El uso de un sello no permite considerar al codemandado Presidente del Directorio de la sociedad empleadora ni responsabilizarlo por despido

Partes: Bonafede Daniel Alejandro c/ E.M.A. Sociedad Anónima y otro s/ laboral

Tribunal: Cámara de Apelación en lo Civil, Comercial y Laboral de Rafaela

Sala/Juzgado: 5ta. circ.

Fecha: 2-nov-2017

Cita: MJ-JU-M-109331-AR | MJJ109331 | MJJ109331

 

El uso de un sello por el codemandado no permite considerarlo Presidente del Directorio de la sociedad empleadora ni por ende responsabilizarlo en forma solidaria por el despido.

 

Sumario:

1.-Corresponde confirmar el rechazo de la demanda contra el codemandado debido a que la omisión de la debida registración del trabajador y pago de la remuneración en recibos comunes sin los requisitos exigidos por la Ley no permiten responsabilizarlo en forma solidaria a la luz de la doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, más allá de que el uso de un sello no es prueba idónea demostrativa de su calidad de Presidente del Directorio de la sociedad anónima demandada.

Fallo:

En la ciudad de Rafaela, a los 2 días del mes de noviembre del año dos mil diecisiete, se reúnen en Acuerdo Ordinario los Señores Jueces de la Cámara de Apelación en lo Civil, Comercial y Laboral de la Quinta Circunscripción Judicial, Dres. Lorenzo J. M. Macagno, Alejandro A. Román y Beatriz A. Abele, para resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte actora, contra la sentencia dictada por el Señor Juez de Primera Instancia de Distrito N° 5 en lo Laboral de esta ciudad, en los autos caratulados: “Expte. N° 68 – Año 2016 – BONAFEDE, Daniel Alejandro c/ “E.M.A. S.A.” y BARENGO, Roberto Alcides s/ LABORAL”.

Dispuesto el orden de votación, en coincidencia con el estudio de la causa resulta: primero, Dr. Lorenzo J. M. Macagno; segundo, Dr. Alejandro A. Román; tercera, Dra. Beatriz A. Abele.

Acto seguido el Tribunal se plantea las siguientes cuestiones:

1era.: ¿Es justa la sentencia apelada?

2da.: ¿Qué pronunciamiento corresponde emitir?

A la primera cuestión, el Dr. Lorenzo J. M. Macagno dijo:

El actor entabló su demanda en procura del cobro de los rubros laborales que detalla -indemnizaciones de los arts. 232, 233 y 245, L.C.T., 1º y 2º de la ley 25323 y 80, 4º párrafo, L.C.T., aguinaldo y vacaciones no prescriptos, diferencias salariales y asignación por hijo no prescripta- invocando su desempeño laboral bajo la dependencia de la empresa “Electo Metalúrgica Argentina S.A.”, sita en los lotes 84/85 del Parque Industrial de esta ciudad, “con una antigüedad a la fecha del distracto de tres años”, en tareas de mantenimiento general de la maquinaria dedicándose la empresa a la actividad metalúrgica de fundición.A pesar de no estar debidamente registrada, la relación de empleo se desarrolló con normalidad hasta principios del mes de diciembre de 2007 “cuando luego de algunas conversaciones se llega a un acuerdo para lograr la desvinculación” formalizado el 13/12/07 según el Acta Acuerdo de la Secretaría de Trabajo que acompañó como prueba instrumental, por el que se le abonaría la suma de $ 11.390 en 9 cuotas, $ 1.190 pagados el día de la firma del convenio y el saldo a pagarse en ocho cuotas mensuales y consecutivas de $ 1.275 cada una, con vencimiento los días 23 de cada mes a partir de Diciembre de 2007 debiendo ser depositadas en la Secretaría de Trabajo, de las que solo se abonaron las correspondientes a diciembre de 2007 y enero de 2008 por lo que dio por decaído el convenio en los términos del telegrama que remitió a la firma demandada el 27/02/08 intimándole el pago de los rubros remuneratorios e indemnizatorios “derivados del despido arbitrario”, la entrega de las certificaciones del art. 80 L.C.T., diferencias salariales, y diferencias de aguinaldos y vacaciones por el tiempo no prescripto (demanda, fs. 7/10 y documental acompañada).

La demanda no fue contestada y ante la denuncia de la quiebra de la empresa demandada, previamente citado, compareció el Síndico designado en los autos “E.M.A. S.A. s/ quiebra” y expresó que en oportunidad de elaborar el proyecto de distribución de fondos se procederá, si así correspondiere, a efectuar la reserva para atender el capital y accesorios reclamados en este juicio (fs. 32).

No habiendo comparecido el demandado a la audiencia del art. 51 del C.P.L. y remitidos los autos al Juzgado Laboral (fs. 40), fue dictada la sentencia en la que se rechazó la demanda, con costas al actor, con fundamento en que no obstante la falta de contestación de la demanda y la no comparecencia a la audiencia del art.51, la omisión de datos decisivos, como la fecha de ingreso y egreso, no suplida por la remisión a un cierto número de años, obsta para la determinación de los rubros reclamados, y tampoco surge de la demanda el supuesto despido directo o indirecto que lo justifique y de allí la improcedencia de los rubros indemnizatorios; al igual que de las diferencias solicitadas respecto de los rubros remuneratorios al no establecer la fecha del distracto. Rechazó también el rubro del art. 80, cuarto párrafo de la L.C.T., por cuanto no aportó los datos que debería contener tal documentación (sentencia de primera instancia, fs. 53/55).

Contra ella apeló el vencido y al mantener el recurso se agravió, en síntesis, señalando que la fecha del distracto quedó acreditada con el acuerdo de desvinculación del 13/12/07 y la antigüedad al expresar que era “al momento del distracto de tres años”, y que “a partir del reconocimiento de tres años de antigüedad del actor, a partir de la fecha de desvinculación laboral (13/12/2007), poco esfuerzo hubiese bastado para reconocer la procedencia de los rubros impagos pretendidos” (fs. 81 vta. 2.5.3).

El apelante a lo largo de su argumentación no se hizo cargo del fundamento de la sentencia según el cual no surge de la demanda el supuesto despido directo o indirecto que lo justifique y de allí la improcedencia de los rubros indemnizatorios, toda vez que el acuerdo del 13/12/2007, ante la autoridad administrativa del trabajo para dar por concluido el vínculo que los ligaba, donde el trabajador contó con patrocinio letrado, no configuró ningún despido en los términos del art.242 de la L.C.T., y éste de ninguna manera puede surgir de su incumplimiento.

En cuanto a las diferencias salariales y demás rubros remuneratorios reclamados, puesto que el actor expuso en su demanda que percibía $ 2.390 mensuales, no se advierte, en principio, la existencia de diferencias entre las cantidades expresadas en la demanda y la que resulta de las tablas salariales vigentes durante la relación para la actividad. A todo evento, no se intentó siquiera demostrarlas, siendo ello una cuestión cuya prueba incumbió al demandante.

Ello no obstante, del acta de acuerdo suscripta por las partes ante la autoridad administrativa del trabajo surge una deuda impaga originada en la relación laboral que vinculó a las partes a cuyo pago corresponde condenar al empleador, que devengarán desde la fecha de su incumplimiento hasta el 31/12/2009, los intereses equivalentes al promedio de las tasas que establece y cobra el Banco de la Nación Argentina en operaciones de descuento de documentos y paga para depósitos a plazo fijo, ambos a treinta días y por importes semejantes al de este juicio; desde el 01/01/2010 la tasa a aplicar será del 22 % anual hasta el 01/07/2015, y a partir de allí y hasta el efectivo pago se deberá calcular el interés en base a la tasa activa que aplica el Banco de la Nación Argentina, no acumulativa en todos los períodos (conf. este Tribunal en “Sallago, Roxana Elizabeth c/ Silva, Juan Carlos s/ Ordinario”, L. de Res. Tomo Nº 26, Res. Nº 031/16).

También es procedente el reclamo del certificado de trabajo del art. 80 de la L.C.T., cuya entrega fue intimada en el telegrama del 27/02/08, y del recargo contemplado en el último párrafo de esa norma (art. 45, ley 25345), más los intereses indicados precedentemente, cuyo importe se compensará con el resultante del párrafo anterior.

No son procedentes las quejas por el rechazo de la demanda contra el Sr. Roberto Alcides Barengo.La Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa “Carballo” primero (31/10/02, “Carballo, A. c/ Kanmar S.A.”, D.T. 2003-A, 222), y luego en “Palomeque”, estableció que debe revocarse la sentencia que extendió solidariamente la condena a los directores y socios de la sociedad anónima empleadora por la falta de registración de una parte del salario convenido y pagado a un trabajador si el contexto probatorio del caso “no posee virtualidad suficiente como para generar la aplicación de una causal de responsabilidad en materia societaria de orden excepcional.en tanto no ha quedado acreditado que estemos en presencia de una sociedad ficticia o fraudulenta, constituida en abuso del derecho y con el propósito de violar la ley, que, prevaliéndose de dicha personalidad afecta el orden público laboral o evade normas legales” (del dictamen del Procurador General de la Nación que la Corte hace suyo, Corte Suprema Nacional, 03/04/03, “Palomeque, A.R. c/ Benemeth S.A. y otro”, La Ley, 2003-C, 864; ver también, BRIGNOLE, Horacio A. y MADALONI, Osvaldo A., “Responsabilidad de los administradores societarios. Otro avance de la Corte restringiendo su aplicación”, D.T., 2003-A, 221; POSE, Carlos, “El caso “Carballo” o el contrapunto al reproche de solidaridad formulado en base a normas societarias en el seno de la disciplina laboral”, D.T. 2003-A, 671; ver fallo de este Tribunal, “Figueroa, Silvia R. y otra c/ Clínica de Terapia Renal S.R.L. y otros s/ Laboral”, 10/06/05, Libro de Resoluciones, Tomo II, Res. Nº 329; “Piovano, Graciela Silva c/ Sasoni, Carlos Alberto y SUYSA S.A. s/ laboral, 11/11/05, L. de Resoluciones T. 3, Res. Nº 607).

En el marco proporcionado por la Corte Suprema Nacional, no parece que las circunstancias fácticas probadas en estos autos -omisión de la debida registración del trabajador y pago de la remuneración en recibos comunes sin los requisitos exigidos por la ley- franqueen la responsabilidad solidaria del Sr.Barengo, más allá de que el uso de un sello no es prueba idónea demostrativa de su calidad de Presidente del Directorio de la sociedad anónima demandada, como adecuadamente lo consideró la sentencia.

Por estas razones propugno acoger parcialmente el recurso de apelación y modificar la sentencia condenando al demandado al pago de las cantidades expresadas en las consideraciones vertidas, con costas, en ambas instancias por el orden causado atendiendo al resultado parcialmente favorable para las partes (art. 102, C.P.L.).

Dejo así formulado mi voto.

A esta primera cuestión, los Dres. Alejandro A. Román y Beatriz A. Abele dijeron que hacían suyos los conceptos y conclusiones a que arribara el Juez de Cámara preopinante y por lo tanto, votaron en el mismo sentido.

A la segunda cuestión, el Dr. Lorenzo J. M. Macagno dijo:

Atento al resultado obtenido al tratar la cuestión anterior, corresponde:

Acoger parcialmente el recurso de apelación interpuesto y modificar la sentencia condenando al demandado al pago de las cantidades expresadas en las consideraciones vertidas, con costas, en ambas instancias por el orden causado atendiendo al resultado parcialmente favorable para las partes (art. 102, C.P.L.). Los honorarios de la Alzada serán el cincuenta por ciento (50 %) de los que se regulen en Primera Instancia.

A la misma cuestión, los Dres. Alejandro A. Román y Beatriz A. Abele dijeron que la resolución que corresponde adoptar era la propuesta por el Juez de Cámara Dr. Lorenzo J. M. Macagno, y en ese sentido emitieron sus votos.

Por las consideraciones del Acuerdo que antecede la CAMARA DE APELACION CIVIL, COMERCIAL Y LABORAL, RESUELVE: Acoger parcialmente el recurso de apelación interpuesto y modificar la sentencia condenando al demandado al pago de las cantidades expresadas en las consideraciones vertidas, con costas, en ambas instancias por el orden causado atendiendo al resultado parcialmente favorable para las partes (art. 102, C.P.L.). Los honorarios de la Alzada serán el cincuenta por ciento (50 %) de los que se regulen en Primera Instancia.

Insértese el original, agréguese el duplicado, hágase saber y bajen.

Concluido el Acuerdo, firmaron los Jueces de Cámara por ante mí, doy fe.

Lorenzo J. M. Macagno

Juez de Cámara

Alejandro A. Román

Juez de Cámara

Beatriz A. Abele

Juez de Cámara

Héctor R. Albrecht

Secretario