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En tanto exista una causal justa conforme art. 242 LCT, no es necesario el transcurso del plazo de treinta días para percibir las multas impuestas por Ley 24.013.

toyama_multas_laborales1Partes: Pérez Hernán Crescencio c/ Vanguardia S.A. y otros s/ despido y diferencias salariales

Tribunal: Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires

Fecha: 9-sep-2015

Cita: MJ-JU-M-94956-AR | MJJ94956 | MJJ94956

En tanto exista una causal justa conforme art. 242 LCT, no es necesario el transcurso del plazo de treinta días para percibir las multas impuestas por Ley 24.013.

Sumario:

1.-Corresponde acoger parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley y, en consecuencia, revocar la decisión de grado en cuanto desestimó las pretensiones fundadas en los arts. 9 , 10 y 15 de la Ley 24.013, pues éstas fueron desestimadas con fundamento en que el accionante no aguardó el transcurso del plazo de treinta días -que dispone el art. 11 del precitado régimen- antes de romper el contrato de trabajo; sin embargo, el plazo fijado en la mencionada norma está previsto para que el empleador cumpla con la registración reclamada, no establece que el trabajador deba esperar si existe una causal justificada en los términos del art. 242 LCT que imposibilite la continuación del vínculo laboral.

2.-La sanción contemplada en el art. 15 de la Ley 24.013 procede en los supuestos en que se ha evidenciado la denuncia motivada del contrato de trabajo por parte del actor, la cual ha quedado consumada luego de haber recibido el principal -de modo justificado- la intimación del art. 11 de dicho ordenamiento y el mismo no ha acreditado de modo fehaciente que su conducta no tuvo por objeto inducir al trabajador a colocarse en la situación de despido

Fallo:

A C U E R D O

En la ciudad de La Plata, a 9 de septiembre de 2015, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Hitters, Negri, Soria, de Lázzari, Kogan, Pettigiani, Genoud, se reúnen los señores jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa L. 106.853, «Pérez, Hernán Crescencio contra Vanguardia S.A. y otros. Despido y diferencias salariales».

A N T E C E D E N T E S

El Tribunal del Trabajo n° 4 del Departamento Judicial Quilmes hizo lugar parcialmente a la demanda, imponiendo las costas del modo que especificó (fs. 469/491 vta.).

La parte actora dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (fs. 503/511 vta.); concedido por el citado tribunal a fs. 512 y vta.

Dictada la providencia de autos (fs. 575) y hallándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte decidió plantear y votar la siguiente C U E S T I Ó N

¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley? V O T A C I Ó N

A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Hitters dijo:

I. a. El tribunal de origen admitió parcialmente la acción promovida por Hernán Crescencio Pérez, condenando a la firma Vanguardia S.A., Teodoro Pablo Fusaro y Praxair Argentina S.A. al pago de la suma que estableció en concepto de indemnizaciones por antigüedad, sustitutiva de preaviso, integración del mes de despido, la prevista en el art. 2 de la ley 25.323, vacaciones del año 2001, sueldo anual complementario proporcional del segundo semestre de ese año, haberes adeudados y horas extras trabajadas.

En cambio, en lo que aquí interesa por constituir materia de agravio, desestimó las pretensiones fundadas en los arts. 9, 10 y 15 de la ley 24.013 y 80 de la Ley de Contrato de Trabajo (texto según art. 45 de la ley 25.345). b.Resolvió de tal manera, en lo concerniente a las indemnizaciones determinadas en la Ley Nacional de Empleo, sobre la base de que el accionante denunció el contrato de trabajo pese a no tener respuesta del principal a la intimación que le había cursado en los términos del art. 11 de dicho régimen y efectivizó la medida en forma extemporánea -anticipada- puesto que no aguardó el transcurso del lapso de treinta días que se requiere en estos casos (sent., fs. 476 vta./477). c. Respecto de la sanción pecuniaria que estatuye el art. 80 de la ley sustancial (texto según art. 45 de la ley 25.345), el a quo juzgó que el emplazamiento que el trabajador hubo de remitir al empleador para que procediera a la entrega de los certificados que contempla la norma, no satisfizo el recaudo de oportunidad temporal que impone el decreto reglamentario 146/2001, conforme al cual recién queda habilitado a realizar la intimación si el principal no los otorga dentro de los treinta corridos de extinguido, por cualquier causa, el contrato de trabajo (sent., fs. 477 y vta.).

