El empleador que despide con causa al trabajador y en el intercambio telegráfico niega el vínculo laboral, va contra sus propios actos

Partes: Silvero Yamila Marianela c/ Encinas Rubén y/o Resp. de la firma CEYCAP s/ indeminización laboral

Tribunal: Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Corrientes

Fecha: 5-oct-2018

Cita: MJ-JU-M-115093-AR | MJJ115093 | MJJ115093

Va contra sus propios actos el empleador que despide con causa al trabajador y luego en el intercambio telegráfico niega el vínculo laboral.

Sumario:

1.-Cabe confirmar la sentencia que hizo lugar a la demanda por despido, pues resultó notoriamente contradictorio que quien despide a una persona pretenda luego negar su condición de empleada en el ámbito de la LCT, en tanto no puede volver sobre sus propios actos, jurídicamente relevantes.

2.-Es exigible a las partes un comportamiento ajeno a los cambios de conducta perjudiciales, debiéndose desestimar toda actuación que implique incompatible con la confianza que, merced a sus actos anteriores, se ha suscitado en otra parte.

3.-Debe desestimarse el recurso de inaplicabilidad de Ley, pues el recurrente explicita su desacuerdo con la sentencia recurrida e indica el modo en que quiere se la cambie o mute para así adecuarse a su versión de los hechos, pero en ningún momento realiza la crítica eficaz a la sentencia en crisis, limitándose a perseverar en su objeción, reproduciendo en esta excepcional instancia aquello que lo motivó a alzarse en apelación ordinaria, proceder inconsistente pues no indica ni demuestra un motivo propio del remedio interpuesto.

Fallo:

En la ciudad de Corrientes, a los cinco días del mes de octubre de dos mil dieciocho, estando reunidos los señores Ministros del Superior Tribunal de Justicia, Doctores Fernando Augusto Niz, Alejandro Alberto Chaín, Eduardo Gilberto Panseri, Luis Eduardo Rey Vázquez, con la Presidencia del Dr. Guillermo Horacio Semhan, asistidos de la Pro Secretaria Jurisdiccional Dra. Amalia del Valle Bury, tomaron en consideración el Expediente Nº GXP – 20408/13, caratulado: “SILVERO YAMILA MARIANELA C/ ENCINAS RUBEN Y/O RESP. DE LA FIRMA CEYCAP S/ INDEMNIZACION LABORAL”. Habiéndose establecido el siguiente orden de votación:

Doctores Fernando Augusto Niz, Eduardo Gilberto Panseri, Luis Eduardo Rey Vázquez, Alejandro Alberto Chaín y Guillermo Horacio Semhan.

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA SE PLANTEA LA SIGUIENTE:

CUESTION

¿QUÉ PRONUNCIAMIENTO CORRESPONDE DICTAR EN AUTOS?

A LA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR MINISTRO DOCTOR FERNANDO AUGUSTO NIZ, dice:

I.- Contra la Sentencia Nº 14/2018 pronunciada por la Excma. Cámara de Apelaciones de la ciudad de Goya (fs. 128/135 vta.), que al desestimar el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, confirmó la decisión de origen y tuvo por admitida la vinculación laboral, receptando los conceptos y montos demandados; aquella -por intermedio de su apoderada- deduce el recurso de inaplicabilidad de ley en tratamiento (fs. 138/141).

II.- Y deducido que fue dentro del término disciplinado en el art. 102 de la ley 3540, contra sentencia definitiva y habiendo satisfecho la carga económica prevista en el art. 104, corresponde su consideración sustancial.

III.- Liminarmente la Cámara -para decidir como lo hizo- se avocó al planteo formulado por la recurrente en relación a la falta de personería de la Dra. Ferreyra Salas (al firmar el despacho rescisorio de fecha 30.12.11) y de los Dres. Sainato y Ramirez, (apoderados de la actora) y los desestimó; en el primer caso por inoportuno (fs. 54/55), sumado al expreso reconocimiento del intercambio telegráfico arrimado al demandar (fs. 54 vta.), impidiendo con ello al tribunal de apelación expedirse sobre temas no propuestos al primer juez (art.264 del CPCy C). Hizo lo propio respecto al cuestionamiento de la personería de los apoderados de la parte actora, no sin antes aclarar que más allá de la extemporaneidad de dicha impugnación, aquella lo fue solo en la representación ejercida en el ámbito extrajudicial, intercambio postal y ante Ministerio de Trabajo, lo que fue convalidado por la actora en forma tácita al ofrecer esas documentales con el escrito inicial (art. 1319 de CCy C). En adelante, reparó en la relación laboral controvertida y confirmó el fallo de origen. Consideró suficiente para tener por demostrada la existencia de la relación laboral la actitud notoriamente contradictoria asumida por la demandada en este proceso, desde que mal pudo negar dicho vínculo con la actora cuando su representante la Dra. Ferreyra Salas, la despidió e invocó faltas graves -fraude, hurto y abuso de confianza- según CD Nº 231472235 de fecha 30.12.11. Ello evidenció, sin necesidad de otra prueba la relación que las unía, haciendo aplicación de la doctrina de los propios actos. Resaltó la insuficiencia de las testimoniales producidas a fs. 91 y 92 a los fines del litigio y reforzó aún más su razonamiento con la aplicación del principio protectorio (art. 9 de la LCT sustituido por la ley 26.428). A partir de tales premisas -probado el vínculo laboral- y ante el incumplimiento de la obligación de registración, tornó operativa las presunciones de ley (arts.52 y 54 de la LCT), rechazando la queja de demandado. Finalmente, en relación al despido directo invocado y de conformidad a la facultad prevista en el art. 242 de la LCT, señaló la ausencia de prueba alguna al respecto, por lo que confirmó su ilegitimidad y la procedencia de las indemnizaciones que de él derivan, confirmando lo resuelto en primera instancia.

IV.- Luego de una breve reseña de los hechos acontecidos, considera la recurrente que el decisorio de grado incurrió en una errónea interpretación y aplicación de la ley.Endilga la falta de una adecuada motivación para arribar a una conclusión final, esto es, la admisión de la demanda de autos. Critica el razonamiento de Cámara en relación a la cuestión de falta de personería en la representación ejercitada tanto por la apoderada de la demandada (Dra. Ferreyra Salas), como la desplegada por los representantes de la actora (Dres. Sainato y Ramírez), insistiendo con argumentos ya expuestos ante aquella y a los que remito” brevitatis causae”. Niega que Encinas haya despedido a Silvero por cuanto la CD de fecha 30.12.2011, desde que dicha misiva solo lleva firma de la Dra. Ferreyra Salas quien no ejercía la representación de aquél. Expone que la actora no aportó ningún dato de valor para tener por cierta su versión de los hechos, siendo desalentada su pretensión por los testigos rendidos por su parte a fs. 91 y 92. Esgrime la incorrecta aplicación del art. 9 de la LCT. Finalmente manifiesta su disconformidad -de manera genérica y aislada- con los rubros y montos admitidos.

V.- Un detenido análisis de estas actuaciones y su cotejo con las descalificaciones que el recurrente expone, me traen la convicción que no alcanzan a desvirtuar las inferencias extraídas por la Cámara de la cuestión traída ante ella. Resulta también de liminar advertencia que los deméritos no hacen sino reiterar aquellos esgrimidos en la Alzada, limitándose el impugnante a explayar una propuesta inoperante, de por sí inhábil en este estadio excepcional, por lo que propicio desestimar la pretensión recursiva. Se colige de inmediato que el esfuerzo impugnativo, mediante el cual reedita cuestiones referidas a la representación ejercida por los apoderados de ambas partes y encara contra la valoración del material probatorio colectado (despacho telegráfico de fecha 30.12.11 y testimoniales valoradas), sólo reitera idénticos agravios a los ya ensayados al fundar la apelación, que merecieron en el decisorio aquí examinado una exhaustiva merituación y racional respuesta.VI.- De la sola lectura del escrito recursivo, así como de la sentencia criticada, encuentro que se repiten en esta instancia los mismos argumentos y razonamientos a los que se presentaron al “tribunal a quo”, omitiéndose algo fundamental: dado que esas argumentaciones ya encontraron respuestas por parte de los jueces de Cámara, no se realizó ni se intentó siquiera una mínima explicación de cómo dicho tribunal se equivocó para tornar operativa algunas de las causales del art. 103 de la Ley de Procedimiento Laboral Nº 3540. En otras palabras, el recurrente explicita su desacuerdo con la sentencia recurrida e indica el modo en que quiere se la cambie o mute para así adecuarse a su versión de los hechos, pero en ningún momento realiza la crítica eficaz a la sentencia en crisis, limitándose a perseverar en su objeción, reproduciendo en esta excepcional instancia aquello que lo motivó a alzarse en apelación ordinaria, proceder inconsistente pues no indica ni demuestra un motivo propio del recurso de inaplicabilidad de ley interpuesto. A lo expuesto corresponde agregar que los planteos, como lo que me ocupan que involucran cuestiones procesales no son impugnables por esta vía extraordinaria local al no demostrar un supuesto de privación de justicia, o una grave irregularidad que en forma directa afecte el derecho y garantía de defensa en juicio (CSJN, Fallos: 308:22. 30). O lo que es lo mismo, la instancia extraordinaria local se habilitará cuando la aplicación o interpretación de preceptos procesales exceda de una manera irrazonable los límites que impone el respeto de la garantía del proceso justo el cual requiere -entre otras cosas- que se dé a los interesados ocasión adecuada y efectiva para ser escuchados en sus argumentos, oponer y gestionar prueba, recurrir y contar con una decisión fundada lo que no sucederá si se niega, sin motivación plausible, esa posibilidad.

VII.- Nada de lo cual ocurrió en autos.Los reproches que aún motivaron su alzamiento extraordinario local fueron debidamente resueltos en origen, habiendo la Cámara expresado las razones de su desestimación. Su impugnación deviene inatendible en esta instancia por extemporánea, tanto el cuestionamiento referido a la falta de personería o representación de la apoderada de la parte demandada, como de los apoderados de la actora. En el primer supuesto, al no ser introducido en el momento al contestar la demanda y oponer excepciones (fs. 54/55). Cuanto más si en esa oportunidad reconoció expresamente el intercambio de telegramas y documentos adjuntos con escrito inicial, sin impugnación alguna (CD de fecha 30.12.11firmada por la Dra. Ferreyra Salas). Semejante confesión y reconocimiento, y el posterior cuestionamiento de esa personería conducen a una discusión abstracta, resultando el supuesto agravio a todas luces inoportuno. A mayor abundamiento la Cámara -acertadamente- consideró no poder pronunciarse sobre capítulos no propuestos a la decisión del primer juez (art. 264 del CPCC), conducta a seguir también en esta ocasión. Y en relación a lo segundo, reproduciendo iguales razones en cuanto a no poder revertir el resultado del fallo en crisis, sobre argumentos no propuestos al sentenciante de grado, dable es advertir, que la única legitimada para cuestionar la validez de lo actuado por los profesionales que la representaron, era la propia actora, quien por el contrario los convalidó en forma tácita. Amén de que la cuestión que pretendió traer el demandado atañe a cuestiones extrajudiciales (actuaciones administrativas). Por ello, corresponde desestimar el agravio en cuestión.

VIII.- Más allá de lo expuesto, tampoco asiste razón al recurrente respecto a la alegada falta de fundamentación en el pronunciamiento en crisis. Más bien, advierto que la sentencia de grado se encuentra sobradamente fundada y motivada, habiéndose efectuado una me ritación razonable del material probatorio arrimado en la causa (valoración de la conducta de las partes en el proceso, teoría de los actos propios, piezas postales intercambiadas, testimoniales y operatividad de las presunciones de los arts.52 y 54 de la LCT), a fin de desentrañar la existencia de la relación laboral discutida, no verificándose la configuración de algún motivo que conlleve a revocar la recurrida. En su apreciación, no vislumbro de parte de los jueces de grado una interpretación errada, antojadiza o subjetiva. Menos aún la falta de motivación invocada. Por el contrario, el “a quo” teniendo en cuenta las posturas asumidas por las partes en los escritos de demandada y contestación, resaltó como relevante la incongruencia en la conducta de demandado que a la luz de la CD Nº 231472235 de fecha 30.12.11, donde la despidió a Silvero, invocando justa causa (fraude, hurto y abuso de confianza), reconoció sin lugar a dudas, el vínculo laboral que los unía, siendo contradictoria a cualquier negativa ulterior (contestación de demanda). Y en orden a la valoración de la conducta de las partes, insisto, resultó notoriamente contradictorio que quien despida a una persona- Silvero en el concreto caso- pretenda luego negar su condición de empleada en el ámbito de la LCT. No pudiendo volver sobre sus propios actos, jurídicamente relevantes.Esta conducta discrecional de la accionada, – acto propio- genera las consecuencia jurídicas que adelanté, e impide a la demandada volver sobre sus propios actos, doctrina correctamente resuelta en origen.

IX.- Viene al caso recordar lo resuelto por este Cuerpo en anteriores pronunciamientos, donde al tener que ponderar la aplicación de aquella doctrina respecto al comportamiento del trabajador, se ha decidido que en el ámbito del Derecho del Trabajo dicha teoría debe meritarse con suma estrictez por cuanto se debe analizar la manifestación del consentimiento del dependiente a la luz de los principios que están el juego, el de la irrenunciabilidad de sus derechos y el estado de hiposuficiencia a la hora de contratar (STJ, Ctes, sentencias laborales 01/2008; 73/2011; 56/2013 y 52/2017 entre tantas). Sin embargo, en el concreto caso, se está ante una situación diametralmente opuesta, ya que lo que se ponderó y juzgó como contradictoria es la conducta del accionado en el proceso. Es sabido que esta doctrina impone el deber de proceder en el desenvolvimiento de las relaciones jurídicas sin contradecir las conductas anteriores. La exigencia judicial del comportamiento coherente se encuentra estrechamente vinculada a la buena fe y a la protección de la confianza. La Corte Suprema de la Nación se ha pronunciado en ese sentido al decidir que es exigible a las partes un comportamiento ajeno a los cambios de conducta perjudiciales, debiéndose desestimar toda actuación que implique incompatible con la confianza que, merced a sus actos anteriores, se ha suscitado en otra parte. (Fallos 275: 235 Ver Texto [2]; 294: 220 Ver texto; 300: 480 Ver Texto y 999 Ver Texto; 307: 102; 308: 72 Ver Texto; 315:158 Ver Texto [ 3] y 890 Ver Texto; y 320: 2233 Ver texto). Sobre el mismo tema expresa Morello, que la Corte Suprema de Justicia de la Nación “.sostiene desde antiguo, que nadie puede oponerse en contradicción con sus propios actos, ejerciendo una conducta incompatible con un comportamiento anterior deliberado y jurídicamente relevante y plenamente eficaz” (Prueba, incongruencia y defensa en juicio, Bs. As. 1977, pág.27). En ese contexto, la regla jurídica según la cual nadie puede válidamente ponerse en contradicción con sus propios actos, ejerciendo una conducta incompatible con otra anterior -venire contra factum propium non valet- presupone que ese comportamiento anterior haya sido deliberado, jurídicamente relevante y plenamente eficaz. (cfr. doctrina de la CSJN en Fallos: 313: 367; 316: 1802, entre otros). Por lo que, esa conducta contradictoria asumida por la empleadora en el proceso -tal como fue expuesta por “el a quo”- y suficientemente explicada, fue determinante para tener por acreditada la vinculación laboral entre las partes. A todo evento, partiendo de que fue el propio demandado quien, conforme a los términos de la CD (fs. 7), con su conducta reconoció a Silvero como su empleada, el “a quo” de caber alguna duda, hizo aplicación correcta del beneficio de la duda disciplinado en el art. 9 de la L.C.T., a favor del trabajador. Más, a ese beneficio perfectamente tipificado, la Cámara agregó la operatividad de las presunciones ante la falta de cumplimiento del empleador de la debida registración (art. 52 y 54), sin soslayar lo inconducente de las declaraciones de fs. 91 y 92, al no aportar elementos relevantes para la cuestión traída a debate. En ese quehacer, señalo que tampoco se advierte en la impugnación de aquella ponderación una crítica concreta e idónea, desde que se omiten refutar argumentalmente el modo de razonar del sentenciante, siendo los elementos de los que intenta valerse el impugnante meras disgresiones abstractas y genéricas que no conmueven la decisión de Cámara. Por todo ello considero que la parte recurrente no logró rebatir los sólidos fundamentos que sostuvieron y dieron motivación suficiente a la decisión de Cámara.

X.-Solamente resta decir que los argumentos esenciales contenidos en el decisorio no han sido rebatidos suficientemente. Y ese comportamiento recursivo impone el rechazo del remedio intentado (Cfr. STJ.Ctes.: Sentencias Laborales 25/88; 146/94; 155/94; 156/94; 158/94; 06/95; 07/95; 10/95; 25/95; 46/97; 24/00; 01/01; 57/03; 38/07 entre tantas otras), más aún cuando no se infiere de la selección y evaluación del material probatorio la ocurrencia de algún vicio que autorice al Superior Tribunal revisar lo decidido en origen.

XI.- Recuérdese que el mecanismo para modificar la solución a que arriba el sentenciante no se cumplió si, como en el caso, el recurrente no explicó en forma argumentada ni menos aún rebatió el razonamiento del tribunal “a quo” y los hechos conducentes tenidos por probados para solucionar la litis. Y cuando la réplica se sustrae en todo o en parte de las motivaciones esenciales que el pronunciamiento impugnado contiene, el remedio resulta insuficiente. Tiene decidido ese Cuerpo que: “resulta insuficiente el recurso de inaplicabilidad de ley que solo ataca algunos de los fundamentos del fallo, omitiendo referirse a otro u otros que siendo esenciales por sí mismos, le acuerdan debido sustento” (Cfr: Sentencia Laboral Nº 32/06; Nº 36/06 entre otras).

XII.- En el contexto descripto, la decisión de Cámara resulta derivación razonada del derecho aplicable con arreglo a las constancias producidas, siendo inmune a la tacha de arbitrariedad que le fuera endilgada. Las restantes apreciaciones que contiene la pieza recursiva no resultan esenciales ni conmueven la decisión adoptada por la Cámara. Y ya tiene dicho este Cuerpo que el juez o tribunal no está obligado a seguir a las partes en todas y cada una de sus alegaciones sino solamente en aquellas que resulten conducentes a los fines del litigio; por lo tanto, de resultar este voto compartido por mis pares corresponderá rechazar el recurso de inaplicabilidad de ley interpuesto en todas sus partes, en su mérito, confirmar la sentencia dictada en autos por la Excma. Cámara de Apelaciones de la ciudad de Goya, con costas a cargo de la recurrente vencida y pérdida del depósito económico. Regular los honorarios del Dr. Sebastián A.Ramírez, vencedor y los pertenecientes a la Dra. Yenhy Belén Stortti, vencida, ambos como monotributistas frente al IVA, a cada uno en el (%) de la cantidad que deba fijarse para los honorarios de primera instancia (art. 14, ley 5822).

A LA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR MINISTRO DOCTOR EDUARDO GILBERTO PANSERI, dice:

Coincido con la solución que propicia el Sr. Ministro que en voto me precede a cuyos fundamentos me remito para evitar repeticiones innecesarias. Ahora bien, como expuse al votar en la reciente Sentencia del Fuero Civil de este Superior Tribunal (N°83/2018) viene al caso expresar algunas consideraciones en torno a las mayorías necesarias requeridas para que una decisión judicial proveniente de una Cámara de Apelaciones sea válida. En este punto, el art. 28, 2º párrafo del decreto ley 26/00 (Ley Orgánica de Administración de Justicia) prevé la forma en que deben emitir sus pronunciamientos los jueces de las Cámaras de Apelaciones, “[.] Para dictar pronunciamiento, cada Cámara de Apelaciones se constituirá por lo menos con dos de sus miembros, siendo las decisiones válidas cuando ambos estuvieren de acuerdo por voto fundado, permitiéndose la adhesión al primer voto. Si hubiere disidencia, intervendrá el presidente para decidir, en cuyo caso deberá hacerlo en forma fundada por uno de los votos emitidos.” No coincido con la solución legislativa pues entiendo que todos los jueces de las Cámaras de Apelaciones tienen el deber constitucional de pronunciarse sobre las causas sometidas a su consideración. Siendo necesario -en pos de modificar esta situación- que, lege ferenda, se contemple que todos los jueces integrantes de las Cámaras de Apelaciones de la provincia deban pronunciarse sobre las causas que llegan a su conocimiento, ya sea adhiriendo a un voto o, en su caso, formulando el suyo, para de ese modo cumplir con el mandato constitucional impuesto por el art. 185 de la Constitución Provincial que exige que las sentencias de los jueces deben ser motivadas y constituir una derivación razonada del ordenamiento jurídico aplicable a los hechos comprobados de la causa.Precepto que resulta vulnerado si solamente se requiere para que una decisión judicial sea válida el voto concordante de dos de los tres miembros que integran una Cámara de Apelaciones. Con las breves consideraciones expuestas adhiero al voto que me precede en el orden de votación y me expido en idéntico sentido. Así voto.

A LA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR MINISTRO DOCTOR L UIS EDUARDO REY VAZQUEZ, dice:

Que adhiere al voto del Sr. Ministro Dr. Fernando Augusto Niz, por compartir sus fundamentos.

A LA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR MINISTRO DOCTOR ALEJANDRO ALBERTO CHAÍN, dice:

Que adhiere al voto del Sr. Ministro Dr. Fernando Augusto Niz, por compartir sus fundamentos.

A LA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR PRESIDENTE DOCTOR GUILLERMO HORACIO SEMHAN, dice:

Que adhiere al voto del Sr. Ministro Dr. Fernando Augusto Niz, por compartir sus fundamentos.

En mérito del precedente Acuerdo el Superior Tribunal de Justicia dicta la siguiente:

SENTENCIA Nº 107

1°) Rechazar el recurso de inaplicabilidad de ley interpuesto en todas sus partes, en su mérito, confirmar la sentencia dictada en autos por la Excma. Cámara de Apelaciones de la ciudad de Goya, con costas a cargo de la recurrente vencida y pérdida del depósito económico. 2°) Regular los honorarios del Dr. Sebastián A. Ramírez, vencedor y los pertenecientes a la Dra. Yenhy Belén Stortti, vencida, ambos como monotributistas frente al IVA, a cada uno en el (%) de la cantidad que deba fijarse para los honorarios de primera instancia (art. 14, ley 5822). 3°) Insértese y notifíquese.

Dr. GUILLERMO HORACIO SEMHAN

Presidente Superior Tribunal de Justicia Corrientes

Dr. FERNANDO AUGUSTO NIZ

Ministro Superior Tribunal de Justicia Corrientes

Dra. AMALIA DEL VALLE BURY

Superior Tribunal de Justicia Pro Secretaria Jurisdiccional N° 2 Corrientes Superior Tribunal de Justicia Corrientes -8- Expte. Nº GXP – 20408/13.

Dr. EDUARDO GILBERTO PANSERI

Ministro Superior Tribunal de Justicia Corrientes

Dr. LUIS EDUARDO REY VAZQUEZ

Ministro Superior Tribunal de Justicia Corrientes

Dr. ALEJANDRO ALBERTO CHAIN

Ministro Superior Tribunal de Justicia Corrientes

Dra. AMALIA DEL VALLE BURY

Pro Secretaria Jurisdiccional N° 2 Superior Tribunal de Justicia Corrientes