Rechazan el despido por perdida de confianza de un boletero que laboraba cuando se produjeron graves incidentes en su lugar de trabajo.

despido 4Partes: Lima José Luis c/ Ferrocarril General Belgrano S.A. s/ despido

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo

Sala/Juzgado: I

Fecha: 7-ago-2015

Cita: MJ-JU-M-94469-AR | MJJ94469 | MJJ94469

No procede el despido por pérdida de confianza del trabajador -boletero ferroviario- a causa de su actuar, en ocasión de complejos incidentes ocurridos durante el desempeño de sus tareas.

Sumario:

1.-Cabe confirmar la sentencia en cuanto entendió que no se ajustaba a derecho el despido por pérdida de confianza, pues de las testimoniales surge que no estaban definidas en forma clara y precisa (es decir con un instructivo detallado, notificado en forma fehaciente a los operadores de las ventanillas de venta de boletos de pasaje o en su caso, un organigrama que ilustrara al respecto) las medidas de seguridad a tener en cuenta o los pasos a seguir para la prevención de episodios como el que tuvo intervención el actor; los que por otra parte también ocurrieron en otras estaciones, e inclusive con episodios de derramamiento de sangre.

2.-La calidad de dependientes jerárquicos que revisten los testigos ofrecidos por la demandada, y por ello su falta de cotidianeidad en cuanto a un tema tan sensible como es el manejo de valores, le resta convicción a sus declaraciones, resultando insuficientes debido a su falta de proximidad a la tarea asignada al accionante y al ambiente en que ésta se llevaba a cabo.

3.-Corresponde confirmar el rechazo de la excepción de prescripción deducida por el citado como tercero, dado el encuadre de la relación jurídica entre las partes a la luz de lo prescripto por el art. 26 LCT y los alcances de la interpelación que realizó el trabajador en la triangulación configurada entre las partes.

4.-Para que el agravio moral inherente al despido sea susceptible de una reparación adicional a la tarifada debe acreditarse que la conducta del empleador pueda ser calificada como ilícita, es decir, cuando con dolo o culpa daña voluntariamente al trabajador a través de expresiones que van más allá del mero incumplimiento contractual, concretándose en imputaciones que permitan llegar a la ilicitud delictual o cuasi delictual que es la que comprende el art.1078 del CCiv.

Fallo:

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 7 días del mes de Agosto de 2.015, reunida la Sala Primera de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, para dictar sentencia en la causa del epígrafe, y de acuerdo al correspondiente sorteo, se procede a votar en el siguiente orden:

La Doctora Gloria M. Pasten de Ishihara dijo:

I. En primer lugar, es necesario tratar la apelación de la actora de fs.656-I dirigida a cuestionar resolución de fs.655-I que denegó la invocación de falta de personería de la representación invocada por la demandada Ferrocarril General Belgrano SA al interponer el recurso de apelación obrante a fs.589/597.

El letrado que presenta el recurso de apelación lo hace en calidad de apoderado, a tenor de la copia de poder que acompaña a fs.589-I/591-I, otorgada por el interventor de la empresa demandada en enero de 2003. La actora sostiene que la intervención de la sociedad cesó en mayo de 2013, de acuerdo a los términos del dec.533/2013. A través de este decreto el Poder Ejecutivo instruyó al Ministerio del Interior y Transporte para que, por intermedio de la Subsecretaría de Transporte Ferroviario, dispusiera lo necesario para llevar adelante las modificaciones estatutarias que demandaban las transformaciones acaecidas en la operatoria de los ferrocarriles, que impactaron en diversos aspectos de la demandada, se vieran reflejados para adecuar su funcionamiento a las condiciones actuales.En esta inteligencia se instó a la convocatoria a asamblea, en los términos del art.237 de la ley 19550, a fin de adecuar el objeto, cuenta de activos y denominación social (dec.566/13). La parte actora alega que la denominación actual de la demandada pasó a ser «Administradora de Recursos Ferroviarios SA con participación estatal mayoritaria», circunstancia que habría sido soslayada por el presentante y que carecería de mandato por el cese de la intervención.

