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Habiendo existido una relación laboral directa entre la empresa usuaria y el dependiente, ambas empresas resultan responsables para las obligaciones derivadas del contrato.

CertificadoLaboralPartes: Almada Guillermo Rubén c/ Gelre Servicios Empresarios S.A. y otro s/ despido

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo

Sala/Juzgado: X

Fecha: 5-oct-2015

Cita: MJ-JU-M-95603-AR | MJJ95603 | MJJ95603

Habiendo existido una relación laboral directa entre la empresa usuaria y el dependiente, ambas empresas resultan responsables para las obligaciones derivadas del contrato.

Sumario:

1.-Corresponde confirmar que la relación que unió a las partes fue un contrato por tiempo indeterminado (art. 90 LCT.), toda vez que no se acreditó la eventualidad o extraordinariedad de las tareas, ya que ninguna prueba han aportado las demandadas de la que se vislumbre que el actor fue contratado para efectuar tareas transitorias, excepcionales o que se debieran a una exigencia especial en el establecimiento de la real empleadora.

2.-Toda vez que, teniendo en cuenta que el principio general establecido en la LCT es el contrato por tiempo indeterminado (art. 90 LCT.), correspondía a las accionadas la prueba de las circunstancias fácticas que justifiquen la adopción de esa supuesta contratación excepcional, y siendo que no lo han logrado, debe confirmarse que el caso encuadra en el supuesto previsto en el primer párrafo del art. 29 de la LCT. en cuanto dispone como regla general que los trabajadores han sido contratados por terceros con vista a proporcionarlos a otras empresas, deben ser considerados empleados directos de quien utilice su prestación.

3.-Puesto que no se verifica que las prestaciones efectuadas por el trabajador sean de naturaleza eventual dado que no se probó que la contratación obedeciera a la necesidad de cubrir exigencias extraordinarias y transitorias de labor, ni se demostró la causa objetiva que justifique la adopción de la contratación que pretende hacer valer la accionada, permite tener por configurada la situación contemplada por el art. 29 -1º y 2º párr..- de la LCT.; máxime siendo que el trabajador prestó servicios durante casi ocho años en forma ininterrumpida.

Fallo:

Buenos Aires, 05/10/15

El Dr. GREGORIO CORACH dijo:

Llegan estos autos a la alzada a propósito de los agravios que contra el pronunciamiento de primera instancia interpuso la codemandada Gelre Servicios Empresarios SA a fs. 116/118, mereciendo réplica de su contraria a fs. 125/127.

Se agravia la accionada Gelre Servicios Empresarios SA por la procedencia de la acción incoada. Señala que el actor se desempeñó a través de un contrato eventual en Wildcat SA como operario permanente discontinuo y que el 31 de mayo de 2011 renunció razón por la que el vínculo laboral quedó extinguido. Cuestiona la valoración de las pruebas obrantes en autos. Se queja por la extensión de la condena en forma solidaria. Recurre la procedencia de las multas previstas en el art. 2 de la ley 25.323, arts. 9, 10 y 15 de la ley nacional de empleo y art. 45 de la ley 25.345. Finalmente apela las costas y los honorarios regulados en la instancia de origen por considerarlos elevados.

No es motivo de controversia el hecho que la demandada Gelre S.E. S.A. contrató al actor para que prestara tareas para Wildcat S.A. y que el Sr. Almada se desempeñó como operario para esta última desde el 3 de febrero de 2004 (ver fs. 30, fs. 53).

El accionante afirma que el 1 de junio de 2011 comenzó a trabajar bajo las órdenes de Wildcat SA hasta el momento en que se consideró despedido, esto es el 17 de diciembre de 2012.

Sentado ello y respecto de la modalidad de contratación invocada por las codemandadas en el inicio que fuera motivo de agravio por las mismas (esto es: contrato eventual con fundamento en los arts. 75 a 80 L.N.E.), debo apuntar que, teniendo en cuenta que el principio general establecido en la LCT es el contrato por tiempo indeterminado (art.90 LCT) correspondía a las accionadas la prueba las circunstancias fácticas que justificarían la adopción de esa supuesta contratación excepcional, extremo que -a mi ver- no han podido lograr (art. 92 LCT y art. 377 CPCCN).

Ahora bien, advierto que la accionada Gelre Servicios Empresarios SA en este sentido, no realizan una crítica concreta, razonada y pormenorizada de los fundamentos vertidos en la sede de origen (conforme lo exige el art. 116 de la LO). En efecto, la recurrente no aporta nuevos elementos de valor y consideración capaces de desvirtuar los sólidos argumentos esgrimidos por la sentenciante «a quo». Nótese que no ataca concretamente los fundamentos vertidos con sustento en lo dispuesto por los arts. 29 de la ley de contrato de trabajo y art. 72 de la ley 24.013.

