La carencia de documentación de una trabajadora extranjera no impide el cobro de las indemnizaciones por despido

Partes: Bernal Ríos Lina María c/ Santamaría Diego Hernán s/ despido

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo

Sala/Juzgado: III

Fecha: 7-jun-2018

Cita: MJ-JU-M-111541-AR | MJJ111541 | MJJ111541

La carencia de documentación de la trabajadora extranjera no impide admitir el cobro de las indemnizaciones por despido.

Sumario:

1.-Es procedente admitir la demanda por despido iniciada por una trabajadora de nacionalidad extranjera pues a ésta le estaba permitido trabajar en el país de acuerdo a los arts. 20 de la Ley 25.871 y 40 de la Ley de Contrato de Trabajo y como en el caso el demandado la incorporó para laborar con él, luego no puede desconocer el vínculo, argumentando que carecía de la documentación adecuada, siendo que en definitiva el empleador es responsable frente al trabajador, incluso cuando el objeto del contrato se encuentre prohibido por la Ley.

2.-Se juzga que la presunción del art. 23 de la Ley de Contrato de Trabajo no se vio desvirtuada, acreditándose a través de la prueba testimonial lo contrario, que exisitó vínculo laboral entre la actora y el demandado en los términos de los arts. 21 y 22 de la misma norma; por lo tanto, la negativa de la empleadora de desconocer la existencia de la relación constituyó injuria que justificó el despido indirecto.

3.-2. La indemnización por despido no debe llevar una actualización monetaria pues los efectos de la desvalorización de la moneda resultan adecuadamente mitigados por la tasa de interés aplicada.

4.-3. Desconocer el proceso inflacionario en el cálculo de la indemnización que debiera resguardar el poder adquisitivo al momento del hecho, sería no hacer ‘justicia’, o hacerlo ‘a medias’ porque el juez no puede desconocer todo lo reseñado y cuenta con herramientas que resultan necesarias para preservar el crédito del trabajador, por lo cual es procedente devengar actualización monetaria sobre los créditos admitidos (criterio también recogido en el art. 772 del CCivCom.), empleando el índice RIPTE del mes en que se apruebe la liquidación y, en caso de que no se encontrara publicado dicho índice o que fuera inferior al índice que elabora la Cámara Argentina de la Construcción, se empleará este último (disidencia parcial de la Dra. Cañal).

Fallo:

En la ciudad de Buenos Aires, capital de la República Argentina, a 7/06/2018, reunidos en la Sala de Acuerdo los señores miembros integrantes de este Tribunal a fin de considerar el recurso deducido contra la sentencia apelada, se procede a oir las opiniones de los presentes en el orden de sorteo practicado al efecto, resultando así la siguiente exposición de fundamentos y votación:

La Dra. Diana Cañal dijo:

Ambas partes cuestionan la sentencia de la anterior instancia, en los términos de los memoriales de fs. 163/ vta. y fs. 164/168.

Asimismo, la representación letrada de la parte actora, critica sus honorarios por considerarlos bajos (fs. 162).

La demandante, presentó aclaratoria y apelación en subsidio. La primera de ellas fue desestimada en la instancia previa.

Por lo cual, cuestiona en la Alzada, el monto que estableció el Sr. Juez por la indemnización prevista en el art. 8 de la ley 24.013.

Afirma que a su entender, no es correcta la estipulada en la instancia previa, pues es inferior al tope mínimo fijado en el último párrafo de dicha norma.

El accionado se queja, porque el Sr. Juez entendió que entre las partes existió un contrato de trabajo. Argumenta que no valoró adecuadamente la prueba producida en autos, en especial la testimonial.

También cuestiona que haya aplicado al caso, la presunción prevista en el art. 55 de la LCT, en especial sobre la fecha de ingreso y el monto de la remuneración, denunciando el CCT 389/04 de gastronómicos.

Sostiene que no es adecuado el salario, que tomó en cuenta el Sentenciante para calcular la indemnización por despido, pues lo considera alto.

A modo de síntesis, cabe señalar que la actora en el inicio a fs.6/11 vta, denunció que el 22.1.15 ingresó a trabajar para el demandado, que explotaba una Confitería y Panadería que gira con el nombre de fantasía “Crocante”, ubicada en la calle Senillosa 98 de CABA.

