Contaminación hídrica: suspensión cautelar del vertido de efluentes cloacales al río Neuquén provenientes de la red que integra el sistema cloacal

Partes: Bueno Fabiola Armanda y otro c/ Municipalidad de Centenario y otro s/ amparo ambiental

Tribunal: Tribunal Federal de Primera Instancia de Neuquén

Fecha: 18-ene-2017

Cita: MJ-JU-M-103387-AR | MJJ103387 | MJJ103387Sumario:
1.-Corresponde hacer lugar a la cautelar solicitada, ordenando a la Municipalidad demandada cese el vertido de efluentes cloacales provenientes de la red que integra el sistema cloacal, en crudo, al río Neuquén, y ordenando al mismo municipio y a la autoridad de la cuenca, que planifiquen y realicen las reparaciones u obras nuevas que fuere menester para el adecuado funcionamiento de la Planta de Tratamiento de Efluentes Cloacales, de modo que los efluentes tratados a volcar cumplan con los niveles propuestos por la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas; ello, pues los informes producidos ponen de manifiesto un detrimento en la calidad del agua en la zona de muestreo.

2.-Corresponde acoger el pedido de formación de una mesa de diálogo como instrumento de participación y opinión ciudadana, para asegurar la posibilidad de que los interesados expresen su opinión sobre el plan de tareas que las accionadas deben presentar al Tribunal dentro de los primeros treinta días hábiles asignados para cumplir la medida cautelar, como ser el proyecto en el que se definan las tareas a realizar, las etapas en que serán llevadas a cabo y se fijen las fecha para su cumplimiento.

3.-No obstante la vigencia de la Ley 26.854(REf:LEG54394), la norma no es de aplicación al caso, pues la eventual medida cautelar que se dicte no afectará al Estado Nacional ni a sus entes descentralizados, sino a lo sumo, a un organismo interjurisdiccional que el Estado Nacional integra (arts. 1 y 3 del Estatuto aprobado por Ley 23.896) y a un Estado local, ajeno al ámbito de aplicación de aquélla ley.

4.-Aunque la Ley 25.688 no haya sido aún reglamentada, queda claro que el Congreso Nacional ha entendido que la noción de cuenca hídrica ha de considerarse como una unidad de gestión, y ha destacado la necesidad de presupuestos mínimos ambientales de manejo de agua en aplicación de las facultades otorgadas por el art. 41 CN, y que el vertido de efluentes cloacales al río puede nítidamente subsumirse en el punto del art. 5 citado, así como que la AIC ejerce en los hechos la autoridad respectiva de la cuenca.

5.-El peligro en la demora deviene evidente de la propia naturaleza del bien colectivo afectado, considerando que la contaminación ya ha acaecido, al menos en los valores referidos, y que la descarga de efluentes sin tratar o insuficientemente tratados se mantiene a la fecha.

Fallo:

Neuquén, 18 de enero de 2017.

