Rechazo de la medida cautelar de restablecimiento de la CUIT del contribuyente amparista

afip-logoPartes: Rossi Adrián Alberto c/ AFIP s/ amparo Ley 16986

Tribunal: Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba

Sala/Juzgado: A

Fecha: 3-ago-2016

Cita: MJ-JU-M-100960-AR | MJJ100960 | MJJ100960Sumario:
1.-La Ley N° 26.854 regula las medidas cautelares en las que es parte el Estado Nacional o sus entes descentralizados, y los requisitos para la procedencia de los distintos supuestos que contiene esta norma resultan aplicables a las acciones de amparo. Ello así, toda vez que las medidas precautorias no contienen regulación alguna en la Ley 16.986 , por lo que en el marco de dicha acción debe acudirse a las prescripciones sobre el punto reguladas en el CPCCN. Ahora bien y conforme lo expuesto, dicho régimen -conforme el art. 18 de la ley- sólo es aplicable a medidas cautelares contra el Estado Nacional o sus entes descentralizados en la medida en que sean compatibles con las disposiciones de la ley de medidas cautelares y por lo tanto, con independencia del trámite de la causa, cualquier medida cautelar contra el Estado Nacional o entes descentralizados debe ser evaluada a la luz del régimen legal precitado.

2.-La Ley 26.854 prevé en su art. 15 que: 1. La medida de no innovar procederá cuando concurran simultáneamente los siguientes requisitos: a) Se acreditare sumariamente que la ejecución de la conducta material que motiva la medida, ocasionará perjuicios graves de imposible reparación ulterior; b) La verosimilitud del derecho invocado; c) La verosimilitud de la ilegitimidad de una conducta material emanada de un órgano o ente estatal; d) La no afectación de un interés público; e) Que la medida solicitada no tenga efectos jurídicos o materiales irreversibles. 2. Las medidas de carácter conservatorio no previstas en esta ley, quedarán sujetas a los requisitos de procedencia previstos en este artículo… .

3.-La verosimilitud del derecho traducida en la expresión latina fumus bonis iuris se encuentra estrechamente ligada con la fundabilidad y razonabilidad de lo demandado. De allí que la tarea del Juzgador se debe restringir a realizar un conocimiento periférico o superficial dirigido a lograr una decisión de mera probabilidad respecto de la asistencia del derecho discutido en dicho proceso.

4.-Según un cálculo de probabilidad, sea posible anticipar que en el proceso principal se declarara la certeza del derecho. Esta acreditación, se debe acompañar también del interés legítimo de la parte que lo invoca, traducido en la demostración de la necesidad de disponer de esta medida cuando de no proceder así, se haría innocua o ilusoria la sentencia que se dicte o bien se afectaría la igualdad de los litigantes.

5.-Para que el requisito de la verosimilitud del derecho sea procedente, se requiere que el derecho invocado por la peticionante sea claro, meridiano y palpable, de modo tal de poder revertir la presunción de legitimidad que contiene la actividad de la Administración

6.-La Clave Única de Identificación Tributaria no constituye un derecho personalísimo del contribuyente, sino que su mantenimiento depende del cumplimiento de las obligaciones y deberes que le asisten .

7.-A los fines de la procedencia de la medida de no innovar requerida por la actora en el marco de la acción de amparo intentada, debe quedar demostrado los efectos perjudiciales que podría tener la inhabilitación de la CUIT en la actividad profesional que desarrolla la actora ( peligro en la demora ), puesto que pasaron más de 3 años sin que la accionante presentara declaración jurada alguna ante la AFIP. N.R.: Sumarios elaborados por Ricardo A. Nissen.

Fallo:

En la Ciudad de Córdoba a 3 días del mes de agosto del año dos mil dieciséis, reunida en Acuerdo la Sala «A» de la Excma. Cámara Federal de Apelaciones de la Cuarta Circunscripción Judicial para dictar sentencia en estos autos caratulados: «ROSSI, ADRIAN ALBERTO c/ AFIP – AMPARO LEY 16.986» (Expte. N° 840/2016/CA1), venidos a conocimiento del Tribunal en virtud del recurso de apelación deducido a fs. 48/52 por la parte actora en contra de la resolución de fecha 11 de marzo de 2016, dictada a fs. 43/45vta. por el señor Juez Federal de Río Cuarto y en cuya parte pertinente dispuso rechazar la medida cautelar solicitada por Rossi Adrián Alberto.

