Procede la extensión de responsabilidad a la empresa de telefonía móvil, pues su objeto social requiere de la actividad de promoción y venta de equipos que realizaba la actora.

CelularesPartes: Rodriguez Mariano Alejandro c/ Red Multiservicios S.A. y otro s/ cobro de salarios

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo

Sala/Juzgado: I

Fecha: 26-oct-2015

Cita: MJ-JU-M-95400-AR | MJJ95400 | MJJ95400

Procede la extensión de responsabilidad a la empresa de telefonía móvil, pues su objeto social requiere de la actividad de promoción y venta de equipos que realizaba la actora.

Sumario:

1.-Corresponde confirmar la responsabilidad de la codemandada en virtud de lo normado por el art. 30 LCT. pues se acreditó la existencia de una relación comercial entre las empresas, y además, surge sin hesitación alguna, que la empleadora se encargaba de la promoción y venta de equipos y líneas en claro beneficio de la otra empresa.

2.-Toda vez que del estatuto de la empresa codemandada se extrae que su finalidad es la de prestar por cuenta propia o de terceros o asociada a terceros de servicios de telecomunicaciones, no puede validarse que la empresa resulte deslindada de toda solidaridad en los términos del art. 30 LCT. respecto de la relación habida entre el actor y la empleadora, pues justamente su objeto social sólo puede cumplirse de modo satisfactorio con una acción de promoción y venta de sus productos.

3.-Puesto que la promoción y venta de productos constituyen actividades normales, habituales e inescindibles de la licenciataria, se verifica la existencia de una unidad técnica de ejecución entre la empresa y su contratista de acuerdo con lo dispuesto por el art. 6º de la LCT., que justifica la extensión de responsabilidad en los términos del art. 30 LCT.

4.-Siendo claras las funciones de control que la ley le impone al contratista, y sin que en el caso medie prueba respecto de su cumplimiento, corresponde admitir la solidaridad de la empresa contratista, en los términos del art. 30 LCT., respecto de los alcances indemnizatorios del art. 132 bis LCT.

5.-No corresponde extender la responsabilidad, con fundamento en el art. 30 LCT. por la confección de las certificaciones del art. 80 de ese cuerpo normativo, a quienes no fueron empleadores del trabajador, puesto que el deber patronal nacido del citado art. 80 reconoce una primera actividad, la de confeccionar las certificaciones, que constituye una obligación de hacer, de cumplimiento en especie estrictamente personal a cargo del empleador en base a sus libros y registros empresarios (del voto del Dr. Miguel Ángel Maza al que adhiere la Dra. Graciela A. González – mayoría).

Fallo:

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 26 días del mes de octubre de 2.015, reunida la Sala Primera de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, para dictar sentencia en la causa del epígrafe, y de acuerdo al correspondiente sorteo, se procede a votar en el siguiente orden:

La Dra. Gloria M. Pasten de Ishihara dijo:

I. Contra la sentencia de fs. 515/518 apela la parte demandada a fs. 529/534 con oportuna réplica de su contraria a fs. 536/539. Por su parte, tanto la representación letrada de la parte actora, como la perito contadora actuante apelan sus honorarios por estimarlos reducidos (fs. 521 y 523 respectivamente).

II. El actor inició demanda con el fin de hacerse de los rubros que detalla a lo largo de su demanda por la relación que mantuvo con Red Multiservicios SA y Telecom Personal SA (en su carácter de tercera responsable en los términos del art. 30 LCT) consistentes en el salario de noviembre del 2.012, una reparación por la falta de ingreso de los aportes al Seguro de Retiro “La Estrella” y la multa por los arts. 80 y 132 bis de la LCT.

Quien me precedió en el juzgamiento, hizo lugar a la demanda en todo en cuanto fue objeto de reclamo y, ante ello, se alza Telecom Personal SA.

La demandada inicia su objeción con la exposición de lo que considera, es una errónea construcción de la sentencia debido a una ponderación exacerbada de las pruebas aportadas por el actor. Rechaza ya en su segundo agravio haber mantenido una relación directa con el actor, ni registral, menos aún una relación jerárquica apreciable desde las dependencias económica, técnica o jurídica.En su visión, los testigos no pueden dar cuenta de la relación comercial que mantuvo la apelante con Red Multiservicios SA, no acreditaron que el actor hubiera prestado algún tipo de tareas que beneficiaron a Telecom Personal SA y no describieron en qué lugar se habrían dado las supuestas capacitaciones. El análisis antedicho, culmina con el tercer agravio en el que expresa su disconformidad con la solidaridad que le fue extendida en los términos del art. 30 LCT donde hace alusión al precedente de la CSJN “Rodríguez c/ Cía Embotelladora Argentina”.

