Rechazo de la demanda al haberse probado que el despido no estuvo fundado en la actividad gremial desarrollada por el actor, sino que más bien lo fue por causas económicas

Partes: Acevedo Roberto Adrián c/ Honda Motor de Argentina S.A. s/ medida cautelar

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo

Sala/Juzgado: VII

Fecha: 9-ago-2017

Cita: MJ-JU-M-105987-AR | MJJ105987 | MJJ105987

Rechazo de la demanda al haberse probado que el despido no estuvo fundado en la actividad gremial desarrollada por el actor, sino que más bien lo fue por causas económicas.

Sumario:

 

1.-Cabe confirmar el rechazo de la demanda deducida a raíz del despido discriminatorio presuntamente fundado en la actividad gremial desarrollada por el actor, pues se omite toda referencia a los extremos tenidos en cuenta por el a quo para determinar que el despido no obedeció a razones gremiales o políticas, sino que más bien lo fue por causas económicas, ello por cuanto la crisis económica por la cual atravesó la demandada durante esa época fue reconocida incluso por los testigos, habiéndose producido gran cantidad de desvinculaciones ese año.

Fallo:

En la Ciudad de Buenos Aires, a los 9 días del mes de agosto de 2017, para dictar sentencia en los autos: “ACEVEDO, ROBERTO ADRIAN C/ HONDA MOTOR DE ARGENTINA S.A. S/ MEDIDA CAUTELAR”, se procede a votar en el siguiente orden:

EL DOCTOR NESTOR MIGUEL RODRIGUEZ BRUNENGO DIJO:

I.- La sentencia de primera instancia que rechazó la pretensión del inicio es apelada por la parte actora a tenor del memorial obrante a fs. 324-329/35, el que mereció réplica por parte de la demandada a fs. 337/44. A fs. 325, el perito contador designado en la causa apela por reducidos los honorarios que les fueran regulados.

II.- La accionante cuestiona la ponderación efectuada por el Sr. Juez de grado de la prueba producida en autos, a través de la cual, no consideró demostrado en la causa, que el despido del accionante obedeciera a razones gremiales o políticas y por ende que el mismo haya sido discriminatorio. Al respecto observo que la presentación en examen se compadece más con un alegato que con una expresión de agravios, por cuanto se omite rebatir eficazmente los fundamentos del decisorio de grado, limitándose el recurrente a efectuar referencia de los hechos descriptos en el inicio, indicando que se encuentran corroborados por los testigos, si efectuar mayores consideraciones. Liminarmente, cabe puntualizar que como bien se sostiene en la instancia anterior, era responsabilidad del demandante acreditar los extremos denunciados (cfr. art. 377 del CPCCN) o aunque más no fuera aportar indicios conducentes que permitan invertir la carga probatoria en atención a la invocación de un despido discriminatorio, fundado en las disposiciones de la ley 23.592.En este contexto, la Corte Suprema de Justicia el 11 de noviembre de 2011 en autos “Pellicori, Liliana Silvia c/ Colegio Público de Abogados de la Capital Federal s/ amparo” , luego de un minucioso y detallado análisis del bloque constitucional y del derecho comparado, concluyó que en los casos en los que fuera alegada discriminación en los términos de la ley 23.592 “.resultará suficiente, para la parte que afirma dicho motivo, con la acreditación de hechos que, prima facie evaluados, resulten idóneos para inducir su existencia, caso en el cual corresponderá al demandada a quien se reprocha la comisión del trato imputado, la prueba de que éste tuvo como causa un motivo objetivo y razonable ajeno a toda discriminación.”.