Explica que laboró como “Primera vendedora camarera y repartidora de delivery”, de lunes a lunes, haciéndolo de lunes a sábados de 13 a 21 horas, y los domingos de 7 a 15 hs., con un franco semanal, indicando que la jornada generalmente se extendía un poco más de lo estipulado.

Dice que la relación laboral, fue siempre “en negro”, que su remuneración era de $ 8.000, y que la cobraba sin el consiguiente duplicado de recibo de sueldo. Denuncia aplicable el CCT 272/96.

Señala que el 28.5.15, se presentó a su lugar de trabajo con un certificado médico que daba cuenta de una fractura que tenía a nivel del metatarso del pie izquierdo, pero no le permitieron el ingreso.

Por lo cual, ante la negativa de tareas, el 3.6.15, se considera despedida.

Tengo presente, que el demandado al contestar la acción, a fs. 25/36, niega el vínculo laboral de la reclamante.

Reconoce que explota un comercio dedicado principalmente a la venta al por menor de pan y productos de panadería llamado “Crocante”, sito en la calle Senillosa 98 de esta Ciudad, siendo la actividad secundaria el expendio de bebidas y comidas.

Afirma que la Sra. Bernal Rios no fue empelada suya, pero que en el mes de marzo de 2015 se presentó en el bar mencionado, por un aviso de solicitud de personal, que él había requerido.

Indica que en esa oportunidad, ella mencionó que no tenía experiencia laboral y que tampoco había trabajado en la Argentina, que era colombiana y que no tenía documento de identidad ni certificado de residencia en este país.Por lo cual, descartó la posibilidad de incorporarla diciéndole que primero para poder laborar en el país, necesitaba la documentación pertinente.

Luego, a fines de abril de 2015 la actora vuelve al local, haciéndole entrega de un certificado de residencia precaria y diciéndole que necesitaba trabajar. Como él tenía que cubrir temporariamente un puesto de trabajo de una empleada que estaba embarazada, le dice que podía comenzar a realizar algunas tareas, con jornada reducida, algunos días, condicionando su incorporación definitiva a que pudiera obtener el DNI y el CUIL.

Expone, que a fines de abril de 2015 comienza a efectuar tareas básicas de venta de pan y afines en el mostrador, llevando esporádicamente algún delivery, preparando pedidos, ordenado las mesas y limpiando la vajilla, realizándolo cuatro veces por semana, o día por medio, por un lapso de 6 u 8 horas en el turno tarde. Transcurridos unos días, se le requiere el CUIL y el DNI, pero ella dice que no tiene novedades, por lo que no se puede registrar su relación laboral. En consecuencia, solicita que se rechace la demanda.

El Sr. Juez tuvo por acreditada en autos la relación laboral invocada por la parte actora, e hizo lugar a la demanda por despido indirecto, por la suma de $ 101.080,66, con más sus intereses (Actas 2601 y 2630 de la CNAT).

Entiendo que, en efecto, resulta aplicable al caso, la presunción a favor de la trabajadora, prevista en el art. 23 de la LCT, es decir, que la prestación de servicios de ésta para el accionado hace presumir la existencia de un contrato de trabajo, salvo prueba en contrario. Corresponde entonces al demandado desvirtuar dicha presunción legal.

Observo que el testigo Alonso Sainz, a fs. 134/135, propuesto por la parte demandada, afirmó que conoce a la actora porque la vio haciendo unos trabajos en el local “Crocante” que queda en Senillosa y Chaco.

Que conoce al demandado por el local citado.Que vio esporádicamente a la reclamante a principios del año 2015, que no sabe que funciones cumplía, Que pudo haber sido en marzo o abril, que no recuerda bien Que la dicente concurre frecuentemente al local durante la mañana casi todos los días desde hace muchos años y vio a la actora allí, en forma aislada, que habrá sido durante unas semanas esporádicamente. Que el lugar es chico, es familiar y suelen presentarse, y a la actora le decían señorita Lina o Colombia. Que el demandado le comentó que la actora tenía algún problema de documentación.

Que no sabe hasta cuándo laboró allí.

El testigo Mariano, también propuesto por el demandado, a fs. 126/127 manifestó que sabe que la accionante laboraba en el local “Crocante” de la calle Senillosa esquina Chaco en Caballito CABA. Que lo sabe porque la vio muy poco tiempo en el año 2015, entre fines o mediados de abril, que después no recuerda, luego no la vio más. Que el dicente va seguido al local, que la veía trabajar allí. Que no puede precisar el horario, que era por la mañana. Que el que estaba en la caja era el Sr. Diego. Que vio a la actora las veces que fue al local, que habrán sido unas 15 o 20 veces.

Por lo expuesto, resulta que la parte demandada no logró desvirtuar la presunción prevista en el art. 23 de la LCT, pues los testigos que dicha parte propuso, manifestaron que efectivamente vieron trabajar a la actora en la panadería y confitería “Crocante” del demandado.

Para más, de los testigos propuestos por la parte actora, García, a fs. 121/122, dijo que conoce al demandado porque es el dueño de la panadería Crocante, que queda en Caballito, y que fue quien contrató a la dicente. Que no sabe desde cuándo la reclamante trabajó allí, pero que cuando la testigo ingresó, ya estaba laborando ahí. Que ambas entraban a las 13 hs.y salían al cierre del local, a las 20.30 hs., pero a veces se quedaban hasta más tarde para organizar todo. Que la actora era camarera, que hacía delibery, y estaba en la parte de mostrador y de panadería, que tenía tareas mixtas. Que esto lo sabe porque la veía hacer esas tareas. Que sabe que le pagaba Diego, que lo sabe porque le pagaba a las dos juntas. Que la reclamante ganaba más que la dicente, unos $ 2000 más. Que la dicente cobraba $ 6.000. Que les daban la plata en la mano, en negro. Que laboraban de lunes a lunes con un franco semanal. Que los domingos laboraban de 7 a 15 hs Que lo sabe porque ambas entraban y salían a esas horas. Que se turnaban, cuando a la actora le tocaba un domingo, a la dicente el otro y viceversa.

Luego, Bravo Benegas a fs. 132/133 indica que la reclamante trabajó para el demandado en la panadería Crocante. Que la vio allí trabajando. Que la acompañó en enero de 2015 y sabe que trabajó unos cuatro o cinco meses en el lugar. Que tiene entendido que lo hacía desde las 9 de la mañana hasta las 20.30 o 21 hs., que esto lo sabe porque aquélla se lo comentó a la dicente y porque la acompañó a la entrevista de trabajo. Que no sabe cuánto ganaba. Que hacía tareas de atención de la panadería, mostrador y también de camarera. Que lo sabe porque la dicente fue como cliente allí y la atendió la actora. Que las órdenes de trabajo se las daba Diego, que era el encargado. Que esto lo sabe porque cuando la testigo iba a la panadería estaba el Sr.Diego Santamaría en la caja y deduce que era el encargado de administrar el lugar.

Reconozco plena eficacia probatoria a todos estos testimonios porque resultan concordantes entre sí, dan suficiente razón de los dichos, en cuanto a que la actora trabajó para el reclamante durante varios meses en el año 2015. Destaco asimismo, que incluso los deponentes que declararon a propuestas de la parte demandada, favorecen con sus dichos la postura de la parte actora sostenida en la demanda (arts. 386 y 456 del CPCCN).

Las impugnaciones de la parte demandada de fs. 128/129 vta. y fs. 138/139 vta. a los testimonios de García y de Bravo Benegas, en cuanto a su veracidad no logra desvirtuar los dichos de aquéllos, ya que se trata de una apreciación meramente subjetiva de la impugnante, sin explicar objetivamente su argumentación de porqué a su entender, no dicen la verdad.

A su vez, la impugnación de la parte actora de fs. 141/vta. al testimonio de Sainz, resulta irrelevante, pues en definitiva, la accionante logró acreditar en autos la relación laboral denunciada en el inicio.

En conclusión, de conformidad con la prueba ya analizada, concluyo que la presunción no se vio desvirtuada, acreditándose por el contrario, que existió un vínculo laboral entre la actora y el demandado, en los términos de los arts. 21 y 22 de la LCT, resultando fa vorable a la actora, aún la propia prueba del demandado.

En cuanto a la condición de extranjera de la actora, actualmente la ley 25871, promulgada el 20.1.04 y reglamentada por el Decreto 70/2017, en el art.20 establece que “Los extranjeros serán admitidos para ingresar y permanecer en el país en las categoría de “residentes permanentes”, “residentes temporarios” o “residentes transitorios”. Hasta tanto se formalice el trámite correspondiente, la Autoridad de Aplicación podrá conceder una autorización de “residencia precaria”, que será revocable por la misma, cuando se desnaturalicen los motivos que se tuvieron en cuenta para su otorgamiento.

Su validez será de hasta noventa (90) días corridos, pudiendo ser renovables hasta la resolución de la admisión solicitada, y habilitará a sus titulares para permanecer, salir y reingresar al territorio nacional, trabajar y estudiar durante su período de vigencia” (el destacado me pertenece).

Además, tengo en cuenta que el art. 40 de la LCT referente al trabajo prohibido, establece que “Se considerará prohibido el objeto cuando las normas legales o reglamentarias hubieran vedado el empleo de determinadas personas o en determinadas tareas, épocas o condiciones. La prohibición del objeto del contrato está siempre dirigida al empleador” (el subrayado me pertenece).

Por ello, considero que a la actora estaba permitido trabajar en el país; y como en el caso, el demandado (empleador) la incorporó para laborar con él, luego no puede desconocer el vínculo, argumentando que no tenía la documentación adecuada. Ello, pues el propio accionado a fs. 28 vta., denunció que aquélla le entregó una fotocopia de un certificado de “residencia precaria”, siendo en definitiva. De todos modos, el empleador es responsable frente al trabajador, incluso cuando el objeto del contrato se encuentre prohibido por la ley.

En consecuencia, propongo confirmar el fallo apelado en cuanto a la existencia de relación laboral, como ya indiqué, y también respecto de la extinción del contrato, pues la decisión de la actora de considerarse despedida resultó ajustada a derecho (art. 242 y concs. de la LCT).

Respecto de la presunción del art 55 de la LCT y del monto del salario, conforme lo expuesto precedentemente, considero adecuado lo decidido por el Sr.Juez, pues como no estaba registrado el contrato de trabajo de la actora, no pudo realizarse en autos el peritaje contable, por culpa del demandado. Por ende, debe estarse a los datos indicados en la demanda respecto de los elementos que debían estar insertos en los registros del empleador establecidos en el art. 52 de la LCT, es decir la fecha de ingreso del 22.1.15, y asimismo la remuneración de $ 8.000, la que considero adecuada a la época y circunstancias en que la actora realizaba las tareas para el demandado (arts. 56 y 114 de la LCT).

En consecuencia, propicio confirmar la sentencia recurrida también en este sentido.

En relación con la queja de la parte actora por la indemnización del art. 8 de la ley 24.013, tengo en cuenta que dicha norma en el último párrafo establece “En ningún caso esta indemnización podrá ser inferior a tres veces el importe mensual del salario que resulte de la aplicación del Art. 245 de la Ley de Contrato de Trabajo”.

El Sr. Juez, fijó dicha suma en $ 10.000, sin aplicar el tope mínimo.

Por lo tanto, propongo modificar el fallo y elevar dicha indemnización, a $ 24.000 ($ 8.000 x 3).

Así, el monto de condena se eleva a $ 115.080,66, con más sus intereses.

Finalmente, auspicio otorgar la actualización monetaria, aún de manera oficiosa y en cualquier estado del proceso (inclusive, en etapa de ejecución). Ello, en razón del principio iura novit curia y como consecuencia necesaria de la notoria y pública inflación.

Esto último, puede inferirse del actual texto del art.772 del CCCN, que resulta aplicable en el caso, el cual en su primera parte dispone que “si la deuda consiste en cierto valor, el monto resultante debe referirse al valor real al momento que corresponda tomar en cuenta para la evaluación de la deuda.”.

Así, resulta ser un dato público y notorio la inflación que vivimos desde la crisis del año 2001 (por cierto, también preexistente en diversas medidas). Dicha circunstancia, no debe ser desconocida por quienes somos los encargados de resolver los conflictos que se suscitaren en torno al derecho del trabajo, tal como expresamente lo indica la propia demandada.

Esta cuestión (constante inflación), es de macro impacto, y en caso de ignorarse la realidad (razonabilidad), se negaría la racionalidad.

Ejemplos claros del proceso de inflación que se vive en nuestro país, son los que escuchamos a diario en los medios de comunicación masiva. Así, tenemos el caso del dólar, que a principios del mes de agosto cotizó para la venta en sumas cercanas a los dieciocho pesos ($18).

Luego, contamos con distintos índices. Uno de ellos, es el oficial. Así, el índice de precios al consumidor del mes de abril 2017, reflejó una variación del 2,6% con relación al mes anterior. A su vez, se registró un aumento en los precios a “nivel general” del 27,5% con respecto a abril del 2016. Con relación a la vivienda y servicios básicos, durante el último año se incrementó en un 34,2% (fuente:www.indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/ipc_05_17.pdf).

Otro índice, es el que publica mensualmente la Cámara Argentina de la Construcción (CAC). Actualmente, estableció como índice de base 100 la de Diciembre del 2014, arrojando un aumento al mes de abril del 2017 (28 meses posteriores) un incremento de la mano de obra del 207,90%, del costo de la construcción del 187,30; y de materiales del 173,20%.

En sentido coincidente, se encuentran los nuevos índices que se utilizan para los préstamos hipotecarios denominados “UVA”. Algunas entidades financieras, como el Banco Nación (también lo ofrecen el Banco Provincia y el Banco Ciudad), otorgan estos créditos con un interés fijo que es del 3,5% anual (para clientes del banco que adhieran a los paquetes de servicios) o del 4,5% anual (no clientes que no adhieran al paquete de servicios), más el índice de actualización que se denomina “UVA” (unidad de valor adquisitivo), que se publica diariamente por el Banco Central de la República Argentina.

Ahora bien, en el último registro de este índice, alcanza el valor de 19,19; y el primer registro del mismo, data del 31/03/2016 en un valor de 14,05. Es decir que en el transcurso de 14 meses el índice se incrementó en 36,58%.

También, contamos con el índice de las Remuneraciones Imponibles Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE). Dicho informe, publicado por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, nos permite analizar de forma más global el proceso inflacionario, puesto que data del mes de julio de 1994, y arroja números que sorprenden. Puesto que si se toma como base dicho mes, a marzo del 2017, surge un aumento del 2.547,29%.

Sin ir más lejos, si tomamos en cuenta el índice de abril del 2007, surge que durante los último 10 años, se vivió una inflación de por lo “menos” 1.227,61% (RIPTE del mes de abril 2007: 207,50; RIPTE de marzo 2017: 2.547,29:2547,29 x 100 / 207,50).

Digo “por lo menos”, dado que, lamentablemente, las remuneraciones vienen en forma “atrasada” a la inflación. Nunca se otorga un aumento salarial en forma “previa” al aumento de precios, por el contrario, este viene a consecuencia del proceso inflacionario.

Esta realidad económica, que marca un constante y “alarmante” nivel de aumento de los precios, también trae consecuencias negativas con los reclamos de los trabajadores.

Desconocer el proceso inflacionario habido, en el cálculo de la indemnización que debiera resguardar el poder adquisitivo al momento del hecho, sería no hacer “justicia”, o hacerlo “a medias”.

Digo así, dado que entiendo que el juez no puede desconocer todo lo reseñado, y cuenta con herramientas que resultan necesarias para preservar el crédito del trabajador (sujeto de preferente tutela).

Incluso, una herramienta enteramente al alcance, es el costo en materia alimentaria y vestimenta, que soporta el mismo juez.

Asimismo, destaco que la CSJN misma, ha entendido que la depreciación monetaria debe ser entendida como un hecho público y notorio: “las variaciones del valor de la moneda, lo que por otro lado es público y notorio y se refleja con asiduidad en los valores de las cosas, son valores venales que sufren, desde hace largo lapso, fuertes alteraciones. De ello resulta el grave deterioro en la remuneración real recibida por los señores jueces ya que el envilecimiento del signo monetario disminuye notablemente el poder adquisitivo de una cantidad; de aquí pues que para compensar el mayor valor de las cosas sea necesario recibir una mayor retribución (A. 302. XXII; “Almeida Hansen, Jorge A. c/ Estado Nacional (Ministerio de Educación y Justicia) s/ amparo”, 28-03-1990, T. 313, P. 344)”.

A su vez, el tribunal superior ha manifestado que, si un acontecimiento es de público y notorio conocimiento “los jueces no deben sustraerse porque integra la verdad jurídica objetiva” (C. 2002. XXXII.; Chubut, Provincia del c/ Centrales Térmicas Patagónicas S.A. s/ sumario.07-12-2001T.

324, P.4199); “ya que sus sentencias han de ceñirse a las circunstancias dadas cuando se dictan, aunque sean sobrevinientes al recurso extraordinario, pues la subsistencia de los requisitos jurisdiccionales es comprobable de oficio y su desaparición importa la del poder de juzgar” (P. 679. XLVIII; REX04-09-2012).

Por otra parte, no puedo dejar de recordar la doctrina del fallo “Camusso”, de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que data del 21 de mayo de 1976, en el cual se resolvió, con relación a la ley 20.695, que “la actualización de un crédito cuyo importe había sido establecido mediante una sentencia firme, pero estaba pendiente de pago, no implicaba una alteración sustancial de la cosa juzgada que menoscabara las garantías constitucionales de propiedad y de la defensa en juicio.” Esta, como otras pautas interpretativas alcanzadas por la Corte en el mencionado fallo, gozan de evidente razonabilidad y vigencia en nuestros días, dentro del marco de la racionalidad normativa vigente de los derechos humanos fundamentales.

De todas formas, señalo que de mediar en esa misma realidad, a la que le estoy prestando atención, un fenómeno en el futuro que produzca un desajuste en perjuicio de la contraparte, también ha de ser atendido siguiendo en ello lo que esta Justicia Nacional del trabajo tuviera como práctica con los incidentes de ejecución en tiempos de la Ley 24283, conocida como Ley Martínez Raymonda referida a la actualización del valor de bienes o prestaciones (B.O. 21-12-1993).

Asimismo, en relación con esta cuestión, pueden debatirse temas que tienen que ver con los conceptos de “deuda de valor” y “deuda de dinero”. Al respecto, ilustra Cornaglia (en “La reparación del daño y la deuda de valor.El carácter ontológico de la deuda reparativa de daños laborales por infortunios”, Abeledo Perrot nº 0003/402854): “el juicio por la reparación de daños producidos por un infortunio laboral se trata de un litigio por deudas de valor (tarifadas o no), que reclama la declaración de certeza hecha por un juez que legitime la titularidad del crédito y fije el quantum valorativo (.). Para la categoría del absurdo (madre de buena parte de las arbitrariedades), no podría calificarse como deuda de dinero a la de valor o de valor a la de dinero. Porque, en lo que nos interesa en justicia, está el valor por sobre el dinero, por cuanto el dinero no deja de ser una imperfecta e insuficiente forma de considerar el valor”.

Asimismo, agrega que: ” sin perjuicio de ello, es cierto que una mejor técnica legislativa en una posible reforma de la Ley de Riesgos de Trabajo debería atender a los salarios más próximos a la fecha del pago y no a la fecha del hecho. Pero esto no altera nuestra posición en cuanto a que toda acción, tarifada o no, por infortunio responde a una deuda de valor y arrastra a la necesaria declaración de inconstitucionalidad de sus previsiones en cuanto pretendan desactivar o desmerecer la íntegra reparación del daño causado. Ni el juez ni el legislador pueden arrogarse el poder (derecho) que la Constitución le reconoce a la víctima” (Los destacados en los párrafos precedentes me pertenecen).

Sin perjuicio de todo lo expuesto, señalo que este criterio ha sido una constante para mí, puesto que la inflación también lo fue de inveterado para el país. De hecho que, ya con el anterior código, inclusive como jueza de primera instancia, dispuse practicar la actualización de los créditos alimentarios (Sentencia Definitiva Nº 2404, de fecha 30-08-2007, en Expte. Nº 16.879/2002, Autos “MENA, Norma Cristina y otros c/ CW Comunicaciones S.A.y otros s/ despido”).

Dicho criterio, también lo sostengo como Juez de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, entre otros precedentes, en autos “Sánchez, Javier Armando c/ Cristem S.A. s/ Juicio Sumario” (Expte. Nº 28.048/2011/CA1, Sentencia Definitiva de fecha 01/12/2014, de los registros de esta Sala III), al cual me remito en orden a la amplitud de los argumentos allí desarrollados.

Asimismo, consigno sus fundamentos en relación a la declaración de inconstitucionalidad del artículo 4º de la ley 25561, en donde también se deja a salvo con profusa argumentación, el iura novit curia y la inconstitucionalidad de oficio -según el caso-.

En consecuencia, propicio devengar actualización monetaria sobre los créditos que proceden (criterio también recogido en el art. 772 del nuevo CCCN), empleando el índice RIPTE del mes en que se apruebe la liquidación. En caso de que no se encontrara publicado dicho índice, o que éste fuera inferior al índice que elabora la Cámara Argentina de la Construcción, se empleará este último a los fines de realizar el cálculo.

Sobre la función de la tasa de interés ya me he referido, in extenso, en autos “ABDALA, OMAR JOSE C/ IBM ARGENTINA S.R.L. Y OTROS S/ DESPIDO” SD del 6.12.16 Expte. Nº CNT 44.316/2010/CA1. Allí, establecí la aplicación de la tasa de interés emergente del Acta 2601 hasta el 27.4.16, fecha a partir de la cual propicié la aplicación de una tasa del 47% anual, el que actualmente es de 48,23% a 72 meses (art.768 CCyC).

Sin embargo, en este caso, y dado que no es posible proceder a reformar in pejus lo decidido en la instancia anterior, por cuanto las partes que abrieron la instancia no cuestionaron los intereses, dejo sentado mi criterio respecto de la tasa de interés, la función de la misma, pero solo como obiter dicta.

A fin de tener en cuenta los argumentos de mi criterio, me remito a los autos “Balbi Oscar c/ Empresa Distribuidora Sur S.A – Edesur S.A s/ despido”, registrada el 10/10/17 y “Sánchez Javier Armando c/ Cristem S.A s/ Juicio Sumario” (causa Nro. 28.048/2011/CA1), registrada el 01/12/14.

En virtud de la modificación que propicio, corresponde dejar sin efecto la imposición de las costas y la regulación de honorarios dispuestas en la instancia anterior (art. 279 del CPCCN).

Por ello, propongo imponer las costas de ambas instancias al accionado vencido (art. 68 del C.P.C.C.N.).

En atención al monto de condena, al mérito e importancia de las tareas realizadas por los profesionales intervinientes y lo dispuesto por los arts. 6,7,8,9,17,19,22,37,39 y concs. de la ley 21.839, art. 38 de la ley 18.345, ley 24.432 y demás leyes arancelarias vigentes, auspicio regular los honorarios de la representación letrada de las partes actora y demandada, por sus labores en la instancia anterior en 16% y 14% respectivamente, con más el impuesto al valor agregado en caso de corresponder.

Propicio regular los honorarios de los profesionales firmantes de fs. 163 vta. y fs. 168, por los trabajos realizados en la alzada en 35% y 25%, respectivamente, de lo que -en definitiva- les corresponda percibir por su actuación en la instancia previa, con más el impuesto al valor agregado (arts. 6,7,8,9,15,17,19,22,37,39 y concordantes de la ley 21.839, art.38 de la L.O., ley 24.432 y demás leyes arancelarias vigentes).

Respecto del I.V.A., esta Sala ha decidido en la sentencia Nº 65.569 del 27 de septiembre de 1993 en autos “Quiroga, Rodolfo c/ Autolatina Argentina S.A. s/ accidente – ley 9688” , que el impuesto al valor agregado es indirecto y por lo tanto, grava el consumo y no la ganancia, por lo que debe calcularse su porcentaje que estará a cargo de quien debe retribuir la labor profesional. En el mismo sentido se ha pronunciado la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa “Compañía General de Combustibles S.A. s/ recurso de apelación” (C. 181 XXIV del 16 de junio de 1993) sosteniendo “que no admitir que el importe del impuesto al valor agregado integre las costas del juicio -adicionárselo a los honorarios regulados- implicaría desnaturalizar la aplicación del referido tributo, pues la gabela incidiría directamente sobre la renta del profesional, en oposición al modo como el legislador concibió el funcionamiento del impuesto”.

