El despido de la trabajadora no es discriminatorio por razón de su enfermedad si previamente el empleador le había otorgado licencia paga en exceso de los plazos legales

Partes: Negueruela Alejandra Mariana c/ Massalin Particulares SA s/ diferencia indemnización

Tribunal: Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires

Fecha: 26-abr-2017

Cita: MJ-JU-M-104681-AR | MJJ104681 | MJJ104681El despido de la trabajadora no puede considerarse discriminatorio por razón de su enfermedad si previamente el empleador le había otorgado licencia paga en exceso de los plazos legales.

Sumario:

 

1.-Cabe confirmar la sentencia en cuanto rechazó el daño moral por estimar no probada la configuración de un supuesto de discriminación susceptible de ser encuadrado en el art. 1 de la ley 23.592, ya que es ajustada a derecho la conclusión relativa a que los indicios alegados por la actora -acta notarial y pago tres días después- son insuficientes para generar una razonable convicción sobre la existencia de la discriminación, teniendo en cuenta la conducta de la demandada que, lejos de despedir a la trabajadora enferma, le otorgó treinta meses de licencia remunerada -en exceso de todos los plazos previstos por la ley para enfermedades inculpables-, reincorporándola con tareas livianas.

2.-La argumentación de la recurrente en cuanto modifica el enfoque inicial argumentando que el acto discriminatorio se patentiza en que la decisión de despedirla fue tomada por la demandada cuando aquélla se hallaba enferma, vigente el período de conservación del empleo que contempla el art. 211 LCT y antes que se le confiriera el alta médica, configura una contradicción que no puede ser admitida en tanto difiere de la asumida en la demanda, en donde ubicó la discriminación en el hecho de que, contando con el alta médica -es decir en el marco de aplicación del art. 212 LCT- a la empresa no le resultaba conveniente mantener la relación dado que su capacidad laboral se encontraba menguada por su afección psicológica.

3.-Interpretar los escritos constitutivos del proceso, así como valorar las pruebas producidas, la conducta exteriorizada por las partes en la etapa previa y posterior a la rescisión del contrato de trabajo y determinar la forma en que se produjo su extinción, constituyen cuestiones de hecho, privativas de los jueces de grado y excluidas de la casación, salvo el supuesto de absurdo.

4.-Corresponde hacer lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por la parte actora, declarando la inconstitucionalidad de la Ley 14.399 y revocando la sentencia en lo relativo a la tasa que declaró aplicable para el cálculo de los intereses, los que deberán liquidarse con arreglo a la pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a treinta días, vigente al inicio de cada uno de los períodos comprendidos y, por aquellos días que no alcancen a cubrir el lapso señalado, el cálculo debe ser diario con igual tasa, desde su exigibilidad hasta el día de su efectivo pago.

Fallo:

A C U E R D O

En la ciudad de La Plata, a 26 de abril de 2017, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Pettigiani, Kogan, de Lázzari, Soria, se reúnen los señores jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa L. 117.616 “N., A. M. contra Massalin Particulares SA. Diferencia indemnización”.

A N T E C E D E N T E S

El Tribunal de Trabajo n° 3 del Departamento Judicial Morón hizo lugar parcialmente a la demanda interpuesta, imponiendo las costas a la demandada (v. sent., fs. 308/311 vta.).

La parte actora peticionó la aplicación oficiosa de la ley provincial 14.399 y, en consecuencia, la reformulación de la liquidación de intereses y nueva regulación de honorarios (v. fs. 330/335 vta.), deduciendo asimismo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (fs. 336/348). El órgano de grado desestimó la primera presentación y concedió la segunda por resolución de fs. 350/351 vta.

Dictada a fs. 446 la providencia de autos y hallándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente

C U E S T I Ó N

¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?

V O T A C I Ó N

A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Pettigiani dijo:

I. El tribunal de origen admitió parcialmente la demanda promovida por A. M. N. contra la firma Massalin Particulares SA en cuanto pretendía el cobro de diferencias de la indemnización prevista en el art. 245 de la Ley de Contrato de Trabajo y el agravante estatuido en el art. 1 de la ley 25.323.

En cambio, en lo relevante, desestimó el reclamo tendiente al resarcimiento del daño moral por despido discriminatorio, fundado en el art. 1 de la ley 23.592 (vered., 3ª cuest., fs. 305/307; sent., fs.309 vta.).

En otro orden, dispuso que el capital reconocido devengue intereses de acuerdo a la tasa que abona el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones de depósito a treinta días -pasiva- (sent., fs. 311).

II. Contra dicho pronunciamiento se alza la parte actora con recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (fs. 336/348), en el que denuncia arbitrariedad, absurdo en la valoración de la prueba; la violación de los arts. 39 incs. 1 y 3, 161 inc. 3, 170 y 171 de la Constitución provincial; 44 inc. “e” de la ley 11.653; 14 bis, 16, 18, 28 y 31 de la Constitución nacional; 81 y 245 de la Ley de Contrato de Trabajo; 1º de la ley 23.592; leyes nacionales 25.280, “Convención Interamericana para la eliminación contra toda forma de discriminación por discapacidad” y 26.485, “Ley de Protección integral a las mujeres”; ley provincial 14.399 y de la doctrina que cita.

Expone los siguientes agravios:

1. Plantea su desconformidad con el rechazo de la pretensión indemnizatoria por despido discriminatorio.

Cuestiona el análisis realizado por el sentenciante acerca de los hechos que dieron sustento al reclamo, como igualmente de la conducta desplegada por la demandada en la etapa previa y contemporánea a la extinción del vínculo.

a. En ese sentido, aduce que incurrió en los vicios de absurdo y arbitrariedad -transgrediendo a la vez los principios de primacía de la realidad, in dubio pro operari y del debido proceso- al concluir que las circunstancias concernientes a la notificación del cese mediante un acta notarial y el pago de las indemnizaciones tres días después en la sede de la empresa para evitar que la actora reflexionase sobre los alcances de la medida, resultaban insuficientes como indicios para forjar su convicción respecto de la existencia de la discriminación (art. 163 inc.5, CPCC).

Sin perjuicio de admitir haber invocado tales hechos como un indicio razonable, en su opinión, el órgano de grado ha seleccionado los de menor trascendencia, soslayando ponderar aquellos otros que adquirían relevancia para comprobar la discriminación, como también los elementos probatorios aportados con posterioridad por la propia demandada (v. rec., fs. 337 vta. y 340 vta.).