VISTOS Y CONSIDERANDO: Para resolver sobre la admisibilidad formal del proceso colectivo incoado por la Sra. Fabiola Armanda Bueno y por el Sr. Raúl Horacio Busca y sobre la medida cautelar por ellos requerida en los presentes caratulados: “BUENO, FABIOLA ARMANDA Y OTRO C/ MUNICIPALIDAD DE CENTENARIO Y OTRO S/ AMPARO AMBIENTAL” (Expte. Nº FGR 136/2017); comparecen la Sra. Fabiola Armanda Bueno y el Sr. Raúl Horacio Busca en su condición de vecinos de la ciudad de Centenario domiciliados aguas debajo de la Planta de Tratamiento de Líquidos Cloacales de la Municipalidad de Centenario, a iniciar acción de amparo colectivo contra la Municipalidad de Centenario y la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) “y/o quien resultare responsable”, solicitando que se ordenen las siguientes medidas: 1) que “se ordene la realización de una audiencia pública y se establezca una mesa de diálogo.integrando.a las figuras del Defensor del Pueblo de la Nación, Defensor del Pueblo de la ciudad de Centenario y de la Provincia de Río Negro.” así como a ONGs y ciudadanos interesados; 2) que en el plazo de 180 días las demandadas a), “desarrollen y ejecuten un programa de acondicionamiento de la Planta de Tratamiento de Líquidos Cloacales de la ciudad de Centenario”, b) “establezca procedimientos y mecanismos adecuados para la minimización de riesgos ambientales, para la prevención y mitigación de emergencias ambientales y para la recomposición de los daños causados por la contaminación ambiental”, contemplando la formación de los recursos humanos involucrados 3) “diseñar y poner en marcha un plan adecuado” tendiente lograr la “educación ambiental de los habitantes afectados por los hechos denunciados”; 4) “organizar e integrar a la información ambiental referida a la Planta de Tratamientos de Líquidos Cloacales de Centenario” para asegurar el derecho a la información libre y gratuita de los ciudadanos (art.3 ley 25.831) y 5), recomponer el daño ambiental, contratar un seguro de cobertura para financiar la recomposición del daño e integrar un fondo de restauración ambiental para instrumentar acciones de reparación. Fundaron su legitimación procesal en el art. 43 de la Constitución Nacional y art. 30 de la ley 25.675, que la reconocen a “toda persona”, denunciando además su condición de afectados por el irregular funcionamiento de la planta. En cuanto a la legitimación pasiva, consideran que la tiene la Municipalidad de Centenario porque es la responsable de la operación de la Planta de Tratamiento de Líquidos Cloacales conforme surge de un informe agregado a una causa penal que cita y que en copia adjunta, y la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas de los ríos Limay, Neuquén y Negro (AIC), en atención a las atribuciones que le confiere el art. 5 inc. g) de su Estatuto para controlar la contaminación en dichos ríos. Relatan que la Planta de Tratamiento fue diseñada para recibir los efluentes de la ciudad de Centenario a través de dos cañerías madres, una de la cuales no ingresa en la Planta de Tratamiento sino que se vierte directamente, sin tratamiento alguno, en el río Neuquén, como fue constatado, aseguran, en la inspección ocular celebrada el 9 de noviembre de 2015 por el Juez a cargo del Juzgado Federal Nº 2 de esta ciudad, en causa caratulada “NN s/Ley 24.051”, nº 119358/2015 según mencionan -aunque la lectura de la documental aportada a fs. 5/6 permite verificar que ese número corresponde al registro de la Fiscalía Federal Nº 1 de esta ciudad, siendo el número de causa asignado por el Juzgado interviniente el 22287/2015 (fs. 25).

