No acreditada la negligencia, torpeza o incapacidad del profesional, corresponde reumunerar las tareas de asesoramiento referidas a un divorcio

abogadosdolaresPartes: Villegas Mirta Susana c/ Patiño Liliana s/ cobro de sumas de dinero

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil

Sala/Juzgado: I

Fecha: 14-jul-2016

Cita: MJ-JU-M-100137-AR | MJJ100137

Sumario:

1.-Corresponde hacer lugar a la demanda deducida por una profesional letrada contra su ex cliente por tareas de asesoramiento y negociaciones relativas a su futuro divorcio y liquidación de la sociedad conyugal, ya que no se acreditó que la conducta de la profesional fuese de un grado de negligencia, torpeza o incapacidad tal que amerite privarla de su retribución como pretendía la clienta.

2.-Tratándose de un servicio o trabajo que es de la profesión o modo de vida de quien lo presta, debe ser remunerado aunque nada se hubiere pactado al respecto, y no escapa a este principio la labor desempeñada por profesionales abogados, ya sea fuera o dentro del ámbito judicial de acuerdo a lo previsto en el art. 1251 del CCivCom.

3.-Si bien la profesional ha prestado asesoramiento respondiendo a consultas de su clienta y transmitiendo al contrario los deseos de aquella, no puede afirmarse que el acuerdo quedara cerrado con su intervención y esta circunstancia juzgada a la luz del art. 57 del Arancel hace que la entidad de los valores en juego deban ser tenidos en cuenta, no en base a las pautas de que da cuenta el art.58 , sino atendiendo a los términos del art. 6 del Arancel y 1627 del CCiv (Ley 340).

Fallo:

En la Ciudad de Buenos Aires, Capital de la República Argentina, a los 14 días del mes de julio del año dos mil dieciseis, reunidos en acuerdo los señores jueces de la Sala “I” de la Cámara Civil, para conocer de los recursos interpuestos en los autos: “Villegas Mirta Susana c/ Patiño Liliana s/ cobro de sumas de dinero” respecto de la sentencia corriente a fs. 316/318, el Tribunal estableció la siguiente cuestión a resolver:

¿Se ajusta a derecho la sentencia apelada?

Practicado el sorteo resultó que la votación debía hacerse en el orden siguiente: Dras. UBIEDO y GUISADO.

Sobre la cuestión propuesta la Dra. UBIEDO dijo:

I) La sentencia de fs. 316/318 hizo lugar a la demanda deducida por la profesional letrada MSV contra su ex cliente LP, condenándola al pago de la suma de $ 5.000 por tareas de asesoramiento y negociaciones relativas a su futuro divorcio y liquidación de la sociedad conyugal.

Apelan ambas partes expresando agravios la actora a fs. 350/352, los que fueran contestados a fs. 353/354, y la demandada a fs. 356/357, mereciendo la respuesta de fs. 359.

De acuerdo a los términos en que quedara trabada la litis y tenor de los agravios, las partes son contestes en punto a la ejecución de tareas de asesoramiento y conversaciones efectuadas por la actora como abogada de la demandada, relativas a su divorcio y liquidación de bienes de la sociedad conyugal. La labor en cuestión, es descalificada por la demandada quien se agravia por el reconocimiento de una retribución por una tarea ineficiente y considera que la actora carece de derecho a percibir honorarios. Por su parte la letrada afirma que su actividad permitió a la clienta arribar a la partición de los bienes integrantes de la sociedad conyugal en los términos que pretendía y para lo que fuera asesorada por ella pero que finalmente se plasmaron en un acuerdo suscripto en una mediación privada a la que no fuera convocada pues la clienta recurrió a otra letrada.Reprocha el escaso monto determinado por el precio de su labor y pide su elevación.

II) En primer lugar he de sentar algunas premisas a tener en cuenta a los fines de valorar las quejas de ambas recurrentes.