Puntualmente aduce ignoradas o valoradas en forma absurda:

i) El acta notarial 83, labrada el 14 de mayo de 2010 por la escribana B. de R., acompañada por la accionada, que estima de trascendental importancia por su contemporaneidad con los hechos denunciados ya que receptó reconocimientos espontáneos realizados por dependientes de la accionada y, además, dado su carácter de instrumento público que le confiere objetividad y veracidad a su contenido.

Extrae de la misma que el día 14 de mayo de 2010, los señores B. y P. requirieron a la escribana B. de R. que concurriera a la empresa, manifestándole que mantendrían una conversación con la señora A. M. N., “a quien se desvinculará de la compañía” y que “seguramente ella se presentará en planta para evaluar su alta laboral ya que así lo ha convenido con el Servicio médico y confirmado por carta documento”; también le informaron que deseaban notificarle su situación y que en ese acto se le entregaría una nota comunicándole la rescisión del vínculo. Ya en el establecimiento, siendo las 14:00 horas, la notaria contactó a la actora y, tras explicarle la razón de su visita, el empleado B. le notificó la rescisión del contrato a partir de esa fecha. Aquélla manifestó que la aceptaba y añadió que “imaginaba esa decisión en virtud de conversaciones mantenidas en otras oportunidades”, finalizando el acto a las 16:30 horas (íd., fs.338).

Dicho instrumento -a su juicio- constituye un “indicio eminente” de que el despido obedeció únicamente a la afección psicológica que padecía la actora, pues comprueba que la empresa tomó la decisión antes de que se le hubiere otorgado el alta médica, es decir, durante el transcurso del lapso de conservación del empleo, sin aguardar su recuperación total o parcial (íd., fs. 341 y 342 vta./343 vta.).

ii) Similar déficit atribuye a la ponderación de la contestación de la demanda, atento que, en el capítulo IV, la accionada justificó el distracto en razones de reestructuración o de organización de la empresa; mas en el ap. V alegó un pobre desempeño y falta de contracción al trabajo, llegando incluso a desacreditar la persona y dignidad de la reclamante, achacándole una serie de incumplimientos laborales inexistentes con el fin de presentarla como una mala empleada y mutar de ese modo la motivación del despido.

Interpreta que tales argumentos conforman “indicios necesarios de los hechos” (v. rec., fs. 338 y vta.) ya que ponen de manifiesto la mendacidad sistemática en que incurriera la accionada -transgrediendo el principio de moralidad procesal- para encubrir y justificar su conducta extintiva anormal y apresurada, pues si tenía un motivo para despedir a la trabajadora debió haberlo indicado en la comunicación respectiva.

Agrega que el sistema legal “tolera” el despido incausado, aunque cuando éste ha sido utilizado para disfrazar una realidad diversa debe primar el principio de primacía de la realidad (v. rec., fs. 338 y vta. y 341 vta./342 vta.).

b.Respecto de la valoración de la conducta de la demandada, afirma que el a quo también cometió absurdo al considerar que obró con buena fe pues cuando la actora sufrió el accidente cerebro vascular (ACV), lejos de despedirla, le otorgó treinta meses de licencia remunerada -en exceso de todos los plazos previstos por la ley para enfermedades inculpables-, reincorporándola con tareas livianas.

Ello así, atento que el proceder de aquélla, contemporáneo al despido -plasmado en el acta notarial antes citada-, revela que pergeñó cesantear a la dependiente en el mismo momento de haber decidido a través del servicio médico su aptitud para trabajar.

Le endilga, asimismo, haber tergiversado los hechos que tuvo por acreditados en la tercera cuestión del veredicto dado que, si bien es cierto que a raíz del ACV la accionante usufructuó licencia remunerada desde abril de 2004 hasta junio de 2007, no lo es menos que luego trabajó ininterrumpidamente hasta abril de 2009 (casi dos años), fecha a partir de la cual, y por otro motivo completamente distinto al primero (afección psicológica), gozó de una nueva licencia por enfermedad -en el marco del art. 208 de la Ley de Contrato de Trabajo- hasta el día 28 de abril de 2010, en que la patronal decidió unilateralmente la suspensión contractual no remunerada.

De esa forma, entiende evidenciada la arbitrariedad en la apreciación realizada por el órgano de grado, ya que calificó la conducta de la empresa con soporte en hechos acaecidos tres años antes del distracto, soslayando -incluso- que la reincorporación a “tareas livianas” fue decidida en dos oportunidades: luego de junio de 2007 y en mayo de 2010, aunque ésta no llegó a concretarse debido a la cesantía.

Vicio que estima reforzado en tanto tampoco ponderó las manifestaciones falaces vertidas en la contestación de demanda acerca de las razones del despido -antes mencionadas- (íd., fs. 340 vta./342 vta.).

c.En función de lo expuesto, reputa demostrada la conexión entre el despido y la enfermedad de la actora pues -según se desprende de la referida acta notarial- la accionada dispuso el cese únicamente en base a su afección psicológica dado que ese era su “status” desde abril de 2009 hasta cuando menos el día 14 de mayo de 2010 a las 14 horas, esto es: impedida de trabajar y de percibir salarios, sin aguardar su recuperación total o parcial, aprovechando su vulnerabilidad evidente y notoria.

Considera robustecida su posición por el hecho de que la empresa carecía de otros motivos que justificasen la medida y, además, mintió ante el tribunal interviniente al justificar el despido, alegando inexistentes razones de reestructuración organizativa e incumplimientos imputables a la trabajadora, no susceptibles de comprobación.

Tales elementos -a su juicio- conforman “indicios suficientes” para concluir que la verdadera causa del despido fue la enfermedad psicológica de la trabajadora, resul tando a la vez instituidos como “presunciones legales” en el art. 6 inc. “c” de la ley 26.485 de Protección integral a las mujeres (íd., fs. 342 vta./343 vta.).

2. Censura la decisión de ordenar el cálculo de los intereses sobre los rubros que prosperaron conforme la tasa que abona el Banco de la Provincia de Buenos Aires en los depósitos a plazo fijo por treinta días (pasiva).

