El accidente de tránsito protagonizado por el chofer de ómnibus no configura injuria laboral al no estar acreditado que hubiera obrado con culpa ni incumplido las normas de tránsito

Partes: Gonzalez Sandro Ezequiel c/ Microómnibus Ciudad de Buenos Aires S.A.T.C.E. s/ despido

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo

Sala/Juzgado: VI

Fecha: 22-nov-2017

Cita: MJ-JU-M-108183-AR | MJJ108183 | MJJ108183

El accidente de tránsito protagonizado por el chofer de ómnibus no configura injuria laboral al no estar acreditado que hubiera obrado con culpa ni incumplido las normas de tránsito.

Sumario:

1.-Corresponde concluir que el accidente de tránsito protagonizado por el trabajador chofer de ómnibus configura una injuria que por sí sola no posee entidad suficiente para impedir la prosecución del vínculo laboral si no se acreditó la culpa de aquel ni mucho menos el incumplimiento de las normas de tránsito, porque ninguno de los testigos que declararon a instancias de la parte demandada aportaron evidencia alguna del accidente de tránsito en cuestión, al haber afirmado conocer el supuesto accidente pero sin dar cuenta de un conocimiento directo sobre ese hecho.

2.-El accidente de tránsito protagonizado por el trabajador chofer de ómnibus debe ser considerado, como mucho, un acto de indisciplina que puede -aisladamente- ser calificado como leve , si no está demostrada su culpa ni el incumplimiento de las normas de tránsito, por lo cual en modo alguno pudo justificar la cesanti´a y tornar legitima la ruptura del vi´nculo laboral.

3.-Si al trabajador no se le imputaron antecedentes disciplinarios desfavorables previos al despido, los elementos probatorios alcanzados a la causa con el efecto de ponerlos de manifiesto carecen de eficacia al efecto intentado, pues la relación de proporcionalidad en la valoración de la injuria debe limitarse al último hecho que determinó el despido, sin ponderación alguna en correlación con otros antecedentes.

Fallo:

Buenos Aires, 22 de noviembre de 2017

En la Ciudad de Buenos Aires reunidos los integrantes de la Sala VI a fin de considerar los recursos deducidos en autos y para dictar sentencia definitiva en estas actuaciones, practicando el sorteo pertinente, proceden a expedirse en el orden de votación y de acuerdo con los fundamentos que se exponen a continuación.

LA DOCTORA GRACIELA L. CRAIG DIJO:

Llegan los autos a esta Alzada con motivo de los agravios que, contra la sentencia de primera instancia de fs. 304/308, interpusiera la parte actora a tenor del memorial obrante a fs. 309/315 y que mereciera réplica de la contraria a fs. 323/327.

El Señor Juez “a quo”, en el marco de una acción por despido, desestimó la pretensión del actor. Para así decidir consideró que la empresa en su comunicación epistolar ha logrado transmitir con claridad el hecho desencadenante por el cual decide poner fin a la relación laboral. Asimismo, advirtió que el actor reconoció cómo ocurrieron los hechos en la declaración que efectuó en la empresa empleadora, documental que fue reconocida a fs. 144; por tanto, juzgó contraria a sus propios actos la posición mantenida en la demanda, por tratarse de una conducta incompatible con una anterior, deliberada, jurídicamente relevante y plenamente eficaz (ver fs. 397).

La parte actora se alza contra aquella decisión. En primer lugar, considera que la simple lectura de la carta documento que pone fin al contrato de trabajo no cumple con los requisitos dispuestos en el art. 243 de la LCT, ya que de ella no surge con claridad cuál es el motivo invocado para la ruptura contractual (ver fs. 309vta./310vta.). Asimismo, señala que si se le diera virtualidad al descargo que la demandada obligara a suscribir a su parte, tampoco del mismo surge que el actor haya violado leyes de tránsito como pretende hacerse ver en el fallo en crisis, lo cual demuestra que la causa del despido no fue proporcionada con la ruptura del vínculo laboral para consentir la imposibilidad de continuidad.Funda esas afirmaciones en la prueba testimonial que no fue valorada por el “a quo” (ver fs. 311/vta.). Finalmente, cuestiona que el sentenciante de grado haya omitido valorar el dictamen fiscal acompañado como “hecho nuevo” el 26/2/2013, el cual determina la revocación del fallo apelado (ver fs. 311vta./312).

