Es inadmisible una demanda por despido en tanto se modifique en el proceso la causa alegada en la etapa epistolar

telegramaPartes: Angelini Graciela Susana c/ Romano Alberto s/ despido

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo

Sala/Juzgado: X

Fecha: 3-feb-2015

Cita: MJ-JU-M-92641-AR | MJJ92641 | MJJ92641

Inadmisibilidad del planteo de la demandada, que en la alzada pretende invocar una causal de despido diferente a la denunciada en el telegrama rescisorio y analizada en primera instancia.

Sumario:

1.-Cabe confirmar la sentencia en cuanto consideró que el despido decidido por la empleadora carecía de causa y la condenó a abonar los rubros indemnizatorios reclamados, pues la argumentación del recurrente en orden a que la reestructuración de la empresa implicó el cierre del local en el que trabajaba la actora no fue puesta a consideración del magistrado de primera instancia, lo cual veda su tratamiento en la alzada.

2.-En el proceso judicial sobreviniente sólo se puede invocar y tratar de probar la causal esgrimida en la comunicación del despido, pero no puede ser considerada como justa causa disolutoria (ni aún en el caso de ser probada y demostrada su gravedad) un motivo no consignado en la comunicación en la que se funda la extinción del contrato.

3.-Debe revocarse la aplicación a la accionada de la multa prevista en el art. 275 LCT, pues no se advierte perfectamente demostrado un proceder que amerite la aplicación de la citada normativa, siendo que para que sea factible su procedencia se requiere que se litigue con conciencia de la sinrazón (temeridad) o con planteos notoriamente improcedentes o inconducentes (malicia), lo cual no aparece en el proceder procesal asumido por el requerido.

Fallo:

Buenos Aires, 03 de febrero de 2015.- PM

El Dr. DANIEL E. STORTINI dijo:

1°) Llegan los autos a conocimiento de esta alzada a propósito de los agravios vertidos por el demandado contra la sentencia dictada (fs. 254/255), a mérito del memorial (fs.260/261) mereciendo la respectiva réplica de su contrario (fs. 269).

2º) Se agravia el demandado en primer término porque el Sr. juez de la instancia que precede admitió las indemnizaciones reclamadas como consecuencia del despido directo del caso. Argumenta que el motivo del despido fue la reestructuración de la empresa que implico el cierre de la misma que acreditó con la prueba testimonial y la conducta carente de fidelidad que observó la actora una vez roto el vínculo.

3º) Se anticipa que la queja no posibilita revertir lo decidido en origen a poco que se aprecie que los términos vertidos en el memorial recursivo no contienen una crítica concreta y razonada del principal fundamento en el fallo de grado en punto a la calificación del despido (con causa o incausado). Véase que llega firme a esta instancia que se trata en el caso de un despido directo instrumentado por el accionado mediante carta documento del 08 de febrero de 2013 (recibida el 14/02/2013) en los siguientes términos: “Atento razones de reorganización, le comunico que extinguió el vínculo laboral a partir del día de la fecha. Liquidación final a su disposición en términos de ley. Certificado art. 80 a su disposición en términos de ley”. Y desde tal perspectiva coincido con el juez “a quo” que por aplicación del art.243 de la L.C.T no resulta admisible la modificación de la causal de despido que pretendió el quejoso suplir en la oportunidad de contestar demanda (invariabilidad de la causa).

Sin perjuicio de ello la argumentación del recurrente en orden a que la reestructuración de la empresa implico el cierre del local de la calle Quesada no fue puesta a consideración del magistrado de primera instancia, lo cual veda su tratamiento en esta alzada (art. 277 del C.P.C.C.N.). Por lo demás de pretender modificar lo resuelto con el argumento de la invocada mala fe de la actora una vez finalizado el vínculo resulta irrelevante a los fines pretendidos por el recurrente (art. 116 de la L.O.).

Remarco que en el proceso judicial sobreviniente sólo se puede invocar y tratar de probar la causal esgrimida en la comunicación del despido pero no puede ser considerada como justa causa disolutoria (ni aún en el caso de ser probada y demostrada su gravedad) un motivo no consignado en la comunicación en la que se funda la extinción del contrato (art. 243 LCT).

En tales condiciones, propongo confirmar la sentencia en lo principal que decide. Esto es en cuanto calificó la conducta asumida por el demandado como una extinción sin causa y la condenó al pago de las indemnizaciones pertinentes.

3°) Idéntica solución amerita la crítica vertida en el segundo agravio sobre el progreso de la reparación del art. 80 de la L.C.T. (conf. art. 45 ley 25.345).