Al respecto manifiesta que si bien el fallo se ajustó a la doctrina legal que fluye del precedente de esta Corte L. 94.446 “Ginossi” (sent. de 21-X-2009), se verifica en el sub lite el supuesto de inaplicabilidad de ley dado que el tribunal de grado rechazó el planteo que su parte efectuó ex officio el día 20-XII-2012 (fs. 330/335) tendiente a que se aplicase la ley provincial 14.399 en cuanto dispone la adición de la denominada tasa activa sobre el capital de condena en los procesos laborales.

Sustenta el planteo en tres órdenes de argumentos:i) al entrar en vigencia, la sentencia no había adquirido firmeza, de modo que su aplicación no vulnera el art. 3 del anterior Código Civil; ii) según la doctrina sentada por la Corte Suprema nacional en el caso “Ascua” (sent. de 10-VIII-2010), los jueces deben atender los cambios en los contextos normativos o fácticos producidos durante la sustanciación del proceso y ajustar la decisión a los mismos cuando adquieren relevancia para la solución del litigio; iii) de acuerdo al principio de progresividad, de raigambre constitucional (art. 39, Const. prov.), debe aplicarse la norma más favorable para determinar una obligación alimentaria (íd., fs. 345/347).

III. El recurso, en mi opinión, prospera parcialmente.

1. El agravio vinculado al rechazo de la indemnización contemplada en la ley 23.592 no es de recibo.

1.1. Al abordar este tópico, de modo liminar, el tribunal de origen juzgó no controvertidos, y a la par corroborados con la prueba producida, los siguientes hechos:

En diciembre de 2004 la actora sufrió un accidente cerebro vascular (ACV), a raíz del cual la empleadora le otorgó licencia remunerada por enfermedad hasta junio de 2007 (durante dos años y medio), reincorporándola con tareas livianas y horario reducido.

A partir del año 2009 aquélla usufructuó un año de licencia paga por una afección psicológica, comunicándosele a su vencimiento la reserva del puesto de trabajo, a través del despacho postal del día 3 de mayo de 2010. En esta fecha la accionante solicitó se le otorgasen tareas livianas en jornada limitada (telegrama de fs. 24) y la patronal la citó para evaluar su alta el 14 de mayo de ese año (CD de fs.21).

De los dichos de la actora extrajo que en esta última fecha el servicio médico de la empresa le había confirmado el alta médica, extremo que -apuntó- no fue desconocido por aquélla.

Juzgó probado igualmente que el mismo día -14 de mayo de 2010- la patronal despidió a la reclamante sin invocación de causa, notificándole la decisión mediante el acta obrante a fs. 53. También que, el día 20 de ese mes y año, aquélla le pagó las indemnizaciones por despido, más una gratificación de $ 16.578 (recibo de fs. 54).

Tres meses después la accionante remitió un despacho telegráfico cuyo texto no fue proporcionado por las partes, habiendo la demandada ratificado el despido el día 31 de agosto de 2010 -CD de fs. 58- (vered., 3ª cuest., fs. 305 y vta.).

En el escenario descripto, observó el juzgador que mientras la actora adujo que la verdadera causa del despido fue su enfermedad, considerando un indicio de ello el hecho de que se le hubiera notificado el cese mediante un acta notarial y abonado las indemnizaciones tres días después para evitar que reflexionase sobre los alcances del acto, la demandada negó la discriminación.

Sobre el particular -con soporte en doctrina de esta Corte, opiniones de autores y fallos de otros tribunales, que individualizó- en la inteligencia de que una aplicación lineal de la regla del art. 375 del Código Procesal Civil y Comercial luce excesivamente rígida, sostuvo que no cabe exigir al trabajador la plena prueba del motivo discriminatorio; empero sí le compete aportar indicios suficientes acerca de que el despido lesiona su derecho fundamental, no bastando una mera alegación, sino que debe acreditar la existencia de algún elemento que induzca al tribunal a una creencia racional sobre su posibilidad.En ese caso, estará a cargo del empleador demostrar que la extinción se produjo por un hecho objetivo alejado, en la realidad, de dicha imputación.

Con esas premisas, el a quo juzgó que los indicios alegados por la actora -acta notarial y pago tres días después- resultaban insuficientes para generar su razonable convicción sobre la existencia de la discriminación (art. 163 inc. 5, CPCC), teniendo en cuenta la conducta de la demandada que, lejos de despedir a la trabajadora enferma cuando sufrió el ACV, le había otorgado treinta meses de licencia remunerada -en exceso de todos los plazos previstos por la ley para enfermedades inculpables-, reincorporándola con tareas livianas (vered., 3ª cuest., fs. 305/307).

En función de ello, declaró no probada la configuración de un supuesto de discriminación susceptible de ser encuadrado en el art. 1° de la ley 23.592, desestimando -por ende- el reclamo en concepto de daño moral -art. 499, anterior Cód. Civ.- (sent., 1ª cuest., ap. 3, fs. 309).

1.2. La crítica debe ser desestimada pues, de modo impropio, la recurrente modifica la posición que asumiera en la demanda. Veamos:

a. En dicha presentación, en lo relevante, la accionante sostuvo que “el despido incausado dispuesto cuando el servicio médico de la empresa le había otorgado a la trabajadora el alta médica para seguir trabajando como administrativa ha revelado un proceder discriminatorio.” (sic, demanda, fs. 6).

Expuso que la patronal tomó esa decisión debido a la afección psicológica que padecía y la recomendación dada por su médico para que trabajase con una carga liviana (entre 2 y 4 horas), señalando que en ese punto radicaba la arbitrariedad manifiesta constitutiva de discriminación, pues se marginó del plantel del personal a una dependiente correcta y cumplidora, en virtud de la inconveniencia económica que su condición de salud importaba para las finanzas de la empresa (íd., fs.6 vta.).

En esa línea, individualizó como hechos demostrativos de que el despido encubrió un acto discriminatorio por su estado de salud, las sucesivas licencias por enfermedad que le habían concedido, la antigüedad de 24 años -encontrándose próxima a obtener la jubilación- y nivel salarial importante, sumado a que se hallaba impedida de desarrollar plenamente sus potencialidades, convirtiendo a la relación en económicamente inviable e inconveniente para la empresa.

