Derecho a enfermarse: El interno que presta servicios en la cárcel tiene derecho a percibir su salario durante los días en que estuvo impedido de trabajar por razones de salud

Partes: H. S. W. s/ habeas corpus

Tribunal: Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional

Sala/Juzgado: I

Fecha: 26-feb-2018

Cita: MJ-JU-M-117447-AR | MJJ117447 | MJJ117447

El interno que presta servicios en el establecimiento carcelario tiene derecho a percibir su salario durante los días en que estuvo impedido de trabajar por razones de salud.

Sumario:

1.-Es procedente estar a lo resuelto en la sentencia de primera instancia, en cuanto juzgó que los días en los cuales el interno permaneció internado por razones de salud deben ser incluidos en la planilla como ‘ausencia justificada’ y abonados por encuadrar en el régimen de licencias autorizadas consagrado por el art. 208 de la Ley 20.744, el cual es aplicable en forma supletoria, de acuerdo a los arts. 107, inc. g) , y 120 de la Ley 24.660.

2.-La disminución en un cincuenta por ciento de la expectativa de ingreso del interno, a causa de inasistencias motivadas por razones de salud debidamente justificadas, provoca un caso de agravamiento de las condiciones de detenciones en los términos de la Ley 23.098 .

3.-El hecho de que la tarea laboral desempeñada por el interno responda a un programa global que busca su capacitación y la creación de hábitos positivos en pos de lograr su resocialización, en nada impide que se apliquen todos los derechos que sean compatibles con su particular situación de encierro, que tiene cualquier otro trabajador, conforme lo establece la Ley 24.660, y también el art. 72 de las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos Adoptadas por el Primer Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en Ginebra en 1995.

Fallo:

En la ciudad de Buenos Aires, a los 26 días del mes de febrero del año dos mil diecinueve, se reúne la Sala 1 de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, integrada por los jueces Gustavo A. Bruzzone, Jorge L. Rimondi y Pablo Jantus -encontrándose este último en reemplazo de la jueza Patricia Llerena, por aplicación de la regla práctica 18.11 del reglamento de la Cámara Nacional de Casación Penal en lo Criminal y Correccional-, asistidos por el secretario Santiago Alberto López, a efectos de resolver el recurso de casación interpuesto por la defensa oficial de W. H. Suarez a fs. 92/94vta.; en el presente legajo n° 80199/2018/1/CNC1, caratulado: «H. Suarez, W. s/ habeas corpus», del que RESULTA:

I. El 28 de diciembre del 2018, la Sala VI de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de esta ciudad, en lo que aquí interesa, resolvió: «REVOCAR el auto de fs. 50/55, en cuanto fue materia de recurso y con los alcances que surgen del presente» (SIC).

El Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional n° 15 de esta ciudad, en la resolución revocada había resuelto: «I) HACER LUGAR a esta acción de habeas corpus correctivo registrada bajo el no 80.199/2018 de este Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional no 15 y DECLARAR que se actualiza la afectación del derecho al trabajo remunerado y en respeto de la legislación laboral y de seguridad vigente, consagrado en los artículos 106 y 107 de la ley 24.660, cuya vigencia se ha vulnerado al omitir incluir en la liquidación de peculio del interno W. H.SUAREZ correspondiente al período 11/2018, aquellos días laborables comprendidos entre los días 21 de octubre y 8 de noviembre de 2018; durante los que el accionante permaneció internado por razones de salud; que deben incluidos en la planilla como «ausencia justificada» y ser abonados por encuadrar en el régimen de licencias autorizadas consagrado por el artículo 208 de la ley 20.744. (art. 3 inc. 2° y 17 de la Ley 23.098) II) ORDENAR al Sr. Director del Complejo Penitenciario Federal de C.A.B.A., que, a través de los organismos que correspondan, se rectifique la planilla correspondiente al período 11/18 de W. H. SUáREZ con la inclusión del motivo de salud que justificó las ausencias del nombrado a sus jornadas

