No probada la discriminación, revocan la reincorporación de los trabajadores en conflicto

trabajadorPartes: Aubrit Luis Alberto y otros c/ AFSCA y/o ENACOM s/ amparo Ley 16.986

Tribunal: Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba

Sala/Juzgado: A

Fecha: 11-ago-2016

Cita: MJ-JU-M-101142-AR | MJJ101142 | MJJ101142

Sumario:

1.-Debe revocarse la medida cautelar que había ordenado la reinstalación de los actores, pues los distractos decididos se insertan indiscutiblemente dentro de un proceso amplio de revisión ordenado por el dec. 254/2015 del PEN, por lo que prima facie no se advierte una ilegitimidad manifiesta.

2.-Resulta inadmisible la medida cautelar que había ordenado la reinstalación de los actores, pues con las pruebas reunidas no es posible desvirtuar lo alegado por la de mandada en referencia al incumplimiento de los requisitos legal es mínimos para la contratación de empleados , sin que pueda presumirse la alegada discriminación por ideología política , la que deberá meritarse al tiempo del dictado de la sentencia de fondo y luego del cotejo de la prueba que se reúna en la causa.

Fallo:

En la Ciudad de Córdoba a once días del mes de agosto del año dos mil dieciséis, reunida en Acuerdo la Sala “A” de la Excma. Cámara Federal de Apelaciones de la Cuarta Circunscripción Judicial para dictar sentencia en estos autos caratulados: “INC. APELACION EN AUTOS: AUBRIT, LUIS ALBERTO Y OTROS C/ AFSCA Y/O ENACOM – AMPARO LEY 16.986” (Expte. FCB 1894/2016/CA1), venidos a conocimiento del Tribunal en virtud del recurso de apelación interpuesto a fs. 166/174vta. por la representación jurídica del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) -ex AFSCA- en contra del proveído dictado con fecha 14 de abril de 2016 por el señor Juez titular del Juzgado Federal N° 3 (fs. 162/162vta.) y en cuya parte pertinente hizo lugar a la medida cautelar solicitada por los accionantes, disponiendo que -previa fianza de cinco letrados de la matrícula- se ordene la reinstalación laboral provisoria de los señores Luis Alberto Aubrit (DNI 14.475.238), Luis Pablo Ger (DNI 25.709.090); Camilo Ezequiel Ratti (DNI 24.367.968), María Florencia Echezarreta DNI 34.768.972); Lucía Lebana Sosa Alonso (DNI 40.110.091) y Ariel Sebastián Tcach (DNI 31.407.761) en el lugar de trabajo que poseían antes de la comunicación de la rescisión contractual. Puestos los autos a resolución de la Sala los señores Jueces emiten sus votos en el siguiente orden: EDUARDO AVALOS – IGNACIO M. VELEZ FUNES – GRACIELA S. MONTESI.- El señor Juez de Cámara, doctor EDUARDO AVALOS, dijo:

I.- Llegan los presentes a conocimiento del Tribunal en virtud del recurso de apelación interpuesto a fs. 166/174vta. por la representación jurídica del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) Fecha de firma: 11/08/2016 -ex AFSCA- en contra del proveído dictado con fecha 14 de abril de 2016 por el señor Juez titular del Juzgado Federal N° 3 (fs.162/162vta.) y en cuya parte pertinente hizo lugar a la medida cautelar solicitada por los accionantes, disponiendo que -previa fianza de cinco letrados de la matrícula- se ordene la reinstalación laboral provisoria de los señores Luis Alberto Aubrit (DNI 14.475.238), Luis Pablo Ger (DNI 25.709.090); Camilo Ezequiel Ratti (DNI 24.367.968), María Florencia Echezarreta (DNI 34.768.972); Lucía Lebana Sosa Alonso (DNI 40.110.091) y Ariel Sebastián Tcach (DNI 31.407.761) en el lugar de trabajo que poseían antes de la comunicación de la rescisión contractual.