Sostuvo que dos circunstancias concomitantes al despido resultaban convincentes acerca de su ilicitud, a saber: la comunicación de la decisión a través de una nota interna de fecha 14-V-2010 y que tres días hábiles después -el 20-V-2010- se la hizo concurrir al establecimiento, abonándole la indemnización frente a un notario. Expuso que dicho proceder evidenciaba que, en realidad, la demandada había urdido una serie de maniobras tendientes a evitar que su parte reflexionase sobre los alcances de tal acto, induciéndola a que mediante la percepción de la indemnización más una gratificación especial, cerrase la discusión sobre la ilegitimidad del distracto.

Concluyó que la rescisión del vínculo dispuesta mientras la trabajadora se hallaba enferma y solamente podía cumplir tareas morigeradas en lo relativo a la carga horaria y volumen laboral, configuraba un comportamiento violatorio del art. 1º de la ley 23.592 (v. demanda, fs. 6/7).

b. Tal como lo ilustra la reseña de la decisión efectuada en el ap. 1.1, el órgano de grado juzgó no demostrada la posición de la actora -afincada en que se le confirió el alta médica para que desempeñase tareas livianas en jornada limitada de acuerdo a la recomendación de su médico personal- sino que, por el contrario, tuvo por probado un hecho que, sin duda, adquirió significación para que definiese la cuestión del modo en que lo hizo, esto es:que la demandada la despidió cuando ya contaba con el alta médica para trabajar -sin restricción alguna- otorgada por el servicio médico de la empresa y no objetada por la accionante.

En ese específico contexto restó significación como indicio de la existencia de un acto discriminatorio al hecho de que se le hubiere notificado el despido a través del acta notarial de fs. 53 y abonado la indemnización tres días después de producido el mismo.

c. Ante el resultado adverso de su postulación, en esta instancia extraordinaria, en lugar de desvirtuar las conclusiones arribadas por el sentenciante en torno del alta médica, la recurrente modifica el enfoque inicial argumentando que el acto discriminatorio se patentiza en que la decisión de despedir a la actora fue tomada por la demandada cuando aquélla se hallaba enferma, vigente el período de conservación del empleo que contempla el art. 211 de la Ley de Contrato de Trabajo y antes que se le confiriera el alta médica.

Posición que aparece sustancialmente diversa a la asumida en la demanda, en donde -como hemos visto- ubicó la discriminación en el hecho de que, contando con el alta médica -es decir en el marco de aplicación del art. 212 de la Ley de Contrato de Trabajo- a la empresa no le resultaba conveniente mantener la relación dado que su capacidad laboral se encontraba menguada por su afección psicológica.

Sobre el particular, esta Corte tiene dicho que deviene extemporáneo el planteo que no fue sometido en los mismos términos a conocimiento de los jueces de grado, ya que aceptar el intento de modificar en sede extraordinaria el alcance, enfoque y dimensión del pedimento, implica resignar la garantía del debido proceso, en el sentido que las partes ejerzan su plena y oportuna defensa (conf. causas L. 59.595 “López”, sent. de 3-VI-1997 y L. 107.494 “Fibiger”, sent.de 6-XI-2012).

1.3 . Deviene asimismo fútil para conmover la decisión de grado el reproche vinculado con la valoración de la conducta de la demandada.

a. No parece ocioso recordar -conforme lo ha declarado reiteradamente esta Corte- que interpretar los escritos constitutivos del proceso, así como valorar las pruebas producidas, la conducta exteriorizada por las partes en la etapa previa y posterior a la rescisión del contrato de trabajo y determinar la forma en que se produjo su extinción, constituyen cuestiones de hecho, privativas de los jueces de grado y excluidas de la casación, salvo el supuesto de absurdo (conf. arg. causa L. 104.557 “Fernández”, sent. de 13-VI-2012).

b. Bajo esa premisa, he de señalar que el embate deviene ineficaz dado que se encuentra sustentado en el personal enfoque que la recurrente otorga a los hechos que el sentenciante juzgó probados en la tercera cuestión del veredicto y a las manifestaciones vertidas por la accionada en su réplica de demanda; empero no demuestra circunstancias que bien puedan calificarse de extremas, pues para que se configure dicha anomalía se requiere algo más: el error grave, un desvío notorio, patente o palmario de las leyes de la lógica o una grosera desinterpretación material de la prueba producida que conduzcan a conclusiones claramente insostenibles o inconciliables con las constancias de la causa (conf. L. 104.141 “Gómez”, sent. de 25-IX-2013 y L. 112.404 “Pastorini”, sent. de 11-XII-2013; entre otras).

De todas formas, estimo que no le asiste razón en cuanto endilga al juzgador haber tergiversado los hechos acreditados en el veredicto con sustento en que apreció el obrar de la demandada tres años antes del despido, soslayando su proceder contemporáneo al mismo.

Desatiende que el a quo destacó la conducta de la empresa pues, cuando la trabajadora sufrió el ACV, superando ampliamente los plazos que prevé el art.208 de la Ley de Contrato de Trabajo, le otorgó licencia remunerada por espacio de dos años y medio y, además, en lugar de despedirla, la reincorporó con tareas livianas y horario reducido.

Respecto del último lapso en que aquélla estuvo enferma -desde abril de 2009 al mismo mes de 2010-, más allá de que la empleadora ajustó su comportamiento a las previsiones del art. 208 y, también del art. 211 de dicho régimen, al comunicarle el inicio del plazo de conservación del empleo, cierto es que al afirmar que la reincorporación con “tareas livianas” también fue decidida por la empresa en mayo de 2010, la quejosa desinterpreta la decisión pues -como ya se dijo- el sentenciante no tuvo por probado tal extremo, sino -antes bien- que se le confirió el alta médica sin limitaciones. Conclusión que, en tanto no refutada, ha de permanecer incólume.

2. Distinta suerte ha de correr el agravio relativo a la tasa de interés aplicada por el tribunal de grado sobre el capital reconocido.

a. Se dispuso en el pronunciamiento atacado que al importe de condena debían adicionarse los intereses de acuerdo a la tasa que abona el Banco de la Provincia de Buenos Aires en los depósitos a plazo fijo por treinta días -pasiva- (v. sent., fs. 310 vta. y 311).

b. En principio, cabe asumir -en la presente temática- la circunstancia de no soslayar la doctrina legal actual de esta Corte, aun cuando ésta no se encontraba vigente a la época del dictado de la sentencia recurrida e incluso de la interposición del recurso (conf. causas L. 96.891 “Díaz”, sent. de 3-XI-2010; L. 90.644 “Conde”, sent. de 22-VI-2011 y L. 104.124 “Pelaez”, sent. de 5-III-2014).