laborales, y se extienda una liquidación que contemple y garantice el derecho a remuneración del interno por OCHENTA ( 80) horas de trabajo correspondientes a los días 26, 29, 30, 31 de octubre y 1, 2 , 5, 6, 7 y 8 de noviembre de este año, calculadas en base a la extensión de ocho (8) horas de la jornada que observa el beneficiario; y al Sr. Presidente del ENTE de COOPERACION TECNICO FINANCIERA del Servicio Penitenciario Federal a que proceda al pago o acreditación del peculio a W. H. SUAREZ, del monto dinerario equivalente a la liquidación que contemple lo aquí ordenado. Se fija para el cumplimiento de lo ordenado un plazo que no podrá superar los TREINTA (30) días, debiendo elevarse inmediatamente las constancias documentales que lo acrediten. III) Imponer el pago de las costas en el orden causado. IV) HACER SABER lo aquí resuelto al Sr. Ministro a cargo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación; al Sr. Juez a cargo del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 2 de Lomas de Zamora (ver nota que antecede); y al Sr. Presidente del Tribunal Oral Federal en lo Criminal y Correccional de la ciudad de Corrientes, pcia.homónima.» Para ello, entendió que la reducción en un 50 porciento de su remuneración, producto de una enfermedad debidamente justificada, implica un caso de agravamiento de las condiciones de detención del causante, conforme lo estipulado el artículo 3.2 de la ley 23.098, pues el trabajo de los internos en sus lugares de detención constituye un derecho.

Luego, refirió que tanto la ley 24.660 como el decreto reglamentario 303/96 establecen que se deberá respetar la legislación laboral y de seguridad social vigente.

Manifestó que no se encuentra en discusión que las ausencias del causante a su lugar de trabajo, durante las jornadas no liquidadas, fueron por problemas de salud debidamente acreditadas.

Finalmente concluyó que las ausencias de H. Suarez deben equipararse y ser incluidas en el régimen de licencias autorizadas en el artículo 208 de la ley 20.744.

II. Contra la decisión de la Sala VI, el Defensor Público Oficial coadyuvante Patricio Luis Hughes, de la Defensoría en lo Criminal y Correccional n° 17, presentó recurso de casación que fue concedido por el a quo (fs. 95/95vta.).

En primer lugar, refirió que la postura de la Sala VI de la cámara del fuero, de que el trabajo de un interno no es un contrato de trabajo si no parte de un tratamiento de resocialización es equivocada.

Manifestó que comparte la postura de la jueza de primera instancia, quien entendió «que el trabajo de los internos era un derecho remunerativo que se regía por lo normado en la Ley de Contrato de Trabajo (ley 20.744), en virtud de que el art.4 de esa norma define al trabajo como ´toda actividad lícita que se preste a favor de quien tiene la facultad de dirigirla, mediante una remuneración». Agregó que dicha ley en su artículo 2 excluye de su ámbito de aplicación a determinadas actividades sin abarcar a los trabajadores en situación de encierro.

Expresó que la aplicación supletoria de la ley de contrato de trabajo surge de la propia ley 24.660 «que señala que el trabajo del interno debe ser equiparado al de personas libres». Indicó que dicha remisión es clara, citando, particularmente, los artículos 106.g, 117 y 120 de la ley en cuestión.

En virtud de todo ello y de que «no se encuentra controvertido por las partes el hecho de que el Sr. H. Suarez no pudo trabajar las 80 horas que no le fueron abonadas por una enfermedad que no le es imputable, corresponde que las mismas le sean pagadas por imperio del art. 208 de la LCT».

III. La audiencia prevista en el art. 454 en función del art. 465 bis, ambos del CPPN, se celebró el pasado 23 de febrero del corriente año, oportunidad en la que asistieron la parte recurrente Dr. Mariano Maciel, defensor oficial a cargo de la Unidad de Actuación no 2 ante esta cámara, a cargo de la asistencia técnica de H. Suarez; el Dr. Mariano Omar Bourgeois en representación del ENCOPE y Ricardo Paz en representación del Servicio Penitenciario Federal.

Superada esta etapa, el caso ha quedado en condiciones de ser resuelto.

Efectuada la deliberación conforme a las previsiones del art. 455, CPPN, y de acuerdo a lo allí decidido, los jueces emitieron su voto del siguiente modo:

CONSIDERANDO:

El Juez Rimondi dijo:a) La resolución recurrida La Sala VI de la Cámara del Crimen revocó la resolución del juez de primera instancia, toda vez que entendió que no es un agravio «la sola circunstancia de no percibir emolumentos los días que, por cuestiones de salud no derivadas del oficio, no ha concurrido».

Refirió que la situación laboral de H. Suárez en la unidad de detención no es equiparable a la de cualquier otro trabajador, pues responde a un programa organizado cuya finalidad es la resocialicialización del interno con «criterios pedagógicos y psicotécnicos».

Manifestó que dicho tratamiento «establece tareas específicas cuyo pago se liquida conforme las horas efectivamente trabajadas (ver manual de liquidación de la entidad, apartado 5.2.3) pero en un contexto de capacitación y de creación de hábitos positivos que faciliten su inclusión al recuperar su libertad».

