uno de los basamentos fundamentales de nuestra organización federal, aspecto que no debe reducirse a considerar tal conflicto como una mera cuestión fiscalista.

Asimismo, tuvo especialmente en cuenta la imposibilidad de que la Nación legisle en materia tributaria.

Sin perjuicio del pronunciamiento apuntado, por el momento podría sostenerse que la Sala ha modificado su tendencia y ha virado con su nueva composición hacia la admisión del beneficio de gratuidad.

Así se evidencia en el voto del Dr. Mario Chaumet, que hizo mayoría en la causa «Uranga» (37), en tanto destacó que en función de los fines tenidos en cuenta por el legislador santafecino y de su investigación de campo sobre el alcance del beneficio de litigar sin gastos, el nuevo mecanismo establecido por la ley hoy vigente (simple declaración jurada) carecería de razonabilidad vedar la aplicación del artículo 53 de la ley de defensa del consumidor en la Provincia de Santa Fe.

En principio, parece acertada reflexión. Hoy ya no tiene sentido realizar mayores indagaciones sobre el particular. En cuanto a la eximición de abonar sellados, la única diferencia estribaría en presentar o no el formulario con la declaración jurada pertinente y en ambos casos se trasladaría a la contraria la prueba sobre la solvencia del actor conforme apuntáramos al tratar la postura de la Corte Suprema santafesina. No debemos olvidar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación consideró que debía eximirse al consumidor de abonar sellados, sin importar el resultado final del pleito. Por supuesto que, sin embargo, queda por solucionar la cuestión relativa a las costas habida cuenta del silencio de la Corte Provincial con las posibles interpretaciones que del mismo es dable colegir.

IV.e) Sala IV

Si bien no hemos podido hallar una profusa jurisprudencia de la Sala de marras, ésta se ha expedido en el caso «Álvarez» (38), el cual, si bien data de cierta antigüedad, es relevante toda vez que falló en contra de la concesión del beneficio de justicia gratuita a los consumidores.

En el caso apuntado, se rechazó el recurso de nulidad con apelación en subsidio que se interpuso contra el decreto que ordenaba reponer el sellado y la tasa de justicia. Para así definirlo, la Sala se fundó en el argumento de fuste de la tesis contraria a la gratuidad prefijada en la normativa nacional toda vez que se consideró aplicable al caso la normativa fiscal provincial habida cuenta que una ley nacional no podría regular en tal sentido una materia privativa del estado local.

V) PRECEDENTES DE LA CÁMARA DE APELACIONES DE CIRCUITO DE ROSARIO

En «Mansilla» (39) ha sostenido que no se debe eximir al consumidor de los sellados fiscales dado que, para el Tribunal, la remoción de los obstáculos al consumidor prevista por el artículo 42 de la Constitución Nacional se cumpliría en Santa Fe con el beneficio de litigar sin gastos previsto en el CPCCSF.

Así sostuvo que «1) Las tasas de justicia constituyen un recurso tributario local de las provincias. 2) Encontrándose vinculado el recurso tributario (tasas) a la administración de justicia (art. 5 C.N.), constituye el ejercicio de facultades locales no delegadas por la Provincia a la Nación (art. 121 C.N.). 3) La invocación del beneficio de gratuidad del art. 53, ley 24.240, no exime al actor del pago de la tasa de actuación judicial y especial de justicia, al menos hasta tanto la Provincia no se adhiera a aquel en ese aspecto».

La Cámara mantuvo su postura en «Salvato» (40), que luego fue revocado por la CSJSF.Actualmente no se conoce con certeza si seguirá las pautas del pronunciamiento del Máximo Tribunal provincial o si mantendrá su postura.

VI) A MODO DE COLOFÓN

Conforme hemos procurado desarrollar en las líneas precedentes, la problemática de la gratuidad en las demandas de consumo es un tema tan relevante como espinoso en atención a la falta de un criterio homogéneo en los tribunales de la Ciudad de Rosario. Afortunadamente, ahora los operadores jurídicos cuentan con una pauta directriz como es el precedente de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Santa Fe «Salvato» que, si bien deja importantes cuestiones fuera de su decisorio, brinda una regla que podrá servir como pauta de unificación de criterio para los Juzgados de la Ciudad.

