Rechazo del pedido de quiebra si el único activo del requirente resulta ser un automóvil prendado y secuestrado, tornando ilusorio el objeto del proceso.

autoPartes: M. J. A. s/ propia quiebra

Tribunal: Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Rosario

Sala/Juzgado: Tercera

Fecha: 6-oct-2015

Cita: MJ-JU-M-95598-AR | MJJ95598 | MJJ95598

Rechazo del pedido de quiebra si el único activo del requirente resulta ser un automóvil prendado y secuestrado, tornando ilusorio el objeto del proceso.

Sumario:

1.-Corresponde confirmar la sentencia que rechazó el pedido de quiebra desde que la propia aseveración del requiriente de que su único activo resulta ser un automóvil prendado y secuestrado torna ilusorio el objeto mismo del proceso, cual es la liquidación del patrimonio a efectos de atender, en la medida que resultare posible, las acreencias verificadas, más aún, la apertura del trámite falencial únicamente serviría para generar mayor deuda, en la forma de gastos de justicia (honorario de profesionales intervinientes, sindicatura, sellados, etc.) que resultarían en su mayor parte desatendidos (dada la inexistencia de activo y/o ingresos).

2.-Debe rechazarse el agravio del recurrente contra la sentencia que rechazó el pedido de quiebra desde que el magistrado al momento de resolver sobre el pedido de propia quiebra el magistrado efectuó un análisis detallado de la cuestión, no aplicando de manera automática y abstracta la ley, y así resolvió, pues de acceder al pedido se utilizaría una institución jurídica como la quiebra para un fin que no fue querido por el legislador.

Fallo:

En la ciudad de Rosario, a los 06 días del mes de Octubre de 2015, se reunieron en Acuerdo los Sres. Jueces de la Sala Tercera de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial Integrada, Dres. Mario E. Chaumet, Dario L. Cúneo y Jorge W. Peyrano, para dictar sentencia en los caratulados “M. J. A. S/ PROPIA QUIEBRA”, Expte. N° 184/15, venidos del Juzgado de Primera Instancia de Distrito en lo Civil y Comercial de la 12da Nominación de Rosario, en apelación de la sentencia N° 1539 de fecha 21 de mayo de obrante a fs. 43, y habiéndose efectuado el estudio de la causa, se resolvió plantear las siguientes cuestiones:

PRIMERA: Es nula la sentencia recurrida?

SEGUNDA: Es ella justa?

TERCERA: Qué pronunciamiento corresponde dictar?

Efectuado el sorteo de ley, resultó el siguiente orden de votación: Dres. Cúneo, Chaumet y Peyrano.

A la primera cuestión, dijo el Dr. Cúneo: La actora mantiene la nulidad de la sentencia alzada que rechazó el pedido de su propia quiebra.

Dice que de la lectura del fallo que se recurre, surge que el mismo carece de todo basamento normativo y resulta ser una resolución que se afirma en consideraciones meramente dogmáticas que no tuvieron en cuenta las circunstancias que fueron demostradas en la causa, toda vez que si el juez de grado hubiera reparado en las circunstancias expuestas por su parte que determinaron la situación falencial, debería haber hecho lugar al pedido de apertura de quiebra. Por ello, señala que la carencia de motivación resulta descalificada por el vicio de nulidad.

No le asiste la razón.

Luego de un análisis de la sentencia recurrida, cabe decir que la misma fue debidamente fundada.

En efecto, el sentenciante de grado sostuvo para rechazar el pedido de propia quiebra que “.se trata de un ejercicio irregular del derecho.La propia aseveración del requiriente de que su único activo resulta ser un automóvil prendado y secuestrado torna ilusorio el objeto mismo del proceso, cual es la liquidación del patrimonio a efectos de atender, en la medida que resultare posible, las acreencias verificadas. Más aún, la apertura del trámite falencial únicamente serviría para generar mayor deuda, en la forma de gastos de justicia (honorario de profesionales intervinientes, sindicatura, sellados, etc.) que resultarían en su mayor parte desatendidos (dada la inexistencia de activo y/o ingresos). Así las cosas, se pretende poner en funcionamiento toda una maquinaria judicial que involucrará y reclamará recursos no sólo de este Tribunal sino además, de acreedores obligados a realizar trámites verificatorios, de una sindicatura abocada a la labor técnica, e incluso de la justicia penal, teniendo en consideración la fuerte probabilidad de que el proceso concluya en clausura por falta de activo (cf. Art. 233 L.C.Q.). Todo ello, sin que como correlato se pueda vislumbrar una solución razonable a la problemática esbozada, más que a los intereses privados del propio requiriente.”.

De este modo, y más allá de que la apelante pueda no compartir los argumentos esgrimidos por el juez de grado, la sentencia alzada se encuentra debidamente motivada.

En consecuencia, la nulidad mantenida debe ser rechazada.

A la misma cuestión, dijo el Dr. Chaumet: De conformidad con lo expuesto por el Sr. vocal preopinante, voto por la negativa.

A la segunda cuestión, dijo el Dr. Cúneo: 1. El caso.

1.1. El actor se presentó y solicitó la declaración de su propia quiebra. Relató que se encontraba desempleado y que el único activo que tenía era un automóvil que había sido secuestrado en el marco de una causa judicial que tramita ante el juzgado de distrito en lo civil y comercial de la 10ma. nominación de Rosario. Asimismo, describió quienes eran sus acreedores y las sumas adeudadas a cada uno de ellos.

1.2. Mediante sentencia N° 1539 de fecha 21 de mayo de 2015 (fs.43) el juez a-quo rechazó el pedido de propia quiebra solicitado por el actor.

Para así decidirlo sostuvo que “.el pedido de quiebra no habrá de prosperar, por entender que se trata de un ejercicio irregular del derecho. La propia aseveración del requiriente de que su único activo resulta ser un automóvil prendado y secuestrado torna ilusorio el objeto mismo del proceso, cual es la liquidación del patrimonio a efectos de atender, en la medida que resultare posible, las acreencias verificadas. Más aún, la apertura del trámite falencial únicamente serviría para generar mayor deuda, en la forma de gastos de justicia (honorario de profesionales intervinientes, sindicatura, sellados, etc.) que resultarían en su mayor parte desatendidos (dada la inexistencia de activo y/o ingresos). Así las cosas, se pretende poner en funcionamiento toda una maquinaria judicial que involucrará y reclamará recursos no solo de este Tribunal sino además, de acreedores obligados a realizar trámites verificatorios, de una sindicatura abocada a la labor técnica, e incluso de la justicia penal, teniendo en consideración la fuerte probabilidad de que el proceso concluya en clausura por falta de activo (cf. Art. 233 L.C.Q.). Todo ello, sin que como correlato se pueda vislumbrar una solución razonable a la problemática esbozada, más que a los intereses privados del propio requiriente.”.

2. Contra dicho pronunciamiento se alzó el actor.

En lo sustancial se agravia por cuanto el juez de grado rechazó el pedido de quiebra en base a una interpretación subjetiva del uso del derecho, dando un fundamento aparente al manifestar “.el pedido de quiebra no habrá de prosperar, por entender el suscripto que se trata de un ejercicio irregular del derecho.”.

Expresa que el sentenciante no consideró en su sentencia las particularidades del caso señaladas a fs. 25 vta., 46 y fs. 49 (4to.párrafo), destacando que al estado de insolvencia arribó como consecuencia de haberse quedado sin empleo y al intentar cumplir las obligaciones accedió a una refinanciación de las mismas con condiciones cada vez más onerosas y desventajosas que generaron un a deuda imposible de sostener.

Asimismo, se queja por cuanto el juez requirió un requisito extra para la procedencia de la acción como ser la existencia de activo suficiente para atender las deudas.