Puestos los autos a resolución de la Sala los señores Jueces emiten sus votos en el siguiente orden: EDUARDO AVALOS – IGNACIO MARIA VELEZ FUNES – GRACIELA S. MONTESI.

El señor Juez de Cámara, doctor EDUARDO AVALOS, dijo:

I.- Previo a ingresar al tratamiento del recurso de apelación interpuesto por la accionante, corresponde realizar una breve reseña de lo acontecido en autos a fin de tener una mejor comprensión de los hechos.

A fs. 5/19 el Sr. Adrián Alberto Rossi, con el patrocinio letrado del Dr. Leopoldo Luis Sebben, inicia acción de amparo en contra de la Administración Federal de Ingresos Públicos a fin que se declare la nulidad e inconstitucionalidad de la inhabilitación de la Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT), disponga la inmediata habilitación y/o su alta y ordene a la demandada hacer la correcta habilitación a fin que el amparista pueda operar normalmente a través del Sistema de AFIP, con costas a la accionada. Asimismo, solicita como medida cautelar y hasta el dictado de la sentencia el restablecimiento de la CUIT., con cita de jurisprudencia de este Tribunal de Alzada.- .

Seguidamente, el señor Juez Titular del Juzgado Federal de Río Cuarto corre vista al señor Fiscal General a fin que se expida acerca de la competencia del tribunal.Contestada aquella, el Inferior se declara competente para entender en las presentes actuaciones y ordena correr traslado a la demandada conf. art. 4 Ley 26.854 (fs. 22). Asimismo, requiere a la Sra. Secretaria en lo Criminal y Correccional del Tribunal para que informe sobre la existencia de causas cuya parte denunciada sea el actor.

A fs. 31/40, comparece el Dr. Juan Franco Moro en representación de la Administración Federal de Ingresos Públicos, y contesta el informe previsto en el art. 4 de la Ley 26.854. Asimismo, surge incorporado a fs. 42 de autos el informe requerido a la Secretaría en lo Criminal y Correccional en el que se advierte la existencia de un expediente caratulado «Denunciado: Pablo G. VALINOTTI y Adrián A. ROSSI s/ Infrac. Ley N° 24.769» (Expte. N° 44885/2015).

Posteriormente, el día 11 de marzo de 2016, el Inferior dicta resolución mediante la cual rechaza la medida cautelar solicitada por el accionante Sr. Rossi Adrián Alberto, todo lo cual es materia de debate en esta Alzada.

II.- Se agravia la parte actora mediante escrito agregado a fs. 48/52 de autos, por cuanto entiende que el razonamiento utilizado por el Juez de grado para el rechazo de la cautelar, es erróneo atento no existir afectación del interés público con el dictado de la misma, y que de esta manera está avalando un obrar arbitrario de la AFIP.

Por otro lado, la recurrente estima que la existencia de una causa penal tributaria en contra del amparista, no puede nunca justificar la inhabilitación «sine die» y por vías de hecho de la CUIT del contribuyente, agregando que no hay actuaciones administrativas vinculadas a dicha inhabilitación, ni resolución dictada sin proceso previo.

En definitiva solicita la parte actora se revoque la resolución apelada concediendo la medida cautelar, con costas a la accionada.

Corrido el traslado de ley, la parte demandada AFIP contesta agravios solicitando se rechace el recurso intentado, confirme la sentencia en crisis e imponga costas a la recurrente (fs.57/60vta.).

