La productora y el canal de televisión son responsables por el despido y accidente de trabajo sufrido por un actor que se desempeñaba como “luchador” en un programa

Partes: G. C. F. A. c/ Endemol Argentina S.A. Y otro s/ despido

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo

Sala/Juzgado: IV

Fecha: 28-dic-2016

Cita: MJ-JU-M-103076-AR | MJJ103076 | MJJ103076Sumario:
1.-Corresponde confirmar que el despido indirecto resultó justificado pues fue acreditada la existencia de un vínculo laboral pese a que el trabajador firmó un contrato de locación de servicios, toda vez que la presunción del art. 23 LCT. no se desvirtua en modo alguno por los elementos de prueba aportados a la causa al estar demostrado que se trata de un actor que laboraba en un programa de televisión y no organizaba ni dirigía su actividad, sino que prestaba sus servicios conforme la organización y dirección impuestos por la accionada, sin asumir riesgo personal alguno y a cambio de una retribución.

2.-Toda vez que el artista se obliga a poner su capacidad de trabajo a disposición de la productora del programa de televisión, con sujeción a las directivas impartidas por ésta, en cumplimiento de una jornada artística modificable a voluntad por la dadora de trabajo, a cambio de una remuneración en dinero, se configura una dependencia económica, técnica y jurídica (arts. 21 y 22 , LCT.) y por lo tanto, una relación laboral.

3.-No resulta atendible la circunstancia apuntada respecto a la existencia de una locación de servicios, puesto que hacerle suscribir al trabajador un instrumento en el que se califica al vínculo como de naturaleza civil, resulta suficiente para sustraerse a la aplicación de normas que resultan indisponibles para las partes (art. 12 LCT.); máxime siendo que este tipo de maniobras no alteran la naturaleza jurídica de la relación puesto que no interesa la calificación otorgada por las partes ni la forma en que llamen a la retribución por el servicio prestado, sino que lo relevante es la esencia de la vinculación que, en tanto traduzca una subordinación jurídica, importa una relación laboral de carácter dependiente.

4.-Se confirma la condena solidaria de conformidad con las previsiones del art. 30 LCT. respecto de la codemandada pues dicha empresa tiene por objeto la prestación y explotación de servicios de tele radiodifusión, por cuenta propia, de terceros o asociada a terceros, por lo tanto, las tareas cumplidas por el trabajador como actor en un programa de televisión integradas permanentemente al establecimiento y han coadyuvado y posibilitado, sin duda alguna, el cumplimiento de la actividad normal y específica de la demandada en cuestión.

5.-Toda vez que el modo en que el actor cumplió con su trabajo de luchador en un programa de televisión, creaba una situación de peligro inminente, y las lesiones que padeció constituyeron la desgraciada actualización de esta situación de peligro derivada del riesgo o vicio de la cosa, corresponde que la empresa prestadora del servicio de radiodifusión y la productora respondan en los términos del art. 1113 CCiv. (arts. 1757/1758 CCivCom.), por su calidad de dueñas.

Fallo:

Buenos Aires, 28 de diciembre de 2016

En la Ciudad de Buenos Aires reunidos los integrantes de la Sala VI a fin de considerar los recursos deducidos en autos y para dictar sentencia en estas actuaciones, practicando el sorteo pertinente, proceden a expedirse en el orden de votación y de acuerdo con los fundamentos que se exponen a continuación.

EL DOCTOR LUIS A. RAFFAGHELLI DIJO:

Contra la sentencia de primera instancia que hizo lugar a la demanda por despido y accidente, vienen en apelación ambas partes. La demandada Televisión Federal SA (Telefe) presenta su queja a fs. 751/763; Endemol Argentina SA lo hace a fs. 767/773; siendo ambas quejas contestadas por el actor a fs. 804/809 y a fs. 798/802, respectivamente. Asimismo, a fs. 779/787, apela el actor, con réplicas de fs. 793/797 y de fs. 811/813. Por su parte, el perito contador a fs. 777 y la representante letrada de la parte actora a fs. 787 vta., cuestionan los honorarios que les fueron regulados por considerarlos reducidos. Por cuestiones de orden lógico, examinaré en primer lugar los agravios expuestos por los recurrentes en relación a la acción por despido. Desde esta perspectiva, corresponde analizar los términos de los memoriales recursivos presentados por las demandadas, las cuales adelanto, no tendrán favorable andamiento. La demandada Endemol, por su parte, se agravia por cuanto en el fallo de grado se consideró acreditada la existencia de un vínculo laboral entre las partes, pese a que del contrato suscripto (24/4/2007) con el actor surge que se trataba de una locación de servicios. Añade que igual conclusión se deriva del informe de la Asociación Argentina de Actores de fs. 245; según el cual se efectúan a través de dicha asociación, los pagos a los actores que prestan servicios. En cuanto a la naturaleza dependiente del vínculo que uniera a las partes cabe adelantar que la queja en examen no tendrá favorable andamiento.En este orden de ideas, y de conformidad con las previsiones del artículo 23 de la Ley de Contrato de Trabajo, el hecho de la prestación de servicios hace presumir la existencia de un contrato de trabajo, salvo que por las circunstancias, las relaciones o causas que lo motiven se demostrase lo contrario. Esa presunción operará igualmente aun cuando se utilicen figuras no laborales para caracterizar al contrato, y en tanto que por las circunstancias no sea dado calificar de empresario a quien presta el servicio.

En el caso, la presunción señalada no se encuentra desvirtuada en modo alguno por los elementos de prueba aportados a la causa, todo lo contrario, la misma se haya reforzada por dicha prueba. En el caso, ha quedado demostrado que el actor no organizaba ni dirigía su actividad, sino que prestaba sus servicios personales conforme la organización y dirección impuestos por la accionada, sin asumir riesgo personal alguno y a cambio de una retribución. Los testigos que deponen en autos (Giardinia fs. 628/632, Arbeo fs. 606/610, Casariego fs. 474/477, testimoniales examinadas en grado) dan cuenta de la calidad de las tareas desempeñadas por el actor para la demanda en su condición de artista (luchador) en el programa “100 % lucha”; y corroboran los efectos de la presunción, los cuales, como ya se ha expuesto, no se ven conmovidos en modo alguno, por otros elementos de prueba. El “artista” se obliga a poner su capacidad de trabajo a disposición de la Productora, con sujeción a las directivas impartidas por ésta, en cumplimiento de una “jornada artística” modificable a voluntad por la dadora de trabajo, a cambio de una remuneración en dinero, todo lo cual denota la existencia de dependencia económica, técnica y jurídica (arts.21 y 22, LCT). Por lo demás, la más calificada doctrina viene sosteniendo que “Los contratos de actuación artística (de músicos -como solistas o en conjunto-, actores y cantantes en espectáculos teatrales, televisivos, cinematográficos o radiales y de esos u otros que actúan en espectáculos llamados de variedades o circenses) deben considerarse normalmente contratos de trabajo, debiendo no confundirse la cuestión relativa a si lo son o no con la distinta respecto a si son permanentes o meramente eventuales. Tampoco importa esencialmente si la actuación es reiterada o única, el actor que hace un ‘bolo’ en un espectáculo televisivo es tan trabajador subordinado como el que actúa regularmente en una ‘tira’ que se graba cotidianamente” (López, Justo, en López, J., Centeno, N. O. y Fernández Madrid, Juan C., “Ley de contrato de trabajo comentada”, Ed. Contabilidad Moderna, 2ª edición, Bs. As., 1987, t. I, p. 327) No resulta atendible la circunstancia apuntada respecto a la existencia de un contrato de locación, puesto que hacerle suscribir al trabajador un instrumento en el que se califica al vínculo como de naturaleza civil, resulta suficiente para sustraerse a la aplicación de normas que resultan indisponibles para las partes (art. 12 LCT). Este tipo de maniobras no alteran la naturaleza jurídica de la relación que medió entre las partes ni permiten concluir que estamos en presencia de una locación de servicios puesto que no interesa la calificación que las partes involucradas den a la relación, ni la forma en que llamen a la retribución por el servicio prestado, sino que lo relevante es la esencia de la vinculación que, en tanto (como ocurre en el caso) traduzca una subordinación jurídica, es decir, una sujeción actual o potencial a directivas jerárquicas, importa una relación laboral de carácter dependiente . Asimismo, resulta necesario señalar, que en el terreno de la apreciación de la prueba, en especial la testimonial, el art.386 del CPCCN exige a quien juzga que realice el análisis de acuerdo con los principios de la sana crítica, siéndole totalmente lícito valorar si los testimonios le parecen objetivamente verídicos, no sólo por la congruencia de sus dichos, sino además por la conformidad de los mismos con el resto de las pruebas colectadas. En definitiva se trata de una facultad privativa de la magistrada. En consecuencia, como se mantuvo el vínculo dependiente fuera de toda registración, el trabajador se encontraba asistido de derecho para resolver el contrato (artículo 242 ley de contrato de trabajo). Estas circunstancias permiten concluir tal como se hizo en la sentencia de grado, sin que los argumentos expuestos en el escrito recursivo que aquí se examina justifiquen un apartamiento de lo decidido al respecto.