En esa línea, explicó que el artículo 72 de las Reglas Mínimas para el tratamiento de reclusos, adoptadas por el Primer Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamientos del Delincuente, celebrado en Ginebra en 1955 estableció «que la organización y los métodos del trabajo penitenciario deberán asemejarse, lo más posible, a los que se aplican a un trabajo similar fuera del establecimiento (.)» y que «el interés de los reclusos y de su formación profesional no deberán quedar subordinados al deseo de lograr beneficios pecunarios de una industria penitenciaria».

Luego, expreso que el artículo 132 de la ley 24.660 contempla específicamente que el interno solamente percibirá remuneración cuando la incapacidad laboral sea producto de su trabajo. A ello agregó, que dicha omisión «no parece producto de una torpeza legislativa porque, como dijimos, la naturaleza de este vínculo es sencillamente distinto».

Finalmente concluyó que el planteó de H.Suárez no provocó un agravamiento en las condiciones de su detención y que si quiere continuar con el pedido excede el ámbito de intervención de esa cámara, por lo que «debería canalizarlo en el pertinente donde ya incluso ha tenido tratamiento (Cámara de Apelaciones del Trabajo, Sala I, CAUSA 55.651/12, rta. El 22/3/2013)». b) Planteo del caso a resolver Del recurso presentado por la defensa y de las distintas resoluciones obrantes en el legajo -que arribaron a soluciones diferentes-, surge que este tribunal debe dar respuesta a dos interrogantes: 1) si las circunstancias denunciadas configuran un «agravamiento de las condiciones de detención» en los términos previstos en los arts. 3 y 4 de la Ley no 23.098; y, superado ello, 2) si corresponde aplicar supletoriamente a la ley 24.660 la ley de contrato de trabajo (20.744), más precisamente lo dispuesto en el artículo 208 de la ley 20.744.

Por otro lado, si bien no fue un agravio esgrimido por la recurrente, de lo que surgió durante la deliberación posterior, corresponde que este tribunal se expida acerca de la cuestión relativa a la competencia. Comenzaré tratando este último asunto. b.1) Sin perjuicio de haber resultado vencido sobre la cuestión de la competencia, corresponde dejar a salvo la postura que adopté en el caso «Saucedo»1, en la que intervine en la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de esta Ciudad.

Allí se dijo que: «(.) no surgiendo medidas urgentes de producción, conforme fuera resuelto po r esta sala a partir del precedente ‘Gutiérrez’ a cuyos argumentos nos remitimos (causa nro. 49685/09 del 17/12/15) este tribunal resulta incompetente para revisar lo resuelto, en tanto se trata de un hábeas corpus en el que se analiza un acto lesivo ocurrido en perjuicio de una persona privada de su libertad a cargo de una autoridad federal como lo es el Servicio Penitenciario Federal, sin perjuicio de lo dispuesto por el art.8.1 y 20 de la ley 23.098 (.) Este criterio fue reiterado por el máximo tribunal en la causa ´NN s/av. Delito. Dam: Nisman’ (.)».

En este caso en particular, la solución resulta aún más evidente, debido a que el causante se encuentra a disposición del Tribunal Oral Federal de la ciudad de Corrientes, Provincia homónima, en relación a la causa n° FCT 3678/2013, en la cual por sentencia no firme del 11 de abril de 2017 se lo condenó a la pena de dieciséis años de prisión por considerarlo autor de los delitos de asociación ilícita y transporte de estupefacientes agravado, encontrándose actualmente en trámite ante la Cámara Federal de Casación Penal.

Por lo que entiendo que correspondería declarar la incompetencia en razón de la materia de este tribunal y remitir la presente a la Cámara Federal de Casación Penal, a fin de que se desinsacule el juzgado federal que deba intervenir en las presentes actuaciones. b.2) No obstante ello y de que en la deliberación en cuestión mis colegas no arribaron a un acuerdo en la solución de caso, habré de ingresar sobre el fondo del asunto.

En este sentido, comparto la postura asumida por mis colegas en el fallo «álvarez»2 de esta sala, resuelto con una integración parcialmente distinta -mencionado por la defensa- de que «la reducción de la remuneración pecuniaria de los internos al margen de las más elementales normas en materia laboral, puede implicar, ciertamente, un caso de agravamiento de las condiciones de detención, en el sentido del art. 3, inc. 2, de la ley 23.098, como profusa jurisprudencia viene manifestando» (allí se hizo alusión a los fallos de la CFCP, Sala 2, «Képych Yúriy Tibériyevich», reg. 2490/14, rta. 1/12/14 y, Sala 1, «Procuración Penitenciaria. Internos de la Unidad n° 4», reg. 125/17, rta.16/3/17).

