Se considera justificado el despido dispuesto por abandono de trabajo, dado que el dependiente no respondió la intimación del empleador ni justificó sus ausencias.

Partes: Barreto Fernando Esteban c/ Lake Internacional S.A. y otro s/ despido

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo

Sala/Juzgado: V

Fecha: 10-oct-2017

Cita: MJ-JU-M-107557-AR | MJJ107557 | MJJ107557

Se considera justificado el despido dispuesto por abandono de trabajo, dado que el dependiente no respondió la intimación del empleador ni justificó sus ausencias.

Sumario:

1.-Es justificado el despido por abandono de trabajo si el trabajador no respondió a la intimación cursada por el principal, donde se le solicitó que justificara inasistencias sin aviso ni justificación y tampoco acompañó los justificativos por dichas ausencias.

2.-La cesantía por abandono de trabajo sólo se configura con la actitud del dependiente que deja de concurrir sin motivo a su empleo con el propósito expreso o presunto de no cumplir en lo sucesivo con su prestación de servicios, sin que medie justificación alguna y la nota que lo caracteriza es, en principio y generalmente, el silencio del trabajador.

3.-La hipótesis que plantea el art. 244 , LCT. es la de abandono-injuria que requiere un tiempo continuado y considerable de ausencias sin justificación y la previa constitución en mora al dependiente, mediante intimación hecha en forma fehaciente, a fin de que se reintegre a sus labores.

 

Fallo:

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, capital federal de la República Argentina, a los 10 días del mes de octubre de 2017 se reúnen los señores jueces de la Sala V, para dictar la sentencia en esta causa, quienes se expiden en el orden de votación que fue sorteado oportunamente; LA DRA. GRACIELA ELENA MARINO dijo:

I – Contra la sentencia dictada a fs. 464/467, que hizo lugar parcialmente al reclamo inicial, se alza la parte actora en los términos del memorial que luce glosado a fs. 471/479 y la codemandada Provincia A.R.T. S.A. a fs. 468/469, que recibiera réplica de la contraria a fs. 485/486.

Por sus honorarios, se alza la perito contadora.

II – En su recurso, la parte actora se queja porque la sentenciante de grado consideró que la decisión de la empleadora de extinguir el vínculo por abandono de trabajo resultó ajustada a derecho.

Puntualiza la recurrente que el análisis de la juzgadora no es correcto y cuestiona la valoración efectuada al respecto.

De esa manera, el apelante entiende que la magistrada efectuó una apreciación equivocada de la situación planteada en autos, ya que sostiene que se demostró que el demandante no hizo abandono de su puesto de trabajo y que respondió al emplazamiento efectuado al tal efecto.

Sin embargo, luego del análisis de las posturas asumidas por los litigantes, y las pruebas producidas en el pleito, anticipo que coincido con el juzgamiento efectuado por la magistrada que me antecede, por las razones que seguidamente expondré.

En dichos términos, no puede soslayarse que el recurrente no se hace cargo del argumento del pronunciamiento de grado relativo a que guardó silencio a las misivas cursadas el 12/2/2009 y el 2/3/2009, sin que la comunicación remitida el 5/6/2009 respecto a una supuesta negativa de tareas justifique las ausencias anteriores.

Ahora bien, la cesantía por abandono de trabajo sólo se configura con la actitud del dependiente que deja de concurrir sin motivo a su empleo con el propósito expreso o presunto de no cumplir en lo sucesivo con su prestación de servicios, sin que medie justificación alguna y la nota que lo caracteriza es, en principio y generalmente, el silencio del trabajador.

La hipótesis que plantea el artículo 244, L.C.T. es la de abandono-injuria que requiere un tiempo continuado y considerable de ausencias sin justificación y la previa constitución en mora al dependiente, mediante intimación hecha en forma fehaciente, a fin de que se reintegre a sus labores. En el caso, se encuentran cumplidos los presupuestos de hecho de la norma invocada como fundamento de la ruptura del vínculo laboral toda vez que el trabajador no respondió a la intimación cursada por el principal el 12/2/2009, donde se le solicitó que justifique inasistencias sin aviso ni justificación de los días 11 y 12 de febrero de 2009 (v. telegrama de fs. 77) y que tampoco acompañó los justificativos por dichas ausencias. En consecuencia, no cabe sino considerar justificado el despido dispuesto por abandono de trabajo.

III – Por otra parte, el recurso interpuesto respecto a las costas no tendrá recepción favorable toda vez que el accionante ha resultado vencido en lo principal de este aspecto de la contienda, sin advertirse razones que importen apartarse del principio objetivo de la derrota plasmado en el art. 68, C.P.C.C.N., por lo que debe confirmarse la imposición de costas a su cargo.

