Apuntes sobre la extinción del contrato de trabajo por jubilación del trabajador

jubilacionesTítulo: Apuntes sobre la extinción del contrato de trabajo por jubilación del trabajador

Autor: Romualdi, Emilio E. – Ver más Artículos del autor

Fecha: 8-sep-2016

Cita: MJ-DOC-10283-AR | MJD10283

Sumario:

I. Proemio. II. Extinción del contrato de trabajo. III. Reingreso del trabajador. IV. Epílogo.

Doctrina:

Por Emilio E. Romualdi (*)

I. PROEMIO

En el presente trabajo, intentaré hacer una síntesis de los temas centrales vinculados a la extinción del contrato de trabajo derivado del ingreso del trabajador al sistema de seguridad social en carácter de acreedor de él.

Es decir, los casos donde el contrato de trabajo que se entiende se celebra por tiempo indeterminado, de acuerdo con el art. 90, párr. 1.° , de la LCT, se extingue porque el trabajador ha llegado, conforme lo dispone el art. 91 de la LCT, a obtener los beneficios del sistema de la seguridad social. Se ha sostenido en la jurisprudencia que «es la manera regular de extinción del contrato de trabajo, porque precisamente este es el plazo incierto previsto en la ley para su extinción por el entero cumplimiento del mismo. El contrato de trabajo se entiende celebrado por tiempo indeterminado y no tiene plazo de duración, extendiéndose hasta el momento en que el trabajador esté en condiciones de gozar de los beneficios que asignan los regímenes de seguridad social, salvo que se configuren algunas de la causales de extinción previstas en la propia Ley de Contrato de Trabajo (art. 91 de la LCT)» (1).

II. EXTINCIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO

El supuesto está previsto en el art. 252 de la LCT, el que dice así: «Cuando el trabajador reuniere los requisitos necesarios para obtener una de las prestaciones de la Ley 24.241 , el empleador podrá intimarlo a que inicie los trámites pertinentes extendiéndole los certificados de servicios y demás documentación necesaria a esos fines.A partir de ese momento, el empleador deberá mantener la relación de trabajo hasta que el trabajador obtenga el beneficio y por un plazo máximo de un año».

»Concedido el beneficio, o vencido dicho plazo, el contrato de trabajo quedará extinguido sin obligación para el empleador del pago de la indemnización por antigüedad que prevean las leyes o estatutos profesionales».

»La intimación a que se refiere el primer párrafo de este artículo implicará la notificación del preaviso establecido por la presente ley o disposiciones similares contenidas en otros estatutos, cuyo plazo se considerará comprendido dentro del término durante el cual el empleador deberá mantener la relación de trabajo».

Conforme la normativa transcripta, hay que destacar las siguientes cuestiones:

1. En primer lugar, para poder intimar al trabajador, conforme el texto de la ley, este debe estar en condiciones de obtener una de las prestaciones previstas en la Ley 24.241.

– En este sentido, la norma aparece como temporalmente disociada con la realidad o al menos con la estructura actual de las prestaciones de la ley previsional. Ello así, dado que la redacción del artículo introducida con la reforma de la Ley 24.437 (art. 6 ) está vinculada con el original sistema de la ley previsional, que preveía la capitalización individual del trabajador más la prestación básica universal.

Ahora bien, al dejarse sin efecto tal sistema y retomar el sistema de reparto mediante la Ley 26.425 , la norma quedó con una redacción poco favorable para el trabajador, ya que en su anterior redacción el artículo preveía que la intimación podría efectuarse cuando el trabajador estaba en condiciones de obtener el máximo del haber jubilatorio de la categoría a la que estuviera aportando.En ese contexto, había un requisito adicional a la edad a partir de la cual se podía jubilar y el máximo de edad de prestación de servicios que claramente tenía como objeto tutelar al trabajador a fin de que no sufra un perjuicio en su haber previsional. En ese margen temporal, como dije, el empleador solo podía compeler al trabajador en la medida que este estaba en condiciones de obtener el máximo posible de su haber jubilatorio, lo que implicaba una protección indudable a los derechos del trabajador y la finalidad del sistema de la seguridad social (2).

