Probada la participación accionaria, se rechaza la existencia de relación laboral entre el actor y la empresa demandada

despido-empleadoPartes: Gegenschatz Roberto Enrique c/ Quimbel S.A. Y otro s/ despido

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo

Sala/Juzgado: I

Fecha: 28-abr-2016

Cita: MJ-JU-M-100085-AR | MJJ100085

Sumario:

1.-Corresponde confirmar el rechazo de la demanda dirigida a obtener el cobro de las indemnizaciones por despido toda vez que no luce acreditado que el actor recibiera órdenes e instrucciones, sino que por el contrario, luce demostrada la autonomía y la libertad con la que manejaba las decisiones que adoptaba en la operatoria del giro comercial de la sociedad pues participada activamente.

2.-Se confirma que el actor no era empleado de la sociedad pues fue acreditado que era él quien impartía las indicaciones de trabajo, entrevistaba y contrataba al personal junto con el codemandado, todo lo cual lo ubica en el lugar de empleador; máxime siendo que tenía participación accionaria.

3.-No corresponde juzgar que hubiera existido un contrato de trabajo en los términos de los arts. 21 , 22 , 23 y cc. de la LCT. toda vez que el actor, no solo tenía participación accionaria, sino que también formaba parte de la vida societaria propia de quien reviste esa calidad de accionista, pues intervenía en asambleas, en el órgano de administración, en decisiones inherentes a la distribución de dividendos y fijaba sus propios honorarios como director.

4.-No se advierte configurado el supuesto previsto por el art. 27 de la LCT. que admite la figura de socio empleado cuando su actividad, en forma personal y habitual se encuentra sujeta a directivas para su cumplimiento, pues la realidad de la relación es superadora de lo que las partes hayan querido determinar cuándo se da en el marco de una relación societaria que se revela como preponderante y que se superpone con el enmascaramiento de una relación laboral, vacía de contenido como tal.

Fallo:

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 28 días del mes de Abril de 2.016, reunida la Sala Primera de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, para dictar sentencia en la causa del epígrafe, y de acuerdo al correspondiente sorteo, se procede a votar en el siguiente orden:

La Dra. Gloria M. Pasten de Ishihara dijo:

I. La sentencia de fs.964/967 ha sido recurrida por la parte actora a fs.970/988 y por los demandados a fs.997/1000. También apelan los honorarios regulados en autos la representación letrada de los demandados a fs.989/996 y la perito contadora a fs.968.

II. El actor apela el rechazo de la demanda dirigida a obtener el cobro de las indemnizaciones por despido, destacando que la relación laboral habida entre las partes no ha sido materia de discusión, por cuanto los demandados la reconocieron. Resalta diversos elementos que avalan que medió un vínculo laboral, sin perjuicio de haber sido director de la sociedad demandada, apoderado con facultades especiales y accionista, solicitando la aplicación del art.27 de la LCT. Los demandados apelan la distribución de las costas.