II. Contra dicho pronunciamiento se alza la parte actora mediante recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (fs. 503/511 vta.), en el que denuncia arbitrariedad en la interpretación de las normas, a la vez que la violación de los arts. 47 de la ley 11.653; 34 inc. 4, 161 inc. 2, 163 inc. 6 y 362 del Código Procesal Civil y Comercial; 9, 10, 11 y 15 de la ley 24.013; 45 de la ley 25.345; 3, 10, 12, 36 y 39 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires; 14, 14 bis y 28 de la Constitución nacional y de la doctrina que cita.

Expone los siguientes agravios:

1. Controvierte el fallo en cuanto no acogió las indemnizaciones instrumentadas en los arts. 9, 10 y 15 de la ley 24.013.

Sobre el particular, aduce que el sentenciante ha efectuado una arbitraria interpretación del art.11 del precitado régimen dado que su parte ha cumplimentado los requisitos que prevé la norma, entre los que no figura que el trabajador deba aguardar el transcurso del plazo de treinta días para rescindir el contrato si existiesen razones extrañas al mismo que justifiquen la decisión.

Afirma que -precisamente- en el sub lite la falta de pago de haberes por espacio de tres meses, sumada a la deuda de diferencias salariales, conformaron dos motivaciones independientes a la del plazo legal, que revestían de entidad suficiente para disponer dicha medida, tal como inequívocamente hubo de reconocerlo el tribunal interviniente, al hacer mérito de las mismas para tener por configurada la injuria laboral que provocó la ruptura del vínculo.

Añade que el a quo soslayó valorar que la empleadora en ningún momento evidenció la intención de registrar correctamente la relación, pese al lapso de seis años transcurrido entre el inicio de la presente causa y el dictado de la sentencia.

En ese orden de ideas, denuncia infringida la doctrina sentada en los precedentes L. 57.713, «González», sent. del 9-IV-1996; L. 83.394, «Iantorno», sent. del 27-IX-2006; L. 82.393, «Magallanes», sent. del 8-VII-2008; entre muchos otros, en cuanto esta Corte hubo de establecer que el plazo fijado por el art. 11 de la ley 24.013 está previsto para que el empleador cumpla con la registración reclamada, pero la ley no dice que el trabajador deba esperar el transcurso de treinta días si existe una causal justificada en los términos del art. 242 de la Ley de Contrato de Trabajo que imposibilita la continuación del contrato.

2. Censura el rechazo de la sanción pecuniaria estatuída en el art. 45 de la ley 25.345.

En ese sentido, señala que quedó demostrado que las accionadas no otorgaron al trabajador los certificados de servicios y aportes que prevé el art.80 del régimen sustancial -modificado por el aludido precepto-, no habiendo siquiera subsanado tal incumplimiento durante la sustanciación del proceso.

Alega, asimismo, que el art. 3 del decreto 146/2001, reglamentario del art. 45 de la ley 25.345, en tanto dispone un plazo de caducidad que esta última norma no contempla, es inconstitucional pues excede sus alcances y, de tal manera, la desnaturaliza.

Considera que la disposición atacada contraviene el art. 28 de la Constitución nacional, dado que deja sin efecto y sin causa legítima para ello el derecho operativo que reglamenta. En sostén de su posición refiere jurisprudencia de otros tribunales que declararon inaplicable el decreto en cuestión.

Más allá de reconocer que su parte no observó el plazo adicional que instrumenta el decreto 146/01, como también, que en la demanda no cuestionó la validez constitucional del mismo, de acuerdo a los fallos emitidos por las salas VI y VII de la Cámara Nacional del Trabajo que individualiza solicita se declare de oficio su inconstitucionalidad.

En ese contexto, peticiona se haga lugar al reclamo y, además, se condene solidariamente a la codemandada. Esto último con sustento en la doctrina que, en su parecer, emana del precedente L. 46.445, «Duckardt», sent. del 29-X-1991, en tanto allí se sostuvo que, declarada la codemandada responsable solidaria de las obligaciones del principal en los términos del art. 30 de la Ley de Contrato de Trabajo, ninguna consideración puede apartar el cumplimiento pleno de la obligación de entregar los certificados a que se refiere el art. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo (arg. art. 699, C. Civ.).

