Resulta prematuro el despido del trabajador, al dar por concluido el periodo de reserva de puesto cuando hubo un alta médica anterior al vencimiento.

Despido empleadoPartes: Marquez Silvia Lourdes c/ Herrmann y Gomez S.R.L. s/ despido

Tribunal: Cámara del Trabajo de Mendoza

Sala/Juzgado: Primera

Fecha: 30-nov-2015

Cita: MJ-JU-M-95863-AR | MJJ95863 | MJJ95863

Resulta prematuro el despido del trabajador, al dar por concluido el periodo de reserva de puesto cuando hubo un alta médica anterior al vencimiento.

Sumario:

1.-Resultó apresurada e incausada la rescisión contractual por parte de la empleadora, ya que no debió dar por concluido el periodo de reserva de puesto cuando hubo un alta médica anterior al vencimiento, aunque la misma pudo dar lugar a observaciones por parte de la empleadora, y luego por las sucesivas audiencias para realizar la Junta Médica.

2.-La acreditación mediante el correspondiente certificado médico corre por cuenta del empleado, y si el empleador no accede a darle trabajo -aunque objete la existencia de la enfermedad- habría incumplimiento contractual de su parte, ya que por sí solo, dado el principio de buena fe que media entre las partes, no justificaría la disolución del contrato, si precisamente la voluntad de la actora era la de reanudar las tareas.

3.-Si bien ha habido incumplimientos por parte de la actora, no llegan a tener fuerza suficiente para fundamentar un despido, no sólo porque también hubo incumplimientos por parte de la demandada, sino porque la rescisión del vínculo contractual se opera luego de haber tomado conocimiento de la nueva fecha fijada en la Subsecretaría de Trabajo para efectuar la Junta Médica.

Fallo:

En la Ciudad de Mendoza, a los treinta días del mes de Noviembre de dos mil quince, en la Sala de Acuerdos del Tribunal se hacen presentes los Señores Jueces de la Excma. Cámara Primera del Trabajo Dres. MARIA DEL CARMEN NENCIOLINI, ALFREDO MILUTIN y ELCIRA GEOGINA DE LA ROZA con el objeto de dictar sentencia definitiva en los autos Nro. 49.385 caratulados “MARQUEZ SILVIA LOURDES C/HERRMANN Y GOMEZ S.R.L. P/ DESPIDO”, de los que

R E S U L T A:

A fs. 31/38 se presenta la actora SILVIA LOURDES MARQUEZ por medio de representante legal e interpone formal demanda ordinaria contra HERRMANN Y GOMEZ S.R.L. por el reclamo de $91.269,02 o lo que en más o menos resulte de la prueba a rendirse, con más sus intereses legales y costas en concepto de rubros no retenibles e indemnizatorios.

Expresa que ingresó a trabajar para la demandada en relación de dependencia desde el 01-12-07, cumpliendo tareas de “CAJERA”, destinada a la cobranza en el negocio de venta de ropa femenina “Ver”. Su horario era de 14 a 22 hs., de Lunes a Domingos, con francos variables. Que en el mes de Enero/11 comienza con un periodo de licencia por enfermedad inculpable, por seis meses. Luego comenzó el periodo de reserva de puesto por un año. Antes del vencimiento, el 26-04-12 se le otorga el alta médica. Envía C.D. a la demandada el 12-05-12 emplazando a otorgar ocupación efectiva. La demandada responde en la C.D. del 18-05-12, denunciando que el certificado médico presentado por la actora no consigna el al médica definitiva. Que va a realizarse una Junta Médica. La actora responde mediante C.D. del 22-05-12, emplazando que indique la fecha en que se llevará a cabo la misma. Que luego, ante la falta de respuesta la actora remite otra C.D.el 07-06-12, emplazando a que realice la empleadora actos útiles para que se lleve a cabo la Junta Médica o bien, otorgue ocupación efectiva. Que la demandada mediante C.D. del 14-06-12 informa fehacientemente que inició las actuaciones administrativas nro. 6585-H.2012, solicitando ante la Subsecretaría de Trabajo y Seg. Social, la audiencia para la Junta Médica. Que el día 08-07-12, se reúne la Junta Médica pero que no se expide “por no constar los estudios de la paciente del legajo médico personal de la empresa”. Finalmente, mediante C.D. del 07-08-12 la demandada la despide invocando el no cumplimiento de las exigencias requeridas para reingresar a cumplir tareas.