Añaden que la Planta de Tratamiento también recibe residuos de los camiones atmosféricos que vacían los pozos ciegos de los pobladores que no están conectados al sistema cloacal.Además, señalan, la Planta de Tratamiento tampoco trabaja adecuadamente, pues por un lado, dejó de funcionar el sistema de automatización, operando en la actualidad manualmente, encontrándose fuera de servicio el instrumental respectivo así como el laboratorio en el que se medían los niveles de oxígeno y el estado de las bacterias, y por el otro, porque la primera y segunda estación de la Planta -destinadas a la extracción de sólidos y a la extracción de arena, grasas y residuos livianos respectivamente se encuentran fuera de funcionamiento por el indebido ingreso de piedras que no son debidamente retenidas en forma previa al ingreso al pozo exterior. Las piedras rompieron las bombas necesarias para el ingreso de líquido a las plantas y también dañaron los mezcladores de las piletas con aireadores. Ello provoca, explican, que sea necesario agregar muchas mayores cantidades de cloro para lograr la desinfección del agua, sin que por otro lado se cuente con un Manual Operativo, por lo que queda a criterio de cada operador la cantidad de cloro a agregar. Citan un informe de la Dirección Provincial de Recursos Hídricos de fecha 15 de septiembre de 2014 según el cual la situación existente a esa fecha en la Planta de Tratamiento de efluentes cloacales de la localidad de Centenario ya era crítica y alarmante, “tanto en el aspecto ambiental por la contaminación directa que se está produciendo con el vertido de los líquidos cloacales crudos al río Neuquén, como en el ámbito de la salud pública local”. Entienden vulnerados sus derechos a la salud, a un ambiente sano y equilibrado, apto para el desarrollo humano y a la información y educación a ambientales.Consideran por ello que se trata de un derecho de incidencia colectiva que recae sobre un bien colectivo, que es el goce y aprovechamiento de las aguas del río Neuquén, de ellos y de los ciudadanos de las ciudades de Centenario, Cinco Saltos y Neuquén, en especial los radicados sobre las márgenes del río Neuquén, desde la Planta de Tratamiento de Líquidos Cloacales de Centenario (PTLCC) hasta la confluencia de los ríos Neuquén y Limay. Ofrecen prueba. Piden una medida cautelar innovativa consistente en que se ordene a las demandadas la concreción de medidas adecuadas y urgentes con el fin de impedir nuevos vuelcos de efluentes cloacales y de residuos industriales sin tratar. También, que se ordene una mesa de diálogo como instrumento de participación y opinión ciudadana -sin especificar con qué fines. Hacen reserva del caso federal y piden. Por razones metodológicas corresponderá decidir primeramente sobre la admisibilidad formal del proceso colectivo propuesto, para lo cual será necesario recordar que en “Halabi” (Fallos 332:111) la Corte Suprema recordó la legitimación activa de raigambre constitucional (art. 43 CN) para reclamar por derechos ambientales con la que cuenta el afectado, junto a la proveniente del art. 30 de la ley 25.675 (“Producido el daño ambiental colectivo, tendrán legitimación para obtener la recomposición del ambiente dañado, el afectado.Deducida demanda de daño ambiental colectivo por alguno de los titulares señalados, no podrán interponerla los restantes, lo que no obsta a su derecho a intervenir como terceros.”). A ello se suma la directiva del último párrafo del art. 30 citado, según el cual “Sin perjuicio de lo indicado precedentemente toda persona podrá solicitar, mediante acción de amparo, la cesación de actividades generadoras de daño ambiental colectivo.” En nuestro caso, los actores manifestaron ser vecinos de la ciudad de Centenario, y tener su domicilio aguas debajo de la Planta que vertería los efluentes con un inadecuado tratamiento.No aclararon, en cambio, si sus viviendas están ubicadas también aguas debajo del vertido de efluentes en el río sin tratar, pero igualmente pueden ser tenidos como afectados, en esta precaria etapa del trámite. El colectivo involucrado queda configurado por “los ciudadanos de Centenario, Cinco Saltos y Neuquén, en especial los radicados sobre las márgenes del río Neuquén, desde la Planta de Tratamiento de Líquidos Cloacales de Centenario. hasta la confluencia de los ríos Neuquén y Limay.” (fs. 394 vta.).