Adelanto que las manifestaciones efectuadas por el apelante en su escrito recursivo alcanzan a modificar las argumentaciones en las que el juez de grado funda su decisión. Me explico.

No se discutió la fecha en la que se dispuso la rescisión del vínculo laboral que uniera a Sandro Ezequiel González con su empleadora, tampoco el modo en el que quedó formalizado, como despido directo. Si, en cambio, se cuestionó la causal invocada como fundamento de la decisión rupturista.

Como se desprende de la misiva rescisoria, la demandada sometió el despido directo del trabajador, concretado el 30/4/2010, “.a la falta grave en que incurrió al ocasionar el accidente de tránsito el día 26 de abril de 2010, por su culpa violando las Leyes de tránsito y daños en sus bienes.” (Telegrama del 30/4/2010 reconocido por ambas partes a fs. 8 -actor- y fs. 49vta.-demandada-).

Para determinar si efectivamente el despido fundado en justa causa fue ajustado a derecho cabe atenerse a los términos del intercambio telegráfico mantenido entre las partes y, en virtud de las reglas que rigen la carga probatoria, corresponde a quien denuncia el contrato la prueba de los extremos (art. 377 CPCCN). En efecto, era la demandada quién tenía la carga de probar que la actora incurrió efectivamente en los incumplimientos imputados, en el caso, la “culpa” al “ocasionar” el accidente de tránsito por “incumplimiento de las leyes de tránsito” y, en caso afirmativo, si la conducta mereció la pena máxima.

Observo que ambas partes coinciden en la ocurrencia del hecho imputado al trabajador, sin perjuicio del desconocimiento realizado por este último de la mecánica descripta por su empleadora.La demandada, claramente, consideró al mismo de gravedad tal que impidió la continuidad de la relación de trabajo, sin embargo, no coincido con la valoración realizada por quien fuera la empleadora pues, en mi opinión, no se ha acreditado la culpa del trabajador ni mucho menos el incumplimiento de las normas de tránsito imputado. Por tanto, en mi opinión, se trata de una injuria que por sí sola no posee entidad suficiente como para impedir la prosecución del vínculo laboral. Me explico.

Entonces, claro está que el Sr. González protagonizó el hecho invocado en la comunicación resolutoria del vínculo, sin embargo, como destaqué anteriormente, era la demandada quién debía demostrar que el mismo fuera por causa imputable a su accionar, y lo cierto es que no aportó elementos probatorios suficientes para demostrarlo.

En primer lugar, contrariamente a las conclusiones del juez de grado, considero que el reconocimiento de los hechos que el trabajador hizo en la empresa demandada, en oportunidad de dar las explicaciones del accidente de tránsito que protagonizó laborando bajo su dependencia, y cuya documental se encuentra obra a fs. 36/37 y fue reconocida por el actor a fs. 144, no implicó la asunción de responsabilidad alguna. Ello es así, pues el propio actor explicó que salió del semáforo de Viamonte en onda verde y a 40 km/h, cuando colisiona con un auto de frente en la intersección de la calle

Tucumán. Destacó que el semáforo de esta última calle no funcionaba. O sea, en ningún momento reconoció haber incumplido norma de tránsito alguna, sino que invocó mal funcionamiento del semáforo de la calle por la que venía el automóvil.Por lo demás, en lo que refiere a la admisión de su culpa, no la observo asumida con responder “si, lo sé” al interrogante de la demandada sobre la valoración que ésta tiene al respecto, ¿Sabe usted que los accidentes frontales en las compañías de transporte son consideradas faltas graves ya que usted está capacitado, por ser un conductor profesional, para evitar estos incidentes?. Por tanto, considero que en modo alguno se puede afirmar que la versión fáctica expuesta en el inicio es contraria a sus propios actos.

Por otra parte, el testigo Sidoli (ver fs. 161/162) señaló que: “.no sabe a qué velocidad cruzó el actor porque el testigo no estuvo presente al momento del accidente.”; Di Napoli (ver fs. 163/164) sostuvo que: “.no sabe porque el actor dejó de trabajar en la línea, que tiene entendido que tuvo un choque fuerte ahí en Suipacha y Tucumán.” y Acosta (ver fs. 179/180) indicó que: “.si bien no fue testigo directo.llego cuando los coches ya estaban chocados.que no sabe qué tiempo transcurrió entre el accidente y cuando el testigo llega al mismo.no sabía precisar cuánto tiempo paso desde ese momento al momento de la colisión”.