En este contexto, recuerdo que he compartido la decisión de este Tribunal en la causa L. 85.997 “Prícolo”, sent.de 7-II-2007, en el sentido que no corresponde dejar de atender a las circunstancias existentes al momento de la decisión, aunque ellas sean sobrevinientes a la interposición del recurso extraordinario (conf. CSJN, Fallos: 298:33; 301:693; 304:1649 y 1761; 308:1087; 310:670 y 2246; 311:870 y 1810; 312:555 y 891, entre otros), pues aun cuando los precedentes de la Suprema Corte sean ulteriores a la fecha en que se dedujo el medio de impugnación, no cabe prescindir de su análisis y, eventualmente, de la aplicación de sus lineamientos al caso bajo juzgamiento (conf. causa L. 85.120 “Alarcón Cáceres”, sent. de 27-III-2008, entre otras). Ello así, toda vez que, se impone mantener -conforme a una de las facetas de la télesis de la casación en garantía de la igualdad- la uniformidad de la jurisprudencia.

c. Esta Suprema Corte sostuvo -bajo la norma del art. 622 del Código Civil derogado, cuando ni las partes ni la legislación especial han previsto una alícuota determinada- la “tasa pasiva de interés plazo fijo a 30 días”, tal como surge de numerosos precedentes como en las causas Ac. 43.448 “Cuadern” (sent. de 21-V-1991) y Ac. 59.059 “Giani” (sent. de 25-III-1997), que han sido ratificados en otros con fechas posteriores (así en las causas L. 94.446 “Ginossi” y C. 101.774 “Ponce”, sents. de 21-X-2009).

Asimismo, ante la sanción de la ley 14.399 (BO, 12-XII-2012) que modifica el art. 48 de la ley 11.653, esta Corte declaró la inconstitucionalidad de la misma en las causas L. 108.164 “Abraham”; L. 102.210 “Campana” y L. 108.142 “Díaz” (todas con sents. de 13-XI-2013). Esencialmente, se consideró que dicha ley provincial se encuentra en pugna con la Constitución nacional (arts. 31, 75 inc.12, 126 y concs.), en tanto legisla sobre una materia de derecho común cuya regulación es competencia del Congreso de la Nación.

Luego, con la entrada en vigencia del nuevo Código Civil y Comercial (conf. leyes 26.994, BO, 8-X-2014; y 27.077, BO, 16-XII-2014), en las causas L. 118.587 “Trofe” y C. 119.176 “Cabrera” (ambas con sents. de 15-VI-2016) sostuve que, por el período comprendido desde la exigibilidad del crédito hasta el 31 de julio de 2015, los intereses moratorios están regulados por el art. 622 del Código Civil derogado, por lo que deviene aplicable, en consecuencia, la doctrina legal de esta Suprema Corte -conformada en torno a dicha norma- en la que se ha sostenido que, a partir del 1º de abril de 1991, los importes adeudados deberán ser abonados con intereses que se calcularán de acuerdo a la tasa que pague el Banco de la Provincia de Buenos Aires en los depósitos a treinta días, vigente en los distintos períodos de aplicación (arts. 7 y 10 de la ley 23.928, texto según ley 25.561 y 622 cit.). Y, por el período que va del 1° de agosto de 2015 hasta su efectivo pago, ante el cambio normativo que importó el inc. “c” del art. 768 del Código Civil y Comercial (ley 26.994), que conlleva una particular incidencia en la ponderación judicial al estar ante un circunscripto y concreto espectro de opciones, y teniendo en cuenta los valores de igualdad y seguridad jurídica, deberá aplicarse la tasa pasiva de interés “plazo fijo digital a 30 días” a través del sistema “Banca Internet Provincia” (conf. arts. 7 y 10, ley 23.928, modif. por ley 25.561; inc. “c” del art. 768, Cód. Civ.y Com., ley 26.994).

Esta postura, en las causas mencionadas, resultó minoritaria.

En cambio, la posición que conformó allí la mayoría de opiniones, sostuvo que la evolución de las distintas tasas de interés pasivas aplicadas por el Banco de la Provincia de Buenos Aires, que se hallan determinadas en el marco reglamentario de la mencionada institución oficial, impone precisar la doctrina que el Tribunal ha mantenido hasta ahora en carácter de doctrina legal. En ese marco, se declaró que los intereses deben ser calculados exclusivamente sobre el capital, mediante la utilización de la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a treinta (30) días, vigente al inicio de cada uno de los períodos comprendidos y, por aquellos días que no alcancen a cubrir el lapso señalado, el cálculo debe ser diario con igual tasa (arts. 622 y 623, Cód. Civ. de Vélez Sarsfield; 7 y 768 inc. “c”, Cód. Civ. y Com. de la Nac.; 7 y 10, ley 23.928 y modif.).

Ahora bien, ante la consolidación de la doctrina legal recién reseñada debido a la reiteración de casos sustancialmente análogos (v. causas L. 118.587 “Trofe” y C. 119.176 “Cabrera”, ambas con sents. de 15-VI-2016; L. 118.453 “Dardengo” y L. 118.361 “Valentín”, ambas con sents. de 28-IX-2016), y a tenor de lo prescripto en el art. 31 bis de la ley 5827, acompaño -dejando a salvo mi opinión- la postura en ella sostenida por la mayoría de esta Suprema Corte de Justicia, la cual deberá ser aplicada en el presente caso.

IV.En virtud de todo lo expuesto, corresponde hacer lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido y revocar la parcela del pronunciamiento en lo concerniente a la tasa de interés que aplicó para calcular los intereses moratorios adeudados, declarar la inconstitucionalidad de la ley 14.399 y, en consecuencia, determinar que los mismos habrán de liquidarse -por el lapso que especificó el tribunal de origen- según la tasa de interés más alta que pague el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones de depósito a treinta días, conforme aquéllas vigentes en los distintos períodos de aplicación (arts. 622 y 623, Cód. Civ. de Vélez Sarsfield; 7 y 768 inc. “c”, Cód. Civ. y Com. de la Nac.; 7 y 10, ley 23.928 y modif.; y 31 bis de la ley 5827).

En la instancia de origen deberá practicarse nueva liquidación con arreglo a lo que aquí se decide.

Las costas de esta instancia se imponen por su orden, en atención al progreso parcial del recurso (arts. 68 y 289, CPCC).