El derecho afectado sería de incidencia colectiva que tiene por objeto un bien colectivo, representado por el goce y aprovechamiento de las aguas del río Neuquén desde la Planta de Tratamiento en cuestión hasta la confluencia de este río con el Limay, extremo que remite sin más a que se configure el presupuesto previsto por el art. 30 de la ley 25.675, ya citado. En este punto entiendo atinado señalar que si bien la pretensión tiene algún punto de contacto con la ventilada en los autos “MONTECINO ODARDA, FACUNDO Y OTROS C/ AUTORIDAD INTERJURISDICCIONAL DE CUENCAS (AIC) S/ AMPARO AMBIENTAL” (Expte. Nº FGR 15532/2016), ante el Juzgado Federal de General Roca -pues allí se perseguía, entre otros puntos, lograr la recomposición y saneamiento de “las aguas y el lecho de los ríos Neuquén y Negro ., en la zona de la Confluencia, desde la zona de “antigua descarga” de líquidos cloacales de Cipolletti aguas arriba de la isla Jordán sobre un brazo del río Neuquén, en dirección a aguas abajo ya sobre el río Negro;.”, lo cierto es que el foco o centro de la contaminación aquí denunciada se ubicaría aguas arriba de dicha Confluencia sobre el río Neuquén, en la zona aledaña a la ciudad de Centenario, y sólo de manera indirecta afectaría -eventualmente, aspecto aún no determinado a quienes residen aguas abajo del río Negro.Coincido así con los presentantes en que la demanda promovida no guarda con aquélla otra la similitud requerida por el art. 30 de la ley 25.675 para vedar su tramitación por separado. En relación a la legitimación pasiva de la Municipalidad de Centenario, nace del asignado carácter de responsable de la Planta de Tratamiento de efluentes cloacales cuyo indebido funcionamiento genera el daño ambiental que se intenta prevenir y recomponer, lo que prima facie aparece acreditado con la prueba documental aportada a fs. 98/99. La de la AIC nace del art. 5 inc. g) del ESTATUTO DE LA AUTORIDAD INTERJURISDICCIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS LIMAY, NEUQUEN Y NE GRO, aprobado por la ley 23.896, que incluye entre sus atribuciones la de “Realizar investigaciones y relevamientos, ejecutar proyectos y adquirir, construir, poner en funcionamiento y mantener instalaciones para detectar y/o controlar la contaminación en los recursos hídricos de las cuencas. Con análoga finalidad, proponer a los Estados signatarios la adopción de normas y acciones tendientes a prevenir, evitar y corregir procesos contaminantes del recurso. En caso de rebeldía para adoptar medidas legales tendientes al cese de la contaminación, la Autoridad estará facultada para aplicar sanciones pecuniarias contra el Estado signatario en cuya jurisdicción se produzca” (énfasis agregado). Como se observa, un reproche judicial por omisión de control de contaminación en las sea en cuanto resorte de la AIC, o como propio de los Estados provinciales intervinientes -sobre los que ejerce el poder de policía así descripto, aparece formalmente y prima facie bien dirigido al ente demandado. En suma, se encontrarían reunidos los recaudos para considerar admisible el proceso colectivo propuesto, por lo que corresponderá proceder a identificar provisionalmente la composición del colectivo, que serán “los ciudadanos de Centenario, Cinco Saltos y Neuquén, en especial los radicados sobre las márgenes del río Neuquén, desde la Planta de Tratamiento de Líquidos Cloacales de Centenario. hasta la confluencia de los ríos Neuquén y Limay.” (fs.394 vta.), y el objeto de la pretensión, conformado por cinco aspectos: 1) que “se ordene la realización de una audiencia pública y se establezca una mesa de diálogo.integrando.a las figuras del Defensor del Pueblo de la Nación, Defensor del Pueblo de la ciudad de Centenario y de la Provincia de Río Negro.” así como a ONGs y ciudadanos interesados; 2) que en el plazo de 180 días las demandadas a), “desarrollen y ejecuten un programa de acondicionamiento de la Planta de Tratamiento de Líquidos Cloacales de la ciudad de Centenario”, b) “establezca procedimientos y mecanismos adecuados para la minimización de riesgos ambientales, para la prevención y mitigación de emergencias ambientales y para la recomposición de los daños causados por la contaminación ambiental”, contemplando la formación de los recursos humanos involucrados; 3) “diseñar y poner en marcha un plan adecuado” tendiente lograr la “educación ambiental de los habitantes afectados por los hechos denunciados”; 4) “organizar e integrar la información ambiental referida a la Planta de Tratamientos de Líquidos Cloacales de Centenario” para asegurar el derecho a la información libre y gratuita de los ciudadanos (art. 3 ley 25.831) y 5), recomponer el daño ambiental, contratar un seguro de cobertura para financiar la recomposición a del daño e integrar un fondo de restauración ambiental para instrumentar acciones de reparación. Los sujetos demandados son la Municipalidad de Centenario y la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC). El proceso deberá inscribirse en el Registro de Procesos Colectivos creado por la Acordada 32/2014 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, pues como se señalara a fs. 413, aunque la Acordada 12/2016 haya excluido de su ámbito de aplicación a los procesos que se inicien en el marco de la ley 25.675, el Reglamento de Registro Público de Procesos Colectivos aprobado por la Acordada 32/2014 expresamente indicó en su art.1 que “En el Registro se inscribirán ordenadamente todos los procesos colectivos, tanto los que tengan por objeto bienes colectivos” como derechos individuales homogéneos. Por ello también será necesario, como lo exige el art. 3 de dicho Reglamento, dejar sentado que la idoneidad de los presentantes para representar al colectivo, le viene dada por la legitimación legal (art. 30 ley 25.675) y constitucional (arts. 41 y 43 CN) para reclamar la recomposición del ambiente. Tratándose los ejercidos de derechos de incidencia colectiva que recaen sobre bienes colectivos y no sobre derechos individuales homogéneos, el análisis se efectúa con menor rigurosidad, pues además, nada impide a otros terceros legitimados a comparecer como terceros a coadyuvar con el resultado.

