Se juzga arbitraria la sentencia que impone la reincorporación de un trabajador bajo un CCT erróneo

sentenciaPartes: Acevedo José L. c/ Lavar SRL s/ reinstalación

Tribunal: Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires

Fecha: 10-ago-2016

Cita: MJ-JU-M-100695-AR | MJJ100695 | MJJ100695
Sumario:

1.-Debe revocarse la sentencia impugnada en cuanto a las pautas de la reinstalación ordenada en los términos del art. 52 de la Ley 23.551, ya que ordenó la incorporación al amparo de un convenio colectivo diferente, por lo que ésta deberá efectivizarse en las mismas condiciones en que el trabajador se desempeñaba al momento del distracto.

2.-En el marco de la acción de reinstalación promovida por el actor en su calidad de representante sindical, la definición del encuadramiento convencional de la relación laboral -máxime en el contexto de la disputa intersindical subyacente entre las entidades gremiales involucradas vinculada al ámbito de representación personal de una determinada porción de trabajadores- exorbita la competencia del tribunal de grado, más allá del debate que sobre el particular pudieran promover las partes interesadas por el carril correspondiente.

Fallo:

En la ciudad de La Plata, a 10 de agosto de 2016, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores de Lázzari, Genoud, Pettigiani, Kogan, se reúnen los señores jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa L. 119.367 “Acevedo, José L. contra Lavar SRL. Reinstalación”.

A N T E C E D E N T E S

El Tribunal de Trabajo N° 4 del Departamento Judicial San Isidro hizo lugar a la acción deducida con los alcances señalados en el fallo, imponiendo las costas a la demandada (fs. 641/650 vta.).

La parte actora dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (fs. 655/667), concedido por el citado tribunal (fs. 670 y vta.).

Dictada a fs. 689 la providencia de autos, y hallándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente

C U E S T I Ó N

¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?

V O T A C I Ó N

A la cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:

I. El tribunal de la instancia de origen admitió la demanda iniciada por José Luis Acevedo contra Lavar SRL, ordenando reinstalar al actor en su puesto de trabajo bajo las condiciones y pautas establecidas por el Convenio Colectivo de Trabajo 526/08, bajo apercibimiento de aplicar astreintes. Asimismo, condenó a la demandada a abonar los salarios caídos desde febrero de 2013 (fs.641/650 vta.).

Para así decidir, en el veredicto tuvo por probado que el actor -que fue despedido invocando diversos incumplimientos contractuales a partir del 23 de abril de 2013- se desempeñaba como vocal de la rama de Transporte de Lavaderos Industriales en el ámbito del Sindicato de Choferes de Camiones, Obreros y Empleados del Transporte de Cargas por Automotor, Servicio, Logística y Distribución de la Ciudad Autónoma y Provincia de Buenos Aires, con mandato vigente desde el 21 de noviembre de 2012 hasta el 24 de setiembre de 2015, circunstancia notificada a la firma accionada (fs. 641/642).

