La Cámara no autoriza a votar a una persona cuya capacidad está restringida judicialmente y que no es apta para realizar ningún acto de la vida cotidiana sin apoyo.

Partes: L. F. s/ determinación de la capacidad

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil

Sala/Juzgado: I

Fecha: 2-nov-2017

Cita: MJ-JU-M-107905-AR | MJJ107905 | MJJ107905

La Cámara no autoriza a votar a una persona cuya capacidad está restringida judicialmente y que no es apta para realizar ningún acto de la vida cotidiana sin apoyo.

Sumario:

1.-Corresponde no autorizar a votar a la persona representada por el Ministerio de Menores e Incapaces, dado que si bien no se desconoce el derecho que asiste a las personas con discapacidad mental o capacidad restringida a participar, expresarse, ser escuchadas y a que su voluntad o preferencias sean tenidas en cuenta, lo cierto es que el causante tiene antecedente de trastorno psicótico y trastorno depresivo, no puede vivir sola, no puede cumplir con las indicaciones terapéuticas que se le efectúen ni prestar consentimiento informado, no puede trasladarse por sí sola en la vía publica y requiere supervisión permanente para las actividades de su vida cotidiana.

 

Fallo:

Buenos Aires, 2 de noviembre de 2017.-

AUTOS, VISTOS Y CONSIDERANDO:

Se remiten las presentes actuaciones en consulta en los términos dispuestos por el art. 253 bis y 633 del Código Procesal y art. 40 del Código Civil y Comercial de la Nación. En el marco de la vista conferida la Sra. Defensora de Menores e Incapaces de Cámara solicita que se modifique la sentencia de fs. 591/3, autorizando a F. L. a votar. Tal requerimiento, se anticipa, no será admitido. La sentencia de grado restringió la capacidad de L. en los términos allí indicados y designó a su hermano V. L. como apoyo con las salvaguardas allí especificadas. Respecto del derecho a sufragio restringido en la sentencia de grado es menester destacar que la Cámara Nacional Electoral, conociendo la apelación del Ministerio Público en los pronunciamientos de primera instancia de ese mismo fuero que, valorando la sentencia civil de determinación de la capacidad, rehabilitó a los causantes en el “ejercicio de sus derechos electorales” distinguió la faz pasiva y activa del sufragio. Por los argumentos allí expuestos sostuvo que “en materia de igualdad respecto de las garantías que hacen al pleno ejercicio de los derechos políticos (…) deben distinguirse entre el derecho político de sufragio activo, de elegir que tienen los ciudadanos electores y el de sufragio pasivo de ser elegidos – elegibilidad- (cfr. Fallos CNE 2388/98; 2401/98; 3275/03; 4195/09; entre otros).

 

En efecto, la igualdad como principio y garantía tiende a condicionar a los poderes públicos en cuanto al grado de su consideración a la hora de reglar, omitir o actuar; […] como derecho [se] interrelaciona con el resto de los derechos fundamentales y está alcanzando por el principio constitucional que establece que no hay derechos en su ejercicio absoluto.[…] Partiendo del presupuesto constitucional según el cual el derecho a la igualdad, en idéntico sentido que el resto de los derechos fundamentales consagrados en la norma suprema, está condicionado al principio de ejercicio relativo, su correcta aplicación exige advertir las distinciones que fueran procedentes para garantir su plena vigencia” (Cayuso, Susana “El principio de igualdad en el sistema constitucional argentino”, La Ley 29/11/2003).

 

Que, en tal sentido, vale señalar que el derecho pasivo de sufragio o derecho a ser elegido aparece estrechamente ligado a una determinada concepción de la representación; precisamente, porque se espera de los elegidos cualidades singulares, se les exigen condiciones distintas y más estrictas que las que se requieren para el ejercicio del sufragio activo, ya que no es solamente un derecho, sino también constituye la oferta electoral (cfr. Fallos C.N.E. 3275/03; 4195/09 y Expte. n° CNE 3451/2014/CA1 “Procuración Penitenciara de la Nación y otro c/Estado Nacional – Ministerio del Interior y Transporte s/amparo – Acción de Amparo Colectivo (inconstitucionalidad arts. 12 y 19 inc. 2 C.P. y 3° inc. e, f, y g C.N.E.). Es decir que la reglamentación del sufragio admite distinciones en cuanto a su faz activa -derecho a elegir- y pasiva -derecho a ser elegido- que deben ser tenidas en cuenta en casos como el presente, pues la inclusión de las personas en el padrón electoral, es un elemento habilitante de la oficialización de precandidaturas y candidaturas a cargos públicos electivos nacionales, así como para el ejercicio de cargos partidarios” (C.N.E. “Kopelman, Mirta R. s/inhabilitación” del 3 de noviembre de 2016, “Bornsztein, Jorge Jaime s/inhabilitación” del 3 de noviembre de 2016 y “Labatut, Julio s/inhabilitación del 3 de noviembre de 2016).