A fs.650-I/652-I, al contestar el traslado de la excepción, la demandada presenta copia de poder otorgado por el presidente del Directorio de la firma «Administradora de Recursos Ferroviarios SA con participación estatal mayoritaria» (continuadora de la demandada, fs.650-I) quien ratificó los poderes oportunamente otorgados -el presentado a fs.589-I/591-I-, luego del cambio de denominación social.

El cambio de denominación, e incluso la modificación del objeto social, no alteran en modo alguno los derechos y obligaciones en tanto, aun cuando pudiéramos encuadrar la cuestión en una transformación societaria como hipótesis de máxima (cfr. art.74 ley 19550), ello no «disuelve la sociedad ni se alteran sus derechos y obligaciones». En el caso, no medió transformación sino un simple cambio de denominación, ya que la demandada sigue siendo una sociedad anónima con participación estatal mayoritaria. Ello implica que en nada se altera la representación invocada, y otorgada por quien actuó en calidad de interventor, de acuerdo a resoluciones administrativas oportunamente dictadas en ese sentido. En efecto, no se verifica tampoco ninguno de los supuestos que contempla el art.53 del CPCCN (art.155, LO), por lo que no asiste razón a la parte actora, debiendo confirmarse la desestimación de la incidencia planteada, con costas a su cargo.

II.Despejada la cuestión antes explicada, corresponde dar tratamiento a los recursos interpuestos a fs.584/588-I por la parte actora, a fs.589-I/597-I por la demandada y a fs.598/617 por UGOFE en calidad de tercero citado, contra la sentencia de fs.574-I/578-I.

La presentación efectuada por la parte actora mereció la réplica de las contrarias, a tenor de los escritos que lucen agregados a fs. 637I/638I y fs. 639I/642I. Asimismo, los agravios que dedujeron la demandada y citada, obtuvieron respuesta de la parte actora (ver fs. 627I/629I y fs. 630I/632I).

Memoro que en los presentes, el Sr. Juez A quo receptó en lo principal el reclamo deducido por el Sr. Lima y condenó a EMPRESA FERROCARRIL GENERAL BELGRANO SA y a UNIDAD DE GESTION OPERATIVA FERROVIARIA DE EMERGENCIA (U.G.O.F.E. SA) -citada en los términos del art. 94 CPCCN- a la cancelación de las sumas que derivó a condena según la liquidación que practicó a fs. 577 I vta. pto. 4) del fallo. Para así decidir, y luego de valorar los elementos de prueba incorporados en la causa (en especial la prueba testimonial) consideró que la desvinculación decidida por la empleadora y fundada en la existencia de «pérdida de confianza» resultó incausada. Ello así porque la actividad probatoria de autos no logró demostrar que el accionante hubiera incurrido en las conductas que se le imputaron y que derivaron en la rescisión del vínculo contractual.

Lo resuelto en anterior grado llega a esta Alzada apelado por la parte actora, expresando agravios respecto al rechazo de su pretensión indemnizatoria inclusiva del «daño moral», asimismo se queja por la desestimación de las sanciones pretendidas con fundamento en las disposiciones de los arts. 80 y 275 LCT. En cuanto a los honorarios, considera que los determinados a favor de su representación letrada lucen exiguos y cuestiona los fijados a favor de los letrados intervinientes de la contraparte, por considerarlos elevados.

A su turno, la demandada EMPRESA FERROCARRIL GENERAL BELGRANO S.A.cuestiona lo resuelto por el Sr. Magistrado que me precedió. Se agravia por el resultado del juicio y considera que se ha realizado una errónea valoración de las pruebas, cuestión que condujo al anterior sentenciante a dictar un pronunciamiento adverso a su postura. Rebate el progreso de la acción, y en particular la condena por el pago de las diferencias que individualiza en el pto. c) de su memorial recursivo, el concepto «Gratificación Extraordinaria» derivado a condena como asimismo la sanction que contempla el art. 2do de la Ley 25.323 y la entrega de los certificados de trabajo. Replica la forma en que resultaron impuestas las costas. Considera elevados los honorarios determinados a favor de la representación letrada de la parte actora, del tercero citado y del perito contador y, respecto a los propios, entiende que aparecen reducidos solicitando su revisión.