A fs.133/4 declaró el Sr. Gómez que manifestó que eran compañeros de trabajo con el actor y que trabajaban para Personal, que existía una relación comercial entre las empresas pues Red de Multiservicios SA era agente oficial de Personal, expresó que si bien el actor trabajaba en el depósito, cuando llegaba la época de verano iban a la Costa Atlántica de Buenos Aires y Mendoza con el fin de publicitar y comercializar los servicios de Personal y que para ello contaban con camionetas ploteadas de ésta empresa e indumentaria con el logo de ambas compañías. De ese modo, llegaban a algún punto neurálgico con la camioneta, sillas, mesas, los teléfonos, folletería de Personal y hacían los contratos de afiliación respecto del servicio de telefonía conjuntamente con la promoción y la venta de equipos.

A fs. 135 depuso el Sr. Baldoni quien afirmó que trabajaba conjuntamente con el actor, que el testigo trabajaba en la parte administrativa de ventas y sabe que el actor además de ser administrativo realizaba tareas de venta pues le llegaban las carpetas donde figuraban las transacciones realizadas por el accionante para ingresarlas al sistema y que le abonen las comisiones.Dijo que Telecom le daba las órdenes de trabajo al actor y que ello le consta porque laboraba allí.

De este modo, e independientemente de las afirmaciones vertidas por la demandada al apelar, las testimoniales resultan coincidentes y convincentes respecto de la relación comercial habida entre las empresas de las que surge, sin hesitación alguna, que Red de Multiservicios SA se encargaba de la promoción y venta de equipos y líneas en claro beneficio de Personal Argentina SA.

A fs. 145/146 obra la pericia parcial realizada por la perito contadora desinsaculada en autos (el carácter de parcial lo adopta porque los libros de Red Multiservicios SA no le fueron exhibidos). De su punto 4, se extrae que el art. 3º del estatuto de Telecom Personal SA dispone que la finalidad de la empresa sea la de “prestar por cuenta propia o de terceros o asociada a terceros de servicios de telecomunicaciones, excepto radiodifusión.”. De este modo, no puede validarse con apoyo en el precedente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación “Rodríguez c/ Embotelladora” que Telecom Personal SA resulta deslindada de toda solidaridad en los términos del art. 30 LCT respecto de la relación habida entre el Sr. Mariano Rodríguez y Red de Multiservicios SA pues el objeto social transcripto precedentemente sólo puede cumplirse de modo satisfactorio con una acción de promoción y venta de sus productos. De modo que al ser éstas, actividades normales, habituales e inescindibles de la licenciataria, se verifica la existencia de una unidad técnica de ejecución entre la empresa y su contratista de acuerdo con lo dispuesto por el art. 6º de la LCT.

Por último, cabe memorar que el fallo invocado al apelar no es vinculante, en virtud de lo resuelto por el Alto Tribunal en la causa “Benítez, Horacio Osvaldo c/Plataforma Cero S. A.y otros”, sentencia del 22/12/2009 (Fallos 332:2815). En este último precedente se reafirma que es propio de los jueces naturales de la causa y ajeno a la intervención extraordinaria del Máximo Tribunal, la interpretación y alcances de la solidaridad crediticia.

Por lo expuesto, propicio la confirmación de la responsabilidad de la codemandada Telecom Personal SA en virtud de lo normado por el art. 30 LCT.

El cuarto y quinto agravio vertidos por la demandada recaen tanto sobre la multa del art. 80 LCT como por la obligación de confeccionar y entregar los certificados a la que fue condenada.

En primer lugar, afirma que el actor no dio cumplimiento con las previsiones del decreto 146/01. No obstante, a fs. 158/160 obra el informe del Correo Oficial que da cuenta de las misivas que colacionó el Sr. Rodríguez en mayo del 2013 cuando ya había transcurrido el plazo legal que lo habilitaba a cursar la intimación, hecho que permite desestimar el agravio incoado.