II.-En primer lugar corresponde formular una breve reseña de las actuaciones arribadas a esta Alzada, las que fueron promovidas a fs. 55/76 por los amparistas enunciados anteriormente en contra de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) o Ente Nacional de Comunicación (ENACOM) en calidad de trabajadores contratados, solicitando se declare la nulidad de los despidos y la reinstalación en sus puestos de trabajo, invocando conductas discriminatorias y persecutorias asumidas por las recientes autoridades de la intervención de la demandada. Reclaman salarios caídos desde su despido y los devengados durante la tramitación de la presente, como también la reparación del daño ocasionado. Piden urgente dictado de una medida de no innovar disponiendo sus reincorporaciones hasta tanto se resuelva el fondo del asunto. Detallan sus antecedentes laborales, y las fechas de vigencia y finalización de sus respectivos contratos, pudiendo inferirse que:1°) el señor Aubrit Luis Alberto ingresó el 01/01/2015 y su contrato estaba vigente desde el 01/01/2016 al 31/12/2016, desempeñando tareas en el Área de Formación e Investigación en Comunicación Audiovisual; 2°) el señor Ger Luis Pablo ingresó el 1/11/2012 y su contrato estaba vigente desde el 01/01/2016 al 31/12/2016, desempeñando tareas en el Área de Licencias y Autorizaciones de Radio y Televisión; 3°) el señor Ratti Camilo Ezequiel ingresó el 01/12/2012 y su contrato estaba vigente desde el 1//01/2016 al 31/12/2016 desempeñando funciones en Asistencia en la gestión de Fondo Concursable de la Comunicación Audiovisual (Fomeca); 4°) la señora Echezarreta Florencia cuyo ingreso data del 01/05/2014, y el contrato estaba vigente desde el 1/1/2016 al 31/12/2016 con tareas en la Mesa de entradas de la Delegación Córdoba de AFSCA; 5°) el señor Sosa Alonso Lucian Lebana ingresó el 20/11/2015 y vigencia contractual desde el 1/1/2016 al 31/12/2016, con labores en el Área de Fiscalización; y 6°) el señor Tcach Ariel Sebastian, ingresó el 1/1/2014 y su contrato estaba vigente desde el 1/1/2016 al 31/12/2016 cumpliendo tareas en el Área de Administración de Delegación Córdoba AFSCA. Exponen que los despidos se produjeron en el marco de intervención y desalojos producidos en la sede central del organismo (C.A.B.A.) y situaciones similares en nuestra ciudad. Aluden a los hechos acontecidos entre el 28 de diciembre de 2015 y 6 de enero de 2016, como también a las constancias de asambleas de trabajadores celebradas en AFSCA Córdoba el día 7 de enero de 2016 y del Libro de Novedades de la Delegación del 8 de enero de 2016. Agregan que entre los días 7 y 11 de dicho mes fueron remitidas cartas documentos a los amparistas notificándoles las Fecha de firma:11/08/2016 rescisiones contractuales en el marco de lo dispuesto en el art. 9 de la Ley 25.164, reglamentada por Decreto N° 142/2002, por aplicación de lo determinado en el art. 6to., in fine del Decreto 254/2015, siendo rechazadas por los amparistas en tiempo y forma. Manifiestan que el listado de trabajadores despedidos no fue producto de la casualidad, no hubo explicación alguna, ni por las funciones realizadas, sino por estar afiliados al Partido Nuevo Encuentro (Encuentro por la Democracia y la Equidad). Concluyen que todos los despidos tienen carácter discriminatorio y obedecen a su pertenencia partidaria.Citan artículos de la Constitución Nacional, de la Ley 23.592, Tratados Internacionales y jurisprudencia de la CSJN (“Alvarez” y “Pellicori”, entre otros). Entienden acreditados los recaudos para la procedencia de la acción y de la medida cautelar. Ofrecen prueba. Hacen reserva del Caso Federal. A fs. 82 se requiere al Ente demandado el informe del art. 4° de la Ley 26.854, siendo evacuado a fs. 90/96 por la representante jurídica del ENACOM -ex AFSCA- invocando la ausencia de requisitos para admitir la medida (art. 14) y que ella afectaría el interés público comprometido, con efectos jurídicos y materiales irreversibles. Adjunta prueba y documental (Resolución N° 686 del 30/3/2016). A fs. 156/160vta. la Dra. María Leandra Cravero Piccione -por el ex AFSCA- produce el informe del art. 8 de la Ley 16.986 y plantea la improcedencia de la vía, inexistencia de ilegalidad o arbitrariedad manifiesta, extemporaneidad de la acción y una reseña de los antecedentes que dieron lugar a las rescisiones de contratos, motivadas en el incumplimiento de los requisitos de la Ley N° 25.164 y Decreto N° 2098/08. Cita jurisprudencia y niega reparación integral. Seguidamente, con fecha 14 de abril (fs. 162/162vta.) el señor Juez de grado admite la medida cautelar, motivando la apelación de fs. 166/174vta.Fundamenta sus quejas el ENACOM -ex AFSCAen la insuficiente argumentación para determinar la medida cautelar y previo a ello, que la actuación de la administración se enmarca en el Decreto 254/15 dictado por el P.E.N. el 24/12/2015 (B.O. 29/12/15). Alude a la totalidad de empleados (298) que fueron desvinculados de las entonces AFSCA y AFTIC, que comprueba la falta de discriminación para los aquí actores, sino un proceso de revisión de gran alcance, y que los contratados por tiempo determinado y para tareas específicas habían cumplimentado con las mismas, y sin embargo se les renovó aquel en forma anticipada a su vencimiento. Agrega que no existe contradicción ni confusión en las circunstancias que dieron lugar al cese laboral, ni le constaba la afiliación político-partidaria de los accionantes por no existir registros de dicha condición. Invoca presunción de legitimidad de los actos administrativos (art. 12 ley 19.549) y falta de recaudos de procedencia de la medida dictada que justifique su dictado, a más de identificarse con el objeto de la acción. Solicita efecto suspensivo en su dictado. A fs. 184/190vta. contesta agravios la parte actora, solicitando su rechazo, con costas y a cuyos términos se remite en honor a la brevedad.