Asimismo, con sustento en prueba documental, estableció el tribunal de grado: i] que con fecha 17 de febrero de 2010 la Federación Nacional de Trabajadores Camioneros y Obreros del Transporte Automotor de Cargas, Logística y Servicios y la Unión Obreros y Empleados Tintoreros, Sombrereros y Lavaderos de la República Argentina celebraron un acuerdo de colaboración, reciprocidad y pertenencia sindical en el que fijaron pautas en materia laboral. La segunda entidad mencionada reconoció a la primera como única representante de los trabajadores choferes y ayudantes que se desempeñen en la actividad de lavaderos industriales. A su vez, la primera de ellas reconoció a la segunda como única representante de los trabajadores de la misma actividad, con excepción de los choferes y ayudantes.En base a esos reconocimientos recíprocos, acordaron la aplicación respectiva del Convenio Colectivo de Trabajo 40/89 para los choferes y ayudantes y del CCT 526/08 para el resto de los trabajadores; ii] que el 4 de enero de 2011 la Federación de Cámaras de Lavaderos de Ropa, Limpierías y Afines de la República Argentina celebró con la Federación Nacional de Trabajadores Camioneros y Obreros del Transporte Automotor de Cargas, Logística y Servicios y con el Sindicato de Choferes de Camiones, Obreros y Empleados del Transporte de Cargas por Automotor, Servicio, Logística y Distribución de la Ciudad Autónoma y Provincia de Buenos Aires un nuevo acuerdo en el que se describen puestos y categorías de labor, se fijan condiciones de tareas, horarios y jornadas y ratifican lo acordado precedentemente en punto a la aplicación de los distintos convenios colectivos de trabajo; iii] que, con posterioridad, la Unión Obreros y Empleados Tintoreros, Sombrereros y Lavaderos de la República Argentina efectuó una presentación ante el Ministerio de Trabajo con la finalidad de que se declarara la ineficacia jurídica del mencionado acuerdo suscripto el 5 de abril de 2010 y, asimismo, que se estableciera que el Convenio Colectivo de Trabajo 526/08 es el único aplicable a todos los trabajadores que cumplen tareas en empresas dedicadas a lavanderías industriales de ropa y tintorerías industriales; iv] que la indicada petición dio origen al dictamen de la DNRT (n° 262), en el que se estableció que la Federación Nacional de Trabajadores Camioneros y Obreros del Transporte Automotor de Carga, Logística y Servicios no tiene personería gremial para representar a los trabajadores que se desempeñan en lavanderías industriales de ropa y tintorerías industriales, sosteniendo -además- que debe estarse a la tarea principal de la empresa. A ello se agregó que al momento de la suscripción del Convenio Colectivo de Trabajo 40/89 la empresa no estaba representada.Asimismo, se refirió que los afiliados de la peticionante en asamblea extraordinaria habían rechazado el mentado acuerdo, dejándose aclarado que es el Convenio Colectivo de Trabajo 526/08 el único aplicable a los trabajadores que cumplan tareas en lavanderías y tintorerías industriales, incluidos los choferes y ayudantes; v] que contra la decisión se agraviaron la Federación de Camioneros y el Sindicato de Choferes de Camiones mediante recurso jerárquico, que fue desestimado por resolución 170 del Ministerio de Trabajo; vi] que esa decisión fue impugnada en los términos del art. 62 de la Ley de Asociaciones Sindicales ante la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo que, por mayoría, rechazó por cuestiones formales la presentación, sin que “ello implique avalar el contenido del acto administrativo impugnado, ni expedirse acerca de las potestades del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación para efectuar interpretaciones en el tema de la negociación colectiva que nos convoca, y sin perjuicio del derecho de la recurrente de plantear su reclamo por la vía procesal pertinente” (fs. 642/643 vta.; sent., fs. 643 vta.; v. copia certificada de la sentencia de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo que obra agregada a fs. 628/633).

En la etapa de sentencia, destacó el tribunal de origen que en la demanda “. se pretende la reinstalación del trabajador en su puesto de trabajo en idénticas condiciones que lo venía haciendo hasta el despido dispuesto por la patronal y el pago de los salarios caídos en los términos de los arts. 48, 50, 52 y conc. de la ley 23.551 y 29 y 30 del dec. 467/1988” (v. sent., fs. 646 vta.).

Asimismo, puntualizó que “. la accionada alega (sugiere, en realidad, dado que omite hacer toda referencia concreta en su responde) haber despedido al señor Acevedo con justa causa.Niega haber obrado en forma ilegal ya que también sugiere que el trabajador no es tutelado por la ley 23.551 desconociéndole representatividad y solicita el rechazo de la acción impetrada en su contra” (v. sent., fs. 646 vta.).

Precisó luego que, en el fallo de los hechos, quedó acreditado que el actor fue despedido por la patronal en abril de 2013 invocando justa causa y que, asimismo, según se tuvo por probado, a esa fecha ejercía el cargo de vocal titular en la rama de Transporte de Lavaderos Industriales con mandato desde el 21 de noviembre de 2012 hasta el 24 de setiembre de 2015 por haber sido electo en el seno de la entidad gremial a que se encuentra afiliado: el Sindicato de Choferes de Camiones (fs. 647).

Seguidamente, declaró el a quo: “. obviando el conflicto intersindical que, de la lectura de toda la prueba reunida se desprende y aun pretendiendo que con el dictado de la resolución 170 del MTSS [.] se zanja la cuestión acerca de la vigencia del mandato del señor Acevedo, lo cierto e indudable es que, al momento en que se dispuso extinguir el vínculo, el actor estaba plenamente alcanzado por la garantía de la estabilidad sindical regulada por los arts. 48 y 52 de la ley 23.551” (v. sent., fs.648).