Con el alcance indicado, voto por la afirmativa.

A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:

I. Adhiero a lo expuesto por mi distinguido colega doctor Pettigiani en el punto III ap. 1 de su sufragio.

II. Con relación al restante cuestionamiento vinculado a la tasa de interés aplicada en la sentencia de grado, adhiero a la solución propuesta en el voto que inaugura este Acuerdo, ello, a tenor de los siguientes fundamentos.

Atendiendo a la evolución de las distintas ta sas de interés pasivas aplicadas por el Banco de la Provincia de Buenos Aires, en fecha reciente esta Suprema Corte ha precisado la doctrina que el Tribunal ha mantenido, por lo que habré de reproducir aquí -en lo que resulta pertinente- las consideraciones formuladas por mi distinguido colega doctor Soria en la causa L. 118.587 “Trofe” (sent. de 15-VI-2016), al que adherí, coincidentes con las que expuse al votar en el precedente C.119.176 “Cabrera” (sentenciado en la misma fecha).

a. Respecto de la tasa de interés moratorio judicial, esta Corte -por mayoría- reiteradamente ha declarado que debe asumir su labor uniformadora de la jurisprudencia fijando una doctrina legal (arts. 161 inc. 3 “a”, Const. de la Pcia. de Bs. As.; 279, CPCC y 55, ley 11.653), toda vez que dicha determinación reviste un innegable valor expansivo que justifica la intervención del tribunal (ver, entre miríada de precedentes, causa L. 94.446 “Ginossi”, sent. de 21-X-2009).

En ese marco, bajo el régimen normativo del derogado Código Civil estableció que, en ausencia de convención y de ley especial, los intereses moratorios debían ser liquidados exclusivamente sobre el capital con arreglo a la tasa de interés que pague el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a 30 días, vigente al inicio de cada uno de los períodos comprendidos y, por aquellos días que no alcancen a cubrir el lapso señalado, el cálculo debía ser diario con igual tasa (arts. 7 y 10, ley 23.928, modif. por ley 25.561 y 622 del abrogado Cód. Civ.; conf. causas Ac. 57.803 “Banco de la Provincia de Buenos Aires”, sent. de 17-II-1998; Ac. 72.204 “Quinteros Palacio”, sent. de 15-III-2000; Ac. 68.681 “Mena de Benítez”, sent. de 5-IV-2000; L. 76.276 “Vilchez”, sent. de 2-X-2002; L. 77.248 “Talavera”, sent. de 20-VIII-2003; L. 75.624 “Taverna”, sent. de 9-X-2003; L. 79.649 “Sandes”, sent. de 14-IV-2004; L. 88.156 “Chamorro”, sent. de 8-IX-2004; L. 87.190 “Saucedo”, sent. de 27-X-2004; L. 79.789 “Olivera”, sent. de 10-VIII-2005; L. 80.710 “Rodríguez”, sent. de 7-IX-2005 y Ac. 92.667 “Mercado”, sent. de 14-IX-2005; entre otras).

Asimismo, ratificado por la mayoría de esta Suprema Corte en la citada causa L.94.446 “Ginossi”, el indicado criterio hubo de mantenerse aun después de la sanción de la ley provincial 14.399, y ello por razón de la inconstitucionalidad declarada -también por mayoría, que integré- en el precedente L. 108.164 “Abraham” (sent. de 13-XI-2013), entre otros, desechando en consecuencia la hipótesis de una definición proveniente de la ley especial.

b. Luego, a partir del precedente L. 118.615 “Zócaro” (res. de 11-III-2015), este Tribunal confirmó sentencias de los tribunales laborales en los que se había dispuesto la aplicación de la tasa pasiva en su variante denominada “digital”, por juzgar que las impugnaciones traídas a su conocimiento no demostraban que dicha definición contrariase la doctrina legal vigente.

c. Por otra parte, el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación dispone en su art. 768 inc. “c”, de modo subsidiario, la aplicación de las tasas que se fijen según las reglamentaciones del Banco Central.

En este contexto, conforme quedó anticipado, el análisis de la evolución de las distintas tasas pasivas definidas por el Banco de la Provincia de Buenos Aires, que se hallan determinadas en el marco reglamentario de la mencionada institución oficial (art. 768 inc. “c”, Cód. cit.), impone precisar el criterio que este Tribunal ha mantenido hasta ahora en carácter de doctrina legal, en pos de la indicada finalidad uniformadora de la jurisprudencia.

Por tal razón, considero que los intereses deberán calcularse exclusivamente sobre el capital, mediante la utilización de la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a treinta (30) días, vigente al inicio de cada uno de los períodos comprendidos y, por aquellos días que no alcancen a cubrir el lapso señalado, el cálculo debe ser diario con igual tasa (arts. 622 y 623, Cód. Civ. de Vélez Sarsfield; 7 y 768 inc. “c”, Cód, Civ. y Com. de la Nac.; 7 y 10, ley 23.928 y modif.).

d.Finalmente, la consideración de posturas asentadas en la naturaleza alimentaria de los créditos laborales, tal y como quedaron expuestas en el voto del colega doctor de Lázzari en la sentencia dictada en la causa B. 62.488 “Ubertalli” (sent. de 18-V-2016), y ésta contrapuesta a su vez a la opinión del doctor Pettigiani en el mismo precedente, me convencen sobre la necesidad de formular, adicionalmente, las siguientes reflexiones.

i] El carácter alimentario de los créditos laborales desde antiguo es predicado como una de las notas de los derechos de los trabajadores. Sin embargo, el aserto no lleva a identificar tales acreencias con los alimentos, tal cual se hallan éstos regulados por los preceptos del derecho civil.

La obligación alimentaria en este último campo -en sustancia, y sin perjuicio de constatarse otros supuestos ajenos, así, los regulados en los arts. 1559, 1745 inc. “b” y 2509 del Cód. Civ. y Com. de la Nac.- se halla tradicionalmente fundada en el principio de solidaridad familiar y recibe una muy especial protección por parte del ordenamiento jurídico tendiente a garantizar su cumplimiento. Entre tantos ejemplos, puede constatarse lo expuesto con la organización en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires -y de modo similar, en otras jurisdicciones- del Registro de Deudores Alimentarios Morosos creado por ley 13.074.