Así se ha verificado en la retahíla de fallos que citamos y que datan de fecha posterior a dicho pronunciamiento del Máximo Tribunal provincial. Por supuesto que resta mucho por recorrer y múltiples interrogantes por contestar y ello nos ha motivado a que, a través de estas líneas, humildemente podamos cristalizar conceptos que auxilien en el logro de la certidumbre y seguridad jurídica en la tutela y realización de los derechos de los consumidores. En tal sentido, vaya nuestro humilde aporte.

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(1) JUNYENT BAS, Francisco y DEL CERRO, Candelaria: Aspectos procesales en la Ley de Defensa del Consumidor, La Ley 2010-C, 1281, Cita Online: AR/DOC/4624/2010.

(2) MÉNDEZ ACOSTA nos comunica que el debate sobre el particular, no puede tener más actualidad en tanto que el propio Código Civil y Comercial de la Nación contiene dentro de su articulado una serie de principios y de reglas que dan cuenta de cómo aquél norte que parecía limitar su actuación al plano adjetivo, se inmiscuye ya en cuestiones sustanciales (artículos 1º, 2º, 3º, 706, 1735). Ver, MÉNDEZ ACOSTA, Segundo J.: «El derecho de defensa en los procesos de consumo», SJA 2018-I, 82, Cita Online:AP/DOC/1091/2017.

(3) La problemática es de tal envergadura que encontramos jurisprudencia cordobesa de peso que tajantemente se pronuncia sobre la inconstitucionalidad de dicho beneficio: Cámara 6ª CC de Córdoba, 27/04/2011 en autos «Tabares, V. M., c/ Plaza Motors S.A. s/ Ordinario» Auto N°98; 2ª CC de Córdoba, 03/06/2011, “Mariano Elba Julio Elena y otro c/ Falabella S.A s/ Abreviados-Otros”, Auto Nº274; Cámara 5ª CC de Córdoba, 29/07/2011, “Gennaro Pablo Esteban s/ Medidas Preparatorias”, Auto Nº239; Cámara 4ª CC de Córdoba, 15/09/2011, “Arroyo Estela María c/ Caja de Seguros S.A. s/ Abreviado-Cobro de Pesos”, Auto Nº481. Para el análisis de esta jurisprudencia ver, VILLARRAGUT, Marcelo – CALDERÓN, Maximiliano R., El beneficio de gratuidad de la Ley de Defensa del Consumidor en la jurisprudencia de las Cámaras de Apelaciones de Córdoba, La Ley Córdoba 2011 (noviembre) p. 1047, Cita Online: AR/DOC/5321/2011.

(4) Del voto en disidencia del Dr. Cifré en CCCRos., Sala I, «Juncos, Daniela Genoveva c/ CIBA S.R.L. s/ ley 24.240», 07/07/2017, Auto n°76, Cita: 476/17.

(5) ARAZI, Roland: Síntesis de las principales disposiciones procesales en el proyecto de Código Civil y Comercial, en Revista de Derecho Procesal 2013-1: «Proyecto de Código Civil y Comercial: aspectos procesales», Rubinzal-Culzoni editores, Santa Fe, p. 48.

(6) CSJN, «Correa, Bernabé en autos con Barros, Mariano R.», Fallos 138:157 (1923).

(7) CSJN, «Netto, Ambrosio c/ Empresa de los Ferrocarriles Argentinos de Entre Ríos», Fallos 141:254 (1924).

(8) CSJN, «Pérez, Joaquín c/ Ferrocarril del Sud», Fallos 143:294 (1925).

(9) CSJN, «Spinetto, Luis Alberto c/ Vincent, Miguel. Lanfranchi de Escala, Juana y otros c/ Jaureguiberry, Luis Raúl», Fallos 271:36 (1968).

(10) CSJN, «Turia S.A.C.I.A. e I.», Fallos 297:458 (1977).

(11) ÁLVAREZ LARRONDO, Federico M. y RODRÍGUEZ, Gonzalo M.: Las Asociaciones de Consumidores y el alcance del beneficio de gratuidad, La Ley 2011-B, 826.Los autores resaltan que el artículo 42 de la Constitución Nacional ha venido a establecer un Derecho del Consumo «maximalista» que se concibe a sí mismo como un verdadero «derecho regulador del mercado» pudiendo, en consecuencia, el consumidor denunciar y requerir tanto a la Justicia como a las autoridades administrativas el cese de toda práctica distorsiva.

(12) BELLUSCI DE GONZÁLEZ ZAVALA, Florencia y SOLÁ, Victorino: Los principios en el proceso de consumo, DCCyE 2011 (octubre), p. 85, Cita Online: AR/DOC/3380/2011.