Oportunamente, cúmplase con lo dispuesto en el artículo 1º de la ley 26856 y con la Acordada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Nº 15/2013.

De prosperar mi voto propiciaré: I.- Modificar la sentencia apelada, y por ende, elevar el monto de condena a la suma de $ 115.080,66 (ciento quince mil ochenta pesos con sesenta y seis centavos), con más actualización e intereses. II.- Dejar sin efecto la imposición de costas y las regulaciones de honorarios dispuestos en la instancia previa. III.- Imponer las costas de ambas instancias al accionado vencido. IV.- Fijar los honorarios de la representación letrada de las partes actora y demandada, por sus labores en la instancia anterior en 16% (dieciséis por ciento) y 14% (catorce por ciento) respectivamente, con más el impuesto al valor agregado en caso de corresponder. V.- Regular los honorarios de los profesionales firmantes de fs. 163 vta. y fs.168, por los trabajos realizados en la alzada en 35% (treinta y cinco por ciento) y 25% (veinticinco por ciento), respectivamente, de lo que -en definitiva- les corresponda percibir por su actuación en la instancia anterior, con más el impuesto al valor agregado. VI.- Oportunamente, cúmplase con lo dispuesto en el artículo 1º de la ley 26856 y con la Acordada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Nº 15/2013.

El Dr. Alejandro H. Perugini dijo:

Adhiero por compartir sus fundamentos, al voto que antecede, con excepción de lo relativo a la actualización monetaria, aspecto en el que es mi criterio que los efectos de la desvalorización de la moneda resultan adecuadamente mitigados por la tasa de interés aplicada.

Por consiguiente, de prosperar mi voto, propiciaré: I.- Modificar la sentencia, y por ende, elevar el monto de condena a la suma de $ 115.080,66 (ciento quince mil ochenta y seis pesos con sesenta y seis centavos), con más los intereses fijados en la instancia previa. II.- Dejar sin efecto la imposición de costas y las regulaciones de honorarios dispuestos en la instancia previa. III.- Imponer las costas de ambas instancias al accionado vencido. IV.- Fijar los honorarios de la representación letrada de las partes actora y demandada, por sus labores en la instancia anterior en 16% (dieciséis por ciento) y 14% (catorce por ciento) respectivamente, con más el impuesto al valor agregado en caso de corresponder. V.- Regular los honorarios de los profesionales firmantes de fs. 163 vta. y fs. 168, por los trabajos realizados en la alzada en 35% (treinta y cinco por ciento) y 25% (veinticinco por ciento), respectivamente, de lo que -en definitiva- les corresponda percibir por su actuación en la instancia anterior, con más el impuesto al valor agregado. VI.- Oportunamente, cúmplase con lo dispuesto en el artículo 1º de la ley 26856 y con la Acordada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Nº 15/2013.

El Doctor Miguel O.Pérez dijo:

En lo que es m otivo de disidencia adhiero al voto del Dr. Perugini.

Por lo tanto, el Tribunal RESUELVE:

I.- Modificar la sentencia apelada, y por ende, elevar el monto de condena a la suma de $ 115.080,66 (ciento quince mil ochenta pesos con sesenta y seis centavos), con más los intereses fijados en la instancia previa.

II.- Confirmar los honorarios recurridos.

III.- Imponer las costas de la Alzada al accionado vencido.

IV.- Regular los honorarios de los profesionales firmantes de fs. 163 vta y fs. 168, por los trabajos realizados en la alzada en 35% (treinta por ciento) y 25% (veinticinco por ciento), respectivamente, de lo que -en definitiva- les corresponda percibir por su actuación en la instancia anterior, con más el impuesto al valor agregado.

Regístrese, notifíquese y oportunamente devuélvase.

Miguel O. Pérez

Juez de Cámara

Alejandro H. Perugini

Juez de Cámara

Diana Regina Cañal

Juez de Cámara

Ante mí:

María Luján Garay 6 Secretaria