Privilegio concursal de la indemnización prevista por el art. 80 de la LCT. Comentario al plenario «Sociedad Alemana de Socorro a Enfermos Asociación Mutual» Casadío Martínez, Claudio

Autor: Casadío Martínez, Claudio A.

Fecha: 5-may-2016

Cita: MJ-DOC-9867-AR | MJD9867

Sumario:

I. Proemio. II. Los privilegios en el estatuto falimentario. III. Los privilegios de los créditos laborales. IV. La previsión del art. 80 de la LCT. V. La cuestión para que resuelva el plenario de la Cámara. VI. El voto de la mayoría. VII. El voto de la minoría. VIII. La doctrina sentada. IX. Colofón.Doctrina:

Por Claudio A. Casadío Martínez (*)

I. PROEMIO

A modo de introducción, podemos decir que privilegio -«strictu sensu»- es el derecho que puede oponer un acreedor al resto de sus pares para cobrar su acreencia con prelación, cuando el activo resulta insuficiente para satisfacerlos a todos, sea en un proceso universal como en una ejecución individual. Encuentra su lógica en su antítesis: el principio de paridad de la concurrencia de acreedores ante el patrimonio del deudor, que es garantía común de sus créditos (1).

Existe en nuestro país una proliferación de normas que crean privilegios, generalmente fruto de la presión ejercida por un grupo sobre el legislador, tales como el Código de Minería, Aeronáutico, Ley de Navegación, Ley de Entidades Financieras, Ley de Contrato de Trabajo. No obstante, dos son los cuerpos fundamentales que regulan la materia: el Código Civil y Comercial de la Nación (CCivCom) y la Ley de Concursos y Quiebras (LCQ), produciendo un verdadero caos o laberinto jurídico, al que ha venido a poner un poco de orden -aunque no totalmente- el nuevo Código Civil y Comercial (2).

Así, tenemos que el art. 2573 del CCivCom dispone que «privilegio es la calidad que corresponde a un crédito de ser pagado con preferencia a otro. Puede ejercitarse mientras la cosa afectada al privilegio permanece en el patrimonio del deudor, excepto disposición legal en contrario y el supuesto de subrogación real en los casos que la ley admite. El privilegio no puede ser ejercido sobre cosas inembargables declaradas tales por la ley», con lo cual se ha puesto coto a la discusión de si se trataba de un derecho personal o real, ya que hoy queda claro que es una «calidad de un crédito».

Además, el nuevo ordenamiento unificado civil y comercial hace referencia -genéricamente- a créditos con privilegio general -art. 2580 – especial -arts. 2582 a 2584 – y quirografarios -art. 2581 -. Asimismo, se regulan los créditos subordinados -art.2575 – y la reserva para gastos -art. 2585 -, en una regulación que guarda similitud con la establecida en el estatuto falimentario.

Finalmente cabe indicar que el art. 2579 del CCivCom agrega lo siguiente: «En los procesos universales los privilegios se rigen por la ley aplicable a los concursos, exista o no cesación de pagos», lo cual no modificará en definitiva el régimen actual en materia de privilegios concursales, aunque hace que este sea de aplicación para las sucesiones (v. gr., proceso universal sin cesación de pagos).

II. LOS PRIVILEGIOS EN EL ESTATUTO FALIMENTARIO

La Ley de Concursos y Quiebras prevé una clasificación cuatripartita de las acreencias:

– Gastos de conservación y justicia.

– Créditos con privilegio especial.

– Créditos con privilegio general.

– Créditos quirografarios.

A este grupo, podríamos agregar el de los créditos subordinados previstos por el art. 250 de la LCQ.

En otra oportunidad (3), analizando las normas sobre privilegios concursales en el derecho latinoamericano, concluimos que:

– todas las legislaciones concursales regulan lo atinente a los privilegios de los acreedores, no admitiéndose otros privilegios que los legalmente reconocidos, respetándose un mínimo de tres grupos:

1. Gastos a cargo de la masa;

2. créditos con privilegio; y

3.créditos sin privilegio.

– dentro de esta regulación, se establece en la mayoría de los casos un orden excluyente de privilegios (4);

– insatisfecho total o parcialmente el crédito que posea un privilegio, el remanente pasa a ser un crédito común o quirografario;

– en mayor o menor medida se produce un reenvío a otras legislaciones específicas (5).

– los acreedores con mayor grado de privilegio, a pesar de estar siempre más amparados, deben resignar una porción del producido por la venta del bien para cubrir los gastos del proceso falencial hechos en su beneficio;

– los acreedores con garantía real de hipoteca y prenda, el fisco y las remuneraciones de los trabajadores son en la mayoría de los casos considerados privilegiados.