Entiendo que ninguno de los testigos que declararon a instancias de la parte demandada aportaron evidencia alguna del accidente de tránsito en cuestión, pues afirman conocer el supuesto “accidente” que protagonizó el trabajador durante la jornada laboral, pero no dan cuenta de tener conocimiento directo sobre ese hecho. O sea, son testimonios que resultan referenciales, lo cual resta valor probatorio a sus dichos, pues como es sabido, la relación de sujeto cognoscente a objeto conocido, repito, no es directa, y resulta ser solo una simple afirmación genérica sin respaldo suficiente en elementos de carácter objetivo, que justifiquen el acaecimiento de los hechos descriptos, habida cuenta de que el testigo es por definición, la persona que ha tenido conocimiento de los hechos a través de sus propios sentidos.En este contexto, del análisis de la prueba testimonial, conforme los términos de la sana crítica, entiendo que no se han aportado pruebas conducentes que acredite el incumplimiento de las normas de tránsito que le imputó la demanda ni que hubiese actuado con culpa o negligencia.

A mayor abundamiento, Galindo (ver fs. 178), pasajera del colectivo el día del accidente, explicó que la testigo “.estaba en una ventanilla sentada.que vio un auto que iba a toda velocidad y el chofer del colectivo tuvo que frenar para que no pasara a mayores, que sino frenaba iba a ser una tragedia, que recuerda bien lo dela ventanilla y que vio como el auto venía a toda velocidad.que el colectivo iba a una velocidad normal.era sábado a la tarde y el tránsito estaba tranquilo”.

O sea, como se puede observar, el único testigo que declaró en la causa y tiene conocimiento directo sobre el hecho que produjo el cese en el caso de marras, lo hizo a instancias del accionante, y el hecho de que el testimonio quede en soledad no lo invalida como tal si, como en el caso, sus dichos lucen certeros y concluyentes sin que dejen margen para la duda en la suscripta respecto de los hechos y circunstancias que manifiesta conocer Por tanto, en virtud de las reglas de la sana crítica, otorgó fuerza probatoria al testimonio que apoya la versión fáctica denunciada en el inicio (art. 386 del C.P.C.C.N.).

Finalmente, a fs. 235/239 se presentó como hecho nuevo la decisión del juez correccional donde ordenó archivar la actuación con fundamento en los argumentos esgrimidos por el Sr. Fiscal, del cual podemos extraer que “.lo que objetivamente se puede conocer es que el chofer tenia prioridad de paso, dado que circulaba por la calle que tenía intersección a la derecha de los vehículos, en una encrucijada que en ese momento no estaba regulada por un semáforo.Sumado a los expuesto no se pudo constatar si alguno de los vehículos circulaba a alta velocidad.”.

Por lo demás, como al trabajador no se le imputaron antecedentes disciplinarios desfavorables, los elementos probatorios alcanzados a la causa con el efecto de ponerlos de manifiesto carecen de eficacia al efecto intentado, pues la relación de proporcionalidad en la valoración de la injuria debe limitarse al último hecho que determinó el despido, sin ponderación alguna en correlación con otros antecedentes.

Por tanto, entiendo que se trató, como mucho, de un acto de indisciplina que puede -aisladamente- ser calificado como “leve”, pero en modo alguno pudo justificar la cesantía y tornar legitima la ruptura del vínculo laboral.

En virtud de ello, en mi opinión, de prosperar mi voto, propongo revocar el fallo de origen en este aspecto y hacer lugar a las indemnizaciones por despido aquí reclamadas (arts. 243 y 245 de la L.C.T., con más el sac sobre el preaviso, como también el art. 2 de la ley 25.323 desde que se dan los presupuestos exigidos para su procedencia).