En la especie, analizada la postura asumida por las partes así como los elementos probatorios obrantes en autos, concluyo -coincidiendo con la sentenciante anterior- en cuanto a que el caso de autos encuadra en el supuesto previsto en el primer párrafo del art. 29 de la LCT en cuanto dispone como regla general que «los trabajadores que habiendo sido contratados por terceros con vista a proporcionarlos a las empresas, serán considerados empleados directos de quien utilice su prestación». El último párrafo del citado art. 29 de la L.C.T. reconoce una excepción al precitado principio general cuando la contratación se efectúa a través de una empresa de servicios eventuales (supuesto de autos según surge del relato inicial) siendo, además, indispensable que las prestaciones efectuadas por el trabajador sean de naturaleza eventual; circunstancia que no se verifica en la especie dado que no se probó que la contratación del actor por parte de Wildcat SA obedeciera a la necesidad de cubrir exigencias extraordinarias y transitorias de labor, ni se demostró la causa objetiva que justifique la adopción de la contratación que pretende hacer valer la accionada; todo lo cual -como adelanté- permite tener por configurada la situación contemplada por el art.29 -1º y 2º párrafo- de la L.C.T.

Resulta relevante destacar que de los elementos obrantes en la causa no surge que el actor suscribiera un contrato de trabajo eventual que cumpliera con la totalidad de los requisitos exigidos por las prescripciones previstas en los arts. 29 y

29 bis de la ley de contrato de trabajo. Véase que dicho instrumento no fue acompañado por ninguna de las partes, por lo que su postura carece de sustento.

A esta altura del relato estimo oportuno señalar que, es criterio de esta Sala que cuando lo que se suministra es la prestación por parte del trabajador de servicios que en sí mismos son permanentes (como ocurre en la especie), la relación cae bajo el principio general que rige a la sub-empresa de mano de obra: se establece una relación directa y permanente con el empresario que utilizó los servicios del trabajador, sin perjuicio de la responsabilidad solidaria del intermediario (en este sentido ver SD 8724 del 29/9/00 «Cedeira Nancy c/ Edenor SA y otro s/ despido», citado en el pronunciamiento de grado, SD 15521 del 24/9/07 «Torres, Silvia c/ Falabella SA y otro s/ despido» más actual SD 16399 28/11/2008 «Cruz Pamela Silvina c/ Citibank NA s/ despido», entre muchos otros).

Sobre el punto cabe resaltar que el trabajador prestó servicios para Wildcat SA -ininterrumpidamente- durante un casi ocho años aproximadamente, excediéndose, de ese modo, ampliamente el plazo máximo autorizado por el art. 72 de la ley 24.013 para las contrataciones eventuales.

A ello añado que, no obran en el sub examine elementos que corroboren el cumplimiento de los requisitos exigidos en la ley nacional de empleo (arts. 75 a 80) y en el decreto 1694/06 (modificatorio del decreto reglamentario 342/92).

Frente a lo manifestado por la quejosa en torno a la renuncia efectuada por el demandante, cabe destacar que las constancias probatorias obrantes en autos (en especial los testimonios de Perez -fs. 87- y Conde -fs.89-) dan cuenta de que el actor trabajó en forma continua e ininterrumpida para Wildcat SA -habiendo sido contratado a través de Gelre Servicios Empresarios SA- desempeñando las mismas tareas, en el mismo lugar de trabajo, con los mismos días y horarios e idéntica remuneración durante casi ocho años; razón por la que la renuncia realizada el 31 de mayo de 2011 -en estas circunstancias- carece de relevancia.

En efecto, en el particular caso de autos ello no obsta a la procedencia del reclamo por cuanto por un lado en nuestra materia rige el principio de primacía de la realidad por el que la realidad de los hechos debe prevalecer sobre la apariencia contractual. Es decir, en materia de derecho del trabajo lo que cuenta es la verdadera situación creada. Corresponde al juzgador determinar, en base a los hechos que considera probados, la naturaleza jurídica del vínculo, sin que la apariencia real disimule la realidad (conf. SCBA, 9-11-77, Ac.23767). Y por otra parte, en lo que aquí interesa, -como señalara precedentemente- no se ha demostrado fehacientemente la eventualidad o extraordinariedad de las tareas desarrolladas por Almada para el Wildcat S.A.

Repito, la prueba aportada en la especie no se evidencia la causa objetiva que justifique la adopción de la contratación que pretende hacer valer la accionada.

Ninguna prueba han aportado las demandadas de la que se vislumbre que el demandante fue contratado para efectuar tareas transitorias, excepcionales o que se debieran a una exigencia especial en el establecimiento de Wildcat S.A.

De acuerdo a lo expuesto, y toda vez que no se acreditó la eventualidad o extraordinariedad de las tareas, coincido con lo decidido por la magistrado de grado en cuanto debe considerarse que la relación que unió a las partes era un contrato por tiempo indeterminado (art.90 LCT), confirmando este segmento de la queja, en tanto lo único relevante son las circunstancias fácticas efectivamente constatadas, y no las apariencias que se hubieren exteriorizado.