Practica liquidación, ofrece prueba y funda en derecho.

A fs.71/6 comparece la demandada HERRMANN Y GOMEZ SRL por intermedio de su apoderado y contesta. Solicita el rechazo del reclamo en cuanto que la actora no cumplió con la exigencia de comunicar si se encontraba con alta médica definitiva.

Impugna liquidación. Ofrece pruebas y funda en derecho.

A fs. 79 el actor contesta el traslado conferido por el art. 47 del CPL y se opone a la prueba pericial.

A fs. 82 el Tribunal dicta auto de admisión de pruebas.

A fs. 104 se da por fracasada la audiencia de conciliación.

A fs. 127 acepta el cargo el perito contador Javier Elescano, quien rinde informe a fs. 141/144.

A fs. 148/154 se agregan las copias certificadas de las C.D. cursada entre las partes remitidas por Correo Argentino.

A fs. 1555 la demandada observa la pericia.

A fs. 180 el perito contesta las observaciones formuladas, aclarando que ha incluido en la liquidación los rubros no remunerativos.

A fs. 184 se celebra la audiencia de vista de causa, las partes rinden alegatos a fs. 195/2333 y queda la causa en estado de dictar sentencia.

PRIMERA CUESTION: Existencia del vínculo laboral.

SEGUNDA CUESTION: Procedencia de los rubros reclamados.

TERCERA CUESTION: Costas.

A LA PRIMERA CUESTION LA DRA. MARIA DEL C.NENCIOLINI DIJO:

La actora invoca en sustento de lo que reclama en autos la existencia de un vínculo de trabajo, el periodo de extensión del mismo y una categoría profesional determinada, que constituyen en la litis extremos legales cuyo peso probatorio recaen sobre el mismo (art. 45 C.P.L.).

La demandada ha reconocido la existencia del vínculo laboral y su extensión, lo cual me exime de mayores consideraciones.

Concluyo que ha sido acreditada la efectiva prestación de servicios de la actora a favor de la demandada desde el 01-12-07 en la categoría de “cajera” hasta el distracto acaecido el 07-08-12, quedando regida la relación por el C.C.T. 130/75, siendo de aplicación la ley LCT 20.744 y sus modif. ASI VOTO.

Los Dres. Alfredo Milutin y Elcira Georgina de la Roza dijeron que por sus fundamentos se adhieren al voto que antecede.

A LA SEGUNDA CUESTION LA DRA. MARIA DEL C. NENCIOLINI DIJO:

En función de esta plataforma fáctico jurídica corresponde avocar el juzgamiento de los reclamos integrativos de la liquidación de fs.36 vta./37.

Paso a detallar la prueba rendida en autos:

Instrumental: a) C.D. cursadas entre las partes; b) Exptes. Nro. 6585-H-12 y 14393-M-12 originarios de la Subsecretaría de Tr. y Seg. Social ad effectum videndi et probando; c) acta de la Subsec. De Tr. y Seg. Social de reunión de la Junta Médica de fecha 23-07-12, dictaminando que “no se puede efectuar la Junta Médica citada en el día de la fecha por no constar en autos estudios de la paciente ni del legajo médico personal de la empresa”; d) otra acta del órgano administrativo, del 15-08-12, en la que el cuerpo Médico dictamina: “que atento al informe en copia certificada de fs.27, la paciente se encuentra psiquiátricamente estable pudiendo retomar su actividad laboral.”; e) certificado médico del 26-04-12 que expresa que la actora “se encuentra apta para retomar su actividad laboral, debiendo continuar tratamiento médico”; f) bonos de haberes; g) certificados médicos otorgando reposo por patología siquiátrica desde el 10-01-11 hasta el de alta del 24-06-12; g) certificado de trabajo de la actora; h) formulario PS 6.2 del ANSES; i) constancia de baja de la actora de la AFIP;

