En tanto la Aseguradora demandada indicaba lugar y momento de las prestaciones, se juzga que existió relación laboral como “inspector de siniestros”

CertificadoLaboralPartes: Brea Anibal Héctor c/ Provincia Seguros S.A. s/ despido

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo

Sala/Juzgado: III

Fecha: 13-feb-2015

Cita: MJ-JU-M-92608-AR | MJJ92608 | MJJ92608

Habida cuenta de que la demandada indicaba al actor donde y cuando debía concurrir a prestar tareas, se juzga que existió relación de trabajo bajo el puesto de “inspector de siniestros”.

Sumario:

1.-Corresponde admitir la relación de dependencia laboral del actor con la demandada por el período reclamado, en los términos de los arts. 21 y 22 de la LCT. pues la demandada no logró desvirtuar la presunción legal del art. 23 LCT., pues todos los testigos sostuvieron que el actor era inspector de siniestros de la demandada y que laboraba para ella.

2.-Puesto que los testigos afirmaron que desde el taller debían solicitar el pedido a la empresa demandada para que mandara al actor a inspeccionar los vehículos, que no había otro inspector de la accionada que no fuera el reclamante para inspeccionar los rodados en la época en que éste concurría a realizar ese trabajo, se deduce que no era un inspector externo e independiente, sino un empleado en relación de dependencia, y que la demandada era la que le daba las planillas de los lugares donde tenía que ir, y decidía cuándo lo mandaba a realizar las inspecciones en los distintos domicilios, a los que concurría con regularidad.

3.-Por aplicación del principio de primacía de la realidad, corresponde admitir que los honorarios abonados al actor en realidad conformaban la remuneración del trabajador (arts. 63 , 103 y cc. de la LCT).

4.-No resulta aplicable, ni de manera independiente, la doctrina del fallo plenario ‘Couto de Capa’ , porque el actor estaba en negro , -es decir que la demandada no lo tenía registrado en sus libros-, pues corresponde emplear la presunción contemplada en el art. 55 de la LCT, precisamente porque el accionante no estaba registrado en los libros de la demandada y por lo tanto, se tiene por cierta la fecha de ingreso al empleo denunciada por aquél en la demanda.

5.-Corresponde recalcular el monto de condena, tomando la fecha de ingreso la denunciada por el reclamante, pues si bien el art. 253, segundo párr. , de la LCT. establece que cuando el trabajador obtiene la jubilación, pero sigue trabajando para el mismo empleador, se computa la antigüedad en el empleo desde la jubilación (es decir desde la fecha posterior al cese por jubilación), esta tesitura cae en casos como el presente, en que el actor no estaba registrado y se consideró despedido por ese motivo, porque la falta de registro del contrato laboral, produce la aplicación de la presunción del art. 55 LCT.

Fallo:

En la ciudad de Buenos Aires, capital de la República Argentina, a 13.02.2015 , reunidos en la Sala de Acuerdos los señores miembros integrantes de este Tribunal, a fin de considerar el recurso deducido contra la sentencia apelada, se procede a oir las opiniones de los presentes en el orden de sorteo practicado al efecto, resultando así la siguiente exposición de fundamentos y votación:

La Dra. Diana Cañal dijo:

Ambas partes cuestionan la sentencia de la anterior instancia de fs. 223/225, en los términos de los memoriales de fs. 226/227 vta. y fs. 234/237 vta. Asimismo, la accionada critica todos los honorarios por altos, mientras que la representación letrada de las partes actora y demandada por derecho propio y el perito contador a fs. 229, apelan sus honorarios por considerarlos bajos.

La parte actora se queja, porque entiende que no corresponde aplicar al caso, el fallo plenario “Couto de Capa, Irene Marta c/ Aryva SA”, pues el contrato de trabajo del actor no estaba registrado.

Argumenta que por ese motivo, corresponde computar la totalidad de la antigüedad del actor al calcular la indemnización por despido, a pesar de que aquél se jubiló durante la relación laboral.

La parte demandada se queja, porque el Sr. Juez computó cuatro períodos de antigüedad para fijar la indemnización prevista en el art. 245 de la LCT, porque ubica su ingreso en el 29.6.01.