Tratándose de un servicio o trabajo que es de la profesión o modo de vida de quien lo presta, debe ser remunerado aunque nada se hubiere pactado al respecto y no escapa a este principio la labor desempeñada por profesionales abogados. Así, sea que ella se ejerza fuera o dentro del ámbito judicial ( conf. art. 1623 del Código Civil (ley 340) -hoy 1251 del Código Civil y Comercial de la Nación) esta retribución cuenta con el margo legal que brinda el ordenamiento de fondo y el Arancel respectivo (ley 21839) marco legal a tener en cuenta en el análisis, interpretación y aplicación del conflicto de que se trate Es así que, efectuada una labor extrajudicial, y ante la ausencia de un precio ajustado del trabajo y/o desacuerdo deberán ocurrir las partes a la vía judicial donde han de tenerse en cuenta la decidir al respecto los usos y costumbre, precios de plaza, leyes arancelarias propias del servicio de que se trate atendiéndose especialmente a la importancia y calidad de los trabajos . Ello así pues ante todo la retribución que se fije ha de ser justa, proporcionada a la mayor o menor complejidad del caso y a los intereses en juego (conf. normas citadas, v. Código Civil Anotado, de Jorge Joaquín Llambías-Atilio A. Alterini, Ed. Abeledo Perrot T III-B, comentario al art. 1627 doctrina y jurisprudencia allí citadas).

Visto que en el caso de autos, está en discusión la obligación de pago y el monto correspondiente al precio de las tareas efectuadas por consultas e intermediación de la profesional letrada en materia de divorcio y liquidación de sociedad conyugal referidos a la unión matrimonial de la demandada, ha de estarse a lo establecido por arts.57, 58, 6 y concordantes de la ley 21839 y lo normado por el art. 1627 -segunda parte- y conc. del Código Civil -ley 340- ; principio éste mantenido por el nuevo ordenamiento de fondo (art. 1255, ley 26994). Finalmente ante el reclamo judicial del profesional a éste le incumbe la carga de acreditar la ejecución de los trabajos, su entidad y calidad, dificultades del caso en tanto que a la contraria se le impone a su vez el aportar elementos que acrediten aquellos hechos en base a los niega total o parcialmente el derecho a retribución (conf. art. 377 del CPCCN).

III) Sentadas estas premisas cabe destacar que atento los términos en que se encuentra trabada la litis y tenor de los reproches volcados, puede afirmarse que no se controvierte que la demandada consultó a la letrada y le requirió asesoramiento especializado en materia de divorcio y liquidación de la sociedad conyugal. Precisamente no se ha desconocido el intercambio de correos electrónicos entre profesional y clienta ni los mails que la primera y el letrado Rafael Buenavida, abogado del esposo, también se enviaran. Por último, no hay disenso en la celebración y términos del acuerdo al que arribaran ambos cónyuges con fecha 13 de julio de 2011en el marco de una mediación privada que llevaron adelante las partes, asistida la ahora demandada por la Dra. Navas, (v. instrumento que en copia obra a fs. 98).

El conflicto se generó cuando frente a la pretensión de la actora de percibir honorarios por sus servicios, estos fueron descalificados por la clienta por entender que la conducta de la profesional fue ineficiente, morosa y entorpecedora.

La data de los correos electrónicos que intercambiaran actora y demandada (acreditados con las impresiones pertinentes obrantes a fs. 27/72) y no desconocidos por la obligada al pago permite afirmar que durante el período que va de febrero a julio del 2011, la actora recibió consultas de su clienta en materia de divorcio y liquidación de los bienes de la sociedad conyugal existentes durante la vigencia de su matrimonio.También cabe tener por cierto que a ese intercambio se agregaron conversaciones telefónicas y entrevistas personales de la profesional con el letrado del contrario, actividad ésta desempeñada ante el requerimiento de su clienta quien delegó en su letrada las negociaciones por cuanto le manifestó que “de hablar ella personalmente la conversación se desmadraría” (v. 27/29). El testimonio del abogado Buenavita -letrado del ex cónyuge- da cuenta también de que mantuvo conversaciones telefónicas, intercambio de mails y reuniones en su estudio y en el de la letrada, acerca del modo de liquidar los bienes de la sociedad conyugal y marco procesal dentro del cual se concretaría el juicio de divorcio.

Dicho esto considero que no obra en autos prueba suficiente que lleve a mi ánimo la fuerza de convicción suficiente que permita receptar la pretensión de la recurrente demandada ya que no acreditó que la conducta de la profesional fuese de un grado de negligencia, torpeza o incapacidad tal que amerite privarla de su retribución como pretende la quejosa.

Adviértase que, conforme la data del intercambio de correos electrónicos no desconocidos, la actividad fue iniciada a instancias de la clienta y se desarrolló durante el lapso que va de febrero a junio de 2011 (el primero de fecha 24 de febrero -v. fs. 29- en tanto que en el correo del 1 de junio de 2011 asume una intervención personal reclamando una reunión con el letrado de su esposo y una rápida solución al caso (v. fs. 49). El lapso de algo mas de tres meses no aparece excesivo o impropio sino acorde a las circunstancias del caso, índole de la materia en discusión y demás particularidades que surgen del intercambio de correos electrónicos.