Por lo expuesto, y argumentos propios del fallo apelado, que no advierto eficazmente controvertidos por la queja en examen, propongo se mantenga lo decidido en origen en este punto. Activada la presunción legal consagrada en el artículo 23 de la ley 20.744, deviene irreprochable lo resuelto en origen a partir de las derivaciones del artículo 55 de la ley de contrato de trabajo. Seguidamente, examinaré los términos vertidos en la queja presentada por la demandada Televisión Federal SA (Telefe) en relación a su condena solidaria de conformidad con las previsiones del art. 30 LCT. En este orden de ideas, adelanto que la misma no tendrá favorable andamiento, puesto que el presentante no controvierte eficazmente el argumento central del pronunciamiento de grado en orden a que del art. 4 del Estatuto de Televisión Federal SA (informe contable), dicha sociedad “tiene por objeto la prestación y explotación de servicios de tele radiodifusión, por cuenta propia, de terceros o asociada a terceros.A tal fin tiene plena capacidad para realizar toda clase de negocios, actividades y servicios en materia de producción artística.empleando los medios de difusión existentes o a crearse.contratación y subcontratación de artistas.”. Por tanto, coincido con la conclusión de la sentenciante de grado, en que las tareas cumplidas por el actor “están integradas permanentemente al establecimiento y han coadyuvado y posibilitado, sin duda alguna, el cumplimiento de la actividad normal y específica de la demandada en cuestión”. Por tanto, y argumentos propios del fallo apelado, que no advierto eficazmente controvertidos (art. 116 LO) propongo se mantenga lo decidido en origen al respecto. Sentado lo expuesto, me adentraré en los recursos vinculados con la base remuneratoria, la procedencia del incremento indemnizatorio previsto por el art. 2 de la ley 25323, de las multas de la ley 24013 (arts. 8 y 15), de la prevista en el art. 80 LCT; y por la condena a hacer entrega de las certificaciones de trabajo. En este sentido, adelanto que la queja en relación a la base remuneratoria, no constituye una crítica concreta y eficaz de los términos del fallo apelado al respecto; el presentante se limita a verter manifestaciones meramente genéricas y subjetivas de disconformidad con lo decidido (art. 116 LO). Por tanto, propongo se mantenga lo resuelto en origen, al respecto. En cuanto a las multas previstas por los artículos 8 y 15 de la ley 24013; en atención al cumplimiento de los recaudos formales previstos por la normativa, y a las irregularidades registrales señaladas; corresponde se las mantenga. Igual solución amerita el planteo recursivo vertido en relación a la procedencia del incremento indemnizatorio establecido en el art. 2 de la ley 25323; el cual resulta procedente toda vez que se ha dado cumplimiento a los requisitos de forma requeridos y el actor se vio obligado a iniciar la presente acción para poder percibir las indemnizaciones derivadas de la disolución del vínculo. Asimismo, propongo se mantenga lo decidido en origen respecto a la multa prevista por el art.80 LCT y a la entrega de las correspondientes certificaciones, sin que se advierta elemento objetivo que justifique un apartamiento de lo decidido al respecto (art. 116 LO). Los agravios expuestos por el actor en su queja vinculados con esta acción por despido, tendrán parcial acogida. Asiste razón al accionante en cuanto a la procedencia del cálculo del SAC sobre vacaciones no gozadas (cuarto agravio). Lo entiendo de este modo, dado que, el art. 156 de la L.C.T. -que regula el mecanismo que debe adoptarse a fin de estimar la indemnización por vacaciones proporcionales cuando se produce la extinción del vínculo por cualquier causa- establece a tal fin que “.el trabajador tendrá derecho a percibir una indemnización equivalente al salario correspondiente al período de descanso proporcional a la fracción del año trabajada.”, con lo cual, al referir a ese módulo -esto es, al salario correspondiente al período de descanso- debe considerarse que el mismo se encuentra constituido por la suma salarial total, que incluye la parte proporcional del aguinaldo. En tal contexto, considero que el rubro “vacaciones proporcionales” estatuido en el mencionado art. 156 de la L.C.T., debe ser calculado tomando como base el salario del trabajador incrementado por la parte proporcional del SAC devengado. En conclusión, de prosperar mi voto, propongo se adicione al monto de condena (en la acción por despido) la suma de $ 53,82 en concepto de sac sobre vacaciones no gozadas. Distinta suerte correrán lo agravios planteados en el quinto y sexto punto. Ello así por cuanto de los mismos no se advierte una crítica concreta y eficaz a los fundamentos del fallo apelado. El presentante se limita a verter manifestaciones genéricas de disenso con lo resuelto (art.116 LO). En conclusión, y respecto a la acción por despido, de prosperar mi voto, propongo se modifique el fallo apelado y en consecuencia se establezca el monto de condena en la suma de $ 114.266,54; los intereses se calcularán desde que cada suma es debida y hasta el efectivo pago a la tasa prevista en las Res. 2601 y 2630 CNAT. Las costas por esta acción respecto de la etapa anterior, serán soportadas por las demandadas vencidas (art. 68 CPCCN)