También UNIDAD DE GESTION OPERATIVA FERROVIARIA DE EMERGENCIA S.A. deduce recurso de apelación contra el pronunciamiento de anterior grado. Se agravia ante el rechazo de la excepción de prescripción que opuso en oportunidad de presentarse en el juicio. Centra su queja en los alcances de la condena hacia su parte y los fundamentos que utilizó el Sr. Juez de anterior grado para concluir sobre su responsabilidad. Cuestiona el progreso de los conceptos que fueron receptados en el fallo y la forma en que fueron valoradas las pruebas de autos. Controvierte los conceptos que indica en el pto.

4) de su presentación y que forman parte de la condena, como asimismo que se haya receptado la multa que prevé el art. 2do de la ley 25.323, la obligación a hacer entrega de los certificados que dispone el art. 80 LCT, la tasa de interés que el anterior Magistrado determinó, la distribución de costas y los honorarios profesionales -por considerarlos elevados-. Respecto a los correspondientes a su parte, entiende que resultan reducidos y por ello, también los apela.

III.Cuestiones de orden metodológico conducen a comenzar el tratamiento de las quejas deducidas, analizando en primer lugar el tramo del recurso presentado por la demandada EMPRESA FERROCARRIL GENERAL BELGRANO S.A. en lo que respecta a la valoración de la prueba testimonial realizada por el Sr. Magistrado que me precedió quien juzgó injustificada la medida rescisoria adoptada en relación al actor. Esta cuestión, también ha sido objeto de agravios del tercero citado UGOFE SA.

Adelanto que, de compartirse la solución que propongo, sugiero sea confirmado lo decidido por el anterior sentenciante.

Para comenzar resalto que coincido con el análisis -que en forma prolija y minuciosa- realizó el Sr. Juzgador de anterior grado.

A esta altura, corresponde memorar que para formar convicción respecto a la solución de los puntos en controversia, la selección y valoración de las pruebas que se realice en un pronunciamiento es una facultad exclusiva de los jueces quiénes -en virtud de lo prescripto en el art. 386 del CPCCN- pueden considerar las que estimen relevantes y conducentes para la mejor solución del litigio.

Además que, en el terreno de la apreciación de la prueba -y como en este caso particular, en la testimonial producida-, el art.386 del CPCCN exige a quien juzga que realice el análisis de acuerdo con los principios de la sana crítica, siéndole totalmente lícito valorar si los testimonios le parecen objetivamente verídicos no solo por la congruencia de sus dichos, sino además por la conformidad de los mismos con el resto de las pruebas colectadas. Tal es así que aunque las declaraciones apreciadas en forma individual resulten, en algunos casos, confusas o imprecisas, al analizar críticamente la totalidad de las versiones las mismas logran complementarse de tal forma que alcanzan para otorgar convicción al judicante en el punto a resolver.

Los testigos que declararon a instancias de la parte actora (Sres. Mattana fs.435/437, Ventura fs. 539/541, Lima fs. 545/546 y Cáceres fs.560/561) avalan la defensa del accionante al repeler la medida rescisoria que adoptó la empresa, especialmente en lo que respecta a la cuestión relativa a la seguridad en el cumplimiento de las funciones como boletero. Si bien – en algunos casos- los comparecientes no trabajaron en la estación Lanús (por ejemplo Mattana, Lima y Cáceres) sus declaraciones alcanzan para ilustrar, en forma concordante con lo afirmado por los restantes testigos, que no estaban definidas en forma clara y precisa (es decir con un instructivo detallado, notificado en forma fehaciente a los operadores de las ventanillas de venta de boletos de pasaje o en su caso, un organigrama que ilustrara al respecto) las medidas de seguridad a tener en cuenta o los pasos a seguir para la prevención de episodi os como el que tuvo intervención el Sr. Lima; los que por otra parte, tal como lo indicaran los declarantes, también ocurrieron en otras Estaciones (e inclusive con episodio de derramamiento de sangre, ver declaración del testigo Lima, fs. 545/546).

Tal como lo resaltó el Sr. Juez de Primera Instancia, los declarantes que comparecieron como testigos propuestos por la parte demandada y citada (Sres. Díaz fs. 542/543, Iorio fs. 548/549, Villanueva fs.550/552, Cid fs. 558/559 y Ham fs. 562/563) dan cuenta de cierta operatoria «no documentada» sobre las gestiones en materia de custodia de bienes de la empresa (especialmente de los valores que se manipulaban en la actividad diaria de los boleteros). Esa informalidad, a la hora de pretender determinar la responsabilidad en el cumplimiento de determinada práctica (tal como le fue endilgado al accionante como fundamento de la pérdida de confianza alegada por la empleadora), impide determinar -tal como lo dispone el art.243 LCT- cuáles fueron las conductas de gravedad que justificaron la rescisión contractual.