En este tema en concreto, la disminución en un 50 porciento de su expectativa de ingreso, en el periodo cuestionado, motivadas por razones de salud debidamente justificadas, claramente, provoca un caso de agravamiento de las condiciones de detenciones en los términos de la ley aludida.

Así, la cuestión a resolver pasa por determinar si es aplicable en forma supletoria a la ley 24.660, el artículo 208 de la ley 20.744 que regula el régimen de licencias autorizadas de los trabajadores en casos de accidente o enfermedades inculpables.

En este sentido, comparto los argumentos expuestos por la jueza Karina Zucconi, a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional no 15, pues la ley 24.660 dispone en forma expresa en el artículo 107 inciso g que «se respetará la legislación laboral y de seguridad social vigente».

Asimismo, el artículo 120 de dicha ley establece que «los salarios serán abonados en los términos establecidos en la legislación laboral vigente».

En consecuencia, no existen dudas en cuanto al acierto de lo resuelto por la jueza mencionada, quien analizó suficiente y correctamente la situación.

No se me escapa, como bien afirman los integrantes de la cámara del crimen, que la tarea laboral de H.Suarez responde a un programa global que busca su capacitación y la creación de hábitos positivos en pos de lograr su resocialización; pero ello en nada impide que se apliquen todos los derechos que sean compatibles con su particular situación de encierro, que tiene cualquier otro trabajador, conforme lo establece la propia ley 24.660, y también el artículo 72 de las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos Adoptadas por el Primer Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en Ginebra en 1995, citado en ambas resoluciones.

Por lo demás, el argumento del a quo sobre qué ocurriría en el caso de que la dolencia no derivada de la actividad laboral fuese por un tiempo prolongado o definitivo, no afecta lo aquí decidido, pues el artículo 208 de la LCT establece los plazos por los cuáles aquellos accidentes o enfermedades inculpables no afectarán a la remuneración.

En virtud de todo ello, propongo hacer lugar al recurso de casación interpuesto por la defensa de H. Suarez y, en consecuencia, revocar la resolución de la Sala VI de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional que resolvió dejar sin efecto la resolución de fs. 50/55, debiendo estarse a lo allí resulto (arts. 465 bis, 470, 530 y 531, CPPN; arts. 3.2 de la Ley n° 23.098).

El juez Bruzzone dijo:

1) En cuanto a la cuestión de competencia planteada en la deliberación, y sin perjuicio de que me resulta atendible la posición del colega Rimondi acerca de la incompetencia del fuero nacional para llevar adelante investigaciones que involucren acciones (u omisiones) de funcionarios federales, en especial luego de lo resuelto por la CSJN en el precedente «NN s/av. Delito. Dam:Nisman», lo cierto es que, ante la ausencia de una resolución específica de nuestro máximo tribunal sobre la cuestión en lo relativo a las acciones de hábeas corpus correctivo en el ámbito de las cárceles federales, y lo resuelto recientemente por esta Sala en el caso «Manrique»3, entiendo que corresponde que brindemos respuesta a los recursos que se interpongan a raíz del rechazo de acciones de hábeas corpus originadas por acciones u omisiones de las autoridades y funcionarios que presten servicios en el CPF CABA, ubicado en el barrio porteño de Villa Devoto.

2) Sobre el fondo del asunto y conforme lo debatido oportunamente, adhiero al voto del colega Rimondi.

El juez Jantus dijo:

Adhiero al colega Bruzzone en lo atinente a la competencia de esta Cámara para resolver habeas corpus interpuestos contra las autoridades y/o funcionarios del CPF CABA.

Ahora bien, atento a que los jueces Rimondi y Bruzzone han coincidido en los argumentos y la solución que cabe dar a la cuestión objeto del recurso de casación, y en vista de la naturaleza de esas cuestiones, estimo innecesario abordarlas y emitir mi voto, por aplicación de lo que establece el art. 23, último párrafo CPPN (texto según ley 27.384, B.O. 02/10/17, que ya ha entrado en vigencia según el art. 8).

En virtud del acuerdo que antecede, la Sala 1 de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, por mayoría, RESUELVE:

HACER LUGAR al recurso de casación interpuesto por la defensa de H. Suarez y, en consecuencia, REVOCAR la resolución de la Sala VI de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional que resolvió dejar sin efecto la resolución de fs. 50/55, debiendo estarse a lo allí resulto (arts. 465 bis, 470, 530 y 531, CPPN; arts. 3.2 de la Ley n° 23.098).

JORGE LUIS RIMONDI

Juez de Cámara

GUSTAVO A. BRUZZONE

SANTIAGO ALBERTO LóPEZ

Secretario de Cámara

PABLO JANTUS

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