IV – La parte actora también cuestiona la ponderación del informe pericial médico y psicológico respecto al porcentaje de incapacidad establecido por la jueza a quo, en base a los informes periciales obrantes en autos.

Para así decidir, la jueza a quo consideró que el informe médico dio cuenta que el actor padece una incapacidad permanente, parcial y definitiva del 5,65% de la t.o. y que el dictamen de la perito psicóloga dio cuenta que el accidente sufrido por el actor incidió concausalmente como factor predisponente para la aparición de su afección psíquica.De esta forma, crítica la incapacidad otorgada por la jueza de grado en base a que no se ajustaría lo establecido por el baremo del decreto 659/96.

El perito médico legista otorgó una incapacidad física parcial y permanente del 5,65% de la T.O. y la perito psicológica una minusvalía psíquica del 15%, con sustento en el baremo de los Dres. Castex y Silva (v. fs. 315).

En tales términos, coincido con el porcentaje de incapacidad fijado por sentenciante de grado por el 11,65% de la total obrera, pues los “baremos” son sólo indicativos y el órgano facultado legítimamente para determinar la existencia o no del grado incapacitante y su adecuación y medida es el jurisdiccional, a través de la interpretación de los arts. 386 y 477 del C.P.C.C.N.

En lo demás, cabe señalar que el informe médico de fs. 419/420 resulta convincente por la solidez científica de sus argumentaciones y los estudios médicos en los que se funda, sin que obste a esta conclusión las impugnaciones formuladas a fs. 425/428 y que fueron respondidas a fs. 431 las que, a mi entender, sólo expresan discrepancias conceptuales que no logran conmover los argumentos esgrimidos por el perito (arts. 386 y 477 CPCCN y 155 L.O.).

Por dichas razones, opino que la sentencia debe ser confirmada en este aspecto cuestionado.

V – El recurso interpuesto por la aseguradora está dirigido a cuestionar la tasa de interés dispuesta en la instancia anterior, en tanto sostiene que resulta improcedente porque no reviste la calidad de fallo plenario y porque las leyes de convertibilidad prohíben la indexación.

Sin embargo, no encuentro atendible la queja de la aseguradora.En efecto, en el marco de lo establecido mediante las Actas 2600 -del 7/5/14- y 2601 -del 21/5/14- esta CNAT resolvió modificar lo dispuesto por el Acta 2357 del 7/5/02 y que la tasa de interés aplicable sea la Tasa nominal anual para préstamos personales libre destino del Banco Nación para un plazo de 49 a 60 meses, que debe comenzar a regir desde que cada suma es debida, respecto de las causas que se encuentren sin sentencia, y con relación a los créditos del trabajador.

En el contexto descripto, respecto a la tasa de interés dispuesta, propiciaré confirmar la sentencia de la instancia anterior en este aspecto cuestionado y aplicar la tasa de interés dispuesta por Actas 2601 y 2630 de la CNAT.

VI – En cuanto al cuestionamiento por la regulación de honorarios, teniendo en cuenta el mérito e importancia de las labores, su extensión y el valor económico, así como lo dispuesto por las normas arancelarias vigentes (arts. 6, 7, 8, 9, 19, 37, 39, 47 y concs. ley 21.839; 3 y 12 del dec. ley 16.638/57), entiendo que los honorarios regulados a la representación letrada de la parte actora, de las demandadas y de los peritos médico, psicóloga y contadora resultan equitativos, ya que se adecuan a las pautas mencionadas, por lo que propiciaré confirmarlos.

VII – En atención al resultado del recurso, sugiero imponer las costas en alzada a cargo del accionante y regular los honorarios a la representación letrada de la parte actora y demandadas en el 25% de lo que a cada una le corresponda percibir, respectivamente, por su actuación en la anterior instancia (conf. art. 14 de la ley 21.839).

 

EL DOCTOR ENRIQUE N ESTOR ARIAS GIBERT manifestó:

Que por análogos fundamentos adhiere al voto de la Sra. Jueza de Cámara preopinante.

En virtud de lo que surge del acuerdo que antecede, el TRIBUNAL RESUELVE:

1) Confirmar la sentencia apelada en cuanto fue materia de recursos y agravios; 2) Costas y honorarios de alzada conforme lo propuesto en el punto VII del primer voto; 3) Regístrese, notifíquese, cúmplase con el art. 1 de la ley 26.856 Acordadas C.S.J.N.

15/13 punto 4) y 24/13 y devuélvase. Con lo que terminó el acto, firmando los señores jueces por ante mí, que doy fe. Se deja constancia que la vocalía 2 se encuentra vacante (art. 109 RJN).

 

MLF

Graciela Elena Marino

Juez de Cámara

Enrique Néstor Arias Gibert

Juez de Cámara