 

En este caso, la Sra. Defensora de Cámara requiere que se habilite a la causante su facultad de ir a votar, es decir, únicamente el aspecto activo del derecho al sufragio restringido en la sentencia.Ahora bien, cabe señalar que este Tribunal no desconoce los argumentos teóricos que esgrime la citada funcionaria ni el derecho que asiste a las personas con discapacidad mental o capacidad restringida a participar, expresarse, ser escuchadas y a que su voluntad o preferencias sean tenidas en cuenta (art. 12 de la Convención de las Personas con Discapacidad, CNCivil, Sala G “A., Z.A. s/determinación de capacidad”, del 24-4-15). Pero dadas las constancias que emergen de esta causa, la modificación requerida no puede ser admitida. Principalmente se tendrá en cuenta que tanto F. L. como su apoyo, el Sr. Defensor de grado y la Sra. Defensora Pública Curadora han consentido la sentencia de grado que valorando el informe interdisciplinario de fs.533/5 dispuso la mencionada restricción.

 

De allí se desprende que el causante tiene antecedente de trastorno psicótico y trastorno depresivo, que no puede vivir sola; no puede cumplir con las indicaciones terapéuticas que se le efectúen ni prestar consentimiento informado; no puede trasladarse por sí sola en la vía publica, ni ejercer derechos electorales, no tiene aptitud para intervenir en juicios y requiere supervisión permanente para las actividades de su vida cotidiana, no puede cobrar y administrar un beneficio previsional o salario ni administrar o disponer de bienes (v. fs. 533/4). En base a estas consideraciones, teniendo en cuenta el estado de salud mental que presenta la causante se considera necesario mantener la restricción de su capacidad para ejercer el “derechodeber” de votar. Ello pues, tal restricción debe serlo en la medida necesaria y apropiada para su bienestar (art. 1° de la Convención Interamericana para la Eliminación de todas la Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad, aprobada por la ley 25.280), proporcional y adaptada a sus circunstancias personales y sujeta a exámenes periódicos, habida cuenta que no debe sobreprotegerse a la persona pero tampoco desprotegerla respecto de actos de la importancia del sufragio (v. en este sentido CNCivil, Sala G “A., M.L. s/insania”, expte.n° 62544/97 del 13/12/2011 y jurisprudencia alli citada y esta Sala expte. n° 288181/88 del 27/10/16). Este tribunal no ignora el contenido de la Comunicación n° 4/2011 aprobada por el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en su décimo período de sesiones (septiembre de 2013). Sin embargo se ve precisado de señalar que la situación que allí se planteó es bien diversa de la que se presenta en el caso. Ello es así centralmente por dos razones que resultan de la lectura íntegra de dicha comunicación. Es así que ésta tiene su origen en la presentación efectuada por seis ciudadanos húngaros que invocaron concretamente “ser víctimas de una vulneración…de los derechos que les asisten en virtud del art. 29 de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad”, en virtud de que “sus nombres fueron suprimidos automáticamente de los registros electorales por aplicación directa del art. 70, párrafo 5 de la Constitución [de su país]. En las decisiones en virtud de las cuales se declaraba su incapacidad no se tuvo en cuenta su derecho de voto, que con arreglo a la disposición constitucional se los despojó de manera automática e indiscriminada de ese derecho, independientemente de la naturaleza de su discapacidad, sus capacidades individuales y el alcance de la medida de incapacitación. Los autores señalan que entienden las cuestiones políticas y podrían participar en unas elecciones. Sostiene que mantener esa prohibición automática no está justificada y constituye una violación del art. 29… de la Convención” (párrafo 3.1., “la denuncia”, énfasis agregado).