III. El recurso, en mi opinión, ha de prosperar parcialmente.

1. Liminarmente, he de advertir que el valor del litigio -contrariamente a lo sostenido por el interesado (v. recurso, apart. III., pto. «a», fs. 503)-, no supera el monto mínimo para recurrir fijado por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial a la fecha de su interposición. a.Como es sabido, a los fines de la admisibilidad del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (arts. 55, ley 11.653 y 278, C.P.C.C.), sólo se toma en cuenta el valor de lo discutido en la instancia extraordinaria, con prescindencia del monto total de condena o de las pretensiones que han sido materia del litigio (conf. causas L. 102.344, «Vincentti», sent. del 14-VI-2010; L. 98.150, «Benítez», sent. del 16-XII-2009; Ac. 89.886, «García», resol. del 11-V-2005; Ac. 84.923, «Maldonado», resol. del 16-VII-2003; Ac. 78.003, «Spagnolo», resol. del 24-V-2000; Ac. 65.954, «Acuña», resol. del 18-II-1997). b. En el sub examine, la crítica porta agravios respecto del rechazo de la sanción pecuniaria prevista en el art. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo (texto según art. 45 de la ley 25.345) y de las indemnizaciones establecidas en los arts. 9, 10 y 15 de la ley 24.013.

Así las cosas, cierto es que el valor total de lo cuestionado en este ámbito -de acuerdo a los importes reclamados en la demanda por los referidos conceptos (ver fs. 31 vta.)- no alcanza el monto mínimo entonces vigente de $ 25.000 (conf. art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial, texto según ley 11.593).

2. No obstante lo anterior, teniendo presente que los planteos sobre la validez constitucional del decreto 146/2001 -que reglamentó el art. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo- pone en discusión una cuestión federal, entiendo que, con prescindencia del valor del litigio, procede la apertura de la instancia extraordinaria. De esta manera, estando en debate cuestiones de naturaleza federal y de conformidad con lo que ha establecido la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente «Di Mascio», sent. del 1-XII-1988, entre otros, las formalidades procesales que regulan los recursos extraordinarios locales no podrían vedar el acceso a esta Suprema Corte a fin de que resuelva la cuestión constitucional planteada (conf. causas Ac.91.670, «M.A.», resol. del 8-II-2006; Ac. 92.459, «V.O.», resol. del 30-XI-2005; Ac. 85.321, «Altuna», resol. del 25-IX-2002; entre otras).

3. En tal orden, teniendo presente el momento procesal en que dicha cuestión fue planteada, consideraré el tema de la oportunidad del planteo constitucional. i) Al respecto, una primera interpretación de la doctrina emanada del precedente de la Corte Suprema in re «Mill de Pereyra», me llevó a considerar que la mayoría de sus miembros estaban contestes en afirmar que las partes estaban autorizadas para llevar al pleito esta problemática, hasta el momento de la interposición del recurso extraordinario federal.

Ello importaba flexibilizar la interpretación de la oportunidad procesal para la introducción de este tipo de articulaciones, validando que las mismas sean incorporadas al proceso en la instancia extraordinaria, en la medida que tales postulaciones pongan en juego una cuestión de índole constitucional, y se respete el principio de bilateralidad. Así lo expresé en reiteradas oportunidades (L. 72.336, «Iommi», sent. del 14-IV-2004; L. 76.279, «Castillo», sent. del 1-X-2003; L. 73.744, «Pompey», sent. del 5-III-2003; L. 71.809, «Lema», sent. del 9-X-2002; L. 67.598, «Blanco», sent. del 2-X-2002; L. 77.011, «Guirula», sent. del 11-IX-2002; entre otras). ii) Sin embargo, en diversos precedentes posteriores, el máximo Tribunal federal ha sostenido la regla según la cual las cuestiones federales (aun las de repercusión constitucional) deben ser planteadas en la primera oportunidad disponible para el litigante, excluyendo de su competencia apelada aquellas alegaciones de este tipo que por primera vez se llevan a su conocimiento en el escrito del recurso extraordinario (C.S. N., Fallos 328:4755; 331:419 y 2561; íd., causa F.274.XLIII, «Fontenova», sent. del 3-VII-2007) y, así deliberadamente sustraídas del conocimiento de los tribunales de grado por decisión discrecional de las partes (doct. T.400.XLIV, «Trova», sent.del 10-XI-2009). O dicho en exactas y recientes palabras de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y con sentido más general: «. el reconocimiento expreso de la potestad del control de constitucionalidad de oficio no significa invalidar el conjunto de reglas elaboradas por el tribunal a lo largo de su actuación institucional relativas a las demás condiciones, requisitos y alcances de dicho control.» (causa R.401.XLIII, «Rodríguez Pereyra, Jorge Luis y otra c/Ejército Argentino s/daños y perjuicios», sentencia del 27-XI-2012). iii) Cabe hacer excepción a esta regla cuando, si bien la parte interesada no introdujo el planteo constitucional en la primera oportunidad, la cuestión fue examinada y resuelta por la sentencia definitiva, lo que subsana su posible extemporaneidad (doct. Corte Suprema de Justicia de la Nación, Fallos 298:175; 311:1176; 312:826; 328:242).