En cuanto a la acción por accidente, destaco que al respecto, han apelado ambos demandados y también el actor. En este sentido, adelanto que las quejas vertidas por los accionados en relación al accidente de autos, no resultan atendibles puesto que los presentantes no controvierten eficazmente los argumentos expuestos al respecto en la sentencia de grado. En el caso, y tal como lo estableció la sentenciante de grado, surge demostrado no sólo el acaecimiento del hecho (ver testimonio de Arbeo fs. 606/610) sino también, la relación causal entre las dolencias que presenta el actor y la modalidad en que se prestaban las tareas por él cumplidas como luchador en el programa “100 % lucha” (falta de elementos de protección, falta de entrenamiento, condiciones del ring, entre otras). En mi opinión, la conjunción de las circunstancias mencionadas convirtió al trabajo que estaba cumpliendo el trabajador en la cosa riesgosa o viciosa prevista por el Código Civil. Así dicha normativa dispone, para el supuesto que nos convoca que “.si el daño hubiere sido causado por el riesgo o vicio de la cosa, sólo se eximirá total o parcialmente de responsabilidad acreditando la culpa de la víctima o de un tercero por quien no debe responder.Si la cosa hubiese sido usada contra la voluntad expresa o presunta del dueño o guardián, no será responsable.” En el caso, el conjunto operativo, es decir el modo en que se cumplió con el trabajo, creaba una situación de peligro inminente y las lesiones del actor constituyeron la desgraciada actualización de esta situación de peligro derivada del riesgo o vicio de la cosa, por lo que corresponde responder por ellas en los términos del artículo 1113 (arts. 1757/1758 CCCN), por su calidad de dueño; sin que por otra parte se hubiese acreditado alguno de los eximentes de responsabilidad. En esas condiciones, las codemandadas han compartido la guarda de las cosas materiales utilizadas. Debe entenderse por guardián a todo aquel que tiene, de hecho o por derecho, un poder efectivo de vigilancia o gobierno y control sobre la cosa que ha resultado dañosa. También debe tenerse por guardián a quien se sirve de la cosa, vale decir quien aprovecha, usa y obtiene un beneficio económico o personal de dicha cosa, reposando la guarda jurídica sobre el concepto de aprovechamiento económico de la cosa. En el caso, la calidad de guardián de la cosa viciosa o riesgosa causante del daño, fue compartida de hecho por las codemandadas, y así deben responder conjuntamente de conformidad con las previsiones del art. 1113 del Código Civil (arts. 1757/1758 CCCN). Por lo expuesto, propongo se mantenga lo decidido en origen al respecto. Corresponde, adentrarse en las distintas quejas presentadas en relación con el porcentaje de incapacidad detectado en el actor, con el quantum indemnizatorio, y procedencia de reclamos por gastos de farmacia y tratamiento terapéutico.