Entonces, es en ese contexto donde hay que analizar el precedente «Fernández» (3) dictado por la Corte Suprema nacional, ya que su dictado se enmarca en el contexto de la anterior redacción del art. 252 de la LCT, ya que expresamente sostuvo que no cabía esgrimir la violación de garantías constitucionales del texto de la Ley de Contrato de Trabajo con fundamento en la desprotección del régimen previsional para el trabajador. Asimismo entendió en dicha causa el Máximo Tribunal nacional que dicha norma no afectaba el derecho de igualdad consagrado en el art. 16 de la CN el tratamiento diferenciado que el art. 252 de la LCT da al trabajador que reúne los requisitos para obtener el máximo del haber de jubilación ordinaria respecto de otras formas de extinción del contrato de trabajo.

En definitiva, lo que estoy diciendo es que, con la actual redacción, a partir de que el trabajador llega al umbral de edad jubilatoria, este puede ser intimado a iniciar los trámites aun cuando no tenga la posibilidad de acceder al máximo del haber por la categoría por la cual aporta (4) -más allá de las dificultades prácticas para determinarlo-. Esto implica un perjuicio injustificado, lo que me induce a proponer una reforma en tal sentido.- Es claro que el empleador solo puede realizar el emplazamiento cuando el trabajador está en condiciones de obtener el beneficio jubilatorio y, de no tener seguridad sobre su procedencia, debe requerirle al trabajador o a los entes de la seguridad social la información necesaria a tal fin.

Ahora bien, el deber de buena fe obliga al trabajador a poner en conocimiento de su empleador, una vez que recibe la intimación de iniciar los trámites jubilatorios, si reúne o no los requisitos para acceder a la jubilación ordinaria íntegra. Se ha dicho que «la omisión de toda objeción en ese momento pudo persuadir a la demandada acerca de la procedencia de la intimación y del comienzo del plazo establecido por el art 252 de la LCT. Son extemporáneas las manifestaciones que mencionan las carencias a fin de obtener el beneficio una vez que la empleadora notificó la rescisión del vínculo por haber transcurrido el plazo legal» (5).

Ahora bien, se ha sostenido -en cuanto hay regímenes de excepción que habilitan a jubilarse con anterioridad a las previsiones de la Ley 24.241- que no está legitimado el empleador para intimar al actor en los términos del art. 252 de la LCT, cuando el trabajador no está aún en condiciones de acceder al beneficio previsto en la Ley 24.241 y existe un régimen de excepción que habilita en favor del trabajador una opción en su exclusivo beneficio.

2. En segundo lugar, hay que considerar que el plazo por el que debe intimarse es de un año. Este plazo contiene al de preaviso conforme la reforma introducida por la Ley 21.659. En este sentido, es claro que los plazos solo se computan desde la extensión y entrega al trabajador de los certificados y no desde la fecha en la que el trabajador es notificado (6).

Ha entendido la jurisprudencia «que la omisión de alguna de estas cargas -intimación y entrega de los certificados previstos en el art. 12, inc.g , de la Ley 24.241- impide el inicio del cómputo del plazo. Sin embargo, si el trabajador consideró en su momento que las certificaciones entregadas por su empleador no se ajustaban a la realidad, el deber de buena fe le exigía hacerlo saber al mismo e intimar en tal sentido, pues al haberlas recibido sin objeción y luego haber obtenido finalmente el beneficio jubilatorio, obvio resulta que la demandada se encontraba asistida de derecho a poner fin al vínculo en los términos del art. 253 LCT, como lo hiciera, ya que ninguna prueba se produjo en autos que permita siquiera inferir que se había pactado la prosecución del vínculo con posterioridad a la jubilación» (7).

Ahora bien, se ha sostenido que si el accionante inició los trámites jubilatorios por su propia voluntad, sin que mediara al respecto emplazamiento previo de la empleadora, la situación «no puede subsumirse en el dispositivo creado por el art. 252 LCT, en la medida en que su operatividad resulta inescindible de la requisitoria del principal al dependiente para promover la obtención de la jubilación» (8).