Pericial contable: liquida la deuda reclamada por la actora e informa que la actora estaba debidamente registrada y los aportes y contribuciones a los organismos de seguridad social abonados.

RUBROS INDEMNIZATORIOS.

Estima el Tribunal, en este caso concreto, considerar primero la procedencia del reclamo de la actora de regresar a cumplir sus tareas al haber obtenido el alta médica, lo que implica si la empleadora debía o no admitir su reingreso conforme el certificado médico de alta que ella adjuntara.

En el transcurso del periodo de reserva de puesto, la actora en la C.D. del 12-05-12, comunica a la empleadora el alta médica mediante certificado de fecha 26-04-12. La demandada mediante C.D., acusa recibo del certificado médico, objetando que el mismo no aclara si el alta médica es definitiva, ni si puede o no la actora seguir realizando las mismas tareas y que solicitará una Junta Médica ante la Subsecretaría de Trabajo, a lo cual accede la trabajadora.

Según las constancias del Expte. Adm. Nro.6585-H-12, la demandada, el 01-06-12, se presentó ante ese organismo y solicitó la Junta Médica. Se fija ésta para el día 23 de Julio a las 09. Hs., y en ese proveído se aclara que “las partes interesadas deberán concurrir con todos los antecedentes médicos:legajos personales, radiografías, etc.”.

En el día y hora fijados, concurren las partes, pero el Cuerpo Médico dictamina “que no se puede efectuar la Junta Médica citada en el día de la fecha por no constar en autos estudios de la paciente ni del legajo médico personal de la empresa”. Es decir, que en dicha oportunidad, ambas partes omitieron concurrir con la documentación requerida.

Se fija una nueva fecha para la Junta Médica, para el día 03-08-12, a la cual ninguna de las partes concurre. Se fija nuevamente otra fecha, para el día 15-08-12, dándose la actora por notificada en el expediente administrativo y acompañando en dicha oportunidad un certificado actualizado de alta médica. Ahora bien, de las constancias del expediente administrativo, queda demostrado que la empleadora fue notificada de la nueva audiencia, en el domicilio legal constituido en dichos obrados, el día 07-08-12 a las 9.50 hs. Ese mismo día, horas más tarde, remite la accionada el despacho telegráfico en el que comunica fehacientemente el despido invocando que “al haber vencido el plazo máximo del periodo de reserva de empleo establecido en el art. 211 de la LCT y tomando en consideración las circunstancias apuntadas en el párrafo anterior.comunico a Ud. nuestra voluntad de rescindir definitivamente la relación laboral. “.

Ahora bien, “esas circunstancias apuntadas”, son las causales de injuria invocadas por la demandada y que se expresan en la C.D. del despido, son:

1) que concurrió a la Junta Médica sin control profesional y sin llevar consigo los antecedentes médicos. Respecto de esta causal de injuria, cabe tener en cuenta que de las constancias del expediente administrativo, no sólo fue la actora, sino también la demandada la que no concurrió con el legajo y/o documentación médica de la trabajadora. Es decir, que el fracaso de esta Junta Médica no puede ser imputada sólo a la actora.

2) que a la segunda audiencia no concurrió ni justificó su ausencia.Tampoco este accionar de la trabajadora constituye injuria suficiente. A la segunda audiencia para Junta Médica no concurrió ninguna de las partes, ni tampoco ninguna de ellas justificó su incomparencia.