En cuanto al porcentual de incapacidad, del informe pericial médico obrante en la causa surge que el actor presenta lesiones en su columna cervical y lumbar, que lo incapacitan en el 35 % de la capacidad obrera total; en relación con el evento de autos; circunstancia que no advierto eficazmente controvertida.En relación al daño psíquico, cabe destacar que del informe pericial surge que el actor presenta daño psíquico que se corresponde con un desarrollo reactivo en grado leve, al cual el experto le adjudica un 15 % de incapacidad, y si bien surge de dicho informe pericial médico que dicha incapacidad es transitoria, lo cierto es que el examen psicológico del actor se cumplimentó casi tres años después de los eventos dañosos, y a dicho momento continuaba el trabajador, padeciendo consecuencias a nivel psíquico, por lo que considero que en este punto la queja debe prosperar, de conformidad con lo ya sostenido por esta Sala in re “Perez c/ Galeno Aseguradora de Riesgos del Trabajo SA”, SD 68582 del 31/5/2016. Respecto a las quejas vertidas en relación al quantum de la reparación integral establecida por la sentenciante de grado, cabe destacar que a los fines de su determinación, no debe aplicarse fórmula alguna en consonancia con los términos fijados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re: “Arostegui, Pablo Martín c/Omega Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. y Pametal Peluso y Compañía SRL” donde se sostuvo que: “El valor de la vida humana no resulta apreciable tan solo sobre la base de criterios exclusivamente materiales, ya que no se trata de medir en términos monetarios la exclusiva capacidad económica de las víctimas, lo que vendría a instaurar una suerte de justicia compensatoria de las indemnizaciones según el capital de aquéllas o según su capacidad de producir bienes económicos con el trabajo, puesto que las manifestaciones del espíritu también integran el valor vital de los hombres” (A. 436. XL; Recurso de hecho: “Arostegui, Pablo Martín c/Omega Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A.y Pametal Peluso y Compañía SRL, del 8 de abril de 2008). En este orden de ideas, y teniendo en cuenta las circunstancias del caso, la edad del demandante, los posibles años restantes de vida útil laboral, su salario mensual, las secuelas psicofísicas que presenta (50% de la t.o.), la perspectiva de ganancia de la que el trabajador se ve privado, así como las diversas circunstancias de índole económicosocial, considero adecuado establecer el resarcimiento por daño material en la suma de $ 1.100.000, comprensivo de todos los rubros indemnizatorios que integran la pretensión del actor (incluso gastos de farmacia y tratamiento terapéutico); y en concepto de daño moral, la suma de $ 220.000).

En cuanto a las apelaciones vinculadas, por un lado, con el punto de partida para efectuar el cómputo de los intereses como así también, por la tasa aplicada; cabe señalar que la suma establecida en concepto de reparación integral (daño material y daño moral) llevará intereses desde la fecha del accidente y hasta su efectivo pago, a la tasa prevista en la Res. 2601 y 2630 CNAT (apelación del actor).

Las costas por esta acción, correspondientes a la etapa anterior, se mantienen a las demandadas vencidas, toda vez que no se advierte elemento objetivo que justifique un apartamiento del principio rector en la materia (art. 68 CPCCN).