En definitiva, sostuvimos que en materia de privilegios concursales estábamos en presencia de un sistema cerrado y autosuficiente, ya que:

– se trata de un conjunto de normas con una unidad entre todos los elementos;

– ese conjunto es íntegro, ya que nada de lo que corresponde a su objeto está fuera de aquel y aunque en algunos casos las normas reenvíen a otras legislaciones, estas están determinadas con claridad;

– además, el conjunto es total, y puede ser apreciado como una individualidad;

– el conjunto está coordinado, ya que existe una mutua dependencia entre distintas clases de privilegios (partes del conjunto);

– las partes a su vez están subordinadas o integradas jerárquicamente unas respecto de otras.

Ahora bien, fruto de la evolución legislativa, algunos de estos principios se han flexibilizado, y así fue que comentando el fallo de la CSJN «Pinturas y revestimientos aplicados S. A.» , decíamos que como primera conclusión, teníamos que el sistema de privilegios concursales había dejado de ser un sistema cerrado (6), al igual que en el caso «Institutos Médicos Antártida» -entre otros- en que, recordemos, se declaró en primera instancia la inconstitucionalidad del art. 239, párr.1.º de la LCQ, incorporando el derecho fundamental del menor discapacitado en relación con el derecho indemnizatorio reconocido a su favor y se reconoció su jerarquía superior, siempre por aplicación de un tratado internacional (7). Esta tendencia fue seguida más recientemente por la Sala B de la CNCom (8).

Es decir que, tanto en uno y otro caso, los privilegios concursales debieron ser adaptados por los jueces a las normas internacionales que protegen y consagran privilegios a favor de la parte «más débil»: en un caso un menor víctima de una mala praxis, en otro un exdependiente de la fallida, víctima de un accidente laboral.

En definitiva y parafraseando al Dr. Junyent Bas, «se abrió la puerta» de los privilegios (9).

III. LOS PRIVILEGIOS DE LOS CRÉDITOS LABORALES

En este marco conceptual y teniendo como horizonte que los principales beneficiados con el sistema de privilegio son los acreedores hipotecarios y prendarios, los créditos fiscales y los trabajadores y extrabajadores, quienes poseen además preferencias temporales de cobro (los créditos laborales por medio del «pronto pago», los titulares de derecho real de garantía por concurso especial, entre otros casos) tenemos que, en lo que hace estrictamente al privilegio de los créditos laborales, por un lado el art. 241, inc. 2 , de la LCQ, poseen privilegio especial: «Los créditos por remuneraciones debidas al trabajador por seis meses y los provenientes por indemnizaciones por accidentes de trabajo, antigüedad o despido, falta de preaviso y fondo de desempleo, sobre las mercaderías, materias primas y maquinarias que, siendo de propiedad, del concursado, se encuentren en el establecimiento donde haya prestado sus servicios o que sirvan para su explotación».

Paralelamente, por imperio del art. 246, inc.1 , se les reconoce privilegio general a «los créditos por remuneraciones y subsidios familiares debidos al trabajador por seis meses y los provenientes por indemnizaciones de accidente de trabajo, por antigüedad o despido y por falta de preaviso, vacaciones y sueldo anual complementario, los importes por fondo de desempleo y cualquier otro derivado de la relación laboral. Se incluyen los intereses por el plazo de dos años contados a partir de la mora, y las costas judiciales en su caso».

En síntesis, poseen privilegio general y especial en cuanto a los rubros descriptos.

Adicionalmente, debemos considerar que los arts. 19 y 129 , luego de la reforma de la Ley 26.684 , han previsto que no suspenden los intereses de estos créditos; por lo tanto, se ha pretendido dotarlos de mayor protección.

IV. LA PREVISIÓN DEL ART. 80 DE LA LCT

Ingresando al análisis de la ley laboral, tenemos que el art. 80 de la LCT dispone el deber de observar las obligaciones frente a los organismos sindicales y de la seguridad social y el de entregar al cese de la relación un certificado que contenga las indicaciones sobre el tiempo de prestación de servicios, naturaleza de estos, constancia de los sueldos percibidos y de los aportes y contribuciones efectuados con destino a los organismos de la seguridad social.