Una variante de esta última situación se produce precisamente cuando el tribunal sentenciante se pronuncia de oficio sobre la invalidez supralegal de la norma pertinente. Sobre esta potestad que asiste a los judicantes, de inspeccionar la validez de las leyes a la luz de la Constitución y de los Tratados internacionales control de convencionalidad-, ya me he pronunciado reiteradamente en causas C. 88.847, «Peters», sent. del 12-IX-2007; L. 84.880, «Castillo», sent. del 27-VI-2007; L. 83.781, «Zaniratto», sent. del 22-XII-2004, entre otras; de conformidad con el criterio de la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re «Banco Comercial de Finanzas», Fallos 327:3117. iv) En síntesis, corresponde exigir la tempestividad del planteo constitucional como condición indispensable para su andamiaje, sin perjuicio de la atribución de los jueces de declarar la inconstitucionalidad de oficio de las normas respectivas cuando así corresponda.

4. Bajo tal esquema, observo que el planteo de inconstitucionalidad del art. 3 del decreto 146/2001 ha sido introducido de manera extemporánea, no advirtiendo en el caso motivos para declarar la inconstitucionalidad de oficio (C.S.J.N. in re «Banco de Finanzas», sent.del 19-VIII-2004; ídem este Tribunal, causas L. 100.590, «Vega», sent. del 30-IV-2014; B. 66.500, «Baldini», sent. del 30-III-2011; B. 56.464, «Martínez», sent. del 30-II-2011; B. 60.687, «Suárez Acosta», sent. del 29-XII-2009; L. 83.781 «Zaniratto», sent. del 22-VII-2004).

5. En cambio, los agravios vinculados con el rechazo de las indemnizaciones implementadas en los arts. 9, 10 y 15 de la ley 24.013, por las razones antedichas, serán considerados en el marco de excepción que contempla el art. 55 primer párrafo -in fine- de la ley 11.653. Como es sabido, en ese supuesto, la función revisora de la Suprema Corte se circunscribe a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal vigente a la fecha del pronunciamiento impugnado, hipótesis que se configura cuando la Suprema Corte ha establecido la interpretación de normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo apelado transgrede la misma en un caso similar (conf. causa L. 94.368, «Casella», sent. del 18-VIII-2010; entre otras). a. Como he adelantado, el a quo desestimó el reclamo con fundamento en que el accionante no aguardó el transcurso del plazo de treinta días -que dispone el art. 11 del precitado régimen- antes de romper el contrato de trabajo (sent., fs. 476 vta./477). b. Considero que asiste razón al impugnante en cuanto denuncia que este aspecto de la decisión conculca la doctrina de esta Suprema Corte sentada en el precedente «González» (L. 57.713, sent. del 9-IV-1996), entre muchas otras, ya que el plazo fijado en la mencionada norma está previsto para que el empleador cumpla con la registración reclamada; de no hacerlo la ley lo sanciona. Dicho precepto -como bien lo apunta el interesado- no establece que el trabajador deba esperar, si existe una causal justificada en los términos del art.242 de la Ley de Contrato de Trabajo que imposibilite la continuación del vínculo laboral, el transcurso de los treinta días para hacerse acreedor a la indemnización que aquella norma contempla.

Precisamente, esto es lo que acontece en el sub judice, atento que el órgano de grado reputó comprobado que el día 19-XI-2001 el trabajador intimó a su empleador para que le abonara salarios adeudados y recargos por horas extras trabajadas, procediera a regularizar la registración del vínculo y justificara el pago de aportes previsionales, bajo apercibimiento de considerarse despedido, situación que finalmente concretó el día 8-XII-2001 ante la falta de respuesta a su anterior intimación (ver cartas documento de fs. 9 y 14; vered., fs. 462 vta./463 vta.). Cabe agregar que, tras tener por demostradas las motivaciones extintivas invocadas por el actor (vered., fs. 466 y vta.), en la etapa de sentencia juzgó que las mismas configuraron una injuria con entidad suficiente para disolver el vínculo (sent., fs. 474 y vta.).