Afirma que esto no es así, pues del peritaje contable surge, que las primeras facturas emitidas por el actor, datan del 1.6.10. Por lo cual, en el peor de los casos, entiende que trabajó 9 meses que no son computables, dado que conforme lo dispone en el art. 253 LCT, la antigüedad en el empleo se cuenta desde la fecha de la jubilación.

Cabe considerar que el actor en el inicio (fs. 4/9), denunció que ingresó a laborar para la demandada el 30.11.98, que sus tareas consistían en la inspección de los vehículos siniestrados, asegurados en Provincia Seguros SA.Que laboraba como encargado, en la sección siniestros de automóviles, de lunes a viernes de 8 a 16 hs. y que cobraba por cada inspección finalizada la suma de $ 60, y que en caso de que el vehículo siniestrado no se encontrara en el domicilio indicado, la demandada le abonaba $ 30; que por las inspecciones sobre fotos del siniestro, le pagaba $ 15, y que por cada verificación de daños, percibía $ 50. Es decir, que la remuneración habitual era de $ 14.000. Que el 4.6.12, la accionada le indicó que no debía concurrir más a su trabajo. Por lo cual, el 13.6.12 intimó la regularización de su vínculo laboral, denunciando el despido verbal. El 25.6.12, ante la falta de respuesta de la demandada, se consideró despedido.

La parte demandada a fs. 33/36 vta., contesta la acción negando la relación laboral dependiente. Afirma que el reclamante se desempeñó como inspector independiente, y que el 13.5.08 se jubiló.

Argumenta que el Sr. Juez no valoró correctamente el peritaje contable. Dice que el actor no figura como empleado en los registros de la demandada, y que existen muchas facturas por honorarios a nombre de aquél.

Llega firme a esta Alzada la remuneración del actor de $ 14.000, y que se consideró despedido el 25.6.12, por falta de registración del vínculo laboral. Si bien la parte demandada no cuestionó la no aplicación de la doctrina de la CSJN “Vizzoti” para calcular la indemnización por despido, quedando ese salario consentido. Al respecto, cabe señalar que por mi parte entiendo que no corresponde aplicar tope máximo alguno para calcular la indemnización por despido, por considerar inconstitucional en ese punto el art. 245 LCT. Es decir, que mi postura es aún más favorable para el trabajador, que la establecida por la CSJN en el citado caso “Vizzoti” .

Culminada la precedente síntesis, en primer lugar corresponde establecer si existió relación laboral dependiente en los términos de los arts.21 y 22 de la LCT, y luego, en caso de probarse la misma, determinar qué indemnización le corresponde percibir al actor, al cese.

Así, tengo en consideración que la demandada en el responde, reconoció que el mismo trabajó para ella, como inspector.

Por lo cual, aunque afirmó que lo hizo en forma independiente, resulta de aplicación la presunción prevista en el art. 23 de la LCT, pues allí se establece que “El hecho de la prestación de servicios hace presumir la existencia de un contrato de trabajo, salvo que por las circunstancias, las relaciones o causas que lo motiven se demostrase lo contrario. Esa presunción operará igualmente aun cuando se utilicen figuras no laborales, para caracterizar el contrato, y en tanto que por las circunstancias no sea dado calificar de empresario a quien presta el servicio”.

En consecuencia, y conforme lo expuesto precedentemente, la accionada tenía la carga de desvirtuar en autos dicha presunción legal (arts. 377 y 386 del CPCCN).

Analizaré a continuación, las declaraciones testimoniales, en primer lugar las propuestas por la parte demandada (Ladd García, Lo Carmine), para comprobar si ha podido revertir la presunción del art. 23 mencionada, y luego, los dichos de los testigos que declararon a propuestas de la parte actora (Bianco, Pasqualone y Perazzo).

