No probada la fecha de ingreso alegada por el empleador, es arbitrario rechazar las multas de los arts 8 y 15 de la Ley 24.013

trabajonegroPartes: Galarza Epifanio c/ Rodríguez Juan Carlos s/ despido

Tribunal: Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires

Fecha: 7-sep-2016

Cita: MJ-JU-M-101395-AR | MJJ101395 | MJJ101395

Sumario:1.-Debe revocarse la sentencia que, verificada la ausencia de registración de la relación laboral, rechazó la procedencia de las indemnizaciones establecidas en los arts. 8 y 15 de la Ley 24.013 por la sola razón de que no se había demostrado la fecha de ingreso oportunamente invocada en la comunicación remitida al empleador, pues conculca la doctrina legal de la Suprema Corte que el recurrente alega transgredida.

2.-La interpretación de las disposiciones operativas de la Ley Nacional de Empleo no debe prescindir de uno de sus principales objetivos, esto es, el de promover la regularización de las relaciones laborales indocumentadas.

3.-La Ley 24.013, al ordenar el pago de las indemnizaciones pertinentes, tuvo en miras no sólo proteger un determinado bien jurídico sino desalentar eventuales conductas evasivas del empleador, por lo que la circunstancia que este último se limite lisa y llanamente a negar la existencia de la relación laboral no puede derivar en una recompensa a tan descalificable comportamiento, traduciéndose en la eximición del pago de los resarcimientos previstos en los arts. 8 y 15 de la norma aludida.

Fallo:

En la ciudad de La Plata, a 7 de septiembre de 2016, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Soria, Kogan, de Lázzari, Pettigiani, se reúnen los señores jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa L. 119.782 “Galarza, Epifanio contra Rodríguez, Juan Carlos. Despido”.

A N T E C E D E N T E S

El Tribunal de Trabajo nº 1 con asiento en la ciudad de Lanús, hizo lugar parcialmente a la acción deducida, imponiendo las costas a la parte demandada (v. fs. 118/126 vta.).

La actora interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 131/134 vta.), concedido por el citado tribunal a fs. 142/143.

Dictada a fs. 175 la providencia de autos, hallándose la causa en estado de pronunciar sentencia y dada la insuficiencia del valor de lo cuestionado ante esta instancia (arts. 278, CPCC y 55, ley 11.653), la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente

C U E S T I Ó N

¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?

V O T A C I Ó N

A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:

I. El tribunal de grado admitió la demanda que Epifanio Galarza promovió contra Juan Carlos Rodríguez, mediante la cual le reclamó el pago -entre otros rubros- de la indemnización por antigüedad, sustitutiva del preaviso, sueldo anual complementario y vacaciones proporcionales y las penalidades emergentes de los arts. 2 de la ley 25.323 y 80 de la Ley de Contrato de Trabajo (v. fs. 118/126 vta.).

Juzgó probada la relación laboral que -a su turno- negara el accionado y, en consecuencia, suficiente la injuria en que se sustentó el despido indirecto comunicado al principal (v. fs. 123 y vta.).

En cambio, rechazó el reclamo vinculado con el pago de las multas previstas por los arts.8 y 15 de la ley 24.013 por entender que no había demostrado el actor la fecha de ingreso invocada, revistiendo dicha exigencia -dijo- un requisito esencial para su procedencia (v. fs. 124).

II. La parte actora interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley.

En lo esencial, alega que, habiéndose verificado en autos la ausencia total de registración del vínculo laboral, devienen procedentes los incrementos indemnizatorios previstos en los arts. 8 y 15 de la Ley Nacional de Empleo, sin que resulte óbice la circunstancia de que la fecha de ingreso denunciada en la intimación cursada en los términos del art. 11 del mismo cuerpo normativo, no coincida con la que finalmente tuvo por acreditada el tribunal a quo.

Con sustento en la doctrina legal de este Tribunal que identifica (v. fs. 133/134), sostiene que tales normas no pueden ser interpretadas con criterio restrictivo en beneficio del evasor, pues ello atenta contra la finalidad de la ley y el principio sentado en el art. 9 segundo párrafo de la Ley de Contrato de Trabajo.