Sorteado el inconveniente formal planteado, en orden a la queja vertida respecto de la extensión de responsabilidad por la indemnización reclamada con fundamento en el art.45 de la ley 25.345 y la confección de los certificados de trabajo, señalo que la responsabilidad solidaria prevista por el art. 30 de la LCT se extiende a todas las obligaciones derivadas del contrato de trabajo, circunstancia que incluye la dación de los instrumentos mencionados y la multa por su omisión en tiempo y forma. Por ello, propicio la confirmación de la multa y la obligación de hacer incluidas en el art. 80 LCT (ver entre otras SD 86.193 del 08.10.10 “Bringas Miriam Beatriz c. Lekryzon SA y otros s. despido” y SD 86.737 del 23.06.11 “Lucero Julio Cesar c. Plataforma Cero SA y otros s.despido” del registro de esta Sala). Respecto de las astreintes, considero que la apelación no puede ser receptada debido a que las mismas son potenciales y no causan un perjuicio actual y concreto, extremo necesario para la prosecución del recurso.

III. El sexto agravio lo constituye la extensión de responsabilidad respecto de los alcances indemnizatorios del art. 132 bis LCT. Expresa que al no titularizar la relación laboral mal puede condenárselo por una retención indebida de aportes sin su correlativo depósito en los entes a los que debieron haber sido dirigidos. No puede ser excluido del análisis, que el segundo párrafo del art. 30 LCT (sustituido por la Ley 25.013) expresa que los cedentes deben exigir a los cesionarios el CUIL de sus dependientes, comprobantes del pago de remuneraciones, copia firmada de los comprobantes de pago mensuales al sistema de la seguridad social, la cuenta corriente bancaria y la cobertura por ART.

En consecuencia, y siendo clara las funciones de control que la ley le impone al contratista sin que en el caso medie prueba respecto de su cumplimiento, corresponde dar una solución similar a la propuesta en el punto anterior en el sentido de la falta de excepciones respecto de los alcances de la solidaridad del art. 30 LCT. . En el caso, Red de Multiservicios SA es la responsable directa por la obligación incumplida y -como expresé- Telecom Personal SA responde solidariamente en los términos del art. 30 LCT por la totalidad del crédito diferido a condena que no fue apelado en torno a su cuantía.

IV. Con respecto al planteo de la recurrente en torno a una supuesta aplicación retroactiva del Acta 2601, cabe precisar que desde antaño y como es sabido, las resoluciones que adopta ésta Cámara mediante Acta sólo exteriorizan su criterio, pero no constituyen directrices obligatorias sino que son indicativas de una solución posible y en segundo lugar, siendo que los juicios laborales carecen de intereses legales, la tasa determinada por la Sra. Magistrada de grado encuentra fundamento en las facultades conferidas por el art.622 del Código Civil, 768 y 1748 del Código Civil y Comercial Unificado y lo resuelto por nuestro más Alto Tribunal en la causa “Banco Sudameris c/ Belcam SA” del 17.5.94 (B.876 XXV).

V. En cuanto a la imposición de las costas efectuada en el decisorio apelado, cabe recordar que el artículo 68, 2do. párr del CPCCN faculta al juez a apartarse del principio general que rige en la materia “siempre que encontrare mérito para ello”. El “mérito” al que alude la norma existe cuando se ha litigado mediante la convicción fundada acerca de la existencia del derecho invocado, por tratarse de cuestiones suscitadas por la interpretación de las leyes o cuando esas cuestiones tienen complejidad jurídica. Sin embargo, en el caso de autos, no encuentro reunidos los extremos mencionados para apartarme del principio general del vencimiento, por lo cual propicio confirmar la imposición de costas a la demandada, en su calidad de objetivamente vencida en el pleito (arts. 68 CPCCN).

VI. Los honorari os regulados en grado llegan apelados por altos. Asimismo, los de la representación letrada de la parte actora y de la perito contadora por reducidos. De conformidad con el mérito y eficacia de los trabajos cumplidos en Primera Instancia, el valor económico del juicio, los rubros que resultaron procedentes, el resultado final del pleito y las facultades conferidas al Tribunal, estimo que lucen adecuados por lo que propongo sean confirmados (arts. 38 LO, 1, 3, 6, 7, 8, 19, 37 y 38 de la Ley 21.839 y 3º incs. B y g del Dto. 16.638/57). Con igual criterio, propongo regular los honorarios de los letrados firmantes de los escritos obrantes a fs. 529/534 y 536/539 en el 25% respectivamente de lo que a cada uno le corresponda percibir por su actuación en la anterior etapa. De conformidad con el art. 68 CPCCN, las costas de alzada propicio que sean impuestas a Telecom Personal SA en su carácter de vencida.