Finalmente, en lo atinente al procedimiento para garantizar la adecuada notificación de todas aquellas personas que pudieran tener un interés en el resultado del litigio es suficiente con la inscripción en el Registro Público de Procesos Colectivos, lo que les permitirá en su caso participar como terceros en este proceso de conformidad con lo previsto por el art. 30 de la ley 25.675. Definido el punto, queda todavía por analizar la procedencia de la medida cautelar requerida a fs. 409, punto X, tendiente a que se ordene a las demandadas a “la concreción de medidas apropiadas y URGENTES con el fin de impedir nuevos vuelcos de efluentes cloacales sin tratar y de residuos industriales en los lugares denunciados de Centenario.”. Asimismo, a que “se ordene una mesa de diálogo como instrumento de participación y opinión ciudadana.”, no se aclara si a los fines de adoptar aquellas medidas urgentes o para otros no especificados. Encontrándose en vigencia la ley 26.854, y a partir de lo resuelto en “SANTANGELO, JUAN CARLOS Y OTROS C/ SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA (SENASA) S/ AMPARO LEY 16.986), Expte. Nº FGR 19821/2016 (resolución del 23/11/2016) – superando el anterior criterio que declara la inconstitucionalidad del art.4 de esa ley, sentado en “SPINELLI, ANA MARÍA C/ ESTADO NACIONAL S/ ACCIÓN MERAMENTE DECLARATIVA DE INCONSTITUCIONALIDAD” (S.I. nº 140 folio 247/263 AÑO 2013), estimo oportuno dejar sentado que la norma no es de aplicación al supuesto examinado, pues la eventual medida cautelar que se dicte no afectará al Estado Nacional ni a sus entes descentralizados, sino a lo sumo, a un organismo interjurisdiccional que el Estado Nacional integra (arts. 1 y 3 del Estatuto aprobado por ley 23.896) y a un Estado local, ajeno al ámbito de aplicación de aquélla ley. Definido el punto, observo que con la prueba documental aportada a fs. 2 y 4 ha quedado establecido, con el escaso grado de certeza a que la instancia requiere, que los accionantes son vecinos del sector rural de la ciudad de Centenario. Del mismo modo, con los informes producidos por personal de la Dirección Provincial de Recursos Hídricos de la Provincia de Neuquén desde diciembre de 2012 en adelante (fs. 86/92, 54/59, 60/63, 66/83, entre muchos otros) quedó en principio acreditado que técnicos de esa dependencia provincial se toparon, el 10 de diciembre de 2012 -en el marco de un monitoreo de agroquímicos en los ríos Limay y Neuquén, con un ducto que descargaba efluentes cloacales sin tratamiento en el río Neuquén, reconociendo en ese momento el responsable de la Planta de tratamiento de efluentes cloacales de Centenario (Mario Sergio Montoya) que el caño provenía de la red cloacal del sector oeste de la ciudad, que se había roto durante una tormenta, y que por ello, en una época que ubicó entre dos o tres semanas previas a esa fecha “se dio inicio al vertido de efluentes cloacales crudos, mediante un by pass existente al río Neuquén”. (fs.90) La permanencia y continuidad de ese by pass fue constatada por la autoridad de prevención y judicial intervinientes en la causa “NN s/ Ley 240051”, nº 22287/2015 del Juzgado Federal Nº 2 de esta ciudad, practicadas según copia de fs. 7/21 y 25/26 respectivamente, y las posteriores de fs.196/204, 301/304 y 321/324. Igualmente juzgo suficientemente demostrado, para la etapa que se transita, el deficitario funcionamiento de la PTEC de Centenario respecto de los efluentes que sí son volcados en la red cloacal y llegan a destino. Así surge de los informes producidos por los mismos técnicos a fs. 54/59, 60/63 y 66/83 entre muchos otros, en los que se menciona que “La PTEC está fuera de funcionamiento (están bypaseando todo) porque están reparando el sistema de desarenado y rejas”, “Está extrayendo con un camión chupa la arena y sólidos sedimentables que se acumularon en la canaleta de contacto -lugar al que solo debería llegar el líquido clarificado sin nada de sólidos”, “Las arenas extraídas de la canaleta de contacto son volcadas en el mismo predio de la planta, sobre el suelo. Sin ningún sistema de contención, seguridad ni higiene” (fs. 54), todo lo cual, pese a la buena voluntad de los operarios de la planta, que fue destacada, a fs. 61 se continuaba sin avances significativos, al punto de señalar la funcionaria interviniente que la situación de la Planta era “crítica y alarmante”, solicitando por ello la intervención del EPAS (Ente Provincial de Agua y Saneamiento). El posterior informe de fs. 67 anuncia que las deficiencias se mantienen, describiendo todos los mecanismos que no funcionan (una bomba del pozo de bombeo, el sistema de desbaste grueso, el desarenador, el desengrasador, algunos agitadores de fondo y aireadores de superficie, el espesador de lodos, la cámara de limpieza y el proceso de deshidratación de fangos). La función de cada uno de ellos puede conocerse a través de la lectura del Manual de manejo de la planta obrante a fs.146/187. Y si bien en él se indica la operación a realizar para colocar el hipoclorito de sodio, no se establece con precisión la cantidad a inyectar sino el valor que debe arrojar en la última cámara de descarga, señalándose en el informe de fs. 68 que la operación de desinfección se realiza sin control alguno, quedando a criterio del operador de turno el volumen de hipoclorito de sodio incorporado al efluente.