En el último párrafo, agrega que si el empleador no hiciera entrega de la constancia o del certificado previstos respectivamente en los apdos. 2.° y 3.° de este artículo dentro de los dos días hábiles computados a partir del día siguiente al de la recepción del requerimiento que a tal efecto le formulare el trabajador de modo fehaciente, será sancionado con una indemnización a favor de este último que será equivalente a tres veces la mejor remuneración mensual, normal y habitual percibida por el trabajador durante el último año o durante el tiempo de prestación de servicios, si este fuere menor.

V.LA CUESTIÓN PARA QUE RESUELVA EL PLENARIO DE LA CÁMARA

Mas allá de los aspectos procesales que se abordan en el plenario a partir de las reformas que se han sucedido en esta materia, la cuestión de fondo a resolver finca, ante sentencias contradictorias de dos salas de la Cámara, en lo atinente a la graduación que corresponde dar al incumplimiento de la obligación ya citada del art. 80 de la LCT.

Concretamente, se preguntan: «¿Corresponde conceder privilegio general a los créditos del trabajador originados en multas impuestas por la ley laboral al empleador y a los cuales esa normativa les otorga carácter indemnizatorio?».

VI. EL VOTO DE LA MAYORÍA

La mayoría de la Cámara comienza expresando que en el caso deben conjugarse las normas específicas del derecho comerc ial y particulares del derecho concursal con el ordenamiento jurídico laboral, pero enfocándose en el contenido de nuestra Constitución Nacional.

Bajo tal prisma, analizan el fin perseguido por el legislador al sancionar la norma, buscando su sentido y valor, para así medir su extensión precisa y apreciar su eficiencia en cuanto al gobierno de las relaciones jurídicas, que aparentemente se encuentran comprendidas en el ámbito de su vigencia.

Postulan que debe tenerse presente que estamos ante un deber contractual de cumplir con los aportes legales; aportes que serán imperiosos a futuro, ya que están destinados a ingresar a las arcas del Estado para satisfacer las necesidades básicas de aquellos que cumplen con los requisitos jubilatorios. Tales aportes integran el salario y, por ende, si no son efectivizados por el empleador, producen una merma en el ingreso del trabajador, si bien no palpable durante la relación; ese proceder impropio genera la aplicación de la sanción que, al tener su razón de ser en el incumplimiento de una obligación legal y que además es parte integrante del salario, debe seguir la suerte del crédito principal.Por ello, más allá de la necesaria interpretación restrictiva que rige en la materia, estiman que corresponde hacer abstracción de que se trata de una multa y tomarla como parte integrativa de la indemnización y, por ende, con el privilegio que se asigna a aquellas.

En apoyo de tal interpretación, añaden que el art. 246, inc. 1, de la LCQ dispone que, tal como vimos, ostentan privilegio general los créditos enumerados «y cualquier otro derivado de la relación laboral», redacción que permite concluir que el objetivo del legislador fue el de otorgar una amplia protección, ya que al decir «cualquier otro», indica que no distingue, que incluye a todos los otros créditos derivados de la relación laboral que no se encuentran enumerados en la disposición.

VII. EL VOTO DE LA MINORÍA

La minoría compuesta por tres magistrados señala como fundamento de su postura, en primer lugar, que el trabajador recibe una serie de prestaciones con motivo del contrato de trabajo, mas no todas ellas revisten carácter remuneratorio, ya que la prestación remuneratoria es aquella contraprestación debida al obrero como consecuencia de su servicio, que constituye una ganancia efectiva que ingresa a su patrimonio. La diferencia entre los distintos conceptos se halla en el carácter alimentario de las acreencias remuneratorias, con base en los principios protectorios típicos del derecho del trabajo, y es por ello, que esa normativa protege con privilegio los créditos que resulten de los contratos de esta índole (art. 261 , Ley 20.744) y los créditos de los «dependientes» o los emergentes de «relación de dependencia», en los que cabe considerar incluidos a todos los que arriendan sus servicios y a todos los asalariados, cualesquiera que sean las actividades específicas que desempeñen, mas no se encuentran comprendidos en ese rango, los servicios que excluyen la «dependencia».

Estiman que debe considerarse que los privilegios, en este ámbito (que califican de «especialísimo»), son excepciones a los principios de universalidad e igualdad o paridad de trato rectores en materia concursal.Analizando la normativa laboral concluyen que se han previsto sanciones contra los empleadores, cuya finalidad es disuadirlos de continuar con el incumplimiento que se les imputa y no constituyen un derecho propio del acreedor laboral, inherente o derivado de su fuerza de trabajo y, por ello, sostienen que no corresponde reconocer a esta porción agravada de las acreencias, por extensión, el rango privilegiado general pretendido.