III. Radicados los autos en el Tribunal, se requirió como medida para mejor proveer a la accionante (30/5/2016 a fs. 198) que acompañara copia autenticada del acta de fecha 7 de enero de 2016 labrada durante la Asamblea de Trabajadores del AFSCA (Córdoba), la cual fue cumplimentada a fs. 199/200, dándose noticia de ella a la demandada por el plazo de 24 horas (proveído del 3/6/2016) y contestado en tiempo propio a fs.203/204 por la letrada del ENACOM -ex AFSCA-. Previo al análisis del tema sometido a decisión, y respecto al cuestionamiento de la demandada al plazo de 24 horas otorgado para evacuar el traslado de la medida para mejor proveer antes referenciada, cabe precisar que al tratarse la presente de una acción de amparo contemplada en la Ley 16.986 con exiguos plazos y términos (en días y horas) tanto para su tramitación como para el dictado de resolución, -sea cautelar o definitiva-, y que la normativa establece en 48 horas el plazo para deducir recurso de apelación (conf. art. 15), resulta de toda lógica el término brindado al ente accionado para que manifestara lo que entendía corresponder a su derecho en el traslado y término conferido, pues aquél se condice con la especial perentoriedad y naturaleza de la acción que se trata. IV. Ahora bien, con relación a la medida precautoria dictada por el señor Juez Federal N° 3 de Córdoba con fecha 14/4/2016, y a la luz del dictado de la Ley N° 26.854 (B.O. 30/4/2013) cabe ponderar si en autos se encuentran cumplidos los recaudos necesarios para su admisión, previendo el art. 18 de la ley referenciada que el C.P.C.C.N. será de aplicación “.al trámite de las medidas cautelares contra el Estado Nacional o sus entes descentralizados ” en cuanto no sean incompatibles con dicho Fecha de firma: 11/08/2016 régimen legal. Por lo tanto, y a la hora de establecer los parámetros de la procedencia de una medida cautelar contra el Estado Nacional o un ente descentralizado, habrá que acudir a la norma especial; y en lo que fuera pertinente, a las normas del Código Procesal. El art. 13 de la Ley N° 26.854 establece: “1. La suspensión de los efectos de una ley, un reglamento, un acto general o particular podrá ser ordenada a pedido de parte cuando concurran simultáneamente los siguientes requisitos:a) Se acreditare sumariamente que el cumplimiento o la ejecución del acto o de la norma, ocasionará perjuicios graves de imposible reparación ulterior; b) La verosimilitud del derecho invocado; c) La verosimilitud de la ilegitimidad, por existir indicios serios y graves al respecto; d) La no afectación del interés público; e) Que la suspensión judicial de los efectos o de la norma no produzca efectos jurídicos o materiales irreversibles.”. Como puede advertirse, la norma impone el análisis de una serie de conceptos jurídicos indeterminados que habrán de apreciarse en cada caso concreto. Bajo estos supuestos, el concepto de “verosimilitud del derecho” reproducido en el inc. b) del art. 13 de la Ley 26.854 se corresponde y no ha variado en relación a lo que pacíficamente ha entendido la doctrina y la jurisprudencia con motivo de la interpretación del art. 230 del C.P.C.C.N. A tal efecto, se ha sostenido que la “verosimilitud del derecho” se traduce en la expresión latina “fumus bonis iuris” y se encuentra estrechamente ligada con la fundabilidad y razonabilidad de lo demandado. De allí que la tarea del Juzgador se debe restringir a realizar “.un conocimiento periférico o superficial dirigido a lograr una decisión de mera probabilidad respecto de la existencia del derecho discutido en dicho Fecha de firma: 11/08/2016 proceso.” (PALACIO, Lino E. “Derecho Procesal Civil”, T. VIII, Pág. 32) y que según un cálculo de probabilidad sea posible anticipar que en el proceso principal se declarará la certeza del derecho. Esta acreditación se debe acompañar también del interés