Ninguna de las comunicaciones emanadas de la clienta trasunta disconformidad por la actuación de su letrada ni reproche o desconfianza alguna.Por el contrario en forma casi cotidiana mantienen un diálogo de particularidades comunes y propias de una relación entre letrado y cliente y no se extrae de los términos volcados que el asesoramiento condujera a un entorpecimiento de una eventual y posible negociación exitosa ni que el tiempo transcurrido desde el comienzo de la relación hasta que, efectivamente, No coadyuva a los fundamentos defensivos la declaración prestada a fs. 226/228 por Buenavita, letrado del esposo de la clienta aquí demandada quien expresó que “Las primeras tratativas fueron con la Dra. Villegas.; que hubo algunos entredichos que me hicieron pensar que no iba a haber acuerdo.;. que en junio le envié un correo electrónico diciéndole que bajo esas condiciones no iba a haber acuerdo ( resp. a la 5ª); .Yo fuí a su estudio la primera vez ( resp. a la 6a.).Yo no aposté nunca una moneda con que el acuerdo se fuera a firmar porque las tratativas de negociación llevadas adelante por la Dra. Villegas eran inaceptables.

Era un dislate jurídico.;.Le adelanté en esa reunión a la Dra. Villegas que depusiera las pretensiones que su cliente no estaba en condiciones de exigir nada. que era un paso para adelante y otro para atrás.Es en consecuencia que cuando comienzan nuevas tratativas con otra profesional en el mes de junio tampoco creí que íbamos a llegar a un acuerdo. Entonces fuimos avanzando a una velocidad que, con honestidad, yo me estaba yendo y si existía la posibilidad de acordar algo presioné para que se firmara. Los tiempos me jugaban en contra, por lo que para la fecha en que fuera a firmarse el acuerdo yo no iba a estar en el país. le pedí a mi amigo el Dr. Carreras si me podía asistir en la firma de un acuerdo que parecía íbamos a firmar con la contraria.(resp.a la 9ª) . Es que tales dichos no me persuaden de lo afirmado en punto a que el cambio de letrado permitió un rápido acuerdo ni que éste se hubiera logrado gracias a la intervención de otro abogado asesorando a la demandada en esa oportunidad.

Es que el escaso tiempo transcurrido entre el cese y comienzo de la actuación de una y otra profesional me persuaden de que no fue la intervención de la nueva letrada la que llevara a la firma del acuerdo. Adviértase q ue los reclamos por supuestas demoras comenzaron -como señalara- en junio de 2011- ; en tanto que el 30 de junio la actora mantuvo intercambio de correo electrónico con el letrado del contrario v.fs. 64 ) en tanto que el acuerdo se efectivizó el 13 de julio de 2011 en una mediación privada a la que no fuera convocada la actora , concurriendo la clienta con otra profesional. Es indudable entonces -conforme es dable aceptar atendiendo al curso normal de los acontecimientos que se dan en la materia de que las negociaciones habrían ya alcanzado un punto en el que se vislumbraba el fin del conflicto y nada me lleva a la convicción de que fuera exclusivamente la actuación de la nueva abogada y del letrado del ex cónyuge la que permitiera -como se dijera- un rápido y efectivo acuerdo. Menos aún encuentro acreditado que la supuesta demora en arribar a una solución se viera entorpecida por la actitud dilatoria ni consejos o asesoramiento antijurídico o improponible de la letrada y no a la voluntad de la clienta.

Todo acuerdo marca la culminación de un conflicto que al inicio de la intervención de los letrados encuentra a las partes altamente enfrentadas y sin ánimo de ceder en sus reclamos.

De tal suerte, se inicia un derrotero de negociación, mediación, discusiones, entrevistas y en suma un camino que puede ser arduo y complicado, sin que de ello puedan extraerse culpas sea de las partes o de sus asesores y letrados.En rigor, será la actuación de cada uno de los involucrados (partes y profesionales) la que en definitiva conduzca a un resultado que puede ser el acuerdo mismo o bien el comienzo de un proceso judicial.