Agregan que desde el instante en que se entra en la órbita concursal en cuanto a privilegios, no hay más ley especial que la LCQ y para el caso de que existiera alguna laguna, esta no puede ser integrada por la LCT ya que, los privilegios solo pueden surgir de la ley, y si el crédito no está entre ese número cerrado de créditos prioritarios, resulta ser quirografario, aun si en otra normativa no lo fueren.

Es decir que, siendo la naturaleza y finalidad de las acreencias hoy analizadas la de ser sanciones que tienen por objetivo disuadir a los empleadores de continuar con el incumplimiento en que incurrieran, carecen del carácter de haber adeudado o retribución que constituya un crédito con origen en el contrato de trabajo, por lo cual la naturaleza restrictiva de toda atribución de privilegio impide reconocer a estas acreencias por extensión, carácter privilegiado.

VIII. LA DOCTRINA SENTADA

En definitiva, por mayoría, se resuelve que «corresponde conceder privilegio general a los créditos del trabajador originados en multas impuestas por la ley laboral al empleador a los cuales esa normativa les otorga carácter indemnizatorio».

IX. COLOFÓN

Por nuestra parte, entendemos que esta acreencia se encuentra abarcada por el término «y cualquier otro derivado de la relación laboral» (art. 246, inc. 1, de la LCQ), que demuestra la intención del legislador en cuanto a los rubros amparados por el privilegio general no sea taxativa.No obstante esta disposición ha de ser entendida como abarcativa de las acreencias laborales no contempladas en la norma, con exclusión de aquellas expresamente excluidas como por ejemplo las remuneraciones por más de seis meses, ya que en estas la voluntad explícita del legislador fue excluirlas del privilegio (10).

Asimismo, estimamos que si bien los privilegios son de interpretación restrictiva, no debemos perder de vista que la nueva tendencia de la legislación concursal de nuestro país en los últimos años ha sido otorgar mayor protección a los trabajadores, siguiendo así la senda marcada por la LCT.

En definitiva, en estos temas debemos efectuar una interpretación «no tan restrictiva» -si se nos permite la expresión-, ya que si no fue expresamente excluida una indemnización derivada de la relación laboral, puede ser reconocida con este privilegio, previsión que abarca también a nuevas indemnizaciones que cree el legislador.

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(1) ALTERINI, Jorge (dir. gral.): Código Civil y Comercial Comentado, t. 11, p. 887.

(2) PADILLA, Rodrigo: en Código Civil y Comercial de la Nación Comentado, RIVERA y MEDINA (dir.es), t. 6, p. 702.

(3) CASADÍO MARTÍNEZ, Claudio, y LÓPEZ LAVOINE, Jorge: «El sistema de privilegios en la ley concursal argentina, Mercosur y América Latina», ponencia presentada al 12 Congreso Nacional de Profesionales en Ciencias Económicas. Córdoba, septiembre de 1998.

(4) Una excepción acontece en nuestro país donde los créditos con privilegio general solo se extienden al 50% del producido por los bienes que lo garantizan.

(5) Así la Ley de Navegación en la Argentina o directamente al Código Civil, como acontece en Chile.

(6) NOGUERA, Sebastián M., y MANGINI, Sebastián: La Corte Suprema de Justicia y el fallo «Pinturas y Revestimientos Aplicados S. A. s/ quiebra», MJD6759 .

(7) Concretamente se le reconoció un privilegio especial de primer orden o rango, de prioridad absoluta y declaró la inconstitucionalidad de las disposiciones del art. 241 de la LCQ y del art. 243 de la LCQ por colisionar con la Convención de los Derechos del Niño , enumerada en el art. 75, inc. 22 , de la CN.

(8) CNCom, Sala B, 28/12/15, «Obra Social del Personal Gráfico s/ Concurso Preventivo – Incidente art. 280 LCQ, Instituto Armonía de Educación Especial de Adriana Murrere Pon y otros».

(9) JUNYENT BAS, Francisco: «Se abrió el cielo a propósito de los daños a la salud del menor y la inconstitucionalidd del régimen de privilegios concursales», en LL, 2007-E 552.

(10) GRAZIABILE, Darío (dir.): Régimen Concursal, t. 4, p. 504.

(*) Contador Público Nacional, Universidad Nacional de La Pampa. Abogado, Universidad Nacional de La Pampa. Docente, Universidad Nacional de La Pampa. Investigador del CECYT, FACPCE. Investigador del IADECO. Autor de libros y artículos en el área del derecho concursal.