(13) STIGLITZ, Gabriel: Defensa de los consumidores de productos y servicios, La Rocca, Buenos Aires, 1994, pp. 317 y ss.

(14) SAGÜÉS, Néstor P.: Manual de Derecho Constitucional, 2ª edición, Astrea, 2012, p. 406.

(15) PREVOT, Juan M.: La tutela del consumidor en la doctrina de la C.S.J.N., La Ley 2010-B, 531, Cita Online: AR/DOC/1325/2010.

(16) CSJN, “Ferreyra, Víctor D. y otro c/ V.I.C.O.V. S.A.”, MJJ6827( ref:MJJ6827), Fallos 329:646 (2006); “Bianchi, Isabel del Carmen Pereyra de c/ Provincia de Buenos Aires y /u otros», MJJ83341 , Fallos 329:4944 (2006); “Mosca, Hugo A. c/ Provincia de Buenos Aires y otros”, MJJ9805 , Fallos 330:563 (2007); “Ledesma, María Leonor c/ Metrovías S.A.”, MJJ21534 , Fallos 331:819 (2008).

(17) Tomando la denominación clásica que le diera GHESTIN, Jaques, Traité de Droit Civil. Les obligations. Le contrat, LGDJ, París, 1980, pp. 119 y ss.Comentando los alcances de esta noción en relación al ordenamiento consumeril Farina tiene dicho que son normas de protección pues el legislador parte del supuesto de la debilidad estructural de los consumidores en las relaciones con los empresarios y comerciantes, motivada por desigualdades reales y, esencialmente, por una desinformación con res¬ pecto al objeto de la relación negocial (operación realizada, bienes y servicios proveídos, condiciones de negociación, etcétera), ver FARINA, Juan M., Defensa del consumidor y del usuario Comentario exegético de la ley 24.240 con las reformas de la ley 26.361, 4ª edición, Astrea, 2011, p. 29.

(18) CSJN, «Unión de Usuarios y Consumidores y otros c/ Banca Nazionale del Lavoro S.A. s/ sumarísimo», fallo del 11/10/2011, U. 66. XLVI.

(19) CSJN, “Cavalieri, Jorge y otros c/ Swiss Medical S.A. s/ Amparo”, MJJ82690 , fallo del 26/06/2012, causa C.36.XLVI, Fallos: 335:108’; «Asociación Protección Consumidores del Mercado Común del Sur c/ Loma Negra Cía. Industrial Argentina S.A. y otros», fallo del 10/02/2015, CSJ 566/2012 (48-A). CSJ 513/2012 (48-A)/RH1. CSJ 514/2012 (48-A)/RH1; «Unión de Usuarios y Consumidores c/ Nuevo Banco de Entre Ríos S.A. s/ Ordinario», fallo del 30/12/2014, causa 10/2013, (49-U). Este último caso trató sobre un recurso de reposición interpuesto ante la Corte respecto de la sentencia del 11/2/14, U. XLIX, en la cual se había denegado la legitimación de la asociación de consumidores, pero se les habían cargado las costas del recurso extraordinario. De tal modo, no refirió a los honorarios ni otras costas judiciales.

(20) CSJN, «Consumidores Financieros Asociación Civil por su defensa c/ Nación Seguros S.A. s/ Ordinario», Fallos 338:1344 (2015).

(21) Considerando 6. El destacado nos pertenece.

(22) CSJSF, «Salvato, Flavia Vanesa c/ BGH S.A. -daños y perjuicios – s/ Recurso de inconstitucionalidad», 15/08/2017, A. y S. t°276, pp. 392-398, Cita:444/17, CUIJ 21-510854-0.

(23) Cfr. BERSTEN, Horacio L.: La gratuidad en las acciones individuales y colectivas de consumo, La Ley 2009-B, 370, Cita Online: AR/DOC/1257/2009.

(24) VAZQUEZ FERREYRA Roberto A. y AVALLE, Damián: El alcance del beneficio de justicia gratuita en la ley de defensa del consumidor, La Ley 2009-C, 401, Cita Online: AR/DOC/1951/2009.