III. Memoro que el actor sostuvo en el inicio haberse desempeñado en relación de dependencia a las órdenes de la empresa Quimbel SA, firma de la cual, al mismo tiempo, es socio y director, propietario del 50% del capital accionario y que integra junto al codemandado Daniel Rabinovich. Ambas partes del presente litigio resultan ser socios de la sociedad demandada y que el actor indica habría sido su empleadora, en partes iguales. Inicialmente constituyeron una sociedad de responsabilidad limitada -según surge de la escritura de transformación societaria obrante en copia a fs.388/394- en el año 1985 llamada «Química Belgrano SRL», que fue transformada en sociedad anónima en el año 2001 pasando a denominarse Quimbel SA. Fue designado presidente el Sr. Rabinovich y vicepresidente el actor, designaciones que en sucesivas asambleas fueron ratificadas (vgr.ver fs.401vta.), funciones de administración por las cuales percibieron los honorarios que en su carácter de socios aprobaron para su otro carácter de directores. Ambos socios decidieron en asamblea ordinaria celebrada el 27/3/2003 su designación en las respectivas calidades de gerente de marketing -el actor- y gerente de relaciones institucionales -el demandado Rabinovich-, y dejando «expresa indicación para que dentro del marco establecido por la ley de contrato de trabajo se celebren, con fecha 1º de abril de 2003 los correspondientes contratos de trabajo que vincularán a los Sres.» (actor y demandado) «. con esta sociedad por dichas tareas en relación de dependencia y fijándoseles a cada uno de los designados una remuneración bruta de pesos 6.000 mensuales.» (ver acta en copia a fs.128/129). Actor y demandado conforman la voluntad social por ser los únicos accionistas de la sociedad, y en ese carácter reunidos en asamblea por unanimidad decidieron celebrar un «contrato de trabajo» para el ejercicio de las gerencias que respectivamente se asignaron a cambio de un salario. En el mismo contexto societario, integraban el órgano de administración y percibían honorarios por su actuación como directores (ver pericia contable a fs.551/552). No es posible soslayar la distribución de utilidades en su carácter de socios. Del intercambio telegráfico surgen dos segmentos temporales.El primero tuvo lugar en septiembre de 2006, cuando el actor intimó invocando la supuesta negativa de acceso al sistema informático, negativa de tareas y adecuada registración -sin invocar la falencia registral-, además de entrega de constancia de aportes (fs.318), falta de pago de la cuota al sistema de medicina prepaga (fs.317) y en su carácter de socio por cuestiones vinculadas a la imputación de pagos y gastos (según texto de fs.219), lo cual mereció la respuesta plasmada en la comunicación obrante en copia a fs.320 relativa a la contratación personal y pago a cargo del actor del servicio de medicina prepaga, de cuestiones vinculadas a su calidad de director de la sociedad y el cumplimiento de la ley 24.241 con relación a los aportes y contribuciones a la seguridad social, y la inexistencia de cualquier negativa inherente a la prestación de tareas. El segundo segmento se inició en noviembre de 2010, época en la que los requerimientos de las partes transitaron por la invocación de ausencias -por parte de la demandada según fs.321- y deuda salarial y deficiencia registral -por parte del actor-, circunstancia esta última que condujo al accionante a considerarse despedido el 11/11/2010 sin mediar intimación previa que contuviera dichos reclamos (fs.323; en todos los casos ver informativa de Correo Argentino a fs.436). El eje sustancial del recurso del actor transita por invocar la violación al principio de congruencia que el recurrente estima deriva del reconocimiento de la contratación laboral plasmado en los instrumentos mencionados, así como en el pago de la liquidación final y la ejecución de créditos laborales que tramita ante el mismo juzgado interviniente. Sin embargo, la atenta lectura de los escritos constitutivos del proceso (ver especialmente responde de Quimbel SA y del codemandado Sr.Rabinovich a fs.245/264 y fs.123 respectivamente), revela que el debate fáctico del presente radica en dilucidar si efectivamente la relación que se alega y en función de la cual aquí se reclaman consecuencias indemnizatorias y sancionatorias propias de una relación laboral ha sido tal o forma parte de un conflicto de otro orden pero íntimamente vinculado al laboral, todo ello con motivo de la particular forma en que las partes decidieron anudar su relación para llevar adelante el emprendimiento comercial del cual, en partes iguales desde el punto de vista societario, han compartido durante un largo período. No es posible, a mi criterio, una lectura lineal como pareciera extraerse de la presentación recursiva de la parte actora, ya que en el responde, reitero, se han planteado diversos hechos adecuadamente descriptos en el conteste (especialmente fs.246 a fs.248 y fs.251/253) que habilitan a llevar adelante un análisis desde la perspectiva adoptada por el Sr. Magistrado que me precede (cfr. arg. art. 34, inc. 4 y 163, inc. 6 CPCCN). Es pertinente el análisis de las declaraciones testimoniales aportadas a la causa que permiten arrojar luz acerca de la forma en la cual se desenvolvía esta relación. Me permito recordar que la sociedad se dedica a la comercialización de insumos hospitalarios. Así, declararon a propuesta del actor los Sres. Casavola (fs.586/587), Goldfarb (fs.588), Russo (fs.615/616), Ponza (fs.638) y Galvez (fs641/642), y a instancia de la demandada el Sr.Ludueña (fs.639/640) y Bentham (fs.643). Casavola conoció al actor en 1998 o 1999 en el Hospital Alemán donde le ofreció insumos de soporte nutricional en representación de Química Belgrano que luego pasó a llamarse Quimbel, expresó no saber de quíen recibía órdenes el actor ya que trataba directamente con él y el propio actor tomaba las decisiones, que siempre fue igual, trató con el actor hasta el año 2006, que era el actor quien le pagaba para que fuera a dar charlas para el uso de los insumos a distintos lugares -vgr. Tucumán-. Goldfarb dijo haber conocido al actor y al demandado con motivo del alquiler de un local de su propiedad, en el cual intervenían ambos y en el año 2011 lo hizo únicamente el Sr. Rabinovich al firmar la rescisión del contrato, y en los últimos tres años en que continuaba informalmente la locación. Russo se presentó a una entrevista a través de la convocatoria efectuada por medio de un diario de una empleada para licitaciones y fue entrevistada por el actor como director de la empresa, luego la entrevistó el Sr. Rabinovich y trabajó hasta febrero de 2011, su tarea consistía en presentarles los pliegos y la documentación necesaria para las licitaciones tanto al actor como al demandado, quienes la firmaban de manera indistinta, y refirió que en el año 2010 comenzaron fuertes discusiones entre las partes. Ponza dijo haber conocido al actor en el año 2001 porque era gerente (el testigo) de una firma que producía artículos para cuya comercialización eran representados por la «empresa del actor», que primero era Química Belgrano y luego fue Quimbel, que eran bombas para insuflar unas botas para tratamientos venosos de las piernas, si bien primero adujo que era la «empresa del actor» a renglón seguido aclaró que no quiso decir que hubiera sido el «dueño» y dijo desconocer el puesto que tenía el actor, con quien hablaba mensualmente pero personalmente dijo haberlo visto unas 4 o 5 veces.Galvez conoce a las partes por haberse cruzado en congresos en varias oportunidades como expositores de Quimbel, la testigo trabajaba en una empresa que era proveedora de Quimbel, expresó no saber de quién recibía órdenes el actor y que tomaba decisiones con «plena libertad», que ha visto al actor y a Rabinovich como imagen de la empresa. Ludueña conoció al actor en una licitación que se llevó a cabo en el hospital Garrahan en el año 2000, que fue a tomar un café con el Sr. Gegenschatz y éste le dijo que era el dueño de la empresa y le ofreció ir a trabajar allí, a Rabinovich lo conoció cuando fue a la entrevista, la tomaron y fue vendedora hasta el año 2011, dijo que ambos (actor y demandado) tomaban decisiones por igual y la testigo laboralmente era dependiente del actor, que la empresa participaba en congresos para promocionarse y que lo hacía a instancia de ambas partes. Bentham conoce a las partes «del mercado de la salud», el testigo era «country manager» de TYCO y se contactaba con los distribuidores de los productos, en el caso las partes del presente juicio como dueños de Quimbel.

El examen y valoración de los testigos referidos, conforme a la sana crítica (art.386, CPCCN), revela que ninguno de ellos dio cuenta de que el actor recibiera órdenes e instrucciones sino que sus descripciones son coincidentes en la autonomía y la libertad con la que manejaba las decisiones que adoptaba en la operatoria del giro comercial de la sociedad, que intervenía activamente en dicha operatoria, que era él quien impartía las indicaciones de trabajo, y entrevistaba y contrataba al personal junto con el demandado Rabinovich, personal que lo ubica al actor en el lugar de empleador.Las circunstancias descriptas por los testigos, aunadas a los elementos documentales que revelan no sólo la participación accionaria sino la participación en la vida societaria propia de quien reviste la calidad de accionista -intervención en asambleas, en el órgano de administración, en decisiones inherentes a distribución de dividendos, fijación de sus propios honorarios como directores-, adoptadas todas ellas por unanimidad y con indispensable control en la formación de la voluntad social derivada de la propiedad del 50% de las acciones, revelan que no nos hallamos ante un contrato de trabajo en los términos de los arts.21, 22, 23 y conc. de la LCT. Memoro que la relación de trabajo es un contrato «realidad», así llamado para indicar que lo determinante son los hechos tal como aparecen y no lo que las partes quieren decir de la relación o sus denominaciones o formas que adopten para poner un velo sobre lo realmente ocurrido. Esta reflexión que he reiterado en numerosos votos también es aplicable en el presente, dado que no se trata de que exista un reconocimiento recíproco del contrato de trabajo como resalta el apelante en su memorial, sino que es preciso desentrañar y considerar las particulares circunstancias del caso, donde los socios en partes iguales de una sociedad y a través de un acto societario como es la celebración de una asamblea decidieron celebrar, al mismo tiempo, un contrato de trabajo, pero vacío de contenido en cuanto a sus notas tipificantes. En efecto, es preciso dilucidar si realmente la naturaleza de la relación es laboral dependiente o sólo comercial, y en el sub-examine se superpone la relación comercial indiscutible y ya descripta, en la cual ninguno de los socios puede prescindir del otro para formar la voluntad social, donde como anticipara los testigos coinciden en que el actor no recibía órdenes de nadie sino que él mismo tomaba las decisiones (testigos de ambas partes). De tal manera no se advierte configurado el supuesto previsto por el art.27 de la LCT que admite la figura de socio empleado cuando su actividad, en forma personal y habitual se encuentra sujeta a directivas para su cumplimiento. La realidad de la relación es superadora de lo que las partes hayan querido determinar cuándo se da en el marco de una relación societaria que se revela como preponderante y que se superpone con el enmascaramiento de una relación laboral, reitero, vacía de contenido como tal. El hecho de que las partes hubieran tramitado un incidente de ejecución parcial por conceptos salariales propios de un contrato de trabajo no altera las conclusiones expuestas inherentes a la naturaleza real de la relación. Por los fundamentos expuestos propongo confirmar lo resuelto en origen.

IV. La parte demandada apela la distribución de las costas. Se advierte que el art. 68 2do. párrafo del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, faculta a quien juzga para apartarse del principio general de imposición de costas al vencido, «siempre que encontrare mérito para ello». El mérito a que alude la norma existe cuando se ha litigado mediante «convicción fundada» acerca de la existencia del derecho invocado, por tratarse de cuestiones suscitadas por la interpretación de las leyes o cuando estas cuestiones tienen complejidad jurídica (esta Sala, in re «Valenzuela Juan Carlos c/Roca Argentina S.A. y otros s/despido», S.D. 91.116 del 08/03/2016). En el caso de autos, teniendo en cuenta la complejidad de los hechos debatidos, propongo confirmar la distribución de las costas en el orden causado (art. 68 2º párrafo del C.P.C.C.N.) y adoptar idéntico temperamento para las de esta Alzada.

V.De conformidad con el mérito y calidad de los trabajos realizados en grado, valor económico del juicio, resultado final del pleito y facultades conferidas al Tribunal, estimo que los honorarios regulados a la representación letrada de la parte demandada, del actor y a la perito contadora son reducidos, por lo que propongo sean modificados y se eleven a las respectivas sumas de $60.000, $42.000 y $25.000 respectivamente (art. 38 LO y normas arancelarias de aplicación; art.3º inc.b) y g) del Decreto 16.638/57). Debe señalarse que la estimación del monto del proceso a los efectos regulatorios, debe ser apreciada por el Tribunal en cada caso en particular, según las circunstancias, procurando conservar la ratio legis que orienta la referencia legal a dicha cuantía, y el grado de responsabilidad profesional por los intereses en juego y el mérito de la labor desempeñada. Dentro del margen de apreciación y discreción que le confiere la ley de aranceles profesionales, el Tribunal debe determinar la «entidad económica del litigio», concepto que, en palabras de la Corte Suprema de Justicia, es indeterminado, por lo que corresponde al intérprete hacer la precisa determinación en cada caso concreto (CSJN, Sentencia del 31 de octubre de 2006, in re «Romero SA s/quiebra s/incidente de revisión p/Fisco Nacional DGI»; en el mismo sentido, Sala I, «Cisneros Emilio Alfredo c/Empresa de Seguridad Unica SRL y otro s/despido, SD 89648 del 20/3/2014), cuestiones que he ponderado en la evaluación del importe detallado a fs.15 por el actor y los rubros que lo componen y que, en el mejor de los casos, hubieran resultado procedentes. En cuanto a la actuación en esta Alzada, regúlanse los emolumentos del letrado firmante de la parte actora y de los demandados en el 25% respectivamente a calcular sobre lo que en definitiva les corresponda percibir por su actuación en la instancia anterior (artículo 14 ley 21.839).

VI. En síntesis, de prosperar mi voto correspondería:1) Confirmar la sentencia apelada con excepción de los honorarios regulados a la representación letrada de la parte demandada y a la perito contadora, los que se elevan conforme a lo dispuesto en el considerando V; y 2) Costas de Alzada en el orden causado (art.68, segundo párrafo CPCCN) y honorarios como se indica en el considerando V.

El Doctor Miguel Ángel Maza dijo:

Que adhiere al voto que antecede, por compartir los fundamentos.

A mérito de lo que resulta del precedente acuerdo,

SE RESUELVE: 1) Confirmar la sentencia apelada con excepción de los honorarios regulados a la representación letrada de la parte demandada y a la perito contadora, los que se elevan conforme a lo dispuesto en el considerando V; y

2) Costas de Alzada en el orden causado (art.68, segundo párrafo CPCCN) y honorarios como se indica en el considerando V. de esta Sentencia.

Regístrese, notifíquese, oportunamente comuníquese (art.4º, Acordada CSJN Nº 15/13) y devuélvase.

Gloria M. Pasten de Ishihara

Jueza de Cámara

Miguel Ángel Maza

Juez de Cámara

Ante m´:

Verónica Moreno Calabrese

Secretaria

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