En ese marco, observo que, el Juez de la anterior instancia ponderó que los testigos aportados a la causa (ver fs. 204/9, 217/20, 238/41 y 247/50) insisten en destacar la activa participación del accionante en el mejoramiento de las condiciones de trabajo del personal de planta, para justificar su actividad gremial. Sin embargo, dicha actividad fue realizada conjuntamente con otros delegados de personal del establecimiento de la demandada, y sus consejos fueron receptados por la empresa. Observó que el actor afirmó en su demanda que el desencadenante de su despido fue el enfrentamiento con dichos delegados, por lo que dicha actividad gremial efectuada en años anteriores al despido, no pudo ser la causal de la extinción del vínculo laboral.Tuvo en cuenta también, que los testigos que relatan el incidente ocurrido en la entrada del establecimiento de la demandada, cuando los delegados de personal golpearon a un hombre y una mujer pertenecientes al PTS, y el actor salió a cuestionar el accionar de aquellos, no se ponen de acuerdo en el año en que este incidente se habría producido, por cuanto Méndez lo ubica a principios del año 2014, Migliore en el año 2012 y Villordo en el año 2013, cuando según lo expresado en la demanda el hecho habría ocurrido a mediados del año 2013 es decir más de un año antes de su despido. Por otro lado observó que no coincidía la descripción efectuada en la demanda con las declaraciones testimoniales, ya que mientras en el escrito inicial se afirmó que el actor había salido en defensa de un militante de un partido de izquierda, los testigos indicaron que eran dos militantes, de los cuales había una mujer, siendo que el actor habría salido a increpar al delegado Chico por haberle pegado justamente a una mujer. Por lo tanto su participación no habrías sido motivada por cuestiones gremiales o políticas, sino de género. Asimismo ponderó que luego de ocurridos los hechos en la entrada del establecimiento los deponentes citados refirieron que se realizó una asamblea en el establecimiento en la que participó Claudio Jara de la seccional de Quilmes del SMATA, quien avaló la actuación de los delegados. Pero ninguno pudo decir si el actor intervino en dicha asamblea, aunque sí estuvieron contestes en señalar que ningún representante de la demandada participó de la misma. Tampoco observó acreditado que la accionada estuviera al tanto del conflicto que existía entre el actor y los delegados de personal quienes según lo declarado por los testigos agredieron verbalmente al actor, máxime cuando no existe constancia documentada alguna que acredite que el accionante hubiera denunciado a los representantes de la patronal el comportamiento de los delegados hacia su persona.Por otra parte evaluó que los testigos dieron cuenta de un conflicto intrasindical entre los delegados de personal que participaban en la lista verde, con otra parte de los trabajadores que integrarían la lista celeste, opositora. Pero no se encuentra probado en la causa que el accionante integrara la misma, pues los propios testigos afirmaron que el demandante se negó sistemáticamente a postularse como candidato en alguna lista. Tampoco quedó claro que participación tenía el actor entre los trabajadores que se oponían a la lista oficialista, y si tenía una intervención activa en dicha oposición. Así, Méndez refirió que el despido se habría debido por estar en la lista celeste, pero al dar razón de sus dichos, luego de señalar que era lo que decían los delegados, reconoció que no sabía si esa manifestación era inventada. Migliore explicó que sabe que el actor se juntaba con gente de la lista celeste porque éste se lo comentó, aunque reconoció que nunca fue a ninguna reunión. Villordo señaló que a los delegados les habría llegado la información que el actor participaba en la lista celeste. Finalmente, Couto indicó que las reuniones mencionadas se llevaban a cabo en el parque Pereyra, pero a renglón seguido manifestó que esto fue entre los años 2011 y 2013, esto es, un año antes de la desvinculación del actor. Estas declaraciones se contradicen con los propios términos de la demanda, ya que el propio actor reconoció que hasta el incidente producido a mediados del año 2013, participaba activamente con los delegados de la lista verde. Tales conclusiones no son tenidas en cuenta por la recurrente en su memorial, quien se limita a expresar su disconformidad con la solución adoptada y a efectuar transcripción parcial de las declaraciones rendidas en la causa.Sobre el punto esta Sala tiene decidido en forma reiterada que disentir con la interpretación judicial sin fundamentar la posición o brindar bases jurídicas a su distinto punto de vista no es expresar agravios (ver en igual sentido esta Sala SD. 46.757, 24/6/2014 “Sarradell Andrés c/ Obra Social de la Unión Obrera Metalúrgica de la República Argentina y otro s/ Despido” y SD. 29.353, 3/6/97, “Parodi, José Luis c/ Oscar S. Magariños S.A. s/ Accidente”; marzo 31/3/98, “Benitez, Mario J. c/ Parke Davis S.A. y otro”; “Estonio Carlos A. c/ INDUPA S.A.” 15-2-94, entre otros). En lo que hace a la valoración de la prueba testimonial referida, observo que la recurrente intenta extemporáneamente aclarar o subsanar las imprecisiones en que incurren los testigos por ella citados, así en torno al hecho que la demandante sindica como desencadenante del cambio de conceptuación que de él se tenía y las diferencias de fechas que expresan ocurrieron los hechos, refiere que en realidad no se trató de una ocasión sino de varias, argumento que no se condice con lo expresado a fs. 10 del escrito de demanda. (arg. art. 277 del C.P.C.C.N.).