(25) GONZÁLEZ, Soledad: Los alcances del beneficio de justicia gratuita de la ley 24.240. Con especial referencia al fuero local, en MJ (en prensa). En septiembre de 2015 la mayoría de los Juzgados de Primera Instancia de Distrito de Rosario concedían el beneficio en favor del consumidor, a excepción de los Distritos 3, 5, 7, 8 y 9 (según el trabajo de ARIAS, María P., Beneficio de justicia gratuita en las relaciones de consumo. Situación de los Tribunales Provinciales de la Ciudad de Rosario, La Ley Litoral 2015 (septiembre), 815, Cita Online: AR/DOC/2581/2015.

(26) CCCRos., Sala I, «Inchauspe, Gabriel Alejandro c/ IRSA Propiedades Comerciales S.A. s/ daños y perjuicios», 06/07/2017, Auto n°118, Cita 295/17.

(27) CCCRos., Sala I, «Juncos, Daniela Genoveva c/ CIBA S.R.L. s/ ley 24.240», 07/07/2017, Auto n°76, Cita: 476/17.

(28) CCCRos., Sala I, «Cejas, Christian c/ Hidalgo Jorge y otro s/ daños y perjuicios», 16/09/2015, Auto n°227, Cita: 1380/16.

(29) CCCRos., Sala I, «Rodríguez, María Beatriz c/ Digser S.A. y otro s/ daños y perjuicios», 03/12/2014, Auto n°322, Cita: 1379/16.

(30) CCCRos., Sala I, «Diana, Alfredo c/ Mutual Federada 25 de Junio Sociedad de Protección Recíproca s/ daños y perjuicios por incumplimiento contractual», 19/12/2011, Auto n°452, Cita: 1378/16.

(31) Este último fallo no ha sido publicado por la Sala y debido a ello no lo hemos citado precedentemente. La existencia del mismo surge de su expresa mención en la disidencia del Vocal Cifré.

(32) CCCRos., Sala II, «Vincelli, Ulises c/ Microsistemas s/ Proceso sumarísimo», Expte.26/13, Acuerdo 297, 22/10/2013.

(33) CCCRos, Sala II, «Kiszko, Diego Manuel c/ Plan Ovalo S.A. s. Ley 24.240», Expte. 101/14, Acuerdo N° 16 del 11/02/2015.

(34) CCCRos., Sala II, «Cusmano, Esteban c/ Encuentros S.R.L.», 23/04/2015, Acuerdo N°75.

(35) CCC Ros., Sala III, «González, Norma c. Banco Galicia y Buenos Aires s/ daños y perjuicios», Acuerdo N° 146 del 24/05/2012.

(36) CCCRos., Sala III, «Frenna, Francisco A. y Pesado, Ma. Alejandra c/ Cincovial S.A. s/ incumplimiento contractual y daños y perjuicios», 31/03/2014, Acuerdo n°70, citado por ARIAS, María P., Beneficio de justicia gratuita en las relaciones de consumo. Situación de los Tribunales Provinciales de la Ciudad de Rosario, ob. cit.

(37) CCCRos., Sala III, “Uranga, María Luisa c/ Empresa Provincial de Energía (EPE) s/ Ley 24.240”, 20/03/2017, Auto n°71.

(38) CCC Ros., Sala IV, «Álvarez, José Luis c. Amato, Juan Carlos s. cumplimiento de contrato – Ley 24.240», Expte. 288/13, Acuerdo N° 189 del 30/07/2014.

(39) Cámara de Apelaciones de Circuito (Rosario), «Mansilla, Liliana c. Blas Martinucci e Hijos S.A. s/ daños y Perjuicios», Acuerdo N° 120 del 10/06/2015.

(40) Cámara de Apelaciones de Circuito (Rosario), «Salvato, Flavia Vanesa c. BGH S.A. s/ daños y perjuicios», Acuerdo N° 224 del 02/10/2015. Fallo revocado por CSJSF, «Salvato, Flavia Vanesa c/ BGH S.A. -daños y perjuicios – s/ Recurso de inconstitucionalidad», 15/08/2017, A. y S. t°276, pp.

(*) Abogado graduado con Diploma de Honor (UCA). Especialista en Derecho de Daños (UCA). Profesor Asistente Interino de Contratos Parte General y Contratos Parte Especial (UCA). Profesor invitado en la Especialización en Derecho de Daños (UCA). Doctorando en Derecho (UCA)

(**) Abogado. Profesor Asistente Interino de Obligaciones y Daños (UCA). JTP de Obligaciones y Daños (UNR). Doctorando en Derecho (UCA). Maestrando en Derecho Privado (UNR).