III.- Atento lo reseñado precedentemente, la cuestión a resolver se limita a determinar la procedencia o no de la medida cautelar denegada por el señor Juez Federal de Río Cuarto.-

En primer lugar corresponde remarcar que la Ley N° 26.854 regula las medidas cautelares en las que es parte el Estado Nacional o sus entes descentralizados, y los requisitos para la procedencia de los distintos supuestos que contiene esta norma resultan aplicables a las acciones de amparo. Ello así, toda vez que las medidas precautorias no contienen regulación alguna en la ley 16.986, por lo que en el marco de dicha acción debe acudirse a las prescripciones sobre el punto reguladas en el CPCCN. Ahora bien y conforme lo expuesto, dicho régimen -conforme el art.

18 de la ley- sólo es aplicable a medidas cautelares contra el Estado Nacional o sus entes descentralizados en la medida en que sean compatibles con las disposiciones de la ley de medidas cautelares. Por lo tanto, con independencia del trámite de la causa, cualquier medida cautelar contra el Estado Nacional o entes descentralizados debe ser evaluada a la luz del régimen legal precitado.- La norma prevé en su art. 15 que: «.1. La medida de no innovar procederá cuando concurran simultáneamente los siguientes requisitos: a) Se acreditare sumariamente que la ejecución de la conducta material que motiva la medida, ocasionará perjuicios graves de imposible reparación ulterior; b) La verosimilitud del derecho invocado; c) La verosimilitud de la ilegitimidad de una conducta material emanada de un órgano o ente estatal; d) La no afectación de un interés público; e) Que la medida solicitada no tenga efectos jurídicos o materiales irreversibles. 2. Las medidas de carácter conservatorio no previstas en esta ley, quedarán sujetas a los requisitos de procedencia previstos en este artículo.».- A tal efecto, se ha sostenido que la «verosimilitud del derecho» traducida en la expresión latina «fumus bonis iuris» se encuentra estrechamente ligada con la fundabilidad y razonabilidad de lo demandado.De allí que la tarea del Juzgador se debe restringir a realizar «.un conocimiento periférico o superficial dirigido a lograr una decisión de mera probabilidad respecto de la asistencia del derecho discutido en dicho proceso.» (Palacios, Lino E. «Derecho Procesal Civil», T. VIII, Pág. 32). De modo tal, que según un cálculo de probabilidad, sea posible anticipar que en el proceso principal se declarara la certeza del derecho. Esta acreditación, se debe acompañar también del interés legítimo de la parte que lo invoca, traducido en la demostración de la necesidad de disponer de esta medida cuando de no proceder así, se haría innocua o ilusoria la sentencia que se dicte o bien se afectaría la igualdad de los litigantes.

Dicho esto, este Tribunal considera -a prioriausente el requisito de la » verosimilitud del derecho» invocado por la accionante, pues justamente la contribuyente no demostró en modo alguno aquel recaudo, tornando inocua su defensa como presupuesto para impedir que el accionar de la demandada se efectivice o bien para disponer el levantamiento temporal a la inhabilitación de la CUIT dispuesta.- Para que dicho recaudo sea procedente se requiere que el derecho invocado por la peticionante sea claro, meridiano y palpable, de modo tal de poder revertir la presunción de legitimidad que contiene la actividad de la Administración, extremo que no se verifica en la especie.- Así, surge de la contestación del informe previsto en el art. 4 de la Ley 26.854 (fs.31/40), que la AFIP procedió a la inhabilitación de la CUIT en junio del 2014, en virtud que la parte actora no registraba inscripción en los Impuestos al Valor Agregado, Ganancia Mínima Presunta e Impuestos a las Ganancias desde Julio del año 2012, y que recién al momento de interponer la demanda, solicitó la activación de la misma.

Se advierte pues del aludido informe que la accionante solicitó la habilitación de la CUIT a fin de operar en el sistema AFIP, recién el día 5/2/16 estando, de esta manera, más de 3 años sin operar ni presentar declaraciones juradas ante dicho organismo, razón por la cual la parte demandada procedió a su inactivación.