A mi modo de ver, resulta llamativo que la parte empleadora -sobre quien recaía la carga de la prueba en el punto (y en mejor situación de poder producirla)- al momento de ofrecer su prueba testimonial, haya decidido procurar la citación de dependientes de la empresa que en la mayoría de los casos son supervisores; cuando lo lógico hubiese sido que comparezcan personas que prestaban las mismas tareas que el Sr. Lima en la Estación Lanús o sea, quienes cumplían con habitualidad la tarea de la venta de los boletos.

Nótese que el reclamante actuaba allí como boletero reten, es decir, en reemplazo de quien o quienes ejercían ese puesto como titular. Con ello y sin importar el turno de prestación de servicios, la accionada hubiera podido despejar toda duda respecto a cómo era el sistema de seguridad en dicha boletería, si había candados o no, si se utilizaban las llaves, si estas se encontraban visibles y a disposición del boletero en ocasión de requerirlas, de qué forma se cerraban las puertas, etc. Sin dejar de soslayar que los testigos que declararon a instancias de la parte demandada dieron su versión en el punto, la calidad de dependientes jerárquicos que revisten y por ello su falta de cotidianeidad en cuanto a un tema tan sensible como es el manejo de valores – que sin duda quien a diario realiza dicha función en forma directa puede ser más específico- le resta convicción y, a mi modo de ver, resultan insuficientes debido a su falta de proximidad a la tarea asignada al accionante y el ambiente en que ésta se llevaba a cabo.

Considero que los restantes argumentos esbozados por las contrarias respecto al tópico en cuestión, se trata de manifestaciones de disconformidad con lo resuelto por el Sr. Juez que me precedió y no alcanzan a conmover el decisorio.Agrego que, el insistir sobre que el reclamante hizo abandono de su puesto de trabajo resulta inadecuado, toda vez que no cuestiona el resolutorio que consignó -con acierto- que dicha circunstancia no fue probada (ver fs. 576I vta. del fallo).

Por lo expuesto, de compartirse en análisis precedente, los tramos de las quejas deben ser desestimados y propicio la confirmación de la sentencia de Primera Instancia en lo principal que decide.

En lo que respecta a la queja sobre la inclusión de conceptos ya abonados por la empresa al accionante, tampoco este segmento del recurso resultará admitido. Por un lado, se verifica de lo informado por el Sr. Perito contador (ver fs. 415/422, en especial fs. 417) que las rúbricas de los libros de la empresa contaban con observaciones tendientes a recomendar el registro de haberes en tiempo y forma para evitar multas. En este sentido, el auxiliar informó «-La compulsa realizada permite establecer que las registraciones no fueron hechas en tiempo y forma-«. Advertido lo expuesto y más allá del argumento que utiliza la recurrente sobre que la información de los pagos que solicita sean descontados surge verificada con el encargado del Área de Recursos Humanos, trasferencia que se realizó a una entidad bancaria para toda la nómina de los dependientes de la empresa (ver fs. 421/422 in fine), lo cierto es que tal como lo disponen los arts.125 y 138 de la LCT, reiteradamente he resuelto que los pagos de remuneraciones deben acreditarse mediante constancias bancarias o recibos de ley, respectivamente, no siendo suficiente el informe contable (conf.ésta Sala, en autos «Fernández María Florencia c/ Panatel SA s/Despido» SD.81.709 del 19.05.04, entre otros). En esta inteligencia, y dado que ninguna de las demandadas acompañó constancias u ofreció pruebas que permitan acreditar la efectiva cancelación de dichos créditos a los que el actor resulta acreedor, propicio confirmar lo decidido en origen al respecto.