En consecuencia, determinó que la empleadora debió recurrir al proceso de exclusión de tutela para extinguir válidamente el vínculo o esperar el plazo de un año de vencido su mandato, lo que -señaló- no realizó. Por lo tanto, concluyó que al haber dispuesto la patronal el cese de la relación laboral soslayando la plena vigencia de la garantía sindical que amparaba a Acevedo, correspondía hacer lugar a la acción impetrada, declarar nulo el despido dispuesto y ordenar la inmediata reinstalación del promotor del juicio en su puesto de trabajo “. bajo las condiciones y pautas establecidas por el CCT 526/08, único convenio aplicable a la actividad según lo decidido por el MTSS a través del dictamen de la DNRT n° 262 y bajo apercibimiento de aplicar astreintes.” (sent., fs. 648). Asimismo, admitió el reclamo de salarios caídos desde febrero de 2013, cuya cuantía difirió a la fijación de un perito contador a designarse (sent., fs. 648/650 vta.).

II. En el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, la parte actora denuncia que el fallo es absurdo y violatorio de los arts. 52 de la ley 23.551, 18 de la Constitución nacional y del principio de congruencia.

Plantea que el tribunal de origen emitió un juicio de valor incongruente al ordenar que el trabajador fuera reinstalado en su puesto de trabajo bajo las condiciones y pautas que establece el Convenio Colectivo de Trabajo 526/08, fundado en que dicha normativa convencional resulta la única aplicable en la empresa, decisión que -afirma- infringe lo dispuesto en el citado art.52 de la Ley de Asociaciones Sindicales.

Destaca que el órgano de grado debió ordenar la reinstalación del actor en las mismas condiciones laborales, convencionales y sindicales que venía gozando al momento del distracto, ya que tuvo por probado -resalta- su condición de vocal de la rama de Transporte de Lavaderos Industriales del Sindicato de Choferes de Camiones, Obreros y Empleados del Transporte de Cargas por Automotor, Servicios, Logística y Distribución de la Ciudad Autónoma y Provincia de Buenos Air es.

Sostiene que la decisión es errada en cuanto el juzgador de origen efectuó un encuadramiento convencional cuando -asegura- no tenía competencia para ello en el marco de la acción de reinstalación promovida y puesto que -además- el actor no formuló esa petición.

Por el contrario, este último procuró la restitución en su puesto de trabajo en las mismas tareas de chofer que realizaba al momento del despido conforme el Convenio Colectivo de Trabajo 40/89, en su condición de vocal con mandato vigente de la rama de Transporte de Lavaderos Industriales del mencionado Sindicato de Choferes de Camiones.

Por otro lado, plantea que la resolución del Ministerio de Trabajo que cita el a quo para fundar la conclusión de encuadrar al actor en el Convenio Colectivo de Trabajo 526/08 se basa en que, a juicio del tribunal, tal decisión fue confirmada por la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, cuando -aduce- dicho órgano desestimó el recurso por cuestiones formales, sin expedirse sobre el fondo del asunto.

Argumenta que en el fallo se transgredió la regla iuria novit curia, el principio de congruencia y las garantías constitucionales del debido proceso y de la defensa en juicio (art. 18, Const. nac.).

Señala que la congruencia exige la estricta correspondencia entre el contenido de la sentencia y las cuestiones oportunamente planteadas por las partes, lo que supone la adecuación del pronunciamiento a los elementos de la pretensión deducida en el juicio.Manifiesta que el juez no puede sentenciar en más de lo debatido ni dejar de fallar en la materia litigiosa del caso.

Desde este punto de mira, insiste en que el mandato que contiene el pronunciamiento impugnado, en cuanto ordena la reinstalación del actor en su puesto de trabajo a la luz de las pautas del Convenio Colectivo de Trabajo 526/08, contraría tanto el principio de congruencia como la regla del art. 52 de la ley 23.551, inspirada en que dicha medida debe resguardar las condiciones de labor existentes al momento de la desvinculación.

III. El recurso prospera.

Acompaña la razón a la impugnante en cuanto denuncia que el fallo de grado vulnera el art. 52 de la ley 23.551.

1. Tiene dicho esta Suprema Corte que, en orden a lo dispuesto en el citado precepto, los trabajadores amparados por las garantías previstas en los arts. 40, 48 y 50 de la Ley de Asociaciones Sindicales no pueden ser suspendidos, despedidos, ni con relación a ellos modificarse las condiciones de trabajo si no media resolución judicial previa que los excluya de la tutela (conf. causas L. 90.668 “Lavalle Rossi”, sent. de 23-XI-2005; L. 90.779 “Alzaga”, sent. de 11-II-2009 y L. 103.559 “Abrain”, sent. de 10-X-2012).

En el caso, no habiendo la empleadora instado la acción de exclusión de tutela sindical y siendo el actor uno de los sujetos protegidos por la garantía gremial, el tribunal a quo juzgó -con acierto- procedente la pretensión deducida.