Por otra parte, también se hará lugar al reclamo de la multa del art. 80 de la L.C.T. toda vez que si bien el despido se produjo en fecha 30/4/2010 y el actor intimo fehacientemente a la entrega de la certificación prevista en la norma citada, en fecha 8/02/2011 es decir, 10 meses después del distracto, también lo es que la demandada respondió esta telegráfica y adujo haber puesto a disposición del actor esa documentación en fecha 10/02/2011; sin embargo, se advierte que a fs.46/47 acompaña el formulario PS 6.2, cuyas firmas fueron autenticadas por la entidad bancaria con fecha 11/8/2011, por lo que, mal puede la demandada, argu¨ir que puso a disposición del actor esta documental cuando fue intimada.

Las restantes cuestiones de fondo decididas en origen no han sido cuestionadas, por tanto, llegan firmes a esta Alzada.

En consecuencia, a partir de lo expresado, y atendiéndome a los parámetros establecidos en origen, no cuestionados en esta instancia, de prosperar mi voto, el actor resultará acreedor de la siguiente liquidación:

Antiguedad art. 245 LCT – $ 27.289,44

Preaviso – $ 9.096,48

Sac s/ preaviso – $ 758,04

Art. 2 ley 25.323 – $ 18.571,98

Art. 80 LCT- $ 13.644,72

TOTAL – $ 69.360,66

Por lo expuesto corresponde diferir a condena la suma de $69.360,66 (pesos sesenta y nueve mil trescientos sesenta con sesenta y seis centavos), dicha suma llevará intereses de conformidad con lo acordado por la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo (ACTA CNAT 2601 del 21.05.14) desde que cada suma es debida y hasta su efectivo pago, la “tasa nominal anual para préstamos personales libre destino del Banco Nación para un plazo de 49 a 60 meses.”, tasa de interés del 36% anual que fue mantenida en el Acta 2630/2016.

El resultado que impulso implica dejar sin efecto lo dispuesto en la instancia previa en torno a las costas y regulaciones de honorarios, y proceder a su determinación en forma originaria (art. 279 CPCCN).

En lo que respecta a las costas del proceso, propongo imponer las de ambas instancias a cargo de la demandada vencida (conf. art. 68 del CPCCN).

Asimismo, en atención a la extensión y calidad de las tareas profesionales realizadas sugiero regular los honorarios de la representación letrada de las partes actora, demandada, perito contador y perito calígrafa, por sus actuaciones en primera instancia, en el 15%, 13%, 6%, 6% respectivamente, del monto total de condena con intereses (cfr. arts.38 LO, 6, 7, 9, 19, 37 y 39 de la ley 21.839 y 3 y concs. decreto ley 16.638/57).

Por lo demás, corresponde regular los honorarios de la representación letrada de las partes actora y demandada por las labores cumplidas ante esta instancia en el 25% de lo que, en definitiva, a cada uno le corresponda percibir por su desempeño en origen (art. 14 ley 21.839 y 38 LO).

EL DOCTOR LUIS A. RAFFAGHELLI DIJO:

Adhiero al voto que antecede.

Por lo que resulta del acuerdo que antecede (art. 125 de la ley 18.345), el Tribunal RESUELVE: 1) Revocar la sentencia de primera instancia y, en su mérito, hacer lugar a la demanda, condenando a MICROOMNIBUS CIUDAD DE BUENOS AIRES S.A.T.C.E. a pagar a GONZALEZ SANDRO EZEQUIEL, dentro del quinto día de aprobada la liquidación prevista en el art. 132 de la LO, la suma $69.360,66 (pesos sesenta y nueve mil trescientos sesenta con sesenta y seis centavos), con más los intereses dispuesto en el presente pronunciamiento; 2) Confirmar en lo restante el fallo que decide sobre el fondo del asunto; 3) Imponer las costas de ambas instancias a cargo de la parte demandada vencida; 4) Regular los honorarios de la representación letrada de la parte actora, demandada, y por los peritos contador y calígrafa en los respectivos porcentajes de 15%, 13%, 6% y 6% del monto total de condena con los intereses dispuestos en el considerando respectivo; 5) Regular los honorarios de esta instancia para los letrados intervinientes en el 25% de lo que, respectivamente, les corresponde por su actuación en la etapa anterior.

Oportunamente cúmplase con lo dispuesto en el art. 1o de la Ley 26.856 y con la Acordada de la CSJN No 15/2013.

Regístrese, notifíquese y vuelvan.

Graciela L. Craig

Luis A. Raffaghelli