Distinto es el caso del agravio que cuestiona la condena sobre el concepto «Gratificación Extraordinaria». En el punto, le asiste razón al recurrente en cuanto que el nacimiento de la obligación acaeció cuando dicha «Gratificación Extraordinaria» fue establecida, y esto ocurrió al suscribirse el Acta Acuerdo del día 30/12/2008. Lo apuntado se corrobora con el informe agregado a fs. 444/445 y fs. 497/498 suministrado por la oficiada UNION FERROVIARIA y lo transcripto -en lo pertinente- por el auxiliar contable a fs. 419. Por dicho motivo, el accionante -dado la fecha en que ocurrió su desvinculación o sea el día 3/6/2008- no se encontraba en actividad, razón por la cual no devengó dicho ítem. Advierto también que al incluirlo en la liquidación de demanda (fs., 12 vta.) la parte actora incumplió -en la cuestión- las previsiones del art. 65 LO, en tanto no aparece en los fundamentos que expuso al demandar, las circunstancias fácticas por las cuales se consideraba acreedor a dicho concepto. Así las cosas, considero que debe desestimarse la pretensión del accionante en tal sentido y, en atención a lo resuelto en anterior grado, propicio el descuento de la cantidad calculada por ese motivo (-$ 12.926,24) reduciéndose entonces el monto de la condena a la suma de $ 123.600,16.- suma a la que deberán adicionarse intereses.

Respecto a los mismos, la citada UGOFE SA recurrió el cálculo de los intereses que determinó el Sr. Juez de anterior grado.Al respecto, cabe señalar que en orden a los intereses referidos a un crédito de naturaleza laboral tuve oportunidad de expedirme en autos «Nugnes Leandro Daniel c/ Orígenes A.F.J.P. s.A. s/despido» SD Nº 87.306 del 23/12/2011 del registro de esta Sala y viene al caso recordar que la C.S.J.N. -mayo de 1994-, en el precedente «Banco Sudameris c/ Belcam S.A. y otro» ( Fallos 317:507) interpretó que la tasa de interés correspondía ser determinada por los jueces de las instancias anteriores -en virtud de tal precedente- y lo normado por el art.622 del Código Civil. En mi visión, los argumentos de la quejosa no resultan atendibles, máxime teniendo en cuenta que a partir del Acta 2601 dictada por esta Cámara el 21/5/2014 la cuestión relativa a los intereses fue revisada y se resolvió la aplicación de la tasa de interés nominal anual para préstamos personales libre destino del Banco Nación para un plazo de 49 a 60 meses -que resulta más gravosa que la establecida por el Sr. Juez de anterior grado-. Por lo expuesto, sugiero se confirme lo decidido en Primera Instancia.

Asimismo, propicio el rechazo del pto. E) de fs. 597-I deducido en orden a la sanción que contempla el art. 2do de la ley 25.323. Los argumentos que el apelante expresa a los fines de rebatir la decisión de origen, no revisten entidad los fines pretendidos en tanto incumplen con las previsiones del art. 116 LO. Una atenta lectura del correspondiente tramo del memorial, permite entender que expresa en sus términos disconformidad con lo resuelto por el Sr. Juez de grado, circunstancia que no alcanza para rebatir lo resuelto. En su mérito, propongo la desestimación del segmento del recurso y sugiero se confirme el punto en cuestión.

Idéntica suerte correrá el agravio expresado en el pto. F) respecto a la entrega de los certificados que contempla el art. 80 LCT. Si bien es cierto que a fs.201/202 la accionada EMPRESA DE FERROCARRIL GENERAL BELGRANO SA agregó en Formulario P.S. 6.2, considero que dicho instrumento resulta insuficiente, como para considerar cumplido lo establecido en la norma. El certificado que se debe entregar al trabajador debe contener: tiempo de la prestación de servicios (fecha de ingreso y egreso); naturaleza de los servicios (tareas, categoría profesional); sueldos percibidos, una constancia de los aportes y contribuciones efectuados con destino a los organismos de seguridad social (respecto de la cual el anterior judicante eximió a las condenadas conforme los fundamentos que expresó a fs. 578 I vta. arribando libre de crítica este punto), calificación obtenida en el o los puestos de trabajo desempeñados, hubiere o no realizado acciones regulares de capacitación conforme lo dispuesto por la Ley 21.476. Consecuentemente, propicio se confirme lo resuelto en la sentencia de Iº Instancia.