legítimo de la parte que la invoca, traducido en la demostración de la necesidad de disponer de esta medida cuando de no proceder así se haría innocua o ilusoria la sentencia que se dicte o bien se afectaría la igualdad de los litigantes. Este recaudo apunta a la posibilidad de que el derecho exista, a una credibilidad objetiva y seria que descarte una pretensión manifiestamente infundada, temeraria o muy cuestionable.Esa posibilidad no equivale a la certeza en la existencia del derecho, ni exige una probanza concluyente, la cual sólo se logrará al agotarse el trámite con el dictado de la sentencia pero sí requiere que el peticionante acredite su derecho cuanto menos superficialmente. Ingresando de este modo al planteo efectuado por los amparistas, considero que, sin ingresar al tratamiento del fondo del asunto y efectuando un estudio periférico del particular, con las pruebas acompañadas hasta el presente no es posible tener por acreditada la supuesta verosimilitud del derecho que invocan. Ello es así, por cuanto la demandada al evacuar el informe previsto por el art. 8 de la Ley 16.986 expresa que no hubo ilegalidad ni arbitrariedad en el acto impugnado. Expresa que por Decreto 254/2015 del PEN se ordenó la revisión de los procesos concursales y la Fecha de firma: 11/08/2016 contratación del personal de la Administración Pública en sus diversas modalidades. En lo que hace a la particularidad del caso y en cumplimiento de las disposiciones establecidas por los arts. 5° y 7° del Decreto 57/2015, art. 27 del Decreto 267/2015 y art. 12 inc. 26 de la Ley 26.522 y arts. 80 y 81 de la Ley 27.078, se dio inicio al procedimiento de revisión de los contratos celebrados con el personal bajo el régimen del art. 9 del Anexo de la Ley 25.164. Consecuentemente y por Memorandum de fecha 30/12/2015, suscripto por el Dr. Agustín I. Garzón, en su carácter de entonces Interventor de la AFSCA, se decidió la rescisión de 46 contrataciones celebradas en el marco del art. 9 de la Ley 25.164, las cuales fueron posteriormente notificadas por medio de carta documento. Entre ellas se encuentran las de los actores de la presente acción que, como se denuncia en la demanda, pertenecían a la Delegación AFSCA Córdoba.Agrega que el proceso de revisión continuó en ejecución dando origen al dictado de las Resoluciones 136/2016 y 432/2016 del ENACOM por las que se procedió a la rescisión de otras 56 contrataciones de personal y finalmente, las Resoluciones 653/2016 y 686/2016 del ENACOM que dispusieron la rescisión de 77 contrataciones de la misma categoría. Concluye manifestando que todo ello ofrece una pauta clara acerca de que los distractos en cuestión se insertan indiscutiblemente dentro de un proceso amplio de revisión ordenado por Decreto 254/2015 del PEN, por lo que niega la pretensión de trato discriminatorio alegada por los amparistas. Además, agrega que en este marco de revisión, Fecha de firma: 11/08/2016 se pudo establecer que las contrataciones celebradas con los demandantes no se ajustaban a los recaudos legales exigidos por la Ley Marco de Empleo Público y Convenio Colectivo Sectorial homologado por Decreto 2098/2008. Del exhaustivo análisis de los antecedentes curriculares aportados al momento de su contratación por los reclamantes -entiende que- puede verificarse su anormal inscripción en los niveles escalafonarios reconocidos en las respectivas contrataciones. Hace un análisis de cada uno de los actores, remarcando conforme a sus antecedentes los requisitos que en cada caso particular no se adecuan a los mínimos requeridos por el ordenamiento legal citado. En este entendimiento, manifiesta que no puede predicarse como verosímil una supuesta persecución ideológica que brinde fundamentos a la denuncia de discriminación articulada por los actores. El hecho de que todos hayan tenido una determinada afiliación