Ello produjo como consecuencia una desinfección excesiva a juicio del técnico que confeccionó el reporte (fs. 69). Este último informe, obrante a fs. 66/70, fue producido el 11 de septiembre de 2015, y allí se menciona que la problemática observada en la PTEC de Centenario es constante y de larga data, y que las autoridades municipales “no evidencian la intención de concretar una solución a definitiva” (fs. 69), pese a resultar, según lo que sur giría de fs. 98, la autoridad competente para hacerlo. El reporte de fs. 263/268 confirma que la situación se mantiene al 11 de noviembre de 2015. También la Secretaría de Estado de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Provincia de Neuquén sustanció actuaciones en las que intimó sin éxito a la Municipalidad a (fs. 100/138, en particular fs. 120/121 y 129) que le suministre información y documentación que acredite el correcto desenvolvimiento de la Planta. Y además, la Prefectura Naval Argentina elaboró el 10 de diciembre de 2015 un informe técnico sobre el deficiente funcionamiento de la planta (fs. 293/299), enumerándose a fs. 299 las recomendaciones para la superación de las anomalías detectadas. Lo hasta aquí relatado permitiría considerar configurada la verosimilitud del derecho en cuanto se pretende que la Municipalidad accionada adopte de manera urgente las medidas apropiadas para remediar la situación.Pero también permite verificar que más allá de las responsabilidades penales que puedan atribuirse en la causa penal FGR 22287/2015 a las autoridades municipales, será menester incluir entre los destinatarios de la medida a la AIC, en virtud de las competencias que le atribuye el ya citado art. 5 inc. g) de su Estatuto, aprobado por ley 23.896. En este sentido es menester recordar que como ya lo señalara en “MONTECINO ODARDA, FACUNDO Y OTROS C/ AUTORIDAD INTERJURISDICCIONAL DE CUENCAS (AIC) S/ AMPARO AMBIENTAL” (Expte. Nº FGR 15532/2016) -en el que actué como subrogante del Juzgado Federal de General Roca, tanto en aquél proceso como en este, el caso debe quedar subsumido en la ley 25.688 de presupuestos mínimos ambientales para la preservación de las aguas, su aprovechamiento y uso racional, cuyo art. 4° creó “para las cuencas interjurisdiccionales, los comités de cuencas hídricas con la misión de asesorar a la autoridad competente en materia de recursos hídricos y colaborar en la gestión ambientalmente sustentable de las cuencas hídricas”, creación administrativa que en los hechos representa la AIC, que por imperio de su propio estatuto regula las actividades de los Estados parte que generan impacto ambiental sobre otra jurisdicción en el marco de la cuenca. Su art. 5 considera por utilización de aguas “d) La colocación, introducción o vertido de sustancias en aguas superficiales, siempre que tal acción afecte el estado o calidad de las aguas o su escurrimiento”. Aunque esta norma no haya sido aún reglamentada retardo que generó el reclamo del Defensor del Pueblo de la Nación mediante la Resolución N° 39/07 (cuatro años después de los 180 días establecidos por la ley para su reglamentación) queda claro que el Congreso Nacional ha entendido que la noción de cuenca hídrica ha de considerarse como una unidad de gestión, y ha destacado la necesidad de presupuestos mínimos ambientales de manejo de agua en aplicación de las facultades otorgadas por el art.41 CN, y que el vertido de efluentes cloacales al río puede nítidamente subsumirse en el punto del art. 5° citado, así como que la AIC ejerce en los hechos la autoridad respectiva de la cuenca. En cuanto a la concreta contaminación, tenemos que los análisis realizados el 11 de septiembre de 2015 por la Dirección Provincial de Recursos Hídricos con muestras tomadas aguas debajo de la descarga del efluente de la planta en el río, dieron valores dentro de los límites autorizados -lo que fue interpretado a fs. 69, tercer párrafo como una consecuencia de la a desinfección excesiva y no de un apropiado proceso de tratamiento. A fs. 298 se explican los motivos: “Si el tratamiento funciona mal y gran parte de estos compuestos [sólidos en suspensión, grasas flotantes, materia orgánica o nitrógeno amoniacal disuelto] quedan en efluente parte del cloro reaccionará con la materia orgánica disuelta o suspendida y el NH4 disuelto perdiendo el mismo gran parte del poder de desinfección. Siendo necesario agregar muchas mayores cantidades de cloro para alcanzar el valor residual mencionado.” A fs. 219/220 obra un informe de muestro e inspección realizado por EPAS fechado el 17 de junio de 2014 en el que según “Protocolo EF Nº 2544 Salida”, el efluente de la planta cumplía con los límites establecidos (fs. 221 y 223)-no así el de entrada a la red cloacal, debido a la descarga continua y sostenida de camiones atmosféricos (fs. 221 y 222). Pero los informes técnicos elaborados en la causa penal y agregados a fs. 312/315 y 316/318 -en el marco de la ley 25.831- efectuados sobre las muestras extraídas el 11 de noviembre de 2015 en los lugares señalados en el croquis de fs. 308, arrojaron que las bacterias coliformes totales se encuentran elevadas en la totalidad de las muestras obtenidas (fs. 317) y el parámetro DBO (demanda biológica de oxígeno, que mide la materia orgánica disuelta, fs.299) se encuentra elevado en la muestra identificada como B 3 Descarga B (fs. 308). A similares resultados arriban los análisis e informes técnicos de fs. 334/338, en base a muestras obtenidas el 8 de marzo de 2016, en los que además se detectó que la concentración de amonio y nitritos superaban los límites establecidos en la ley 24.051 (fs. 338). Del mismo modo, el “Informe de resultados de muestras de agua del río Neuquén en la zona de influencia PTEC Centenario” de fs. 346/348 producido por la Dirección Provincial de Protección del Recurso Hídrico destacó el hallazgo de niveles elevados de bacterias por encima de los “valores provisorios propuestos por AIC como niveles de guías de calidad de agua superficial en función de los diferentes usos del recurso” en casi la totalidad de los puntos monitoreados, ya sea en la zona de descarga, aguas arriba y aguas debajo de la PTEC.