En efecto -reitero- no se efectuó una crítica concreta capaz de desvirtuar la conclusión a la que se arribó por lo que la queja trasunta una mera disconformidad con lo decidido, circunstancia que define la suerte adversa del recurso al afirmar de modo dogmático el apelante que la sentencia se sustentó “…en un una interpretación subjetiva y no a una derivación razonada de los hechos…” ( sic). El recurrente no ha cuestionado en concreto los certificados del citado art.80 que recién fueron agregados con la contestación de demandada (con fecha inserta de certificación el 31/05/12, ver fs. 49/54) o sea, luego de iniciada la demanda y notificada la misma a la accionada (ver fs. 9 vta y 11/1214.), resultando evidente que al momento en que fueron puestos a disposición del trabajador no se encontraban confeccionados.

4º) Se agravia también por la aplicación de la sanción dispuesta por el art. 275 de la L.C.T. que, de prosperar mi voto, tendrá favorable andamiaje.

En el punto disiento con lo decidido en la instancia de grado en tanto el “a quo” consideró viable en la especie la configuración de una conducta maliciosa o temeraria del demandado.

Ello es así pues del análisis de las conductas que le reprocha al accionado a la luz de las constancias que han quedado acreditadas en autos, no se advierte perfectamente demostrado un proceder que amerite la aplicación de la citada normativa, por cuanto para que sea factible su procedencia se requiere que se litigue con conciencia de la sinrazón (temeridad) o con planteos notoriamente improcedentes o inconducentes (malicia), lo cual, reitero, no aparece en el proceder procesal asumido por el aquí requerido, apreciable ese accionar desde el ejercicio del derecho de defensa en juicio.

Cabe recordar que si el juez debe ser ponderado en todos sus juicios, debe extremar aún más su ponderación y prudencia cuando la decisión refiere a la imposición sanciones que pueden llegar a afectar el principio constitucional de la defensa en juicio (CNAT Sala X, SD 14869 del 14/12/06 “Silvero, Ruben Oscar c/ Daviero, Beatriz Nelida s/ cobro de salarios” y SD 14871 del 14/12/06 “Pellegrini, Carlos Alberto y otro c/ Fundición San Cayetano S.A. s/ despido”, entre otras)

En consecuencia, propicio revocar el recargo dispuesto con fundamento en el art 275 de la L.C.T. ( art.9° de la ley 25.013) .

Por último, el segmento del recurso que cuestiona los intereses establecidos en origen cabe declararlo desierto en tanto ningún cuestionamiento válido se formuló al respecto (art. 116 de la L.O.).

5º) De acuerdo a la modificación que propongo y sin perjuicio de lo dispuesto por el art. 279 CPCCN, sugiero confirmar los honorarios regulados en la instancia anterior toda vez que los mismos lucen suficientemente remunerativos y ajustados a derecho respecto del nuevo monto de condena (art. 38 LO y cctes. ley arancelaria; arts. 3 y 12 decreto ley 16638/57), Asimismo, propongo mantener la imposición de costas establecida en origen ya que se mantiene la condición de vencido del accionado (art. 68 CPCCN).

Propongo imponer las costas de alzada al demandado vencido en lo sustancial (art. 68 CPCCN), regulándose los honorarios a favor de la representación y patrocinio letrado de la parte actora y demandado en el 25%, a cada uno respectivamente, de lo que les corresponda por su actuación en la anterior instancia (art. 14 ley arancelaria).

Por todo lo expuesto, de compartir mi voto, sugiero: 1) Revocar la aplicación al caso de lo dispuesto por el art. 275 de la L.C.T (art. 9° de la ley 25.013) y confirmar la sentencia apelada en todo lo demás que decide y que ha sido materia de recursos y agravios; 2) Imponer las costas de alzada al demandado vencido en lo sustancial (art. 68 CPCCN); 3) Regular los honorarios regulados a la representación y patrocinio letrado de la parte actora y demandado en el 25%, a cada uno respectivamente, de lo que les corresponda por su actuación en la anterior instancia (art. 14 ley arancelaria).

El Dr. Dr. GREGORIO CORACH dijo:

Por compartir los fundamentos del voto precedente, adhiero al mismo. El Dr. ENRIQUE R. BRANDOLINO no vota ( art. 125 L.O.).

Por lo que resulta del acuerdo que antecede, el Tribunal RESUELVE: 1) Revocar la aplicación al caso de lo dispuesto por el art. 275 de la L.C.T (art. 9° de la ley 25.013) y confirmar la sentencia apelada en todo lo demás que decide y que ha sido materia de recursos y agravios; 2) Imponer las costas de alzada al demandado vencido en lo sustancial (art. 68 CPCCN); 3) Regular los honorarios regulados a la representación y patrocinio letrado de la parte actora y demandado en el 25%, a cada uno respectivamente, de lo que les corresponda por su actuación en la anterior instancia (art. 14 ley arancelaria). 4) Cópiese, regístrese, notifíquese y oportunamente, cúmplase con lo dispuesto en el art. 1 de la ley 26856 y con la Acordada de la CSJN Nº 15/2013 y devuélvase.

Ante mí Pm

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