política no brinda apoyatura al amparo, desde que la rescisión contractual obedeció a la comprobación objetiva del incumplimiento de los requisitos contractuales. Tales fundamentos vuelven a introducirse en el planteo recursivo. Por su parte los actores afirman que las rescisiones contractuales recayeron sólo sobre aquellos trabajadores de la Delegación Córdoba que son afiliados al Partido Nuevo Encuentro y se dejó sin efecto aquellas que abarcaban a personas no afiliadas a ese partido.Asimismo aluden a directivas dadas al Jefe de Delegaciones de AFSCA Claudio Decousandier en forma telefónica, sobre la restricción incluso utilizando la fuerza pública del ingreso de trabajadores afiliados al Partido Nuevo Encuentro al lugar de trabajo a partir del 8 de enero de 2016, lo que se encontraría documentado en Acta labrada por Asamblea de Trabajadores del Fecha de firma: 11/08/2016 AFSCA (Córdoba) de fecha 7 de enero de 2016 que glosa agregada a fs. 199/200, documental ésta que no contiene instrumentos respaldatorios de lo que da cuenta solo un grupo de personas reunidas, entre ellos los actores y que corresponderá dilucidar en un posterior estudio sobre el fondo del asunto. Que en orden a lo expuesto, con las pruebas reunidas a la fecha, no es posible desvirtuar lo alegado por la demandada en referencia al incumplimiento de los requisitos legales mínimos para la contratación de empleados, sin que pueda presumirse la alegada discriminación, la que deberá meritarse al tiempo del dictado de la sentencia de fondo y luego del cotejo de la prueb a que se reúna en la causa. A mayor abundamiento, corresponde meritar la documental acompañada a fs. 199/200 como medida para mejor proveer, en la que la parte actora fundamenta la existencia de discriminación por razones políticas como causa de la rescisión de los contratos de que se trata. Al respecto no escapa a este Tribunal que dicho instrumento se trata de una declaración y/o volante emanada de los propios trabajadores de la ex AFSCA y se encuentra suscripta, entre otros, por cinco -de los seis- aquí actores: señores Lucía Sosa, Luis Pablo Ger, Luis Aubrit, Camilo Ratti y Florencia Echezarreta; con lo cual se infiere que se trata de un documento unilateral emanado de la propia parte interesada, y por lo tanto, de escasa eficacia probatoria como para fundar la verosimilitud del derecho que se invoca, orientada a la supuesta violación de la Ley 23.592.Por otra parte, el peligro en la demora, si bien puede repercutir en el carácter alimentario que contiene el empleo público, ello no puede soslayar los argumentos introducidos prima facie por la Fecha de firma: 11/08/2016 demandada para dar fundamento a la reincorporación de agentes que no cumplirían con los requisitos mínimos para acceder al cargo contratado, sin perjuicio que a la postre -si se comprobara la procedencia de la demanda intentada- se declare la nulidad de aquellos actos y la consecuente indemnización resarcible por parte del Estado Nacional. Cabe recordar que los requisitos de verosimilitud del derecho invocado y del peligro que se cause un daño grave e irreparable, se hallan de tal modo relacionados que a mayor verosimilitud del derecho cabe no ser tan exigente en la gravedad e inminencia del daño y viceversa; pero ello solo es posible cuando se haya acreditado en forma mínima la verosimilitud del derecho invocado, caso que no acontece en autos donde no ha podido ser acreditado tal extremo. Que en mérito de lo expuesto, corresponde revocar la resolución apelada, debiendo el Juez inferior tramitar con la celeridad del caso la presente acción de amparo a fin de llegar a una sentencia que resuelva el fondo de la pretensión de los amparistas. Las costas se imponen en el orden causado (art. 68, 2da parte, del CPCCN), difiriéndose la regulación de honorarios que correspondiere para su oportunidad.