3) no haber acreditado en debida forma el alta médica definitiva “.correspondiendo según su médico que continúe con el tratamiento siquiátrico”. Manifiesta asimismo la empleadora en ese despacho telegráfico a la trabajadora que “su reticencia a colaborar con la Junta Médica le ha impedido determinar: si actualmente presenta o no algún tipo de secuela y/o disminución de su capacidad laborativa; b) qué clase de tareas son las que realmente está en condiciones de ejecutar y c) qué régimen de jornada está en condiciones de cumplir”.

En suma, imputa la accionada que, esos incumplimientos por parte de la trabajadora son los que le i mpidieron por su exclusiva culpa, retomar sus tareas antes de vencer el periodo de reserva de puesto.

Debe analizarse en primer término cuáles son los alcances del certificado de alta médica acompañado por la actora, el cual, la demandada recrimina por no indicar si el alta otorgada es o no definitiva y, por no aclarar si la actora puede o no retomar las mismas tareas, y en su caso en el mismo horario que tenía o uno reducido.

Es cierto que el certificado referido no aclara debidamente estas cuestiones y que el empleador tiene la facultad de conocer el estado de salud del trabajador antes de readmitirlo en sus tareas.

Debe al respecto determinarse cuál es el fundamento y finalidad de la facultad de control médico que tiene el empleador (art.210 L.C.T.) y que emana del poder de dirección de la empresa, como asimismo si hubo cumplimiento de las partes de su muta obligación de solidaridad y colaboración, ello, a la luz de los principios de buena fe y de conservación del contrato de trabajo en materia laboral.

Es de hacer notar que en el caso de marras, ha habido por parte de la trabajadora una clara manifestación de su voluntad de volver a trabajar, acorde con la vocación de continuidad del contrato de trabajo y que no hubo una negativa expresa a su reingreso de parte del empleador, sino una exigencia de precisar los alcances del alta médica.

Existe también una carga u obligación por parte del trabajador que emana como contrapartida del poder de dirección del empleador de admitir la constatación médica que exige este último, que, en este caso, la trabajadora acata.

Los fines y fundamentos del control médico por parte del empleadora han sido muy bien expresados por Mario Ackerman “. el conocimiento de las características tanto de la causa como de sus manifestaciones invalidantes, permitirá determinar si la incapacitación es temporaria o definitiva, y en el primer supuesto su previsible prolongación para poder adoptar así las medidas que reclame la continuidad de la vinculación laboral. Con el conocimiento anterior y, en atención a las necesidades de su actividad empresaria, podrá el empleador reorganizarla -de ser ello necesario- o reemplazar temporaria o definitiva al trabajador incapacitado. Por último, ante la imposición del deber de seguridad por el art. 75 de la L.C.T. debe necesariamente conocer el empleador el estado de salud de su dependiente para adoptar las medidas necesarias “para tutelar su integridad psicofísica” (Enfermedades inculpables- Bs.As. Hammurabi 1987-T-II, pag.262).

La acreditación mediante el correspondiente certificado médico corre por cuenta del empleado y, si el empleador no accede a darle trabajo -aunque objete la existencia de la enfermedad- habría incumplimiento contractual de su parte (arts.82 y 74 L.C.T.) ya que por sí solo, dado el principio de buena fe que media entre las partes, no justificaría la disolución del contrato, si precisamente la voluntad de la actora era la de reanudar las tareas (arts.51 y 61 L.C.T.)

Entiendo que en un contexto fáctico como era al tiempo ya de vencerse el plazo de guarda del puesto, los ya citados principios de buena fe y conservación del contrato adquieren una fuerza mayor. En el caso, si bien ha habido incumplimientos por parte de la actora, no llegan como ya se expresara a tener fuerza suficiente para fundamentar un despido. No sólo porque también hubo incumplimientos por parte de la demandada, sino porque la rescisión del vínculo contractual se opera luego de haber tomado conocimiento de la nueva fecha fijada en la Subsecretaría de Trabajo para efectuar la Junta Médica, tanto mediante la notificación fehaciente por C.D. del 11-08-12 remitida por la actora, como por la cédula confeccionada por la Subsecretaría de Tr. y Seg. Social.