Respecto a la acción por despido, cabe destacar que se mantienen los porcentuales de honorarios regulados en la etapa anterior, con la aclaración de que los mismos deberán ser calculados sobre el nuevo capital de condena con intereses (art. 38 LO, dto. 16638/57)

En cuanto a la acción por accidente, propongo se mantenga la regulación de honorarios establecida en grado puesto que la misma resulta adecuada a la naturaleza y mérito de los trabajos profesionales cumplidos en autos, resultado final del pleito y pautas arancelarias vigentes (art. 38 LO, dto.16638/57), con la aclaración de que dichos porcentuales deberán ser calculados sobre el nuevo monto de condena con intereses.

En lo que se refiere a la apelación de fs. 773 de la demandada Endemol por los honorarios regulados a su representación letrada -por reducidos- cabe poner de resalto que existe un obstáculo de índole formal para tratar dicho agravio, ya que el letrado interpone la apelación, no por derecho propio, sino en carácter de abogado de la parte , y toda vez que en sentido sustancial, dicha parte, no se encuentra legitimada para recurrir la regulación de honorarios de su representación letrada por bajos, corresponde en este aspecto declarar mal concedido el recurso.

En cuanto a la acción por despido, las costas de esta alzada, serán soportadas por las demandadas vencidas (art. 68 CPCCN), a cuyos efectos estimo los honorarios de la representación y patrocinio letrado de la parte actora, demandada Endemol y demandada Telefe en el 25 % de lo regulado en la etapa anterior.

En cuanto a la acción por accidente, las costas de esta alzada, serán soportadas por las demandadas vencidas (art. 68 CPCCN), a cuyos efectos estimo los honorarios de la representación y patrocinio letrado de la parte actora, demandada Endemol y demandada Telefe en el 25 % de lo regulado en la etapa anterior.

LA DOCTORA GRACIELA L. CRAIG DIJO:

Que adhiero al voto que an tecede.

Por lo que resulta del acuerdo que antecede (art. 125 de la ley 18345) EL TRIBUNAL RESUELVE: A) En cuanto a la acción por despido: I) Modificar el fallo apelado. II) Establecer el monto de condena en la suma de $ 114.266,54 los intereses se calcularán desde que cada suma es debida y hasta el efectivo pago a la tasa prevista en las Res. 2601 y 2630 CNAT. III) Imponer las costas de primera instancia a las demandadas vencidas (art.68 CPCCN). IV) Mantener los porcentuales de honorarios regulados en la etapa anterior, con la aclaración de que los mismos deberán ser calculados sobre el nuevo capital de condena con intereses (art. 38 LO, dto. 16638/57). V) Imponer las costas de esta instancia a las demandadas vencidas (art. 68 CPCCN). VI) Fijar los honorarios de la representación y patrocinio letrado de la parte actora, demandada Endemol y demandada Telefe en el 25 % de lo regulado en la etapa anterior.

B) En cuanto a la acción por accidente:

I) Modificar el fallo apelado. II) Establecer el monto de condena en la suma de $ 1.320.000, la que llevará intereses desde la fecha del accidente y hasta su efectivo pago, a la tasa prevista en la Res. 2601 y 2630 CNAT (apelación del actor). III) Mantener las costas de primera instancia a las demandadas vencidas (art. 68 CPCCN). IV) Mantener la regulación de honorarios con la aclaración de que dichos porcentuales deberán ser calculados sobre el nuevo monto de condena con intereses. V) Imponer las costas de esta instancia a las demandadas vencidas (art. 68 CPCCN). VI) Fijar los honorarios de la representación y patrocinio letrado de la parte actora, demandada Endemol y demandada Telefe en el 25 % de lo regulado en la etapa anterior.

Oportunamente, cúmplase con lo dispuesto en el art. 1º de la ley 26856 y con la Acordada de la CSJN Nº 15/2013. Conste que la Vocalía Uno se encuentra vacante (art. 109, RJN). Regístrese, notifíquese y vuelvan.

LUIS A. RAFFAGHELLI

JUEZ DE CAMARA

GRACIELA L. CRAIG

JUEZ DE CAMARA