En este punto, dice que exigir como requisito extra la existencia de activo suficiente es reprochable toda vez que contradice norma expresa y frondosa jurisprudencia en el sentido de que los requisitos legales establecidos por la ley 24.522 para la declaración de la propia quiebra están reglados y enunciados en los arts. 78, 82 y 86 de la LCQ. Agrega, que el judicante inferior, lejos de interpretar correctamente la normativa vigente, expresó un razonamiento carente de hermenéutica jurídica por cuanto la base de su fallo pretende modificar el sentido de la propia LCQ que expresamente contempla el supuesto de inexistencia de bienes puesto que en el artículo 232 de dicho ordenamiento legal se previó la clausura del procedimiento por falta de activo.

En el mismo entendimiento, destaca que no se tuvo en cuenta que no siempre la quiebra implicará liquidación del activo, pues aún en este tipo concursal existen vías negociadas para salir de la crisis como son la “conversión” (art. 90 y sgtes. LCQ), el “avenimiento” (art. 225 y sgtes.) y las cartas de pago (art. 229 ).

Finalmente, se agravia por cuanto el juez de baja instancia resolvió prescindiendo del texto legal aplicable y plenamente vigente como es la Ley 24.522. Al respecto, dice que el rechazo del pedido de quiebra no se configuró por el incumplimiento de algunos de los recaudos exigidos por la LCQ sino por la mera voluntad del inferior que infundadamente decide apartarse de la norma.

3. Cabe adelantar que el recurso interpuesto no ha de prosperar.

3.1.Recientemente este Tribunal ha dicho, aunque con distinta integración, que como lo ha sostenido esta Cámara por intermedio de sus Tribunales (esta Sala en Bravo Acuerdo N°544/07, Calvo, Quiroz) y la Sala Cuarta en Castillo, Gerlo entre otros (Acuerdo N°348/06) no es exacto que el peticionante no tenga otro camino que recurrir y ello tampoco resulta atendible. La quiebra es un “régimen de excepción”, y el deudor cautelado bien podría hallar en los remedios ordinarios (incidencia de reducción y/o levantamientos de embargos sobres sueldos), los procedimientos adecuados para abordar su endeudamiento y ajustarlo a sus ingresos. También en todo caso, puede el presentante acudir a otro remedio previsto por la legislación concursal de carácter preventivo, cual es solicitar la formación de su concurso preventivo, a fin de reordenar y reorganizar su pasivo, que por otra parte, resulta menos gravoso para el deudor y posibilita brindar la expectativa a los acreedores del cobro de sus acreencias en la forma en que libremente se acuerde con el deudor concursado, es decir, permite el reordenamiento del pasivo y el pago paritario a sus acreedores.

En idéntico sentido el Juzgado de Procesos Concursales y Registros Nro. 3 de Mendoza en el fallo “Costarelli”, en el cual la magistrada sentenciante dio muchos fundamentos a su solución del caso y sucintamente nombrando a los mismos expresó: 1°) El proceso de quiebra tiene como finalidad específica liquidar los bienes del fallido, para distribuir su producido entre sus acreedores, por lo que, tratándose de un proceso de liquidación de bienes, es requisito para su apertura la existencia de “bienes” para liquidar; 2°) El efecto principal de la quiebra es “lograr la ordenada y proporcional distribución del insuficiente patrimonio del fallido entre sus acreedores” y es necesario la existencia de un patrimonio a ejecutar; 3°) El deudor puede recurrir a otro remedio previsto por la legislación concursal, solicitar la formación de su concurso preventivo; 4°) La aceptación del pedido de propia quiebra conduciría a graves consecuencias para el solicitante:la clausura por falta de activo, con su consiguiente presunción de fraude y la necesaria comunicación a la justicia penal, lo que trae aparejado en sede conc ursal la imposibilidad de rehabilitación del fallido hasta su sobreseimiento o absolución en sede penal (“Costarelli, Enrique Orlando s/ propia quiebra”, 28/08/2006, publicado en La Ley Online, Cita online: AR/JUR/11087/2006).

Se ha sostenido en relación a estos precedentes jurisprudenciales que no hacen sino afirmar que no se trata de negar el acceso al proceso falimentario al deudor porque no tenga bienes, o los mismos sean escasos o más aún, porque su único activo sea su salario. Se trata de poner coto a una práctica que atenta contra la moralización de los procesos en general y de los procesos concursales en particular, y que consiste en recurrir a la quiebra como solución al problema de endeudamiento, cuando el medio exigido excede ampliamente el fin buscado (Vedrovnik, Marcelo, “Sujetos Concursales”, Nova Tesis Editorial Jurídica, p. 73).

Sin embargo, entendemos al igual que lo ha resuelto la Sala Cuarta de esta Cámara en el caso “Gerlo”, que ello no es así, dado que la normativa concursal no puede ser interpretada aisladamente, sino teniendo en cuenta los principios superiores que rigen el ordenamiento jurídico, como ser el orden público, la moral y las buenas costumbres, y principalmente a través de la teoría del abuso del derecho. Spota nos recuerda que estamos ante una directiva general o “standard jurídico”, siendo el acto antifuncional un acto abusivo, que implica una desviación con respecto a su fin económico o social. Remarcando, “Toda desviación, toda tergiversación del poder jurídico del individuo con respecto a su fin social o económico, nos pone en presencia de un abuso de derecho. Ni la culpa o dolo son siempre requisitos necesarios -sine qua non- para que promedie un acto abusivo, ni el mismo implica, por sí, un supuesto de responsabilidad aquiliana.Lo decisivo está dado por la desviación del derecho subjetivo con respecto a su finalidad” (SPOTA, A. G., “Tratado de Derecho Civil” T. I Parte General, Vol. 2, Ed. Depalma, p. 319).

Así las cosas, cabe considerar que se equivoca el recurrente al considerar que el sentenciante esgrimió fundamentos aparentes, no tuvo en cuenta las particularidades del caso y que además exigió requisitos legales que no son exigidos por la ley concursal, sino que al momento de resolver sobre el pedido de propia quiebra el magistrado efectuó un análisis detallado de la cuestión, no aplicando de manera automática y abstracta la ley, ya que se utilizaría una institución jurídica como la quiebra para un fin que no fue querido por el legislador.

Los reparos desplegados por el quejoso a la hora de cuestionar el rechazo decidido por el Juez de grado, no derrumban con material respaldatorio correlativo los argumentos jurídicos explicitados por el magistrado concursal en el pronunciamiento en recurso.

De este modo, y por los argumentos anteriormente expresados, cabe concluir con el rechazo de la postulación recursiva en su totalidad.

Voto pues por la afirmativa.

A la misma cuestión, dijo el Dr. Chaumet: Compartiendo los argumentos expuestos por el Dr. Cúneo, adhiero a su voto.

A la tercera cuestión, dijo el Dr. Cúneo: Corresponde en consecuencia: Rechazar el recurso interpuesto.

A la misma cuestión, dijo el Dr. Chaumet: El pronunciamiento que corresponde dictar en los presentes autos, es el que formula el Dr. Cúneo. En tal sentido voto.

Seguidamente, dijo el Dr. Peyrano: Habiendo tomado conocimiento de los autos, y advirtiendo la existencia de dos votos coincidentes en lo sustancial, que hacen sentencia válida, me abstengo de emitir opinión (art. 26, ley 10.160).

Con lo que terminó el Acuerdo, y atento sus fundamentos y conclusiones, la Sala Tercera de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial integrada;

RESUELVE: Rechazar el recurso interpuesto.

Insértese, hágase saber, bajen y déjese nota marginal de esta resolución en el protocolo del juzgado de origen. (“M. J. A. S/ PROPIA QUIEBRA”, Expte. N° 184/15)

CÚNEO

CHAUMET

PEYRANO

(ART. 26, LOPJ)