La intensidad de esa protección se presenta, incluso, cuando se contraponen los derechos alimentarios en sentido estricto frente a créditos derivados de la legislación laboral. Así, el art. 120 de la Ley de Contrato de Trabajo expresa que el salario mínimo vital es inembargable en la proporción que establezca la reglamentación “. salvo por deudas alimentarias”; este criterio se reitera en el art. 147 referido a las remuneraciones en general y se extiende -conforme el art. 149- a las indemnizaciones debidas con motivo del contrato de trabajo o de su extinción.La reglamentación que contiene el decreto 484/87 refuerza el mandato legal señalado, en cuanto prescribe que los límites a la embargabilidad señalada no serán de aplicación -en lo que interesa- en el caso de cuotas por alimentos (art. 4, dec. cit.). Esa línea rectora también se observa en el art. 273 de la citada ley, en cuanto establece que los créditos por remuneraciones y subsidios familiares debidos al trabajador por seis meses y los provenientes de distintas indemnizaciones, gozarán del privilegio general, además, serán preferidos a cualquier otro, “. salvo los alimentarios”.

Es evidente, de la lectura de estos ejemplos, que no es dable afirmar que las acreencias laborales constituyan alimentos stricto sensu.

ii] En lo concretamente debatido en estos autos, aceptar que el ordenamiento jurídico resguarda a las acreencias laborales de una manera, en modo alguno conduce a aplicarles las tasa que el art. 552 del Código Civil y Comercial ha previsto, en una cláusula puntual, para el específico supuesto de incumplimiento del pago de la cuota alimentaria. La regla, en concreto, hace referencia a las tasas de interés “. equivalente a la más alta que cobran los bancos a sus clientes, según las reglamentaciones del Banco Central” a la que -continúa- “. se adiciona la que el juez fije según las circunstancias del caso”.

Situado en el Libro segundo: “Relaciones de Familia”, Título 4: “Parentesco”, Capítulo 2: “Deberes y derechos de los parientes”, en su respectiva Sección 1: “Alimentos”, el precepto se inserta en el marco de los instrumentos que el codificador ha elaborado para resguardar en el ámbito de este tipo de relaciones el cumplimiento de la obligación alimentaria, de eminente carácter asistencial. Además, en vista del contenido de la tasa regulada en esa norma, la solución allí prevista parece desbordar el propósito propio de los intereses moratorios y asumir también -junto con lo normado en el art. 553- un ingrediente del mandato judicial.En tal sentido, la Comisión Redactora del Anteproyecto de Código Civil y Comercial de la Nación en sus “Fundamentos” -a los que nuevamente resulta útil acudir- expresa que la tasa de interés examinada forma parte de las medidas de las cuales dispone el juez para asegurar la eficacia de la sentencia (conf. Cód. Civ. y Com. de la Nac., texto cit., pág. 490).

Cabe recordar que, en el precedente L. 94.446 “Ginossi” (sent. de 21-X-2009), afirmé que el interés moratorio es -por regla- un resarcimiento que la ley concede ipso iure al acreedor de una obligación de dar sumas de dinero frente a la mora de su deudor. También, que la finalidad de dicho incremento del capital exige la fijación de una tasa que debe cubrir ese retardo del incumplidor moroso o -como se suele afirmar- resarcir la renta de la que se vio privado el acreedor durante el lapso en que no pudo disponer de los fondos que se le adeudaban; la tasa elegida, entonces, debe encontrar una adecuada justificación, no resultando apropiada la adopción de una alícuota que contenga componentes que excedan o distorsionen su finalidad.

Cierto es que, en el terreno de los infortunios laborales, la Ley de Riesgos del Trabajo establece en el art. 11 ap. 1 que “. las prestaciones dinerarias de esta ley gozan de las franquicias y privilegios de los créditos por alimentos. Son, además, irrenunciables y no pueden ser cedidas ni enajenadas”. Más allá de tener presente lo allí estatuido, en el sentido de que dichas expresiones, un tanto imprecisas, parecen corresponderse con el art. 374 del Código Civil anterior (conf. Ackerman, Mario Eduardo; “Ley de Riesgos del Trabajo comentada y concordada”, 2da. edición ampliada y actualizada, Rubinzal-Culzoni Editores, Santa Fe, 2013, pág. 241), disposición que hoy guarda semejanza con el art.539 del Código Civil y Comercial de la Nación, no se desprende de la ley 24.557 sino un nivel de tutela a las prestaciones previstas en el sistema que permite extenderle ciertas prohibiciones que contiene la ley común (v.gr., la de compensar o transar). En cambio, no se deriva del citado art. 11 ap. 1 que sea el vehículo de remisión a una regla legal muy puntual, inexistente al tiempo de su dictado, como el señalado art. 552 del Código unificado, cuyo marco normativo, diseño y especificidad, exceden el escenario propio de los créditos laborales.

III. Por lo expuesto, corresponde hacer lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, declarar la inconstitucionalidad de la ley provincial 14.399 y, en consecuencia, revocar parcialmente la sentencia en lo concerniente a la tasa que declaró aplicable para calcular los intereses adeudados, los que han de liquidarse según la más alta que pague el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones de depósito a treinta (30) días, conforme aquéllas vigentes en los distintos períodos de aplicación.

En la instancia de origen deberá practicarse nueva liquidación, con arreglo a lo que aquí se decide.

Las costas de esta instancia se imponen por su orden, en atención al progreso parcial del recurso (arts. 68 y 289, CPCC).

Con el alcance indicado, voto por la afirmativa.

A la cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:

I. Adhiero a lo expuesto por el distinguido colega que abre el Acuerdo doctor Pettigiani en el punto III ap. 1 de su voto.

II. En lo que corresponde a los intereses, el recurrente pretende que se calculen a la tasa activa, por aplicación de la ley 14.399 (modificatoria de la ley 11.653). Tal intento no puede tener favorable acogida, desde que la referida norma ha sido repetidamente tachada de inconstitucional por esta Suprema Corte (conf. causas L. 108.164 “Abraham”; L. 90.768 “Vitkauskas”; L.110.487 “Ojer”, todas con sentencia de 13-XI-2013, y más recientemente en la causa L. 118.587 “Trofe”, sent. de 15-VI-2016).