Por lo demás las alusiones formuladas por el testigo Villordo (fs. 238/41) en torno a una supuesta connivencia entre el Sindicato SMATA y la demandada, observo que el declarante omite dar debida razón de sus dichos, puesto que indica que era de “público conocimiento” sin indicar como llegó a su conocimiento dicha información (arg. art. 90 de la L.O. y 386 del C.P.C.C.N.). En otro andarivel advierto que la recurrente omite toda referencia a los extremos tenidos en cuenta por el Sr.Juez a quo, para determinar que el despido del trabajador no obedeció a razones gremiales o políticas, sino que más bien lo fue por causas económicas, ello por cuanto la crisis económica por la cual atravesó la demandada durante el año 2014 fue reconocida incluso por los testigos Villordo (fs. 238/41) quien manifestó que durante los primeros meses del año 2014 hubo una caída en las ventas, y después en agosto hubo varios despidos encubiertos bajo la figura de retiros voluntarios y Couto (fs. 247/50), quien afirmó que antes de agosto hubo desvinculaciones aisladas y también suspensión entre junio y julio de 2014, aclarando que en ese año las desvinculaciones fueron entre 40 y 60. Asimismo las declaraciones de Prieto (fs. 242), Martínez (fs. 243/4) y Schiavi (fs. 245/6), dieron cuenta de la situación deficitaria por la que atravesó la empresa durante el año 2014, y los despidos que se produjeron por reestructuración. Por otra parte surge del informe confeccionado por la perito contador a fs. 180I/183, que entre el 9/06 y el 7/07/14, y en el año 2014 fueron desvinculados del establecimiento de Florencio Varela 93 trabajadores, de los cuales 16 fueron por despido, 3 por abandono de trabajo, 71 por retiro voluntario y 3 por renuncia. Asimismo a fs. 167, la Asociación de Fábricas de Automotores informa que durante el año 2014 la producción de automóviles cayó de 506.539 unidades en 2013 a 363.711, registrándose una caída de las ven tas de automóviles de 667.168 en 2013 a 422.956; y con respecto a los puestos de trabajo se perdieron 2.100 comparando 2013 con 2014. Por todo lo expuesto, no observo motivos para alterar lo decidido en la instancia de grado sobre el particular. Las argumentaciones vertidas brindan adecuado sustento al pronunciamiento, razón por la que se omite el análisis de las demás cuestiones que se hubieran planteado en tanto resulten inconducentes para la solución del litigio.En tal sentido la C.S.J.N, ha señalado que “los jueces no están obligados a seguir y decidir todas las alegaciones de las partes, sino solo a tomar en cuenta lo que estiman pertinente para la correcta solución del litigio” (conf. Fallo del 30-4-74 en autos “Tolosa Juan C. c/ Cía. Argentina de Televisión S.A.” pub. en La Ley, Tomo 155 pag. 750, número 385). De esta suerte se reitera una doctrina expuesta en múltiples ocasiones, merced a la cual se exime al juzgador de tratar todas las cuestiones expuestas por los litigantes y de analizar los argumentos que, a su juicio, no sean decisivos (Fallos: 272:225 ; 274:113 ; 280:320 y 144:611 entre otros). III.- Los honorarios cuestionados lucen adecuados en atención a la calidad, mérito y extensión de las tareas desplegadas por los profesionales intervinientes, conforme los arts. 38 LO, 6, 7, 8, 9, 19, 39 y concs. de la ley 21.839, decreto-ley 16638/57 y ley 24.432. IV.- De tener favorable adhesión mi voto en función de las particularidades de la causa, propongo que las cosas de esta instancia sean impuestas por su orden, toda vez que la demandante pudo considerarse con derecho a recurrir la decisión de grado (arg. art. 68 segunda parte del CPCCN) y sugiero regular los honorarios de la representación letrada de la parte actora y los de igual carácter de la demandada en el 25% (veinticinco por ciento) para cada una de ellas, de lo que les corresponda por su actuación en la instancia previa.

LA DOCTORA ESTELA MILAGROS FERREIRÓS DIJO: por compartir los fundamentos, adhiero al voto que antecede.

EL DOCTOR HECTOR CESAR GUISADO: no vota (art. 125 de la ley 18.345).

A mérito de lo que resulta del precedente acuerdo, el Tribunal RESUELVE: 1) Confirmar la sentencia apelada en todo lo que decide y fue materia de recurso. 2) Imponer las costas de Alzada por su orden (art 68 segunda parte del CPCCN). 3) Regular los honorarios de Alzada, en el 25% (veinticinco por ciento) de los regulados en la anterior instancia. 4) Oportunamente, cúmplase con lo dispuesto en el art. 1º de la Ley 26.856 y con la Acordada de la CSJN Nro.15/2013.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

ESTELA MILAGROS FERREIROS, JUEZ DE CAMARA

ROSALIA ROMERO, SECRETARIA

NESTOR MIGUEL RODRÍGUEZ BRUNENGO, JUEZ DE CAMARA