Conforme lo expresado, corresponde revocar el pronunciamiento atacado en cuanto dispuso -en violación de la doctrina legal- la desestimación de las indemnizaciones estatuídas en la Ley Nacional de Empleo. c. Resta determinar si se verifican los requisitos legales para su procedencia.

Entiendo que el interrogante merece una respuesta afirmativa.

Como acertadamente lo puntualiza el quejoso (v. rec., fs. 504 vta./505), el a quo estimó acreditados los presupuestos que viabilizan los resarcimientos fijados en los arts. 9 y 10 de dicho régimen, en tanto estableció -por un lado- que el demandado registró como fecha de ingreso del actor una posterior a aquella en que tuvo inicio la vinculación y -por el otro- que consignaba en los recibos de sueldo una remuneración inferior a la que le abonaba (vered., fs. 460/461 vta.; sent., fs. 476 y vta.).

También reputó probado que -por envío postal de fecha 19-XI-2011- el accionante cumplió con la intimación prevista en el art. 11 de la ley 24.013 (vered., fs.462 vta./463, 465 vta./466; sent., fs. 476 vta.). Del análisis del mencionado instrumento surge que el trabajador intimó correctamente al demandado para que -dentro del plazo fijado por la ley 24.013- regularizara su situación laboral, denunciando la fecha de ingreso y el salario percibido, consignando -en suma- los datos verídicos que debieron ser registrados por el empleador de conformidad con la normativa de aplicación (ver carta documento de fs. 9; art. 11, ley 24.013). De igual modo, sostuvo el sentenciante que -mediante la pieza telegráfica de fs. 11- Pérez satisfizo la exigencia de comunicación a la Administración Federal de Ingresos Públicos (vered., fs. 464, 466; sent., fs. 476 vta.).

Además, juzgó incumplida por el demandado la obligación de inscribir en forma correcta la relación laboral (vered., fs. 466 y vta.; sent., fs. 474/475).

Por consiguiente, deviene incuestionable la admisión de las indemnizaciones determinadas en los arts. 9 y 10 de la ley 24.013.

En cuanto a la contemplada en el art. 15 de dicho plexo normativo, esta Corte -reiteradamente- ha declarado su procedencia en los supuestos en que se ha evidenciado la denuncia motivada del contrato de trabajo por parte del actor, la cual ha quedado consumada luego de haber recibido el principal -de modo justificado- la intimación del art. 11 de la ley 24.013 y el mismo no ha acreditado de modo fehaciente que su conducta no tuvo por objeto inducir al trabajador a colocarse en la situación de despido (conf. causas L. 92.769, «Quezada», sent. del 24-VI-2009; L. 72.895, «Romero», sent. del 10-IV-2001; entre otras).

En el sub lite, como hemos visto, el tribunal de grado declaró justificado el despido indirecto dispuesto por Pérez, así como que la intimación formulada por el trabajador resultó válida. También se demostró que la sociedad empleadora La Vanguardia S.A. no sólo no respondió a tal emplazamiento, sino que se decretó su rebeldía en la presente causa (v. fs.82 y vta., 89/90 y 460).

Ello permite concluir, sin hesitación, que la empleadora no probó en modo alguno que su conducta no hubiere tenido por objeto inducir al trabajador a colocarse en situación de despido (art. 15, segundo párrafo, ley 24.013), razón por la que también debe prosperar la pretensión fundada en dicho precepto.

IV. Por lo expuesto, si mi propuesta es compartida, corresponde hacer lugar parcialmente al recurso interpuesto con el alcance determinado en el ap. III. pto. 5. «b» y «c», y, en consecuencia, re vocar la decisión de grado en cuanto desestimó las pretensiones fundadas en los arts. 9, 10 y 15 de la ley 24.013, cuya procedencia se declara. Los autos deberán ser devueltos al tribunal de origen para que practique liquidación con arreglo a lo que aquí se decide.

Costas de ambas instancias a cargo de la demandada en relación a los reclamos que prosperan, y de la actora respecto de los desestimados (arts. 289, C.P.C.C.; 19 y 22, ley 11.653).

Con el alcance expresado, voto por la afirmativa.