2. Ahora bien, también ha señalado este superior Tribunal que la acción de reinstalación prevista en el art. 52 de la ley 23.551 procura obtener la nulidad del acto extintivo dispuesto por el empleador y la reincorporación de quien la promueve a su puesto de trabajo (conf. causa L. 95.980 “Acevedo”, sent. de 12-X-2011), petición que constituye el objeto de la pretensión y que conlleva la nulidad del anómalo acto del empleador y su particular efecto:el renacimiento del vínculo laboral habido entre las partes (conf. causa L. 114.103 “Ramírez Hernández”, sent. de 27-VIII-2014).

Como reseñé, en el veredicto se tuvo por probado que el actor se encontraba afiliado al Sindicato de Choferes de Camiones, Obreros y Empleados del Transporte de Cargas por Automotor, Servicios, Logística y Distribución de la Ciudad Autónoma y Provincia de Buenos Aires, en cuyo ámbito fue electo para ejercer la función de vocal en la rama de Transporte de Lavaderos Industriales, cargo que desempeñaba a la época del distracto, lo que le fue debidamente notificado a la firma demandada.

De allí que el yerro en que incurrió el tribunal de mérito -como consigue poner en evidencia la recurrente- resulta del hecho de que ordena la inmediata reincorporación del trabajador en su puesto de trabajo “. bajo las condiciones y pautas establecidas por el CCT 526/08, único convenio aplicable a la actividad según lo decidido por el MTSS a través del dictamen de la DNRT n° 262.” (v. sent., fs. 648), cuando la solución del presente litigo en el contexto legal en el que corresponde su examen no justifica tal definición.

En efecto, la decisión cuestionada luce apartada de lo normado en el art. 52 de la ley 23.551, cuya violación denuncia el quejoso, en cuanto dicha norma determina la reinstalación del trabajador en su puesto de trabajo y esto significa que ello debe cumplimentarse en identidad de situación en la que se desempeñaba a la época de producirse la ruptura inválida.

Téngase en cuenta que la nulidad de la extinción de la relación laboral y sus efectos restitutivos (reincorporación del trabajador despedido) imponen volver las cosas al mismo estado en que se hallaban antes del acto invalidado (art. 390, Cód. Civ. y Com. de la Nac.-ley 26.994-).

En consecuencia, propongo hacer lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído y, por ende, revocar la sentencia de grado en cuanto a las pautas de la reinstalación ordenada en los términos del art. 52 de la ley 23.551, la que deberá efectivizarse en las mismas condiciones en que el trabajador se desempeñaba al momento del distracto.

3. Lo hasta aquí dicho resulta suficiente para acoger la impugnación deducida, por lo que entiendo innecesario el tratamiento de los demás planteos ensayados.

4. Para finalizar, resta señalar que, en el marco de la acción de reinstalación promovida por José Luis Acevedo en su calidad de representante sindical del Sindicato de Choferes de Camiones (arts. 48 y 52, ley 23.551), la definición del encuadramiento convencional de la relación laboral -máxime en el contexto de la disputa intersindical subyacente entre las entidades gremiales involucradas vinculada al ámbito de representación personal de una determinada porción de trabajadores- exorbita la competencia del tribunal de grado, más allá del debate que sobre el particular pudieran promover las partes interesadas por el carril correspondiente.

IV. Por lo expuesto, corresponde hacer lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído y, en consecuencia, revocar la sentencia impugnada en cuanto a las pautas de la reinstalación ordenada en los términos del art. 52 de la ley 23.551, la que deberá efectivizarse en las mismas condiciones en que el trabajador se desempeñaba al momento del distracto.

Costas a la vencida (art. 289, CPCC).

Voto por la afirmativa.

Los señores jueces doctores Genoud, Pettigiani y Kogan, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor de Lázzari, votaron también por la afirmativa.

Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente

S E N T E N C I A

Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se hace lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído y, en consecuencia, se revoca la sentencia impugnada en cuanto a las pautas de la reinstalación ordenada en los términos del art. 52 de la ley 23.551, la que deberá efectivizarse en las mismas condiciones en que el trabajador se desempeñaba al momento del distracto.

Costas a la vencida (art. 289, CPCC).

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

LUIS ESTEBAN GENOUD

HILDA KOGAN

EDUARDO JULIO PETTIGIANI

EDUARDO NESTOR DE LAZZARI

ANALIA S. DI TOMMASO

Subsecretaria