La concentración de coliformes totales y de Escherichia Coli también excede el nivel guía sugerido por AIC (fs. 348). También se halló una elevada concentración de nitritos, que supera en varios órdenes de magnitud el nivel guía propuesto por la AIC, y que se asocia a descargas de origen fecal recientes. En suma, “Los resultados bacteriológicos obtenidos, en conjunto con las determinaciones de nitritos, nitrógeno total, fósforo total, DQO y DBO ponen de manifiesto un detrimento en la calidad del agua río Neuqúen en la zona de muestreo, acentuada en la zona de la PTEC.” (fs. 348, quinto párrafo). Todo ello es suficiente para acreditar prima facie que media contaminación en el río Neuquén, hallando así verificada la verosimilitud en el derecho. En cuanto al peligro en la demora, deviene evidente de la propia naturaleza del bien colectivo afectado, considerando que la contaminación ya ha acaecido, al menos en los valores referidos, y que la descarga de efluentes sin tratar o insuficientemente tratados se mantiene a la fecha.Por ello, resulta adecuado según las facultades previstas por el art. 204 CPCyC y el art. 32 in fine de la ley 25.675 ordenarle a la Municipalidad de Centenario que en el término de noventa (90) días hábiles cese el vertido de efluentes cloacales provenientes de la red que integra el sistema cloacal, en crudo, al río Neuquén, y ordenar al mismo municipio y a la AIC -en tanto autoridad de la cuenca que cuenta con los recursos a necesarios, que planifiquen y realicen las reparaciones u obras nuevas que fuere menester para el adecuado funcionamiento de la Planta de Tratamiento de Efluentes Cloacales, de modo que los efluentes tratados a volcar cumplan con los niveles propuestos por la AIC en marzo de 1996 según guía de fs. 383/389, debiendo a tales fines presentar al Tribunal dentro de los primeros treinta (30) días hábiles asignados un proyecto en el que se definan las tareas a realizar, las etapas en que serán llevadas a cabo y se fijen las fecha para su cumplimiento. Queda por decidir sobre el otro aspecto de la medida cautelar requerida, que se vincula con la formación de una mesa de diálogo como instrumento de participación y opinión ciudadana. Aunque no se menciona en el punto X de fs. 409 cuál es la finalidad para la cual ella es requerida, cabe presumir que se trataría de garantizar la participación ciudadana en el proceso de planificación de las obras de reparación o ampliación de la PTEC que se ordena llevar a cabo. Cita en su apoyo los arts. 19 a 21 de la ley 25.675. El primero de ellos establece el derecho de toda persona a opinar en procedimientos administrativos que se relacionen con la preservación y protección del ambiente; el art. 20 prevé la necesidad de audiencia pública previa y obligatoria para “la autorización” de aquellas actividades que puedan generar efectos negativos y significativos sobre el ambiente y finalmente, el art.21 prevé la participación ciudadana en los procedimientos de evaluación de impacto ambiental y en los planes y programas de ordenamiento ambiental del territorio. Considerando que en el caso nos hallamos con una actividad que lleva adelante el Estado municipal y que configura un servicio público, el caso escaparía a la previsión del art. 20 pues no se trata de decidir si se va a “autorizar” la actividad sino del modo en que ella debe ser desarrollada. Tampoco el art. 21 capturaría la situación, pues no se trata de un programa de ordenamiento ambiental del territorio ni de obras que requieran de la evaluación del impacto ambiental. Por el contrario, se trata de una obra ya concretada (PTEC) para brindar un servicio que es prestado de manera inadecuada pues genera contaminación. En este contexto, la norma que fundaría la verosimilitud del derecho de los accionantes es el art. 19, que prevé el derecho de toda persona a opinar en procedimientos administrativos que se relacionen con la preservación y protección del ambiente. Aunque ella no aclara el modo en el que se ejercerá ese derecho -solamente lo hace para la situación prevista por el art. 20, cuando trata de autorizar una actividad, aun así entiendo apropiado escoger esta última vía para asegurar la posibilidad de que los interesados expresen su opinión sobre el plan de tareas que las accionadas deben prese ntar al Tribunal dentro de los primeros treinta (30) días hábiles asignados para cumplir la medida cautelar (proyecto en el que se definan las tareas a realizar, las etapas en que serán llevadas a cabo y se fijen las fecha para su cumplimiento), por lo que una vez presentado el mismo ante el Tribunal, deberán someterlo a consideración en audiencia pública previo a su ejecución, informando con posterioridad al Tribunal cualquier modificación que entendieran pertinente introducir como consecuencia de las opiniones allí recogidas.Teniendo en cuenta la naturaleza colectiva del bien afectado, y la escasa potencialidad dañosa de la medida, estimo suficiente la caución juratoria como contracautela. Por todo lo expuesto, a RESUELVO: 1°) DECLARAR admisible el proceso colectivo iniciado por los actores Fabiola Armanda Bueno y el Sr. Raúl Horacio Busca contra la Municipalidad de Centenario y la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC), y FIJAR: a) que el colectivo está compuesto por “los los ciudadanos de Centenario, Cinco Saltos y Neuquén, en especial los radicados sobre las márgenes del río Neuquén, desde la Planta de Tratamiento de Líquidos Cloacales de Centenario. hasta la confluencia de los ríos Neuquén y Limay.” b) que el objeto de la pretensión, consiste 1) que “se ordene la realización de una audiencia pública y se establezca una mesa de diálogo.integrando.a las figuras del Defensor del Pueblo de la Nación, Defensor del Pueblo de la ciudad de Centenario y de la Provincia de Río Negro.” así como a ONGs y ciudadanos interesados; 2) que en el plazo de 180 días las demandadas a), “desarrollen y ejecuten un programa de acondicionamiento de la Planta de Tratamiento de Líquidos Cloacales de la ciudad de Centenario”, b) “establezca procedimientos y mecanismos adecuados para la minimización de riesgos ambientales, para la prevención y mitigación de emergencias ambientales y para la recomposición de los daños causados por la contaminación ambiental”, contemplando la formación de los recursos humanos involucrados; 3) “diseñar y poner en marcha un plan adecuado” tendiente lograr la “educación ambiental de los habitantes afectados por los hechos denunciados”; 4) “organizar e integrar la información ambiental referida a la Planta de Tratamientos de Líquidos Cloacales de Centenario” para asegurar el derecho a la información libre y gratuita de los ciudadanos (art. 3 ley 25.831) y 5), recomponer el daño ambiental, contratar un seguro de cobertura para financiar la recomposición del daño e integrar un fondo de restauración ambiental para instrumentar acciones de reparación.y c), identificar a los sujetos demandados como Municipalidad de Centenario y la Autoridad Interjurisdiccional de las Cuencas de los ríos Negro, Neuquén y Limay (AIC). En esas condiciones, inscríbase el proceso en el Registro de Procesos Colectivos creado por Acordada 32/2014. Cumplido, vuelvan los autos a despacho a los fines de proveer cuanto corresponda en orden a sustanciar el traslado de la demanda, la que tramitará por las normas de la ley 16.986. 2) HACER LUGAR a la medida cautelar requerida y ORDENAR a la Municipalidad de Centenario que en el término de noventa (90) días hábiles cese el vertido de efluentes cloacales provenientes de la red que integra el sistema cloacal, en crudo, al río Neuquén.