III. El recurso prospera.

1. En primer lugar, corresponde señalar que el valor de lo cuestionado ante esta instancia, representado por el importe reclamado en la demanda en concepto de indemnizaciones previstas en los arts. 8 y 15 de la ley 24.013, no supera el monto mínimo para recurrir fijado por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (texto según ley 14.141, BO del 15-VII-2010), razón por la cual la admisibilidad del recurso sólo podrá justificarse en el marco de la excepción contemplada en el art. 55, primer párrafo, in fine de la ley 11.653.

En ese contexto, la competencia revisora de esta Corte se circunscribe a verificar si el fallo impugnado contraría la doctrina legal que se denuncia violada, hipótesis que se configura cuando este Tribunal ha determinado la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo impugnado la vulnera, precisamente, en un caso similar (conf. causas L.109.022 “Villa”, sent. de 31-VIII-2011; L. 103.432 “Zanuttini”, sent. de 6-XI-2012; L. 116.470 “Armesto”, sent. de 6-III-2013; L. 113.822 “García”, sent. de 8-V-2013; L. 116.431 “Velázquez”, sent. de 30-IX-2014 y L. 116.345 “López”, sent. de 13-V-2015; entre otras).

2. La decisión del a quo que, verificada la ausencia de registración de la relación laboral, rechazó la procedencia de las indemnizaciones establecidas en los arts. 8 y 15 de la ley 24.013 por la sola razón de que no se había demostrado la fecha de ingreso oportunamente invocada en la comunicación remitida al empleador, conculca la doctrina legal de esta Suprema Corte que el recurrente alega transgredida.

Tiene dicho este Tribunal que la interpretación de las disposiciones operativas de la Ley Nacional de Empleo no debe prescindir de uno de sus principales objetivos, esto es, el de promover la regularización de las relaciones laborales indocumentadas (conf. causas L. 72.895 “Romero”, sent. de 10-IV-2001; L. 77.447 “Morone”, sent. de 2-VII-2003; L. 88.074 “Cesario”, sent. de 7-X-2009; L. 106.474 “Moreyra”, sent. de 13-VI-2012; L. 117.039 “Dietrich”, sent. de 13-V-2015 -citada por el impugnante- y L. 116.628 “Coscarelli”, sent. de 22-III-2016; entre otras).

En esa línea rectora, ha establecido que el legislador, al ordenar el pago de las indemnizaciones pertinentes, tuvo en miras no sólo proteger un determinado bien jurídico sino desalentar eventuales conductas evasivas del empleador, por lo que la circunstancia que este último se limite lisa y llanamente a negar la existencia de la relación laboral -que en el caso, el tribunal de grado juzgó acreditado- no puede derivar en una recompensa a tan descalificable comportamiento traduciéndose en la eximición del pago de los resarcimientos previstos en los arts.8 y 15 de la ley 24.013, como se ha decidido en la sentencia impugnada a tenor de una equívoca aplicación del texto de las normas en juego, en palmaria transgresión a la jurisprudencia emanada de esta Corte en la materia (conf. causas L. 77.502 “Galeano”, sent. de 10-IX-2003 y L. 81.158 “Gianmaría”, sent. de 24-VIII-2005), en el contexto de las apuntadas particularidades de esta litis (conf. causa L. 91.024 “Muñagorri”, sent. de 12-XII-2007).

Luego, satisface los recaudos del art. 11 de la mencionada ley el requerimiento que propende a la registración del contrato de trabajo en el marco del supuesto legislado en su art. 8 (arts. 7 y 18 inc. “a”, ley citada), mediante la denuncia de los datos de la relación, sin que obste a ello que eventualmente no se acredite en el juicio la fecha de ingreso indicada en el emplazamiento.

Así se ha señalado que, aun cuando se haya consignado en la intimación una fecha de ingreso que no se probó fuera la real, acreditada la relación de trabajo y la falta de registro, se ha dado cumplimiento a los recaudos exigidos por esta norma, pues el accionado pudo regularizar la situación en base a las registraciones que, a su juicio, eran las que correspondían, pero no negar -como lo hizo- el vínculo, por lo que resultan procedentes las sanciones previstas por dicha norma legal (conf. causa L. 84.607 “Aguirre Cruzado”, sent. de 27-II-2008).

A la par, cabe señalar que -como bien lo apunta el agraviado en su crítica- las normas en cuestión no pueden ser interpretadas con criterio restrictivo en beneficio del evasor, pues ello contraría la finalidad de la ley y el principio consagrado en el art. 9 segundo párrafo de la Ley de Contrato de Trabajo (conf. causas L. 117.039 “Dietrich”, citada y L. 116.891 “Ortemberg”, sent. de 30-III-2016), por lo que una solución distinta desvirtuaría los objetivos del referido ordenamiento legal en general (art.2, ley 24.013) y, específicamente, en lo que interesa, los relativos a la promoción de la regularización de los contratos de trabajo y al consecuente desaliento de conductas evasoras (art. 2 inc. “j”, ley 24.013).

Por las razones expuestas, habiéndose comprobado en autos que entre las partes medió una relación de trabajo que no estaba registrada, y que el trabajador efectuó las comunicaciones a las que alude la ley (v. fs. 4/8, vered., fs. 119 vta.), corresponde hacer lugar a la indemnización reclamada al amparo del art. 8 de la Ley Nacional de Empleo.

Sentado lo anterior, igual suerte debe correr el pretendido resarcimiento adicional con sustento en el art. 15 del ordenamiento normativo de marras. Sabido es que su andamiento se sujeta a la condición que el distracto -despido directo o indirecto- haya quedado consumado luego de recibida la intimación que, en los términos del art. 11 de dicha ley -y de modo justificado-, cursara el trabajador a la parte empleadora (conf. causas L. 73.588 “Castro”, sent. de 6-XI-2002; L. 83.946 “García”, sent. de 22-VIII-2007; L. 89.731 “Ledesma”, sent. de 14-X-2009; L. 103.530 “Franchica”, sent. de 7-IX-2011; entre otras).

En autos resultó válido el emplazamiento remitido por el actor, habiéndose -asimismo- estimado legítima por parte del tribunal, la causa del despido indirecto dispuesto por aquél. Luego, y toda vez que no surge de modo fehaciente en la especie que la conducta del principal no haya tenido por objeto inducir al dependiente a colocarse en situación de despido (art. 15 in fine, ley 24.013), merece acogida favorable el agravamiento indemnizatorio contemplado en el precepto en cuestión (conf. causas L. 86.755 “Marotta”, sent. de 1-XII-2010; L. 107.586 “Escalada”, sent. de 4-VII-2012 y L. 116.836 “Coria”, sent. de 18-XII-2013; entre muchas).

IV.Por lo expuesto, corresponde hacer lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, y, en consecuencia, revocar la decisión de grado en cuanto rechazó los reclamos vinculados al pago de las indemnizaciones previstas por los arts. 8 y 15 de la ley 24.013, cuya procedencia se declara.

Los autos deberán ser devueltos al tribunal de origen para que practique liquidación con arreglo a lo que aquí se decide.

Costas de la instancia ordinaria, por el reclamo que prospera, y las de esta instancia a la parte demandada (arts. 19, ley 11.653 y 289, CPCC).

Así lo voto.

Los señores jueces doctores Kogan, de Lázzari y Pettigiani, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron en igual sentido.

Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente

S E N T E N C I A

Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se hace lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido y, en consecuencia, se revoca la sentencia impugnada en cuanto rechazó los reclamos fundados en las normas de los arts. 8 y 15 de la ley 24.013, rubros cuya procedencia se declara.

Vuelvan los autos al tribunal de origen a fin de que se practique la liquidación que corresponda con arreglo a lo aquí resuelto.

Costas de la instancia ordinaria, por el reclamo que prospera, y las de esta instancia a la parte demandada (arts. 19, ley 11.653 y 289, CPCC).

Regístrese y notifíquese.

HILDA KOGAN

EDUARDO JULIO PETTIGIANI

EDUARDO NESTOR DE LAZZARI

DANIEL FERNANDO SORIA

ANALIA S. DI TOMMASO

Subsecretaria