En este línea del razonamiento, tampoco puede aseverarse que la actuación de la abogada fuera definitoria para arribar al acuerdo ya que si bien éste se suscribió en consonancia con las pretensiones de la clienta volcadas a través de su anterior abogada en el correo electrónico del 30 de junio de 2011 (v. fs. 64) puede afirmarse que su libre voluntad debió ser tomada, al menos en alguna medida, en base al asesoramiento que le prestara la profesional.

En su mérito propicio se confirme el pronunciamiento en cuanto hace lugar a la demanda y paso a considerar lo relativo a los honorarios debidos en concepto de precio por los servicios prestados.

IV) El intercambio epistolar entre profesional y clienta al que me he estado refiriendo daba cuenta de la identidad de los bienes de la sociedad conyugal y me lleva a la absoluta convicción de que encontrándose aún bajo el asesoramiento de la abogada reclamante se venía perfilando un acuerdo. En este sentido se hizo mención en el mail obrante a fs. 58 a los inmuebles sitos en las localidades de Morón e Ituzaingo de la Provincia de Buenos Aires y a U$S 15.000 representativos del valor del rodado Citroen adjudicables a la esposa en tanto que el esposo se quedaría con la chacra, e inmuebles de La Rioja y Montes de Oca (v. mail a fs. 58).

De resultas de lo acordado le fueron adjudicados a la clienta -demandada en autos- el inmueble ganancial sito en Josefina B de Márquez, localidad de Morón, Pcia. de Buenos Aires y U$S 15.000 correspondientes a su porción ganancial del rodado marca Citroen, modelo C 45 puertas, año 2009, Dom. IKT 952. Al esposo se le adjudicó el 50 % ganancial de la chacra ubicada en la localidad de San Andres de Giles Pcia.de Buenos Aires y dos inmuebles 100 % gananciales en la CABA : uno sito en la calle Montes de Oca 961/5/9 y Otro en la calle Humberto Primo 2902/ 3000 esquina Rioja 1104/34.

En lo que aquí interesa a los fines de fijar la retribución de la letrada actora debe tenerse en cuenta al solo efecto indiciario el valor aquellos bienes adjudicados a la demandada. Ello así dado que los trabajos no se encuentran enmarcados en ninguno de los incisos del art. 58 del Arancel; la letrada actora no redactó el proyecto, no participó en la mediación ni actuó en calidad de partidora en los términos de los incs. e) y f) esa norma Es así que si bien estimo que la profesional ha prestado asesoramiento respondiendo a consultas de su clienta y transmitiendo al contrario los deseos de aquella no puede afirmarse que el acuerdo quedara cerrado con su intervención aún cuando finalmente hubiera coincidencia entre lo requerido por la clienta por su intermedio y lo firmado.

Esta circunstancia juzgada a la luz del art. 57 del Arancel hace que ha mi juicio la entidad de los valores en juego deban ser tenidos en cuenta, no en base a las pautas de que da cuenta el art. 58 sino atendiendo a los términos del art. 6 del Arancel y 1627 del Código Civil (ley 340) y a este respecto no puede tenerse en cuenta exclusivamente lo establecido por el inc. a) del art. 6 citado sino también la restantes pautas allí fijadas, tales como la importancia y calidad de los trabajos, eficiencia, incidencia en el resultado final, aplicando para ello un prudente arbitrio.

Obra a fs.169/79 la tasación judicial estimativa correspondiente al inmueble adjudicado a la demandada fijando la perito designada de oficio la suma de U$S 124820 valor al que debe adicionarse la suma de U$S 15.000 representativa del valor del rodado adjudicado al ex cónyuge.

Dicho esto señalo que si bien la pretensión de la ex clienta de no asumir la obligación de pago no es procedente, tampoco es aceptable el reclamo de la actora de percibir por su tarea la suma de $ 85.300 como surge de la CD que obra a fs. 96 remitida a la demandada el 8 de noviembre de 2012. Considero que la etapa de gestiones extrajudiciales que devienen en avenimiento bien pueden equipararse a una etapa de proceso judicial asimilable a las previstas en art. 7 del Arancel. De tal suerte y considerando el valor de tasación del inmueble tasado en diciembre de 2014 por la perito designada en autos, se arriba a un monto de U$S 7690 que conforme cotización de la moneda extranjera (1 U$S / $ 8,40) al momento de la tasación referida representa un honorario mínimo de $ 38.444,56 en tanto que considerando el máximo del arancel conforme pautas citadas, arrojaría un monto de $ 72395. Ello sin dejar de ponderar que conforme lo dispuesto por el art. 57 último párrafo del Arancel, el honorario extrajudicial no puede ser inferior al 50 % de la labor judicial.