Asimismo, ORDENAR al mismo municipio y a la AIC -en tanto autoridad de la cuenca que cuenta con los recursos necesarios, que en idéntico plazo (90 días hábiles) planifiquen y realicen las reparaciones u obras nuevas que fuere menester para el adecuado funcionamiento de la Planta de Tratamiento de Efluentes Cloacales de la ciudad de Centenario, de modo que los efluentes tratados a volcar cumplan con los niveles propuestos por la AIC en marzo de 1996 según guía de fs. 383/389, debiendo a tales fines presentar al Tribunal dentro de los primeros treinta (30) días hábiles asignados un proyecto en el que se definan las tareas a realizar, las etapas en que serán llevadas a cabo y se fijen las fecha para su cumplimiento. Cumplido ello, deberán someterlo a consideración en audiencia pública previo a su ejecución, informando con posterioridad al Tribunal cualquier modificación que entendieran pertinente introducir como consecuencia de las opiniones allí recogidas. Todo bajo apercibimiento de aplicar sanciones conminatorias al Estado Municipal, al Sr. Intendente Municipal y a cualquier otro funcionario público municipal de cuya actividad dependiera el cumplimiento de lo aquí ordenado, así como a la AIC y a los integrantes del Consejo de Gobierno de la AIC (artículo sexto inciso a) del Estatuto aprobado por ley 23.896). Para su toma de razón, ofíciese, previa caución juratoria que deberán prestar los actores ante el Actuario a Notifíquese y regístrese. Inscríbase en el Registro Público de Procesos Colectivos creado por Acordada 32/2014 CSJN. Dése intervención al Ministerio Público Fiscal.

MARIA CAROLINA PANDOLFI

JUEZ FEDERAL

Registrado electrónicamente (Acordada Nº 6/2014 CSJN). Conste.