La coaccionada UGOFE S.A. -además de las cuestiones que han sido tratadas en los párrafos precedentes, en las cuales coincidía con la queja de la demandada- principalmente cuestiona el rechazo de la excepción de prescripción que fue opuesta en el momento de presentarse en autos y contestar su citación. La trama central de sus agravios replica el alcance de la condena hacia su parte (por las consideraciones que expresa, que incluyen el tratamiento que se dio a la defensa que opuso).

A los fines de dilucidar la suerte de la queja de UGOFE SA -y tal como ha sido tratada la cuestión en el antecedente «Panizza Ruiz Díaz, Gonzalo David c/ Empresa Ferrocarril General Belgrano SA s/ Despido» , Expte nro. 22849/2010, SD nro. 89301 del 22.10.2013 del Registro de esta Sala- resulta útil memorar que la antes nombrada compareció en autos citada coactivamente por EMPRESA FERROCARRIL G ENERAL BELGRANO SA.

La citación fue admitida según resolución dictada a fs. 245/246. Respecto a su intervención en este litigio y luego de oída la opinión de la Sra. Agente Fiscal (ver fs.678/679) adelanto que comparto plenamente lo resuelto por el anterior juzgador al considerar que la situación jurídica del tercero citado por la parte demandada encuadra en lo normado por el art. 96 del CPCCN (texto Ley 25.488), que prescribe: «-En todos los supuestos, después de la intervención del tercero, o de su citación, en su caso, la sentencia dictada lo alcanzará como a los litigantes principales-» pudiéndose ejecutar el fallo salvo que ocurra la excepción prevista en la última parte del tercer párrafo del mencionado artículo. Al respecto, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ha señalado que resulta un inútil dispendio de actividad jurisdiccional diferir, para otro juicio, la consideración de la responsabilidad de un tercero citado en los términos del art. 94 del CPCCN y que la condena se torna viable, cuando éste ejerció en plenitud el derecho constitucional de defensa en juicio, de modo que no existe obstáculo para que la sentencia dictada después de su citación o intervención, lo afecte como a los litigantes principales (v.CSJN, «Gandolfi de Vanetta, Mercedes c/ Dirección Nacional de Vialidad, 16.4.1998, Fallos 311:769).

En los presentes, el tercero UGOFE SA ejerció en plenitud su derecho de defensa en juicio, opuso excepciones, contestó demanda, ofreció y produjo prueba y a mi modo de ver, las razones que invocó para eximirse de responsabilidad no resultan atendibles. En efecto, sin perjuicio de observar las particulares circunstancias del vínculo anudado entre la demandada y el tercero citado, y tal como lo ha resuelto el Sr. Magistrado que me precedió, existió una conducción conjunta del contrato de trabajo, donde tanto la demandada como el tercero citado actuaron compartiendo la figura del empleador (art.26 LCT) y ejercieron facultades inherentes a tal carácter.

Tanto es así que si bien la demandada EMPRESA FERROCARRIL GENERAL BELGRANO SA abonaba los sueldos, depositaba sus aportes legales, procedió al registro en sus libros y ejerció algunas potestades vinculadas a la dirección, organización y supervisión de tareas; a la par UGOFE SA -tal como se extrae de la prueba documental oportunamente agregada y lo manifestado por los testigos- llevaba a cabo la explotación del servicio ferroviario y la prestación de los servicios de los trabajadores (como en el caso del Sr. Lima, los boleteros) era inspeccionada por personal de ambas empresas. Advierto y agrego que, tal como puede observarse en la nota agregada a fs. 310/313 suscripta por el Sr. Coordinador de Administración de Personal y Relaciones Laborales UGOFE SA y dirigida a la Administración y Recursos Humanos de la Empresa Ferrocarril General Belgrano SA (adjuntada como prueba por el tercero) se realizó una evaluación de desempeño del actor, suspendió al mismo en sus actividades -ejerciendo potestades disciplinarias- y finalmente (en forma sugestiva) se sugirió el despido del actor motivado en la causa «pérdida de confianza»; situación que en los hechos acaeció posteriormente ejecutada por Empresa Ferrocarril General Belgrano SA. Además, de conformidad a los términos del «ACUERDO DE ADMINISTRACION DE PERSONAL PARA LA OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS FERROVIARIOS URBANOS DE PASAJEROS» (v fs. 296/301) se extrae (en particular ver fs. 298) cuestiones que surgen incorporadas y que forman parte del Estatuto Constitutivo de UGOFE, tales como que «-el OPERADOR deberá administrar los recursos humanos que LA SECRETARIA afecte a esos servicios ferroviarios-que ese personal afectado-lo asumirá y absorberá transitoriamente la EMPRESA-» y en este contexto, no puede sostenerse la ajenidad del recurrente ante el efectivo ejercicio de tales potestades, configurativas de los atributos de un verdadero empleador (arts. 64,65 y ccdtes de la LCT), las que en definitiva dan cuenta del ejercicio conjunto de la conducción de contrato de trabajo.