 

Se advierte entonces dos relevantes diferencias con el caso de autos; la primera de ellas es que en ese caso los interesados fueron quienes en el ámbito interno de su país y luego ante el Comité esgrimieron su derecho a votar; en autos en cambio tanto la interesada como su apoyo han consentido la restricción dispuesta en la sentencia.En segundo lugar, resulta que la violación que los allí peticionarios esgrimieron consistía en que en forma automática se los quitó del padrón por aplicación de las disposiciones de derecho interno. Esta situación es bien diversa de la que ocurre en el caso, como consecuencia de una legislación también distinta, que no priva sin más del ejercicio activo del derecho al voto -aspecto cuestionado por los interesados ante el Comité- sino que difiere la decisión de la cuestión en el magistrado de conformidad con la situación puntual y concreta de cada uno de los sujetos afectados. Y a este último aspecto parece apuntar claramente la Comunicación referida, cuando indica que “el Estado parte debe adaptar sus procedimientos electorales para garantizar que sean “adecuados, accesibles y fáciles de entender y utilizar” y cuando sea necesario permitir que las personas con discapacidad dispongan de asistencia para votar…” asegurando “que las personas con discapacidad intelectual puedan emitir un voto adecuado, en igualdad de condiciones con las demás, garantizando el carácter secreto del voto” (cfr. 9.6). Por tanto y sin desconocer la importancia de la participación ciudadana a través del voto, en la formación del gobierno y la organización de los poderes del Estado, lo que a su vez coadyuva al fortalecimiento de las instituciones de la República, ni lo que al respecto establece el art. 37 de la Constitución Nacional, cabe concluir -por las consideraciones supra indicadas-, la valoración de los profesionales médicos que han dictaminado en la causa, la conformidad de la causante, la Defensora Pública Curadora y la del Defensor de Menores e Incapaces de grado y su apoyo que no han cuestionado la sentencia dictada- que F. L. tiene restringida su capacidad para ejercer el derecho de que se trata.

 

No obstante lo cual, esta solución no implica que pueda, en el futuro reverse si se alteran las circunstancias examinadas, ya que no puede soslayarse la naturaleza esencialmente dinámica y modificable de este tipo de proceso.Con relación a la observación de la Sra. Defensora de Menores e Incapaces en el pto.VI de fs.619 se destaca que la inhibición general de bienes ordenada a fs. 592 pto. 3 es una medida cautelar, que se ordena en estos casos especialmente, en protección a la persona en cuyo interés se lleva adelante el proceso y también de terceros (esta Sala, “C., J. P. s/ Inhabilitación del 27/9/2012). Como tal, participa de la naturaleza cautelar que poseen todas esas medidas por lo que su necesidad -como la de cualquier otra medida que se ordene en los términos del art. 34 del C.C.C.- puede ser revisada y cuestionada en cualquier instancia del proceso si se alteran las circunstancias que la determinaron (art. 202 del C.P.C.C.), máxime en este tipo de procesos donde intervienen diversos operadores que podrán requerir -de estimarlo adecuado- el levantamiento de la medida. Se valora asimismo que la inhibición general de bienes dispuesta -medida esencialmente protectoria- fue, al igual que la restricción anteriormente tratada, consentida del modo ordenado, es decir, sin plazo tanto por todos los intervinientes en la instancia de grado. En consecuencia y por lo hasta aquí apuntado se confirma la sentencia elevada a consulta. ASÍ SE DECIDE. Regístrese y notifíquese a la Sra. Defensora de Menores de Cámara con remisión de los autos a su despacho. Cumplido, devuélvanse las actuaciones a la instancia de grado. Se deja constancia de que la Vocalía nº 26 se encuentra vacante. Se hace constar asimismo que la publicación de la presente sentencia se encuentra sometida a lo dispuesto por el art. 164, 2° párrafo del Código Procesal y art. 64 del Reglamento para la Justicia Nacional, sin perjuicio de lo cual será remitida al Centro de Información Judicial a los fines previstos por las Acordadas 15/13 y 24/13 de la C.S.J.N.

 

Castro

Guisado.

Es copia de fs.621/4.