Análisis del concepto de incumplimiento de medidas en el procedimiento de violencia familiar

violenciafamiliarAutor: Ortiz, Diego O. – Ver más Artículos del autor

Fecha: 19-oct-2016

Cita: MJ-DOC-10332-AR | MJD10332
Sumario:

I. El concepto. II. Los elementos de la definición. III. Conclusión.

Doctrina:

Por Diego O. Ortiz (*)

I. EL CONCEPTO

¿Cuándo se incumple una medida? ¿Cuando ocurre un hecho nuevo? ¿Y es necesario que, en ese hecho, haya violencia? Una medida de protección se considera incumplida cuando ocurre un hecho (con violencia de cualquier tipo o no) posterior a la adopción de la medida notificada en tiempo y forma que el presunto agresor transgrede, es decir, desoye lo resuelto.

II. LOS ELEMENTOS DE LA DEFINICIÓN

1. El concepto de medida de protección

Las medidas de protección, llamadas en el derecho procesal «medidas cautelares», son las herramientas jurídicas procesales para hacer efectivos los derechos patrimoniales y extrapatrimoniales de la persona en situación de violencia y para garantizarle su integridad psicofísica sin escuchar a la otra parte (algo que se denomina en derecho procesal, «inaudita parte»).

Desde el punto de vista de la actitud del agresor frente a esta situación, la adopción de una medida es un freno legal puesto por una autoridad judicial competente que interviene en el procedimiento; es decir que este debe atenerse a lo dicho en la medida bajo pena de ser responsabilizado penalmente por el delito de desobediencia.

2. Los tipos de medidas que se incumplen

Con respecto a qué tipo de medidas se incumplen, no hay una determinada discriminación. Si bien lo habitual es que tomemos como incumplimiento medidas como la prohibición de acercamiento y / o contacto y la exclusión del hogar, también existen otras que establecen las leyes especiales de protección contra la violencia, como alimentos provisorios, régimen de comunicación provisorio, tenencia provisoria, guarda a un tercero, etc. Asimismo, el juez tiene una serie de permisos legislativos, por los que puede tomar una medida no expresada y, ante el incumplimiento, también deben activarse los mecanismos sancionatorios.

3. El hecho

Si hablamos de cualquier hecho o de «un hecho sin violencia», hacemos referencia a supuestos en donde el denunciado se acerca, contacta, se encuentra en el hogar, aunque se le haya prohibido el acercamiento, contacto, o se lo haya excluido.El solo hecho contrario a la medida conforma el incumplimiento; este significa desoír la orden del juez que es obligatoria. Por eso, cuando un agente policial (de cualquier jurisdicción) es requerido frente al incumplimiento de la medida por cualquier hecho, este no puede aducir que el denunciado no hizo nada para que le llamen la atención, ya que su sola conducta elude la manda judicial.

Por otro lado, si hablamos de la existencia de «un hecho de violencia», podríamos de antemano decir que hay una «doble transgresión»; primero, por el simple acto contrario a la resolución judicial y, segundo, porque ese acto es de violencia que podría servir a futuro como argumento de peso para peticionar la ampliación, modificación o prórroga de las medidas.

4. El momento del hecho

Analizando el supuesto de acto de violencia, este se refiere a un hecho (o a varios hechos de distintos tipos) posterior a la adopción de la medida cautelar inicial.

Tengamos en cuenta que las situaciones que viven las partes cambian constantemente. Es difícil que el derecho acompañe a los hechos, puesto que estos van a un ritmo vertiginoso, y entre que ocurren nuevos hechos y el letrado los informa al tribunal para que decida, suele pasar un tiempo en donde ocurre otro hecho, y el letrado lo informa, y así sucesivamente. El transcurso de los hechos de violencia generalmente no va a ir en paralelo con las decisiones judiciales ni contemporáneo a ellas.

5. El autor del hecho

Con respecto al autor del hecho, debe ser el denunciado y no otra persona que defienda la posición de él. Esto significa que los parientes o amigos del denunciado que ejercen violencia con la denunciante realizan un hecho actual de tal entidad que podría ameritar realizar una denuncia para que se tome una medida de protección. Tampoco, procesalmente, se podría hablar de una conexidad de causas, ya que una de las partes no coincide con las actuaciones anteriores.Sin embargo, si entendemos que las causas forman parte de la misma conflictiva familiar (aunque sea la relación de parentesco), entonces el juez debería ponderarla.

Otra parte de la frase para analizar este concepto es aquella que dice lo siguiente: «… el hecho puede ser de distinto/os tipo/os de violencia/as», no evaluándose solo la gravedad del hecho, sino su comisión transgrediendo la medida tomada.

Para nuclear los dos conceptos anteriores, no es lo mismo que el denunciado se acerque a que se acerque ejerciendo un hecho de violencia física y / o psicológica y / o sexual.

6. La notificación

Otro de los elementos se refiere al modo o al medio de hacer saber una medida que es la notificación de ella.

Couture la define como una constancia escrita puesta en los autos de haberse hecho saber a los litigantes una resolución del juez u otro acto del procedimiento (1). Lo que dice el autor es que la notificación tiene que quedar plasmada por escrito en el expediente, o sea que hay un «doble aviso» aunque a diferentes personas, el del denunciado de las medidas (para que las cumpla) y el del juez que el denunciado fue avisado (para que sepa que se lo notificó). En otros términos, no vale el aviso manifestado en forma verbal o por medio de un tercero. Esto podría contradecir el principio de informalidad que debe primar en el procedimiento. Sin embargo, la notificación es una prueba necesaria que da fe de que el denunciado fue avisado de las medidas.

III. CONCLUSIÓN

La idea de analizar los conceptos desde una órbita del derecho procesal, penal y familiar nos permite comprender lo complejo del tema y de las soluciones que se propongan.

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(1) DE SANTO, Víctor: Diccionario de Derecho Procesal. Buenos Aires, Universidad, 1995, p. 235.

(*) Abogado, UBA. Profesor en Ciencias Jurídicas, UBA. Especialista en Violencia Familiar, UMSA. Docente de Derecho de Familia y Sucesiones y de Contratos Civiles y Comerciales, UBA. Director de la Revista de Actualidad en Derecho de Familia de Ediciones Jurídicas. Autor de libros y artículos de su especialidad.