En definitiva, ratificando lo resuelto por el Sr. Juez de anterior grado en el pto.2) de los considerandos de su pronunciamiento, y en lo que respecta a la excepción de prescripción opuesta por el tercero; además de la opinión vertida por la Sra. Agente Fiscal en el Dictamen que luce a fs. 678/679 -a cuyos fundamentos me remito y reproduzco en homenaje a la brevedad, por compartirlos- la solución no es otra que confirmar lo decidido en anterior grado en cuanto a su rechazo, dado el encuadre de la relación jurídica entre las partes a la luz de lo prescripto por el art. 26 LCT y los alcances de la interpelación que realizó el trabajador en la triangulación configurada entre las partes en este litigio.

IV. En sus agravios, la parte actora cuestiona el rechazo del resarcimiento en concepto de daño moral pretendido en la demanda. En cuanto al mismo, en mi opinión correspondería desestimar la queja y propongo se confirme lo decidido por el Sr. Juez A quo.

Para que el agravio moral inherente al despido sea susceptible de una reparación adicional a la tarifada, debe acreditarse que la conducta del empleador pueda ser calificada como ilícita, es decir, cuando con dolo o culpa daña voluntariamente al trabajador a través de expresiones que van más allá del mero incumplimiento contractual, concretándose en imputaciones que permitan llegar a la ilicitud delictual o cuasi delictual que es la que comprende el art.1078 del Código Civil.

En el particular, el análisis de las pruebas rendidas a la luz de la sana crítica (art.386 del CPCCN), me permite concluir -en idéntico sentido al razonado por el anterior judicante- que no se advierte la existencia de una conducta de parte de sus ex empleadores que se configure como acto ilegítimo que amerite una reparación de daños y perjuicios como la pretendida en el inicio. Consecuentemente, sugiero mantener la solución adoptada en grado al respecto.

El mismo criterio propongo se adopte en orden a la réplica respecto al rechazo de la multa que contempla el art. 80 LCT.Las consideraciones que la apelante efectúa no pueden ser atendidas por cuanto resultan insuficientes para fundar el recurso deducido. Resalto que la nueva remisión a un precedente jurisprudencial, en especial, cuando se reconoce que los fundamentos expuestos por el Sr. Juez de grado son adecuados a las constancias de autos y legislación vigente, como ocurre en este caso, no constituye de por sí un agravio. Ello así porque las citas de jurisprudencia no tienen incidencia sobre la suerte del reclamo porque se trata de cuestiones de hecho. En consecuencia, no cumple los requisitos previstos por el art. 116 de la L.O. En su mérito, sugiero el rechazo de este tramo de la queja y propongo se confirme el decisorio de grado.

Tampoco logra conmover el accionante lo decidido en torno al rechazo de la aplicación de los preceptos del art. 275 LCT. Esta Sala ya ha señalado que la temeridad se configura cuando el litigante conoce a ciencia cierta que no tiene razón valedera y no obstante, abusando de su jurisdicción, impone un proceso del que se ha de generar un daño a la otra parte mientras que la malicia implica un ocultamiento doloso y la articulación de defensas que manifiestamente tienden a dilatar la tramitación del proceso. Para que se configure la «conducta maliciosa y temeraria» a que alude el art. 275 de la LCT, resulta necesario que exista una inconducta procesal que, considerada con el rigor del ámbito penal, haga aplicable la sanción. No basta que una petición no sea resuelta favorablemente o que una defensa no sea acogida, es imprescindible tener presente que la imposición de sanciones no puede obedecer al solo hecho de que las acciones o defensas han sido finalmente desestimadas, ni siquiera que las pretensiones carezcan de sustento jurídico, dado que ello podría coartar la garantía constitucional de defensa en juicio. ( in re «Benítez María Celina c/ Organización Tauro S.R.L. s/ despido», SD.86.803 del 5/7/2011 entre otras).