A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Negri dijo:

I. Adhiero al voto del colega que abre el acuerdo con excepción de lo que en él se expresa en torno del agravio relativo al rechazo de la indemnización prevista en el art. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo (t.o., ley 25.345). a. Al respecto, si bien se verifica en la especie -como acertadamente lo señala el doctor Hitters- que el valor de lo cuestionado ante esta instancia extraordinaria no alcanza a satisfacer el monto mínimo previsto por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial, el hecho de que el recurrente haya planteado la inconstitucionalidad del art.3 del decreto 146/2001 del Poder Ejecutivo nacional -conducto por el cual el juzgador de grado culminó desestimando aquel resarcimiento- nos coloca en presencia de una cuestión de índole federal, y corresponde, por ello, conocer y resolver el agravio soslayando las restricciones que pudieran surgir del régimen local, a fin de que, a través del tránsito por el superior Tribunal de la causa, la recurrente pueda acceder eventualmente al remedio federal (conf. causas L. 103.370, «Langenheis», sent. del 10-VIII-2011; L. 87.327, «Brelles», sent. del 22-IV-2009; Ac. 84.753, «Aguilera», resol. del 5-II-2003).

Ello así pues, como lo he expresado en reiteradas oportunidades, la inconstitucionalidad de una norma puede y debe ser declarada de oficio por los jueces aun sin que medie petición de parte (L. 60.770, «Pérez», sent. del 11-III-1997; entre muchas otras), toda vez que el tema de su congruencia constitucional debe ser resuelto cuando las circunstancias de la causa así lo exijan (conf. Ac. 75.329, «De Luca», sent. del 18-IV-2001). b. Aclarado ello, sobre el tema de fondo me pronuncié por primera vez al emitir mi voto -en minoría- en la causa L. 92.547, «Juárez», sent. del 28-V-2010, por lo que creo oportuno reproducir aquí, en cuanto sea pertinente, los fundamentos allí expresados.

Señalé en aquella oportunidad que el texto del art. 80 de la ley 20.744 impone al empleador la obligación de entregar los certificados que la norma expresa «dentro de los dos días hábiles computados a partir del día siguiente al de la recepción del requerimiento». Por su parte, el art. 3 del decreto 146/2001 que lo reglamenta, establece que «el trabajador quedará habilitado para remitir el requerimiento fehaciente a que hace alusión el artículo que se reglamenta, cuando el empleador no hubiera hecho entrega de las constancias o del certificado previstos en los apartados segundo y tercero del art. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo (t.o.por el decreto 390/1976 y sus modificatorias) dentro de los treinta días (30) corridos de extinguido, por cualquier causa, el contrato de trabajo».

Como se advierte, el recaudo temporal adicional que impone el decreto reglamentario constituye un evidente exceso en relación a la norma que reglamenta, toda vez que esta última nada indica al respecto. El art. 99 inc. 2 de la Constitución nacional reconoce al Presidente de la Nación la atribución de expedir instrucciones y reglamentos que sean necesarios para la ejecución de las leyes de la Nación, cuidando de no alterar su espíritu con excepciones reglamentarias. En ese esquema, el art. 3 del decreto 146/2001 es inconstitucional. c. Así las cosas, acierta el recurrente al impugnar la validez constitucional de aquella norma reglamentaria y logra que se deje sin efecto la sentencia que rechazó la pretensión con fundamento en el art. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo por considerar incumplida «. la condición de oportunidad temporal» ordenada por el art. 3 del decreto 146/2000 (fs. 477 vta.). d. Asumida la competencia positiva y teniendo en consideración las implicaciones que derivan del instituto de la apelación adhesiva, lo que supone que en la resolución del presente recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deba tener en cuenta lo alegado por la parte ausente en su tramitación, debido a que la sentencia le fue favorable, adelanto que, en mi opinión, la impugnación alcanza éxito. e. En efecto, la intimación a la entrega del «certificado de trabajo y aportes de la seguridad social» (v. despacho postal de fecha 6 de diciembre de 2001 obrante a fs. 14), debe reputarse recibida a tenor de la rebeldía de Vanguardia S.A. (v. fs. 466, segundo párrafo del veredicto), sin que la emplazada haya dado cumplimiento oportuno al requerimiento, tampoco a lo largo del trámite judicial, motivo por el cual resultó condenada a hacer entrega de tales instrumentos (v. sent., fs. 482 vta.).

II.Por todo lo expuesto, el recurso debe prosperar en su totalidad, debiendo condenarse a las codemandadas al pago de la indemnización prevista en el art. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo (t.o., ley 25.345; conf. L. 91.290, «de Lorenzo», sent. del 28-IX-2011). Los autos deberán volver a la instancia de origen a fin de que se practique la liquidación correspondiente.

En lo demás, como anticipé, adhiero al voto del doctor Hitters.

Atento el resultado, las costas se imponen a la vencida (art. 289 C.P.C.C.).

Voto por la afirmativa.

A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:

I.1. En el caso, como bien se señala en el sufragio que inaugura este acuerdo, el valor del litigio resulta inferior al monto fijado en el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial local a la fecha de interposición del recurso.

Luego, la función revisora de este Tribunal debe circunscribirse a verificar si concurre en la especie la particular hipótesis receptada en el art. 55, primer párrafo in fine de la ley 11.653, que se configura cuando esta Suprema Corte ha determinado una doctrina mediante la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo apelado la transgrede en un caso similar (conf. causas L. 94.368, «Casella», sent. del 18-VIII-2010; L. 93.096, «Mañay», sent. del 3-VI-2009; L. 95.338, «De Nardis», sent. del 20-V-2009; entre otras).

2. a. A diferencia de los colegas preopinantes, entiendo que el agravio referido al rechazo de la sanción reclamada con fundamento en el art. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo, debe ser tratado en el reducido campo de revisión arriba mencionado.

(i) Ningún argumento porta el recurso extraordinario dirigido a evidenciar la presencia de algún supuesto excepcional que autorice a desplazar el requisito relativo a la cuantía económica al que se aludió en párrafos anteriores, más aún:equívocamente sostiene el quejoso que el valor de lo controvertido supera el monto que exige el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (v. fs. 503).

Entonces, la circunstancia de que en el embate en análisis se cuestione la constitucionalidad del decreto 146/2001, en nada gravita en el test de admisibilidad, puesto que ello en modo alguno fue esgrimido por el interesado para eventualmente lograr que la impugnación sea analizada por este Tribunal sin la restricción que el régimen adjetivo laboral local impone ante la insuficiencia de la suma gravaminis.

(ii) Situados en el estrecho carril previsto en el art. 55, primer párrafo in fine de la ley 11.653, el cuestionamiento, en tanto carece de toda denuncia de violación de doctrina legal, resulta inadmisible. b. Observo asimismo en una hipótesis más favorable al recurrente, el planteo de inconstitucionalidad del decreto 146/2001, introducido en el recurso en análisis, luce extemporáneo.

En determinados supuestos puede descartarse la imposición de este tipo de exigencias de planteamiento oportuno, vgr. cuando imponerlo conduzca a aplicar una norma concluyentemente descalificada por su contrariedad con la Constitución nacional por la Corte federal (así, mi voto en la causa L. 86.269, «Gómez», sent. del 30-III-2005, reproducida en L. 81.577, «Guzmán», sent. del 8-VI-2005; conf. C.S.J.N., «Banco Comercial de Finanzas S.A. (en liquidación B.C.R.A.) s/Quiebra», causa B.1160.XXXVI, sent. del 19-VIII-2004); o se trate de una norma que, siguiendo los lineamientos que para casos análogos sentara el alto Tribunal, fue declarada inconstitucional por esta Suprema Corte (conf. mis votos en causas C. 103.094, «Budetta», sent. del 11-XI-2009; C. 89.831, «Leguizamón», sent. del 1-X-2008); o cuando, de cualquier otro modo, obligar a satisfacer por completo aquella carga luzca como un recaudo meramente ritual (v. mi voto en autos C. 86.429, «Asociación», sent.del 22-VIII-2007). Pero las circunstancias referidas lejos están de concurrir en la especie, ni han sido insinuadas por el impugnante 3. En lo que respecta a la crítica que gira en torno a los rubros peticionados al amparo de los arts. 9, 10 y 15 de la ley 24.013, adhiero a lo expuesto por mi distinguido colega doctor Hitters en el ap. III.5 de su sufragio.

II. Por lo expuesto, el recurso debe prosperar en los términos plasmados en el ap. IV de la opinión que inaugura este acuerdo.

Con el alcance indicado, voto por la afirmativa.

El señor Juez doctor de Lázzari, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Hitters, votó también por la afirmativa.

La señora Jueza doctora Kogan, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Negri, votó también por la afirmativa.

A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Pettigiani dijo:

Adhiero a lo manifestado por el doctor Negri (conf. voto en la causa L. 100.590, «Vega», sent. del 3-IV-2014, en donde presté mi adhesión a mi distinguido colega), con excepción del segundo párrafo del punto I.a.

Asimismo, he de señalar que el planteo de inconstit ucionalidad sometido a decisión, con relación al art. 3 del decreto 146/2001, no merece reproche de extemporaneidad por las razones y el criterio que he expresado en la causa L. 90.259, «Agüero» (sent. del 11-VI-2008), a la cual me remito por razones de brevedad (como asimismo lo he sostenido en la causa L. 84.686, «Silva», sent. del 22-VIII-2007).

Con el alcance indicado, voto por la afirmativa.

A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:

Adhiero a la propuesta decisoria del doctor Hitters.

1. Como se destaca en los votos precedentes, la magnitud económica de lo cuestionado ante esta instancia extraordinaria no supera el importe mínimo para recurrir fijado por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (art.1, ley 11.593), como recaudo de admisibilidad del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido.

Sin embargo, alegada la inconstitucionalidad del art. 3 del decreto 146/2001 que reglamenta el art. 45 de la ley 25.345 (fs. 307 y siguientes), el agravio por el rechazo de la sanción prevista en esa norma debe ser examinado con prescindencia del evocado límite cuantitativo, en razón de hallarse configurada una cuestión de naturaleza federal (art. 14, ley 48).

Por razones de celeridad y de economía procesal, la decisión de esta Corte debe adecuarse a lo resuelto por el máximo Tribunal de Justicia de la Nación, que ha dispuesto, a partir de los precedentes «Strada» (Fallos 308:490), «Christou» (Fallos 310, v. 1:324) y «Di Mascio» (Fallos 311:2478), que todo pleito radicado ante la justicia provincial en el que se susciten cuestiones federales, debe arribar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación sólo después de «fenecer» ante el órgano máximo de la judicatura local, dado que los tribunales de provincia se encuentran habilitados para entender en causas que comprendan puntos regidos por la Constitución, las leyes federales y los tratados internacionales. Así, en los casos aptos para ser conocidos según el art. 14 de la ley 48, es necesaria la intervención del superior Tribunal de la Provincia en virtud de la regulación que el legislador nacional hizo del art. 31 de la Constitución, de modo que la legislatura local y la jurisprudencia de sus tribunales no pueden vedar el acceso a aquel órgano en tales supuestos (causas L. 104.461, «Montenegro», sent. del 30-V-2012; L. 85.710, «Aguirre», sent. del 26-IX-2007).

Establecido lo que antecede, considero que el planteo que porta el recurso es producto de una reflexión tardía que, como tal, no puede ser atendido en esta instancia extraordinaria.

Como se admite en el recurso (fs.309), el interesado no ha sometido al conocimiento del tribunal de origen la tacha que ahora arguye, no obstante hallarse vigente la norma al tiempo de ser promovida la demanda.

En tales términos cobran virtualidad los fundamentos dados en el precedente P. 104.637 (sentencia del 1-IX-2010) -y su progenie-, a la luz de los lineamientos establecidos por la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (C.S., causas F.274.XLIII, «F., H. y otra c/ Sala, Arturo Julio y otra» -sent. del 3-VII-2007-; T.400.XLIV, «T., F.M. s/ jurado de enjuiciamiento» sent. del 10-XI-2009-), que doy por reproducidos por economía y celeridad procesal.

En consecuencia, y sin perjuicio de la potestad de los magistrados de declarar de oficio la inconstitucionalidad de las normas, corresponde desestimar la tacha constitucional intentada, en la medida en que la cuestión ha sido introducida en forma extemporánea.

2. En cambio, debe prosperar el cuestionamiento referido a las indemnizaciones contempladas en los arts. 9, 10 y 15 de la ley 24.013, según los fundamentos expuestos por el doctor Hitters en el punto III.5 de su voto, a los que adhiero.

Con el alcance indicado, voto por la afirmativa.

Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente S E N T E N C I A

Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, por mayoría, se hace lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído y, en consecuencia, se revoca la decisión de grado en cuanto desestimó las pretensiones fundadas en los arts. 9, 10 y 15 de la ley 24.013, cuya procedencia se declara.

Vuelvan los autos al tribunal de origen para que practique la liquidación respectiva, con arreglo a lo que aquí se ha resuelto.

Con costas de ambas instancias a cargo de la demandada respecto de los reclamos que prosperan, y de la actora en relación a los desestimados (arts. 289, C.P.C.C.; 19 y 22, ley 11.653).

Regístrese y notifíquese.

JUAN CARLOS HITTERS

LUIS ESTEBAN GENOUD

HECTOR NEGRI

HILDA KOGAN

EDUARDO JULIO PETTIGIANI

EDUARDO NESTOR DE LAZZARI

DANIEL FERNANDO SORIA

GUILLERMO LUIS COMADIRA

Secretario

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