En suma, toda vez que efectivamente existió en el caso una relación laboral directa entre la empresa usuaria Wildcat SA y el Sr. Almada más allá del marco regulatorio que le hayan dado las partes en el inicio y, en consecuencia, teniendo en cuenta lo prescripto por el art. 29 LCT, tanto el tercero intermediario, en este caso Gelre Servicios Empresarios SA, como quien utilice la prestación -el que a la luz de lo resuelto, resulta ser el empleador directo- resultan solidariamente responsables para las oligaciones derivadas del contrato, por lo que corresponde confirmar en este aspecto, el decisorio apelado.

La misma suerte correrá el agravio articulado en lo que respecta a la multa prevista en el art. 45 de la ley 25.345, los agravamientos indemnizatorios contemplados en la ley nacional de empleo y sanción establecida en el art. 2 de la ley 25.323.

Al respecto, observo que contrariamente a lo indicado por la recurrente en el memorial recursivo, el accionante cumplió con la intimación requerida en el art. 80 de la LCT (ver fs. 98 y fs. 99) y en el art. 2 de la ley 25.323 (ver fs. 97). Además, efectuó la comunicación dispuesta en el art. 11 de la ley 24.013 (ver fs. 14) dando así observancia a los requisitos exigidos por las normativas reseñadas.

Por aplicación del art. 29 de la L.C.T. ambas empresas -Gelre Servicios Empresarios SA como contratante y Wildcat S.A.como usuaria de los servicios prestados por el actor- resultan solidariamente responsables de las obligaciones contraídas con los trabajadores y la seguridad social, entre las que se encuentran las indemnizaciones previstas por los textos citados.

Consecuentemente, toda vez que el demandante intimó fehacientemente a quien resultó ser su verdadero empleador -Wildcat SA-, en el caso deben tenerse por cumplidas las exigencias requeridas por las normas antes mencionadas.

Tampoco arrima en esta oportunidad argumentos valederos que tornen viable la pretensión entablada en torno a la reducción de la indemnización del art. 2 de la ley 25.323.

Digo así, puesto que en el caso concreto no encuentro motivo válido que haya sido esgrimido para atenuar o eximir la condena respecto de la indemnización prevista en dicho artículo, por lo cual no media fundamento alguno que justifique la conducta del empleador en el no pago de las indemnizaciones previstas por la ley.

De acuerdo con lo dicho, propongo mantener lo dispuesto por la sentenciante de grado en orden a la condena establecida por el art. 2 de la ley 25.323.

Atento la forma de resolver y toda vez que no encuentro motivo suficiente para apartarme del principio que rige en materia de costas, sugiero confirmar lo decidido en la etapa de grado (conforme art. 68 del CPCCN).

Respecto a los honorarios regulados en la instancia anterior a todos los profesionales intervinientes, teniendo en cuenta las tareas desarrolladas y las pautas arancelarias vigentes, estimo que los mismos lucen razonables y ajustados a derecho por lo que propicio su confirmación (art. 38 LO).

Propongo imponer las costas de alzada a la quejosa vencida, atento la forma de resolver el recurso interpuesto (art. 68 del CPCCN), regulándose los honorarios de la representación y patrocinio letrado de las partes actora y demandada Gelre Servicios Empresarios S.A. en el 25%, de lo que les corresponda percibir por su actuación en la anterior instancia (art. 14 ley arancelaria).

En definitiva, de prosperar mi voto correspondería:1) Confirmar la sentencia de primera instancia en todo lo que ha sido materia de recursos y agravios,

2) Imponer las costas de Alzada a la quejosa vencida (art. 68 del CPCCN), 3) Regular los honorarios de la representación y patrocinio letrado de las partes actora y demandada Gelre Servicios Empresarios S.A. en el 25%, de lo que les corresponda percibir por su actuación en la anterior instancia (art. 14 ley arancelaria).

El DR. DANIEL E. STORTINI dijo:

Por compartir los fundamentos del voto que antecede, adhiero al mismo.

El DR. ENRIQUE R. BRANDOLINO: no vota (art. 125 de la LO).

Por lo que resulta del acuerdo que antecede, el TRIBUNAL

RESUELVE: 1) Confirmar la sentencia de primera instancia en todo lo que ha sido materia de recursos y agravios, 2) Imponer las costas de Alzada a la quejosa vencida (art. 68 del CPCCN), 3) Regular los honorarios de la representación y patrocinio letrado de las partes actora y demandada Gelre Servicios Empresarios S.A. en el 25%, de lo que les corresponda percibir por su actuación en la anterior instancia (art. 14 ley arancelaria), 4) Cópiese, regístrese, notifíquese y oportunamente, cúmplase con lo dispuesto en el art. 1 de la ley 26.856 y con la Acordada de la CSJN Nº 15/2013 y devuélvase.

ANTE MI: R.B.

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