Ello hace devenir en apresurada e incausada la rescisión contractual por parte de la

empleadora, en cuanto que no debió dar por concluido el periodo de reserva de puesto cuando, hubo un alta médica anterior al vencimiento, aunque la misma pudo dar lugar a observaciones por parte de la empleadora, y luego, por las sucesivas audiencias para realizar la Junta Médica. Todo ello lleva a la violación de los arts. 10 y 63 de la LCT.-

Debiendo admitirse los rubros de indemnización por antigüedad en la s.uma de $18.031,70, por omisión de preaviso en la suma de $3.606.34 e integración mes de despido por $2.344,12 (art. 232, 245 y conc.LCT).

A los efectos del cálculo de estos rubros el Tribunal se ha basado en la pericia contable rendida en autos, la que informa como mejor remuneración mensual normal y habitual de la actora de $3.606,34 correspondientes al mes de Octubre/10.

Dicho monto incluye los rubros no remunerativos, en cuanto que a partir del fallo “Perez c/ Disco” dictado por el Superior Tribunal de la Nación, toda retribución que recibe el trabajador debe considerarse salario.

Vacaciones prop. No gozadas/12.

Este rubro es rechazado, porque no responde al tiempo efectivamente trabajado o a tiempo no trabajado con salarios (C. Nac. Tr. Sala III, Expte. Nro. 728/99 “Giordano Isabel c/Proanálisis S.A. s/despido” del 25-06-03; C.Nac. Tr. Sala VI, Expte. Nro.6554/07 del 22-09-09 “Lazaro Aldana c/Benefis S.A. s/ despido”).

RUBROS NO RETENIBLES.

Haberes Abril/12 a Agosto/12.

La actora presenta su primer certificado médico en el mes de Enero/11, más precisamente, el 10-01-11. Vencido el periodo de licencia paga que fuera por 6 meses, comienza el periodo de reserva de puesto, el cual se debía extender por un año desde el 11-07-11 hasta el 11-07-12. Así lo comunica la demandada fehacientemente a la trabajadora mediante C.D. del 13-07-12.

La actora por su parte había comunicado el otorgamiento del alta médica en la C.D. del 12-05-12.

El pago de haberes reclamados por los periodos de Abril/12 y los 12 días de Mayo/12 están dentro del periodo de reserva de puesto, el cual precisamente, es para guardar el puesto de trabajo pero que no genera el derecho a percibir salarios y el comunicado del alta médica la actora lo concreta recién en la fecha antedicha, 12-05-12. Estos rubros en consecuencia, son rechazados.

A partir de la presentación del certificado del alta médica, la solución jurisprudencial no es uniforme.Se ha resuelto que esta falta de derecho a percibir salarios subsiste “aún en el caso en que haya el actor solicitado su reincorporación con anterioridad al vencimiento del plazo, pues la negativa del empleador sólo habilita la reparación por la desvinculación (para el caso que el trabajador se considerase injuriado y despedido indirectamente) pero en ningún momento se hace acreedor a los salarios por dicho lapso.” (C.Nac.Tr. Sala II, 29-11-91 “Surdyn Hykupab c/ Cervecería y Maltería Quilmes S.A. p/Salarios” sent. 69.237).

Mientras que, otro sector, estima que en ese supuesto los salarios deben ser percibidos por el trabajador: “El hecho de que la empleadora ejerza el derecho de control no suspende los salarios devengados desde el alta médica presentada oportunamente por el trabajador. El empleador puede eximir al trabajador de prestar servicios hasta verificar su estado de salud; pero, a partir de que se demuestra que el actor se encontraba en condiciones de trabajar, la accionada debe su remuneración por la mera circunstancia de haber puesto su fuerza de trabajo a su disposición” (C. Nac. Tr. Sala III, 23-02-06- “Aidar Miguel C. c/ Capillita S.A.”).

En el caso de autos, no ha habido una negativa expresa por parte del empleador a reincorporar a la trabajadora, sino que ha ejercido su facultad de control a través de la intervención de la Junta Médica, pero a través de la conducta desplegada por éste con posterioridad, no presentó con premura el pedido de Junta Médica y, si bien la concreción de la misma se debió en las dos primeras audiencias para Junta Médica a incumplimientos de ambas partes, ha quedado evidenciada que su intención era prolongar ese estado para llegar al despido, ya que el mismo día que se le notifica la tercer fijación de audiencia para la Junta Médica concreta el despido.Esta demora no puede entonces ser imputada a la trabajadora, y entonces admite los haberes de días de Mayo/12, Junio, Julio y 7 días Agosto/12, en la suma total de $9.917,42 (arts. 124, 142 y conc. LCT).

S.A.C. prop. 1er. Sem/12 y S.A.C. prop. 2do.Sem.12.

Con los mismos fundamentos expuestos, se admiten en proporción a los periodos de haberes admitidos en la suma de $901,58 (arts. 121 y conc. LCT).

Multa art. 2 ley 25.323.

Esta norma aumenta en un 50% las indemnizaciones previstas por los arts. 232, 233 y 245 de la L.C.T. o en su caso las que en el futuro las reemplacen, cuando el empleador fehacientemente intimado por el trabajador no las abonare, y consecuentemente le obligare a ini

ciar acciones judiciales o cualquier instancia previa de caracter obligatorio para su percepción, requiriendo en este caso intimación fehaciente al empleador a tales efectos.

De las constancias de la instrumental acompañada por la actora ha quedado demostrado que el empleador ha sido fehacientemente intimado al pago de esos rubros mediante la C.D. del 27-08-12, en consecuencia esta multa debe ser admitida en la suma de $11.991,08.

Multa art. 80 L.C.T.

La actora solicita la aplicación al caso de la multa prevista en el art. 80 L.C.T. reformado por la ley 25.345, por la falta de entrega del certificado de trabajo y constancias de pago de aportes, requiriendo como recaudo formal para su procedencia el emplazamiento fehaciente del trabajador por un plazo no inferior a 48 hs. luego de transcurridos 30 días a contar desde la extinción del vínculo de trabajo (decreto 146/01).

La trabajadora realiza el emplazamiento mediante C.D. del 24-10-12, es decir cuando ya han transcurrido los 30 días desde que se extinguiera el vínculo (07-08-12) según el plazo previsto por el Decreto 146/01.

Pero, en el Expediente administrativo nro.14393-M-12, la demandada ofreció la entrega del Formulario PS 6.2 del ANSES como también l a constancia de baja de la AFIP, y que la trabajadora rehusó recibir por “no coincidir con la real relación de los hechos” (ver folio 22 del citado Expte. Adm.) y el perito contador informa que se ha cumplido con el ingreso de aportes y contribuciones, constancia que la propia trabajadora puede obtener ingresando vía electrónica a la página de la AFIP .

Poe otro lado, no advierte el Tribunal que haya deficiente registración de la actora, ni erróneos datos consignados, por lo que a tenor de esta documentación acompañada, es que se rechaza la multa prevista en el art. 80 de la LCT.

En consecuencia la demanda prospera en la suma de $46.792,24 que devengará intereses legales desde el 07-08-12 y hasta su efectivo pago.