En el presente caso, la demandada, más allá de resistir el reclamo de la actora invocando una postura adversa a sus derechos, no ha interpuesto excepciones, defensas o recursos sin fundamentos serios, con la única finalidad de dilatar o entorpecer el proceso por lo que no ha evidenciado una conducta obstruccionista o dilatoria que configure una inconducta procesal que, considerada con el rigor del ámbito penal, haga aplicable la sanción. Cabe tener en cuenta que quien contesta defendiéndose, aunque sea conocedor de su responsabilidad, no puede ser calificado de temerario, ya que es lícita la búsqueda de un resultado atenuado o -por lo menos- el cuidado de no ser víctima de un abuso de derecho. Por ello, a la luz de los principios establecidos por la jurisprudencia, dado que no se configuran las notas distintivas de malicia y temeridad enmarcadas en el art. 275 de la L.C.T., propicio confirmar la decisión adoptada en grado.

V. En cuanto a las demás alegaciones de los memoriales recursivos tengo en cuenta que es jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que no resulta necesario seguir a las partes en todas y cada una de sus argumentaciones, bastando hacerse cargo de las que resulten conducentes para la decisión del litigio (Fallos 272:225; 274:113; 276:132; 280:320) y, con tal base, no los encuentro eficaces para rebatir la valoración realizada precedentemente.

VI. La forma en que resultaron impuestas las costas en anterior grado y los porcentajes de los honorarios regulados a los profesionales intervinientes, también son puntos apelados por los recurrentes.

Atento la solución que propicio y sin perjuicio de lo dispuesto por el art. 279 CPCCN, correspondería confirmar lo resuelto con relación a las costas y honorarios, imponiendo las primeras, respecto de ambas instancias, a las demandadas vencidas en lo principal, dado que no observo que existan razones atendibles para apartarme de la regla gener al (conf.art.68 CPCCN).

Asimismo, de conformidad con el mérito y calidad de los trabajos realizados en grado, valor económico del juicio, rubros que resultaron procedentes, resultado final del pleito y facultades conferidas al Tribunal, estimo que los porcentajes de honorarios regulados a la representación letrada de la parte actora, demandada, tercero citado y perito contador resultan adecuados, por lo que propongo sean confirmados, aunque deberán ser calculados sobre el nuevo monto de condena (art. 38 LO y normas arancelarias de aplicación).

En cuanto a la actuación en esta Alzada, regúlense los emolumentos de los letrados firmantes por la parte actora, demandada y tercero citado, respectivamente, en el 25%, 27% y 25%, porcentajes que deberán ser calculados sobre lo que -en definitiva- les corresponda percibir por su actuación en la instancia anterior (artículo 14 ley 21.839).

VII. En síntesis, de prosperar mi voto correspondería: 1) Modificar la sentencia apelada reduciendo el monto de condena a la suma de $ 123.600,16 (Pesos ciento vientres mil seiscientos con dieciséis centavos) más los intereses dispuestos en origen; 2) Confirmar el fallo apelado en lo que ha sido materia de recursos y expresión de agravios; 3) Costas y honorarios de acuerdo a lo establecido en el considerando VI.

La Doctora Graciela A. González dijo:

Que por análogos fundamentos adhiere al voto que antecede.

A mérito de lo que resulta del precedente acuerdo, SE RESUELVE:

1) Modificar la sentencia apelada reduciendo el monto de condena a la suma de $123.600,16 (Pesos ciento vientres mil seiscientos con dieciséis centavos) más los intereses dispuestos en origen; 2) Confirmar el fallo apelado en lo que ha sido materia de recursos y expresión de agravios; 3) Costas y honorarios de acuerdo a lo establecido en el considerando VI.

Regístrese, notifíquese, oportunamente comuníquese (art.4º, Acordada CSJN Nº 15/13) y devuélvase.

Ante mi:

En de de, se dispone el libramiento de

En de de, se notifica al Sr. Fiscal General la resolución que antecede y firma.

A %d blogueros les gusta esto: