Si los trabajadores demandaron en un mismo proceso a su empleador las costas se deben distribuir entre cada uno de los litisconsortes

Partes: Aguilar Eduardo Daniel y otros c/ Piscinas Premium S.A. s/ laboral

Tribunal: Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de General Pico

Sala/Juzgado: A

Fecha: 14-may-2018

Cita: MJ-JU-M-112233-AR | MJJ112233 | MJJ112233

Por tratarse de un litisconsorcio activo facultativo, en donde los tres trabajadores voluntariamente demandaron en un mismo proceso a su empleador, las costas se deben distribuir entre cada uno de los litisconsortes.

Sumario:

1.-Corresponde hacer lugar a la aclaratoria y disponer que los honorarios regulados sobre el monto rechazado deben calcularse computando capital más intereses, pues nada impide que a los abogados se les regulen honorarios por la totalidad del reclamo, es decir, tanto por el importe de condena como por el monto desestimado.

2.-No existen circunstancias objetivas y fundadas que tornen manifiestamente injusta la imposición de costas a los actores que resultan ser, en lo sustancial, las partes perdedoras del juicio, habiendo realizado el reclamo indemnizatorio fundado en lo dispuesto en la Ley de Contrato de Trabajo cuando en su propia demanda los tres afirmaron que siempre se desempeñaron como empleados de la construcción.

3.-Toda vez que se trata de un litisconsorcio activo facultativo, en donde los tres trabajadores decidieron voluntariamente demandar en un mismo proceso a su empleador, por aplicación del art. 68 del CPCC, las costas se deben distribuir entre cada uno de los litisconsortes, y como no existe solidaridad en la condena en costas impuesta a los litisconsortes, cada uno de ellos es individualmente responsable por el pago de las costas que en este decisorio se les imponen respecto de las pretensiones o rubros totalmente rechazados y de las que prosperaron en menos del 50% del monto reclamado, por la sumas rechazadas (art. 65 , CPCC).

Fallo:

En la ciudad de General Pico, provincia de La Pampa, a los catorce días del mes de mayo del año dos mil dieciocho, se reúne en ACUERDO la SALA A de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial para resolver el recurso de apelación interpuesto en los autos caratulados “AGUILAR, Eduardo Daniel y otros C/ PISCINAS PREMIUM S.A. S/ LABORAL” (expte. Nº 6008/17 r.C.A.), venidos del Juzgado de Primera Instancia en lo Laboral N° 1 de esta Circunscripción.

El Dr. Alejandro PÉREZ BALLESTER, sorteado para emitir el primer voto, dijo:

A. Eduardo Daniel AGUILAR, Carlos Adrián DIEGO y Marcelo Javier ZABALA, los tres con domicilio real en la ciudad de General Pico, promovieron demanda laboral contra PISCINAS PREMIUM S.A. que tiene su domicilio de la ciudad de Las Heras de la provincia de Mendoza, empresa que, entre otras cosas, se dedica a la fabricación y colocación de piletas de natación de fibra de vidrio. Los tres accionantes en su demanda afirmaron que “. han dedicado gran parte de su vida a trabajar en la construcción, es en función de ello que la demandada.” (sic fs. 25vta.) los contrató para realizar trabajos en todo el territorio de la provincia de La Pampa, sur de Córdoba, oeste de Buenos Aires y sur de San Luis, contratación que se realizó a través del Sr. Mario Demichelis, de la ciudad de Santa Rosa, a quien identificaron como el representante de la empresa demandada en la provincia de La Pampa. El trabajo consistía en colocar e instalar las piletas en los lugares que los compradores de las mismas indicaban, lo que comprendía: hacer el pozo, introducir la pileta en el mismo e instalar el equipo del filtrado y hacer las veredas perimetrales de la pileta, labor que por lo general llevaba tres días de trabajo. Dijeron que se les pagaba por día trabajado lo que incluía dos comidas diarias.Refirieron que desempeñaron el trabajo normalmente hasta el día 16/12/2011, fecha a partir de la cual la patronal les dejó de asignar tareas. Dijeron que ante ello el día 19/12/2011 remitieron telegrama a la empleadora solicitando aclare sus situaciones laborales y proceda a registrar las relaciones de trabajo (fs. 10 y 14). La empresa mediante carta documento enviada el 3/1/2012 negó la existencia de las relaciones laborales invocadas, por lo que Aguilar y Zabala remitieron telegrama el día 26/1/2012 y Diego el 30/1/2012, comunicando que se consideraban despedidos (fs. 6, 9, y 21). Denunciando una remuneración mensual de $ 9.000,00, cada uno de los accionantes reclamó el pago de $ 72.000,00 con fundamento en la Ley de Contrato de Trabajo 20.744 y del Convenio Colectivo aplicable, sin mencionar cuál era ese Convenio (ver fs. 28), todo con más intereses y costas. A saber: a) indemnización por antigüedad (dos meses): $ 18.000,00; b) indem. sustitutiva por falta de preaviso: $ 9.000,00; c) sueldo enero 2012: $ 9.000,00; d) SAC 2° semestre 2011: $ 4.500,00; e) vacaciones no gozadas año 2011: $ 4.500,00; f) indem. art. 1° ley 25.323: $ 18.000,00 y g) indem. art. 2° ley 25.323: $ 9.000,00 (fs. 25/28).

PISCINAS PREMIUM S.A. contestó la demanda a fs. 52/56. Como cuestión de fondo denunció la falta de legitimación pasiva de la demandada. Dijo que era fabricante, entre otras cosas, de piletas de fibra de vidrio; que sus productos de fábrica se distribuían a minoristas y se vendían en todo el país. Afirmó que nunca se dedicó a instalar las piletas de fibra de vidrio que fabricaba. Negó la existencia de la relación laboral y solicitó se rechace la demanda con costas.-

B. En la sentencia de fs. 226/236 la jueza de grado admitió parcialmente la demanda.Tuvo por probado que la demandada fabricaba y vendía piletas de fibra de vidrio, que en su precio total de venta se encontraba incluido el costo de la colocación de la pileta, que el Sr. Mario Demichelis cumplía funciones para la empresa Piscinas Premium S.A. y que era la persona encargada de contratar gente y formar “cuadrillas” para realizar los trabajos de colocación de las piletas en los lugares que los compradores indicaban. De ese modo fueron contratados los tres actores, por lo que tuvo por probada la existencia de los contratos de trabajo, que los actores Diego y Zabala comenzaron a trabajar el día 7/6/2010 y Aguilar en octubre de 2010.

Tuvo por justificado el despido indirecto y sostuvo que los trabajadores debieron estar encuadrados como empleados de la industria de la construcción debiéndose regir por la ley 22.250. Por ser incompatible con el régimen instituido por la norma especial, la sentenciante rechazó en todas sus partes los rubros: antigüedad, preaviso, SAC, vacaciones años 2011 y sueldo enero de 2012. También rechazó el reclamo con sustento en la ley 25.323, puesto que ante la ruptura de la relación laboral del obrero de la construcción corresponde aplicar el régimen especial excluyente del régimen general (art. 35 de la ley 22.250 y art. 2° de la LCT), destacando, entre otras cosas, que el Fondo de Cese Laboral reemplaza al régimen de preaviso y despido contemplados por la LCT (conf. art. 15, último párrafo, ley 22.250. Señaló que, para el caso en que los trabajadores estén regularizados, ante el cese laboral, el empleador está obligado a entregarles la Libreta de Aportes para que los empleados puedan disponer del Fondo de Cese Laboral, libreta que, en el caso, no existía. –

En definitiva admitió la demanda de la forma siguiente: a) Carlos Adrián Diego: $ 10.501,99 (fondo de desempleo: $ 6.997,99 + $ 3.504,00 indemnización art. 18, ley 22.250); b) Marcelo Javier Zabala: $ 10.501,99 (fondo de desempleo:$ 6.997,99 + $ 3.504,00 indemnización art. 18, ley 22.250); y c) Eduardo Daniel Aguilar: $ 9.137,08 (fondo de desempleo: $ 6.997,99 + $ 3.504,00 indemnización art. 18, ley 22.250).

Respecto de las costas, el a quo entendió que había motivos suficientes para no aplicar el segundo párrafo del art. 65 del Código Procesal Civil y Comercial e hizo operativa la eximición de costas regulada en el segundo párrafo del art. 62 del mismo código. Impuso las costas a la demandada y dispuso que los honorarios de los profesionales intervinientes -que se regularon en porcentajes- se calculen sobre el monto de condena.-

Apeló la demandada y su letrado apoderado por su propio derecho (fs. 237), expresando agravios a fs. 248/250, los que fueron contestados por la parte actora a fs. 254/255.

C. Los recursos: La accionada se agravia porque el a quo no aplicó las pautas del art. 65 del Cód. Procesal al momento de aplicar las costas, eximiendo a los actores del pago de ellas por los montos en que fueron rechazadas sus pretensiones por aplicación del art. 62 del mismo código. Por su parte, su letrado apoderado entiende que, atento el resultado del juicio, los honorarios que se le regularon son bajos.

C. 1) Se tratará en primer lugar el agravio que expone por su propio derecho el letrado de la accionada Dr. Fernando Daniel Canepini, en relación a sus honorarios que fueron regulados en el 19,80% a calcularse sobre el monto admitido en la condena.