En virtud del fallo plenario dictado por nuestro Superior Tribunal en los autos nº80.131 carat.”Amaya Osfaldo Dolores en J.11.075 Amaya Osfaldo Dolores c/Boglioli Mario p/Despido s/Inc.Cas.”, la ley 7.198, como lo viene sosteniendo reiteradamente toda nuestra jurisprudencia no puede ser declarada inconstitucional in abstracto, sino cuando, en el caso concreto la aplicación de la tasa pasiva, importa un perjuicio al derecho de propiedad del acreedor, es decir, que resulta “insuficiente para indemnizar el daño moratorio producido dado el destino específico que las sumas de dinero tenían conforme la naturaleza de la obligación reclamada”, importando a su vez la violación al principio de igualdad ante la ley (L.S.334-219). Declara asimismo la inconstitucionalidad de la Ley 7358 en cuanto que dispone la aplicación retroactiva de esa norma.

En autos del 28-05-09 caratulados “Aguirre Humberto por sí y por su hijo menor en J. 146.708/39.618 Aguirre Humberto c/ OSEP P/Ejec.Sentencia s/Inc.Cas.”, ha resuelto la inaplicabilidad de la ley 7.198, a cuyos argumentos me remito por razones de brevedad, disponiendo que corresponde aplicar la tasa activa cartera general nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina (T.N.A.). Entonces se aplica esta tasa desde el 07-08-12 y hasta el efectivo pago del crédito ASI VOTO.

Los Dres. Alfredo Milutin y Elcira Georgina de la Roza dijeron que por sus fundamentos se adhieren al voto que antecede.

A LA TERCERA CUESTION LA DRA. MARIA DEL C. NENCIOLINI DIJO:

Las costas del proceso deberán ser soportadas por la demandada en cuanto a los rubros que se admiten y a la actora en cuanto al que se rechaza. (arts. 31 y 36 del C.P.C.).

Los Dres. Alfredo Milutin y Elcira Georgina de la Roza dijeron que por sus fundamentos se adhieren al voto que antecede.

Atento a las consideraciones efectuadas, normativa citada, el Tribunal en acuerdo

RESUELVE:

Mendoza, 30 de Noviembre de 2015.

I.- Declarar para este caso concreto la inconstitucionalidad de la ley 7.198

II.-HACER LUGAR PARCIALMENTE A LA DEMANDA instada por SILVIA LOURDES MARQUEZ condenando a HERRMANN Y GOMEZ S.R.L. para que dentro del plazo de CINCO DIAS a contar de la notificación de la presente abone la suma de pesos CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS CON 24/100 ($46.792,24) por los conceptos de Haberes días Mayo/12, Junio, Julio y 7 días de Agosto/12, S.A.C. prop./12, indemnización por antigüedad, omisión de preaviso, integración mes de despido y Multa art. 2 ley 25.323, las que deben incrementarse en concepto de intereses legales conforme lo expuesto en los Considerandos precedentes, hasta su efectivo pago, CON COSTAS A CARGO DE LA DEMANDADA.

III.- Rechazar los rubros Vacaciones prop. No gozadas/12 y Multa art. 80 LCT los que al solo efecto de las costas se determina en la suma de pesos ONCE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UNO ($11.251,00) con más sus intereses legales, con COSTAS A CARGO DE LA ACTORA.

IV.-Pase al Departamento Contable para que practique liquidación de deuda y se regulen los honorarios de los letrados actuantes por Secretaría del Tribunal.

V.- Emplazar a la demandada al pago de los Aportes Jubilatorios Ley 5059 y Derecho Fijo colegio de Abogados en el plazo de CINCO DIAS y al pago de la Tasa de Justicia en el plazo de TREINTA DIAS, bajo apercibimiento de ley y al actor al pago de Aportes Jubilatorios y Derecho Fijo Colegio de Abogados en el plazo de CINCO DIAS en proporción al monto que se rechaza.

CUMPLASE, NOTIFIQUESE Y REGISTRESE.

DRA. MARIA DEL CARMEN NENCIOLINI

Camarista

DRA. ELCIRA GEORGINA DE LA ROZA

Camarista

DR. ALFREDO EDUARDO MILUTIN

Camarista