Por todo lo expuesto, disposiciones legales citadas y lo establecido por el art. 6 de la ley 21839 los bienes adjudicados y su valor deben ser considerados a título indiciario, aplicando no sólo la pauta del inc. a del art. 6 sino las restantes circunstancias que de él surgen aplicadas conforme una sana crítica y prudente arbitrio.En consecuencia, estimo que los honorarios reclamados deben ser fijados en la suma de $ 20.000.

Por lo expuesto propicio se modifique el pronunciamiento recurrido elevándose los honorarios de la profesional abogada a la suma de $ 20.000, confirmándose todo lo demás decidido que no ha sido objeto de apelación.

En cuanto a las costas de alzada propicio se impongan a la demandada, sustancialmente vencida (conf. art. 68 del CPCCN).

Por razones análogas, la Dra. GUISADO adhiere al voto que antecede.

La Dra. CASTRO no interviene por hallarse en uso de licencia (art. 14, R.L.J.N.) Con lo que terminó el acto.

Se deja constancia de que la publicación de la presente sentencia se encuentra sometida a lo dispuesto por el art. 164 2° párrafo del Código Procesal y art. 64 del Reglamento para la Justicia Nacional, sin perjuicio de lo cual será remitida al Centro de Informática Judicial a los fines previstos por las Acordadas 15/13 y 24/13 de la C.S.J.N.-

MARIA LAURA RAGONI

Secretaria

Buenos Aires, de julio de 2016.

Por lo que resulta de la votación sobre la que instruye el Acuerdo que antecede, se resuelve:1°) Modificar la sentencia apelada elevando los honorarios fijados a Mirta Susana Villegas a la suma de ($.) y confirmar todo lo demás que decide que no ha sido objeto de apelación; 2°) Imponer las costas de alzada a la demandada.

En atención a lo precedentemente decidido y de conformidad con lo dispuesto por el art.279 del código procesal, déjanse sin efecto las regulaciones de honorarios practicadas en la sentencia dictada -en la instancia de grado- a fs.324/328.

En consecuencia, atento lo que surge de las constancias de autos, la labor profesional apreciada en su calidad, eficacia y extensión, la naturaleza del asunto, el monto comprometido, el resultado obtenido, las etapas cumplidas y las demás pautas establecidas en los arts.1, 6, 7, 9, 19, 37, 38 y concordantes de la ley 21.839 modificada por la ley 24.432, regúlense en la suma de ($.) los honorarios de la Dra. Mirta Susana Villegas por su actuación como letrada en causa propia. En la suma de ($.) los de la Dra. María G. González por su actuación como patrocinante y apoderada de la parte actora en las audiencias de fs. 226/228 y 233/236.

Regúlense los honorarios de la letrada patrocinante de la demandada Dra. Viviana Estela Castillo en la suma ($.) y por el incidente decidido a fs.126, regúlense los honorarios de la nombrada en la suma de ($.). Asimismo, regúlense los honorarios de las letradas patrocinantes de la parte demandada Dras.Daniela Elizabeth Buffa y Teresa Lucia Rodríguez en las suma de ($.) para cada una de ellas.

Considerando los trabajos efectuados por los expertos, su incidencia en el resultado del proceso, el decreto ley 7887/55, el art.478 del código procesal y la ley de arancel para abogados de aplicación supletoria, regúlense los honorarios del perito en informática Fernando Daniel Viura en la suma de ($.) y en la suma de ($.) los de la perito arquitecta María Cristina Monroy, a los que deberá descontarse lo ya percibido en concepto de anticipo para gastos.

Teniendo en cuenta lo establecido en el decreto 2536/15 y lo dispuesto en el punto f), del art.2°) del anexo III) del Decreto 1467/11, fíjanse los honorarios de la mediadora Dra. María Beatriz Bustos Rodríguez en la suma de dos mil doscientos cincuenta pesos ($2.250).

Por la actuación en la alzada, atento el interés de batido en ella y las pautas del art. 14 de la ley 21839, regúlense en conjunto los honorarios de las Dras. Mirta Susana Villegas y María G. González en la suma ($.) y los de la Dra. Viviana Estela Castillo en la suma ($.).

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

PAOLA M. GUISADO

CARMEN N. UBIEDO