Le asiste la razón al apelante, pues en el fallo impugnado la regulación de los honorarios se circunscribió al “monto de condena” (fs.236v.) siendo que tal como lo tiene resuelto nuestro máximo tribunal de justicia provincial en los autos “Marcos de Aguirre c/ Giraudo”, y que reiteradamente viene citando esta Cámara de Apelaciones en sus precedentes, nada impide que a los abogados se les regulen honorarios por la totalidad del reclamo, es decir, tanto por el importe de condena como por el monto desestimado.

En consecuencia, voto para que su queja sea atendida y se adecúen sus honorarios conforme lo dispone el art. 65, C.Pr., normativa de aplicación al caso.

C. 2) Cabe ocuparse ahora del recurso de la demandada por la imposición de costas, puesto que el éxito del agravio precedente determina la aparición del interés de la apelante al respecto.

El art. 62 segundo párrafo, del Código Procesal Civil y Comercial autoriza al juez a eximir total o parcialmente de costas al vencido “siempre que encontrare mérito para ello”. A falta de indicaciones precisas sobre los casos en que procedería la eximición del costas al vencido, tratándose de una expresión genérica, se trata de una cuestión librada al prudente arbitrio judicial. Si bien el juez, como excepción, cuenta con la facultad judicial de eximir al vencido, total o parcialmente de la condena en costas, debe tenerse presente que el ejercicio de tal facultad ha de ser excepcional y de interpretación restringida. En la duda, debe resolverse inclinándose hacia la aplicación del principio general de que el vencido debe soportar las costas del juicio, no resultando suficiente el exhibir una “razón meramente probable para litigar” (ver Morello – Sosa – Berizonce: “Códigos procesales. Comentado y Anotados”, Berizonce – Quadri (coordinadores), Tomo II, ps. 834 y 835; 4° edición ampliada y actualizada; edit. Abeledo Perrot año 2015). “Conforme lo ha entendido la jurisprudencia, la eximición total o parcial de costas es una solución de carácter excepcional que sólo corresponde aplicar cuando existen razones fundadas y elementos de juicios suficientes para apartarse del criterio objetivo de la derrota establecido por el art. 62 del Cód.Procesal Civil y Com.” de La Pampa (conf. Loutayf Ranea Roberto G.: “Condena en costas en el proceso civil”, p. 76; edit. Astrea año 2000).

No se advierte que existan circunstancias objetivas y fundadas que tornen manifiestamente injusta la imposición de costas a los actores que resultan ser, en lo sustancial, las partes perdedoras del juicio. Por ejemplo y resulta esencial, en el caso debe descartarse que de parte de los actores haya mediado una “convicción fundada” acerca del “derecho” que invocaron, esto es, el reclamo indemnizatorio fundado en lo dispuesto en la Ley de Contrato de Trabajo cuando en su propia demanda los tres afirmaron que siempre se desempeñaron como empleados de la construcción . Según la cita efectuada por la jueza, “. Más excepcional será eximir de la imposición de costas total o parcialmente al vencido por su propio error en la apreciación de los hechos en que se fundamenta el litigio.”. Por otra parte, no se trata de un caso que haya tenido complejidad jurídica.

En base a lo dicho, asistiéndole la razón a la parte demandada apelante, corresponde admitir el agravio. En consecuencia, corresponde analizar la situación particular de cada uno de los actores.

En el caso nos encontramos con un litisconsorcio activo facultativo, en donde los tres trabajadores decidieron voluntariamente demandar en un mismo proceso a su empleador. Por aplicación del art. 68 del Cód. Procesal Civil y Comercial, las costas se deben distribuir entre cada uno de los litisconsortes, y como no existe solidaridad en la condena en costas impuesta a los litisconsortes, cada uno de ellos es individualmente responsable por el pago de las costas que en este decisorio se les imponen respecto de las pretensiones o rubros totalmente rechazados y de las que prosperaron en menos del 50% del monto reclamado, por la sumas rechazadas (art. 65, Cód. Procesal).

Costas a cargo del actor Carlos Adrián Diego: a) reclamó por antigüedad $ 18.000,00. Su similar se admitió en $ 6.997,99.Como se trata de un rubro que prosperó en menos del 50% del total reclamado, el actor Carlos Adrián Diego debe soportar las costas por el monto rechazado de $ 11.002.01, y la demandada por la suma de $ 6.997,99; b) reclamó por indem. art. 1° ley 25.323: $ 18.000,00. Su similar se admitió en $ 3.504,00. Como se trata de un rubro que prosperó en menos del 50% del total reclamado, el actor Carlos Adrián Diego debe soportar las costas por el monto rechazado de $ 14.496,00, y la demandada por la suma de $ 3.504,00; y c) respecto de todos los otros rubros reclamados: (indem. sustitutiva por falta de preaviso: $ 9.000,00; sueldo enero 2012: $ 9.000,00; SAC 2° semestre 2011: $ 4.500,00; vacaciones no gozadas año 2011: $ 4.500,00; y indem. art. 2° ley 25.323: $ 9.000,00), por tratarse de rubros que fueron rechazados totalmente, el actor Carlos Adrián Diego debe soportar las costas por el monto rechazado de $ 36.000,00.

Costas a cargo del actor Marcelo Adrián Zabala: a) reclamó por antigüedad $ 18.000,00. Su similar se admitió en $ 6.997,99. Como se trata de un rubro que prosperó en menos del 50% del total reclamado, el actor Marcelo Adrián Zabala debe soportar las costas por el monto rechazado de $ 11.002.01, y la demandada por la suma de $ 6.997,99; b) reclamó por indem. art. 1° ley 25.323: $ 18.000,00. Su similar se admitió en $ 3.504,00. Como se trata de un rubro que prosperó en menos del 50% del total reclamado, el actor Marcelo Adrián Zabala debe soportar las costas por el monto rechazado de $ 14.496,00, y la demandada por la suma de $ 3.504,00; y c) respecto de todos los otros rubros reclamados: (indem. sustitutiva por falta de preaviso: $ 9.000,00; sueldo enero 2012: $ 9.000,00; SAC 2° semestre 2011: $ 4.500,00; vacaciones no gozadas año 2011: $ 4.500,00; y indem. art. 2° ley 25.323:$ 9.000,00), por tratarse de rubros que fueron rechazados totalmente el actor Marcelo Adrián Zabala debe soportar las costas por el monto rechazado de $ 36.000,00.

Costas a cargo del actor Eduardo Daniel Aguilar: a) reclamó por antigüedad $ 18.000,00. Su similar se admitió en $ 5.663,08. Como se trata de un rubro que prosperó en menos del 50% del total reclamado, el actor Eduardo Daniel Aguilar debe soportar las costas por el monto rechazado de $ 12.336.92, y la demandada por la suma de $ 5.663,09; b) reclamó por indem. art. 1° ley 25.323: $ 18.000,00. Su similar se admitió en $ 3.504,00. Como se trata de un rubro que prosperó en menos del 50% del total reclamado, el actor Eduardo Daniel Aguilar debe soportar las costas por el monto rechazado de $ 14.496,00, y la demandada por la suma de $ 3.504,00; y c) respecto de todos los otros rubros reclamados: (indem. sustitutiva por falta de preaviso: $ 9.000,00; sueldo enero 2012: $ 9.000,00; SAC 2° semestre 2011: $ 4.500,00; vacaciones no gozadas año 2011: $ 4.500,00; y indem. art. 2° ley 25.323: $ 9.000,00), por tratarse de rubros que fueron rechazados totalmente el actor Eduardo Daniel Aguilar debe soportar las costas por el monto rechazado de $ 36.000,00.

D. En conclusión, voto por admitir los recursos de apelación de fs. 237 y consecuentemente, revocar el punto II de la parte parte dispositiva de sentencia recurrida e imponer las costas en la forma indicada precedentemente, modificando en su parte pertinente en punto III del decisorio recurrido y regulando los honorarios de primera instancia del Dr. Fernando D. Canepini en el 16,80% del monto de condena y en el 21% del monto rechazado.

Las costas de la segunda instancia deben imponerse a la parte actora vencida. Así voto.

El Dr. Horacio A. COSTANTINO, sorteado para emitir el segundo voto, dijo:

Por sus fundamentos, adhiero al voto del colega preopinante.

En consecuencia, la SALA A de la Cámara de Apelaciones:

RESUELVE:

I.Hacer lugar a las apelaciones interpuestas a fs. 237 y en consecuencia: a) revocar el punto II de la parte dispositiva de la sentencia recurrida e imponer las costas en la forma indicada en los considerandos, y b) modificar en su parte pertinente en punto III del decisorio recurrido y regular los honorarios de primera instancia del Dr. Fernando D. Canepini en el 16,80% del monto de condena y en el 21% del monto rechazado. – –

II. Imponer las costas de alzada a la actora.

III. Regular los honorarios de segunda instancia del Dr. Fernando D. CANEPINI en el 30% de los fijados en el punto I. b) del presente decisorio, y los de los Dres. Fernando D. GUEVARA y Hugo A. SANTAMARINA en el 30% de los fijados para primera instancia en el fallo apelado; en todos los casos más el IVA si correspondiere.

Protocolícese, notifíquese y oportunamente devuélvase al juzgado de origen.

Dr. Horacio Alberto COSTANTINO

Juez de Cámara

Dr. Alejandro PÉREZ BALLESTER

Juez de Cámara

Dra. María Teresa SALVATIERRA

Secretaria de Cámara Civil