ASI VOTO.-

El señor Juez de Cámara, doctor IGNACIO M. VELEZ FUNES, dijo :

I.- Comparto la solución final a la que se arriba en el voto precedente, en el sentido que corresponde revocar la medida cautelar de fecha 14 de abril de 2016 dictada por el señor Juez Federal Nº 3 de Córdoba, todo por los fundamentos que allí se brindan. Sin perjuicio de ello, estimo pertinente aclarar que disiento con el voto precedente en cuanto se expresa que los requisitos para la procedencia de las distintas medidas cautelares que contiene la Ley 26.854, resultan aplicables también en las acciones de amparo.Tal como lo expresé en la causa “Recurso de queja en autos caratulados: “YOVANOVICH, GINETT EVA C/ ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS – Amparo Ley 16.986” (Expte. N° 193/2013) (Pº 193 Fº 73/74), de una lectura del articulado de la Ley 26.854 se advierte en función de lo expresamente consignado en el art. 19 que: “La presente ley no será de aplicación a los procesos regidos por la ley 16.986, salvo respecto de lo establecido en los artículos 4º inciso 2, 5º, 7º y 20 de la presente.”. En este sentido y según puede observarse, los arts. 4°, inc. 2), 5° y 7° se refieren a innovaciones que tienen que ver con aspectos vinculados a la introducción de la bilateralidad en los procesos de amparo y a la vigencia temporal de las medidas cautelares en dicho proceso, mientras que el art. 20° se relaciona a conflictos de competencia planteados entre un juez del fuero contencioso administrativo y un juez de otro fuero. Por lo tanto, atento que la presente causa se trata de una acción de amparo y que la cuestión a resolver se circunscribe a analizar la procedencia de una medida cautelar requerida por la actora, entiendo que el estudio se debe realizar en los términos del art. 230 del C.P.C.N. sin que resulten de aplicación las prescripciones de la Ley 26.854 en este punto.

ASI VOTO.-

La señora juez de Cámara, doctora GRACIELA S. MONTESI, dijo : Que por análogas razones a las expresadas por el señor Juez de primer voto, doctor EDUARDO AVALOS, vota en idéntico sentido.- Por el resultado del Acuerdo que antecede;

SE RESUELVE: I.- Revocar la medida cautelar dictada en el proveído de fecha 14 de abril de 2016 por el señor Juez Federal N° 3 de Córdoba, por los fundamentos dados en el presente decisorio, debiendo el Juez inferior tramitar con la celeridad del caso la presente acción de amparo a fin de llegar a una sentencia que resuelva el fondo de la pretensión de los amparistas.

II.- Imponer las costas en el orden causado (conf. art. 68, 2da. parte del CPCCN), difiriéndose la regulación de honorarios para su oportunidad.

III.- Protocolícese y hágase saber. Cumplido, publíquese y bajen.-