En este sentido, me parece que es claro que es un plazo máximo, pero que el otorgamiento del beneficio previsional extingue el contrato. En este sentido, tanto en el precedente «Liptak Ghiloni» (9), como en los sucesivos precedentes (10), la SCBA le ha dado al otorgamiento del beneficio previsional el carácter de extintivo del contrato de trabajo sin que sea necesaria una comunicación de las partes a partir de la vigencia de la Ley 24.241 (11). Este mismo criterio surge del plenario 321 de la Cámara Nacional del Trabajo del voto de la mayoría, que así lo confirma:«… el acceso al beneficio jubilatorio produce la extinción automática del vínculo laboral» (12), ya que «otorgado el mismo para acceder al beneficio jubilatorio, el trabajador debe cesar en toda actividad en relación de dependencia [ver Ley 24.241 en su texto anterior que prohibía seguir trabajando y la modificación habilitante que introdujo la Ley 24.347 que, pese a permitir seguir trabajando, habla de reingreso (art. 34 , Ley 24.241)] y ello así, en tanto el momento de la efectiva cesación de servicios cristaliza el derecho aplicable para el otorgamiento del beneficio (cfr. CS: «Cadorini, Roberto A. s/ jubilación», Sent. del 7/10/1966, C443.XV, DT, 1968-175)» (13).

– De todos modos, no debe perderse de vista que, en realidad, estamos frente a un plazo extraordinario de preaviso en el cual el empleador debe necesariamente otorgar tareas al trabajador.

En este contexto, cabe analizar diferentes supuestos vinculados con la posibilidad de un accidente o enfermedad inculpable. En este sentido, se ha sostenido en la SCBA que acreditado que se encuentra «incapacitado totalmente el trabajador para desempeñar cualquier tipo de labores a la época de la extinción del vínculo, la causal invocada en esa oportunidad para resolver el contrato resulta indiferente ni es óbice para que proceda la indemnización que se pretende por la circunstancia que el trabajador estuviere prestando servicios hasta la fecha del cese ocurrido por renuncia para acogerse a los beneficios de la jubilación» (14). La jurisprudencia en la ciudad de Buenos Aires ha tenido un criterio similar (15).

Ahora bien, ¿qué ocurre si el trabajador se enferma o sufre un accidente y goza del plazo de protección legal previsto en el art. 208 de la LCT y lo dispuesto por el art. 239 de la LCT?En la actualidad, el criterio que parece primar -muy razonablemente- es que no se suspende el plazo del año en razón de la enfermedad o accidente inculpable, dado que este preaviso no tiene la finalidad que el trabajador busque un nuevo empleo y, por tanto, el trámite administrativo no se ve impedido de avanzar por el infortunio del trabajador.

Finalmente, en cuanto a la ampliación consensuada del plazo de manera expresa o tácita, se sostuvo que el hecho de que las partes hayan acordado continuar la relación después de vencido el plazo legal de un año, no importa renuncia del empleador al derecho que le acuerda el art. 252 de la LCT de considerar extinguido el contrato sin obligación de abonar las indemnizaciones por despido, sobre todo teniendo en cuenta que esa prórroga se ha producido en interés de las dos partes y que la intención de renunciar no se presume, y la interpretación de los actos que induzca a probarla debe ser restrictiva. Pero no corresponde el rechazo de toda indemnización, pues el vacío normativo debe resolverse aplicando por analogía el art. 253 de la LCT, que prevé el pago de las indemnizaciones comunes para el trabajador jubilado que vuelve a la actividad, computando como antigüedad el tiempo de servicio posterior al cese (16).

La SCBA no tiene precedentes (o no los he encontrado) sobre el particular, pero puede inferirse de varios de sus precedentes en temas análogos de representación sindical que seguiría el criterio antes expuesto (17).

3. Otro aspecto para analizar es si el trabajador tiene fueros sindicales. En este sentido, en consonancia con lo dicho al principio de este artículo que el art. 91 de la LCT dispone que el contrato por tiempo indeterminado dura hasta que el trabajador se encuentre en condiciones de gozar de los beneficios que le asignan los regímenes de seguridad social. Coherente con ello, el art. 252 de la LCT legisla sobre una causal de extinción objetiva e independiente de la protección de los representantes gremiales.Así entonces, la tutela sindical, tal como lo destaca Néstor Corte, no es absoluta en sus alcances y ha sido limitada para compatibilizarla con los derechos e intereses que el legislador ha considerado necesario garantizar a la parte empleadora y que se refieren al ejercicio legítimo de facultades o poderes (de dirección, de organización, disciplinario) del titular de la empresa, o incluso en situaciones en las que está en juego la subsistencia de dicha empresa (cfr. El modelo sindical argentino, Rubinzal-Culzoni, p. 474). Por ello, el mero hecho de que un grupo colectivo elija un representante no significa la derogación del art. 252 de la LCT y, por ende, la representación no tiene efectos para otorgar ultraactividad a un contrato que está llamado a regir hasta el acceso a la pasividad, de acuerdo con lo previsto por el ya citado art. 91 de la LCT (18). Sin embargo, ello no obsta a que por imperativo en la Ley de Asociaciones Profesionales de Trabajadores, salvo en el caso previsto en su art. 51 , en todos los demás supuestos en que el empleador pretenda adoptar una medida respecto de un trabajador amparado por la Ley 23.551 debe promover la acción de exclusión, incluso cuando se trata de decisiones que intenten ampararse en lo dispuesto por el art. 252 de la LCT; y en caso de que así no proceda, la medida resulta nula toda vez que la escisión patronal puesta en marcha por la demandada procura, en definitiva, la extinción del contrato. Por ende, no está excluida del diseño tutelar ya descripto y, para ser posible su puesta en práctica, la empresa debe transitar el procedimiento del art. 52 LAS para procurar demostrar en ese cauce judicial previo que existe la justa causa de extinción que invoca y que el art. 252 de la LCT tipifica, descartando así el peligro de una medida antisindical.«Así, aunque la existencia de una representación sindical no otorga ultraactividad a un contrato que está llamado a regir solo hasta el acceso a la pasividad (conf. art. 91 de la LCT) es necesario transitar el sistema de exclusión de la garantía previsto por la ley» (19).

Ahora, en cuanto al trabajador pronto a jubilarse, ha sostenido la jurisprudencia que el art. 41 de la Ley 23.551 establece las exigencias para acceder a la representación y no prevé un obstáculo referido a la proximidad de la jubilación. No existe ninguna norma que impida la postulación y la eventual elección de un trabajador por el mero hecho de que esté en condiciones de acceder a la pasividad y las exigencias del artículo citado no solo son taxativas, sino que deben ser interpretadas con carácter restrictivo, ya que está vedado tanto a los poderes públicos como a los empleadores, limitar la autonomía de las asociaciones sindicales, de conformidad con lo establecido de una manera intensa y terminante por el art. 6 de la referida disposición legal (20).

De modo tal que, si el empleador quiere ejercer su facultad de intimar al trabajador en estas condiciones, debe promover la acción de exclusión de tutela.

III. REINGRESO DEL TRABAJADOR

El art. 253 de la LCT contempla el supuesto de un trabajador que reingresa a trabajar una vez concedido el beneficio. En este sentido, el artículo mencionado dice lo siguiente: «En caso de que el trabajador titular de un beneficio previsional de cualquier régimen volviera a prestar servicios en relación de dependencia, sin que ello implique violación a la legislación vigente, el empleador podrá disponer la extinción del contrato invocando esa situación, con obligación de preavisarlo y abonar la indemnización en razón de la antigüedad prevista en el artículo 245 de esta ley o en su caso lo dispuesto en el artículo 247 ».

Ha sostenido la jurisprudencia que la norma prevista en el art.253 de la Ley de Contrato de Trabajo no puede interpretarse con abstracción de lo decidido por el legislador al contemplar la hipótesis de la extinción por jubilación del trabajador (art. 252 de la ley ya citada), que ante su configuración excluye la procedencia de la indemnización por antigüedad; por lo tanto, al prescribir aquella, contemplando el reingreso, que en el caso de despido ulterior solo debe computarse como antigüedad el tiempo de servicios posterior al cese, ha querido evitar que se indemnice al trabajador teniendo en cuenta los mismos períodos de trabajo en virtud de los cuales logró obtener el beneficio jubilatorio (21).

Como anticipamos, este criterio también es seguido en la Cámara de Trabajo de la ciudad de Buenos Aires en el precedente «Couto de Capa» .

De este modo, se ha dicho que el art. 253 de la LCT manda computar como antigüedad el tiempo de servicios posterior al cese, expresión que claramente comprende los supuestos en los que no ha mediado interrupción apreciable entre la finalización de una relación y el comienzo de la otra. Si la intención hubiera sido excluirlos, hubiera dicho «correspondiente al segundo contrato» o un anunciado similar (22), criterio ratificado plenamente en el precedente «Couto de Capa» ya citado con anterioridad.

El fundamento de la interpretación es que, como ha dicho Vázquez Vialard (23), «la indemnización por despido es una patrimonialización del tiempo de servicios», ella ya se ha producido con el acceso al goce de la jubilación por parte del trabajador, y una nueva patrimonialización por el tiempo de servicio anterior, en el caso del jubilado que reingresa y es despedido, implicaría una duplicación se tuviera en cuenta todo el período anterior al cese. A partir de la sanción de la Ley 24.347 se han zanjado las disímiles interpretaciones al respecto, al computarse solo el período posterior a la obtención del beneficio.Esta norma favorece el trabajador jubilado, que ahora se ve posibilitado de laborar con su antiguo empleador, quien, de lo contrario, probablemente no hubiera seguido utilizando su prestación si corría el álea de tener que indemnizar toda la antigüedad del empleado, contando la misma desde su primer ingreso y no desde el reingreso (24).

IV. EPÍLOGO

Como sugiere el mismo título, esta es una serie de «apuntes» sobre diversos supuestos subsumibles en las normas, brevemente desarrollados en este trabajo. Como siempre no pretende ser una respuesta totalizadora del problema, sino una guía básica de temas a partir de los cuales el lector puede analizar su eventual caso en estudio.

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(1) SCBA, LP L 82908, 5/3/2008, «Balda, Néstor Jesús c/ Automóvil Club Argentino s/ Indemnización despido».

(2) CNAT, Sala IV, Sent. 75.722, 19/7/1996, «Zárate, Ernesto c/ Cons. Prop. Anchorena 1238/40 s/ despido».

(3) CSJN, 10/6/1992, «Fernández, Eduardo c/ T. A. La Estrella S. A.».

(4) CNAT, Sala III, Expte N.° 24806/1997, Sent. 78.871, 14/5/1999, «Wanbaum, Ro S. A. c/ Asociación Israelita de Beneficencia y Socorros Mutuos EZRAH s/ despido».

(5) CNAT, Sala VIII, Expte. N.° 14.884/2001, Sent. 30.925, 26/11/2002, «Álvarez García, Nery c/ Cons. Prop. Sarmiento 2195/99 s/ despido».

(6) CNAT, Sala III, Expte. N.° 19.693/2002, Sent. 85.731, 31/3/2004, «Guaraz, Rubén c/ Lamiscar S. A. s/ despido»; CNAT, Sala I, Expte. N.° 11.955/2000, Sent. 77.906, 23/4/2001, «Priede, Aman Cía. c/ Mario A. Salles S. A. s/ despido».

(7) CNAT, Sala III Expte. N.° 24.088/2001, Sent. 84883, 30/5/2003, « Asonovic, Antonio c/ Química Pichel S. A. s/ despido».

(8) CNAT, Sala II, Expte N.° 3345/00, Sent. 90.295, 27/3/2002, «Salaar, Alejo c/ Talleres Navales Dársena Norte S. A. s/ despido».

(9) SCBA, LP, L. 87039, 5/5/2010, «Liptak Ghiloni, Enrique c/ Roberto L. Bottino S. A. C. I. F.s/ Indemnización por antigüedad», MJJ55813.

(10) SCBA, LP, L. 11.2734, 20/3/2013, «Cachero, José Román c/ Televisión Federal S. A. (Telefé S. A.) s/ Indemnización por despido», MJJ79211 .

(11) Este es el fundamento central por el que dejan sin efecto la doctrina legal del precedente «Frigerio, Domingo Luis c/ Caja de Previsión y Seguro Médico de la Provincia de Buenos Aires s/ Diferencia indemnización por despido», MJJ34736 , dado que este se dicta con vigencia de la Ley 18.037 y en el que debía existir un acto real de interrupción del contrato de trabajo, ya que, caso contrario, «la indemnización por antigüedad que corresponde abonar al trabajador jubilado que con anterioridad a la obtención del beneficio previsional continuó desempeñándose a las órdenes del mismo empleador -sin cese- hasta su despido injustificado, debe determinarse computando también los servicios prestados desde el comienzo de la vinculación entre las partes -es decir, los anteriores a su estado jubilatorio- y hasta la finalización de la relación por su egreso definitivo por cesantía sin causa (art. 245 de la LCT)».

(12) CNAT, plenario 321, 5/6/2009, «Couto de Capa, Irene Marta c/ Areva S. A. s/ Ley 14.546», voto de la mayoría, MJJ44276 .

(13) Ibídem.

(14) SCBA, LP, L. 80.204, 2/6/2004, «Di Tomaso, Osmar Simón c/ Firestone de la Argentina S. A. y otro s/ Indemnización». Ley 23.643 y art. 212, párr. 4.º de la Ley de Contrato de Trabajo.

(15) CNAT, Sala III, 24/2/2004, «Pedreira, Néstor c/ Transportes José Beraldi S. A. s/ ind. art. 212», MJJ34694 .

(16) CNAT, Sala VI, Expte N.° 14.684/2001, Sent. 55.555, 30/10/2002, «Andrada, Claudio c/ Arte Gráfico Editorial Argentino S. A. s/ despido».

(17) SCBA, LP, L. 108.222, 28/8/2013, «Márquez, Marta L. c/Municipalidad de San Fernando s/ Reinstalación», MJJ82480 ; SCBA, LP, L.114.103; 27/8/2014, «Ramírez Hernández, Fabio Francisco y otro contra Municipalidad de Pilar. Reinstalación», MJJ88854 .

(18) CNAT, Sala VII, Expte. N.° 148/04, Sent. 38.696, 23/8/05, «Terminal 4 S. A. c / Romero, Luis s/ juicio sumarísimo».

(19) CNAT, Sala II, Expte. N.° 5562/2007, Sent. 95.487, 21/12/2007, «Sciolini, Osvaldo c/ Cons. de Propietarios, Arribeños 1610 s/ juicio sumarísimo»; FG: Dictamen N.° 36.779, 26/9/03, Expte. N.° 34.550/2002 «Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires c/ Villa, Juan c/ juicio sumarísimo»; CNAT, Sala VII, FG Dictamen N.° 33.245 27/2/2002, Expte N.° 12.408/2001, «Finadi et S. A. c/ Canal, Pedro s/ sumarísimo». CNAT, Sala III, FG: Dictamen N.° 36.488, 18/7/2003, Expte. N.° 10.077/2003, «Cielos del Sur S. A. c/ Ministerio de Trabajo s/ Ley de Asoc. Sindicales», CNAT, Sala VII.

(20) FG, Dictamen N.° 36.488, 18/7/2003, Expte. N.° 10.077/2003, «Cielos del Sur S. A. c/ Ministerio de Trabajo s/ Ley de Asoc. Sindicales». CNAT: Sala VII.

(21) SCBA, LP, L. 112.734, 20/3/2013, «Cachero, José Román c/ Televisión Federal S. A. (Telefé S. A.) s/ Indemnización por despido».

(22) CNAT, Sala VIII, Expte. N.° 1118/2000, Sent. 29.950 14/8/2001, «Lorenzo, Nélida c/ Buenos Aires Lab. S. R. L. y otro s/ despido», MJJ33050 ; CNAT, Sala II, Expte. N.° 3384/2000, Sent. 89.741, 21/9/2001, «Alegre, Bernardino c/ Talleres Navales Dársena Norte S. A. s/ despido».

(23) VÁZQUEZ VIALARD, Antonio: Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Buenos Aires, Astrea, p. 394.

(24) CNAT, Sala IX, Expte N.° 23.282/1996, Sent. 7703, 26/6/2000, «Aguilar de Aragona, Gladis c/ Obra Social del Personal de Jaboneros y otro s/ despido».

(*) Doctor en Derecho y Ciencias Sociales, UK. Juez del Trabajo, Provincia de Buenos Aires. Profesor Titular, Escuela de Graduados de UK. Profesor Titular de Derecho Procesal Civil y Comercial, UK. Profesor Titular, UCALP. Miembro de la Asociación de Magistrados del Trabajo de la República Argentina y de la Asociación de Magistrados y Funcionarios del Trabajo de la Provincia de Buenos Aires. Autor de publicaciones sobre temas de su especialidad.