A más de ello, corresponde señalar que la Clave Única de Identificación Tributaria no constituye un derecho personalísimo del contribuyente, sino que su mantenimiento depende del cumplimiento de las obligaciones y deberes que le asisten . En el mismo sentido esta Sala A resolvió en los autos: «Incidente en autos: CERALIA SRL C/ AFIP – Amparo Ley 16986» (Expte. N° 43030002/2013) de fecha 20 de noviembre de 2013 y en autos: «Sattler, Gustavo Raúl c/ AFIP -Amparo Ley 16.986″ (Expte. N° 8142/2014/CA2) de fecha 18 de diciembre de 2014.

Por otro lado, tampoco han quedado demostrado los efectos perjudiciales que podría tener la inhabilitación de la CUIT en la actividad profesional que desarrolla la actora (» peligro en la demora»), puesto que pasaron más de 3 años sin que la accionante presentara declaración jurada alguna ante la AFIP.-

IV. Por lo expuesto, y sin que lo dicho signifique adelanto de opinión sobre el fondo del asunto, corresponde confirmar la resolución de fecha 11 de marzo de 2016, dictada por el señor Juez Federal de Río Cuarto.- V. Atento al resultado arribado, y la naturaleza de la pretensión ejercitada, las costas de la Alzada se imponen a la accionante (arts. 68, 1ra.parte del C.P.C.C.N.). Se difiere la correspondiente regulación de honorarios para su oportunidad.- El señor Juez de Cámara, doctor IGNACIO MARIA VELEZ FUNES, dijo:

I.- Comparto la solución final a la que se arriba en el voto precedente, en el sentido que corresponde confirmar la Resolución de fecha 11 de marzo de 2016 dictada por el señor Juez Federal de Río Cuarto que rechaza la medida cautelar intentada en autos, con costas a la perdidosa.

Sin perjuicio de ello, estimo pertinente aclarar que disiento con las consideraciones efectuadas en el voto anterior en cuanto se expresa que los requisitos para la procedencia de las distintas medidas cautelares que contiene la Ley 26.854 resultan aplicables también en las acciones de amparo.

Tal como lo expresé en la causa «Recurso de queja en autos caratulados: «YOVANOVICH, GINETT EVA c/ ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS – Amparo Ley 16.986» (Expte. N° 193/2013) (P: 194 F°: 132/134)), de una lectura del articulado de la Ley 26.854 se advierte en función de lo expresamente consignado en el art. 19 que: «La presente ley no será de aplicación a los procesos regidos por la ley 16.986, salvo respecto de lo establecido en los artículos 4° inciso 2, 5°, 7° y 20 de la presente ley».

En este sentido y según puede observarse, los arts. 4°, inc. 2), 5° y 7° se refieren a innovaciones que tienen que ver con aspectos vinculados a la introducción de la bilateralidad en los procesos de amparo y a la vigencia temporal de las medidas cautelares en dicho proceso, mientras que el art. 20° se relaciona a conflictos de competencia planteados entre un juez del fuero contencioso administrativo y un juez de otro fuero.

Por lo tanto, atento que la presente causa se trata de una acción de amparo y que la cuestión a resolver se circunscribe a analizar la procedencia de una medida cautelar requerida por la actora, entiendo que el estudio se debe realizar en los términos del art.230 del C.P.C.N. sin que resulten de aplicación las prescripciones de la Ley 26.984 en este punto. ASI VOTO.- La señora Juez de Cámara, doctora GRACIELA S. MONTESI, dijo:

Que por análogas razones a las expresadas por el señor Juez del primer voto, doctor EDUARDO AVALOS, votaba en idéntico sentido.

Por el resultado del Acuerdo que antecede; SE RESUELVE :

I. Confirmar la resolución de fecha 11 de marzo de 2016, dictada por el señor Juez Federal de Río Cuarto, en todo lo que decide y ha sido motivo de agravios.- II. Imponer las costas de la Alzada a la parte actora (arts. 68, 1ra. parte del C.P.C.C.N.). Se difiere la correspondiente regulación de honorarios para su oportunidad.- III. Protocolícese y hágase saber. Cumplido, publíquese y bajen.-

EDUARDO AVALOS

IGNACIO MARIA VELEZ FUNES

GRACIELA S. MONTESI

MIGUEL H. VILLANUEVA

SECRETARIO DE CAMARA

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