VII. En definitiva, propicio:a)- Confirmar la sentencia apelada b)- Con costas en la alzada a Telecom Personal SA en su carácter de vencida (art. 68 CPCCN) y

c) regular los honorarios de la representación letrada de las partes actora y demandada apelante en el 25% de lo que le correspondiese respectivamente por su actuación en la instancia anterior (art. 14 Ley 21839).

El Dr. Miguel Ángel Maza dijo:

Por análogos fundamentos, adhiero a las conclusiones del voto de mi distinguida colega Dra. Gloria M. Pasten de Ishihara, con excepción de lo propuesto en el considerando V respecto de la sanción por falta de entrega del certificado de trabajo.

Tal como hemos sostenido en la Sala II de ésta Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, no corresponde extender la responsabilidad, con fundamento en el art. 30 LCT por la confección de las certificaciones del art. 80 de ese cuerpo normativo, a quienes no fueron empleadores del trabajador. Ello así puesto que el deber patronal nacido del citado art. 80 reconoce una primera actividad, la de confeccionar las certificaciones, que constituye una obligación de hacer, de cumplimiento en especie estrictamente personal a cargo del empleador en base a sus libros y registros empresarios.

Tal acto material sólo puede ser llevado a cabo, salvo la suplantación judicial en casos de extrema contumacia, por el empleador o quien lo reemplace en ese rol específico, pero no por otros empresarios ajenos a la explotación, aun cuando éstos puedan responder vicariamente por otras obligaciones nacidas de los contratos de trabajo, incluidas las multas y sanciones derivadas del incumplimiento de aquel deber y que no posean esta característica personal (en similar sentido ver: Sala I, S.D. Nº 82.887 DEL 29/7/05, en autos “López, Sergio Enrique c/ETYSA -Empresa de Transportes YINKO S.A. y otro s/ Despido”; Sala II en su anterior integración, S.D. Nº 93.928 del 26/07/05, in re “Vallejos, Nicomedes c/ CONIPER S.A.y otros s/Ley 22.250”).

Por lo expuesto, propongo, dejar sin efecto lo resuelto por el sentenciante de grado, en cuanto condenó a Telecom Personal SA a hacer entrega de los certificados previstos en el art. 80 LCT.

La Dra. Graciela A. González dijo:

Ante la discrepancia existente entre mis distinguidos colegas en orden a la procedencia de la condena impuesta al codemandado solidario, quien fue considerado responsable en los términos del art. 30 LCT, respecto de la obligación de hacer consistente en confeccionar los certificados de trabajo del Sr. Rodríguez, me expediré en coincidencia con lo expuesto por el Dr. Miguel Ángel Maza debido al criterio adoptado en la Sala II de esta Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo.

En tales términos adhiero a la solución propuesta por elDr. Miguel Ángel Maza.

A mérito de lo que resulta del precedente acuerdo, SE RESUELVE: 1) Confirmar la sentencia atacada en cuanto a lo principal que decide, a excepción de la condena a la entrega de los certificados previstos en el art. 80 LCT, quedando la entrega de estos sólo a cargo del codemandado Red

Multiservicios SA. 2) Imponer las costas de Alzada a Telecom Personal SA en su carácter de vencida (art. 68 CPCCN), 3) Regular los estipendios a la representación y patrocinio letrada de las partes actora y codemandada apelante, por su actuación en esta instancia, en el veinticinco por ciento de lo que le corresponde percibir por su desempeño en origen.

Regístrese, notifíquese, oportunamente comuníquese (art. 4º, Acordada CSJN Nº 15/13) y devuélvase.

Gloria M. Pasten deIshihara

Juez de Cámara

Miguel Ángel Maza

Juez de Cámara

Graciela A. González

Jueza de Cámara

Ante mí:

Verónica Moreno Calabrese

Secretaria

En de de 2015 se dispone el libramiento de

Verónica Moreno Calabrese

Secretaria

En de de 2015 se notifica al Sr. Fiscal General la Resolución que antecede y firma. Conste.

Verónica Moreno Calabrese

Secretaria