De todas maneras, el cuestionamiento traído debe ser analizado a la luz de la doctrina legal de este Tribunal -aunque, como habré de señalar luego, no haya contribuido a su conformación-, a pesar de que a la época de la sentencia recurrida e, incluso, de la interposición del recurso, no se encontrase todavía vigente (conf. causas L. 96.891 “Díaz”, sent. de 3-XI-2010; L. 90.644 “Conde”, sent. de 22-VI-2011 y L. 104.124 “Peláez”, sent. de 5-XI-2014).

Tanto en la citada causa L. 118.587 “Trofe” como en C. 119.176 “Cabrera”, ambas con sents. de 15-VI-2016 (al igual que ya lo había hecho en la causa B. 62.488 “Ubertalli Carbonino”, sent. de 18-V-2016), expresé mi opinión respecto de cuál era la tasa a la que debían calcularse los intereses moratorios. En ambos casos, tal postura quedó en minoría, declarándose por esta Suprema Corte (y conformándose así su doctrina legal al respecto) que dicho cómputo debe llevarse a cabo, en principio, usándose la tasa pasiva más alta de las que ofrezca el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones a treinta días. Ante ello, dejando a salvo mi opinión, como también lo hice en otras oportunidades (ver causas L. 107.329 “De Benedetti”, sent. de 25-II-2015; L. 118.478 “Averza”, res. de 6-V-2015; L. 118.357 “De Juana”, res. de 22-IV-2016, entre otras), he de plegarme a la doctrina mayoritaria a que vengo haciendo referencia (art. 31 bis, ley 5827 y modif. y arts. 279 y 289, CPCC).

Agrego otra consideración:lo dicho no debe ser interpretado como una renuncia a mis convicciones sobre la forma en que debe ser tratado el tema o respecto de cuál tasa debiera ser aplicada, sino como un acatamiento de principios esenciales previstos en materia recursiva en la codificación procesal local.

Como siempre, pongo de resalto que el recurso extraordinario previsto en la legislación local tiene características muy especiales, heredadas -según es tradición afirmar- de la casación francesa. Más allá de que se trate de una forma bastarda (como decía Morello) del modelo francés, o que resulte legítimo heredero de anteriores y autóctonos recursos españoles (conf. Técnica de los recursos extraordinarios y de la casación de Juan Carlos Hitters; 2ª edición, pág. 42), lo cierto es que nuestro recurso de inaplicabilidad de ley presenta como nota particular no sólo la posibilidad de revisar la probable infracción a la ley o su errónea aplicación a un caso por parte de los jueces inferiores, sino que también faculta a este Tribunal a verificar y, en su caso, corregir la violación o incorrecta aplicación de la doctrina legal que él mismo ha establecido (art. 279, CPCC).

Dicha doctrina legal, según se ha expuesto inveteradamente, es aquella interpretación que la Suprema Corte hace de las disposiciones legales que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia (causas L. 103.596 “Lamas”, sent. de 22-V-2013; L. 113.584 “Rodríguez”, sent. de 18-IX-2013 y A. 71.590 “Giusti”, sent. de 27-XI-2013, entre muchas), y no la que fluye de los votos en minoría de alguno de los magistrados que conforman el Tribunal (causas L. 44.643 “Kieffer”, sent. de 20-XI-1990 y L. 116.824 “G., R.E.”, sent.de 23-X-2013).

Tal definición, y en tanto se quiera reforzar la característica vinculante de la doctrina legal y alejar todo atisbo de fragilidad que pudiera afectar a nuestro clásico remedio impugnativo, no puede depender de la accidental constitución del Tribunal (por ejemplo, por ausencia temporal de uno de sus miembros). Por el contrario, a no dudarlo, debe ser entendida como la emanada del acuerdo logrado por los miembros ordinarios y naturales de la Suprema Corte, de manera tal que se eviten situaciones de desigualdad que podrían provenir de accidentales integraciones de la misma.

En función de lo dicho, y -reitero- dejando a salvo mi opinión personal, me atengo a la referida doctrina legal, sentada en las citadas causas y propongo el consecuente progreso de este aspecto del recurso deducido.

III. Por lo expuesto, corresponde hacer lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, se decreta la inconstitucionalidad de la ley 14.399 y se revoca la sentencia impugnada en lo relativo a la tasa que declaró aplicable para el cálculo de los intereses adeudados, los que han de liquidarse según la más alta que pague el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones de depósito a treinta (30) días, conforme aquéllas vigentes en los distintos períodos de aplicación.

En la instancia de origen deberá practicarse nueva liquidación, con arreglo a lo que aquí se decide.

Las costas de esta instancia se imponen por su orden, en atención al progreso parcial del recurso (arts. 68 y 289, CPCC).

Con el alcance indicado, voto por la afirmativa.

A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:

I. El recurso prospera parcialmente.

1. Comparto lo expresado por mi distinguido colega doctor Pettigiani en el punto III ap. 1 de su sufragio.

2. En lo relativo a los intereses aplicados por el tribunal al capital de condena, adhiero a lo expuesto por la doctora Kogan en su voto cuyos argumentos son concordantes con los que expuse al sufragar en la causa L. 118.587 “Trofe” (sent.de 15-VI-2016), a la que remito por razones de brevedad.

II. En virtud de lo expuesto, suscribo la solución plasmada en el apartado final del voto inaugural.

Con el alcance indicado, voto por la afirmativa.

Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente

S E N T E N C I A

Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se hace lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por la parte actora, se declara la inconstitucionalidad de la ley 14.399 y se revoca la sentencia en lo relativo a la tasa que declaró aplicable para el cálculo de los intereses, los que deberán liquidarse con arreglo a la pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a treinta (30) días, vigente al inicio de cada uno de los períodos comprendidos y, por aquellos días que no alcancen a cubrir el lapso señalado, el cálculo debe ser diario con igual tasa, desde su exigibilidad hasta el día de su efectivo pago (arts. 622 y 623, Cód. Civ. de Vélez Sarsfield; 7 y 768 inc. “c”, Cód. Civ. y Com. de la Nac. y 10, ley 23.018 y modif.).

Vuelvan los autos al tribunal de origen a fin de que practique nueva liquidación, de conformidad con lo aquí resuelto.

Las costas de esta instancia se imponen por su orden, en razón del progreso parcial del recurso (arts. 68 y 289, CPCC).

Regístrese y notifíquese.

HILDA KOGAN

EDUARDO JULIO PETTIGIANI

EDUARDO NESTOR DE LAZZARI

DANIEL FERNANDO SORIA

ANALÍA S. DI TOMMASO

Secretaria Interina