Así, el testigo Ladd García, a fs. 73/74, manifestó que conoce al actor por su trabajo, que el mismo realizaba inspecciones de siniestros en la sucursal de La Plata, que el dicente tiene a cargo. Dice que el testigo trabaja en la demandada desde el año 2007. Que no está en la parte de siniestros, pero tiene conocimiento de que la tarea de inspector es realizar la verificación de daños en vehículos de asegurados y de terceros. Que la tarea del actor era esa; que se le asignaban los diferentes casos y el mismo devolvía un informe con los daños observados. Que lo sabe por el conocimiento de las tareas que se realizaban en la sucursal que está a su cargo, que ve los informes.Que las tareas de inspección se asignan en el sector de siniestros, que lo sabe porque es una de las propias de dicho sector; que estas inspecciones se realizan en los talleres o domicilios de terceros pero básicamente en los talleres. Que lo sabe por haber visto los informes. Que el actor no recibía órdenes, que se le asignaba un trabajo y devolvía el resultado del trabajo. Que lo sabe por ser una de las tareas del sector de siniestro el cual supervisa el testigo. Que desconoce los días y horarios en los cuales se hacían las inspecciones; que no recuerda cuánto ganaba el actor; que ganaba en función de los trabajos encomendados. Que el accionante presentaba facturas y se le liquidaba por los servicios prestados. Que lo sabe porque en algunos casos el dicente era el firmante de la liquidación. Que no sabe cuál es el tipo de contratación del actor y de los inspectores. Que no sabe cuántas inspecciones realizaba por día, por mes o por semana. Que del sector de sinestros le asignaban al reclamante las inspecciones, que le daban una planilla y el lugar donde tenía que asistir. Que vio al actor en la sucursal; que concurría a retirar las planillas. Que no sabe con qué frecuencia concurría. Que el testigo no lo veía todos los días porque no está en el sector. Que conoce al actor desde que comenzó a trabajar en la demandada, desde el año 2007. Que se lo presentaron como inspector externo de la compañía. Que desconoce si la compañía tiene inspectores internos, que en la sucursal donde está el dicente, no tiene.

A su vez, Lo Carmine a fs. 77/78 indicó que estuvo trabajando en la delegación La Plata de la demandada, Provincia Seguros, y que de allí conoce al actor, que era inspector de siniestros. Que todos los días se arma una cantidad de inspecciones para ver los autos siniestrados en talleres o en domicilios.Que un grupo de dichas inspecciones se le da a cada inspector que les presta el servicio, y al final del día entregan los resultados. Que la cantidad de inspecciones diarias es de 10 ó 15, Que dependiendo de la cantidad de trabajo, es la jornada laboral del actor. Que es variable. Que el actor más que órdenes, recibía inspecciones. Que las recibía del empleado que está encargado de dividir las inspecciones. Que el monto de la remuneración del reclamante era variable, que quincenalmente presentaba una factura del trabajo realizado. Que en el sector donde trabaja la dicente, cree que hay cuatro inspectores; que en el monto que estaba el actor, eran dos.

De los testigos propuestos por la parte actora, Bianco a fs. 75/76, dijo que el mismo iba a inspeccionar los coches de la demandada al taller Bianco; que asistía una, dos o tres veces por semana, dependiendo de los siniestros. Que el actor iba a ver el auto con el presupuesto en mano. Que se acostumbra a llevar primero el presupuesto de la compañía y luego viene el inspector, que revisa el auto y acuerda el presupuesto. Que las órdenes de reparación mayormente las dejaba el accionante. Que se sacaban fotos de los vehículos siniestrados. Que las sacaba el inspector que asistía. Que en el caso del actor, las sacaba éste. Que muchas veces volvía cuando aparecían daños de mecánica y había que volver a sacar la foto. Que conoce al accionante desde hace 10 u l1 años. Que el testigo retiraba el pago de las reparaciones en calle 6 y entre calle 46 y 47, que estaba la sucursal de Provincia Seguros, que se encontraba en el Banco Provincia, que luego pasó a Diagonal 74 y 9 de La Plata.

Mientas que Pasqualone a fs. 79/80, expresó que el actor inspeccionaba los coches y elevaba el informe, que dejaba la orden de trabajo. Que se sacaban fotos de los siniestros. Que las sacaba el inspector con su propia cámara.Que la testigo conoce al actor como inspector hace 10 años. Que por semana lo podía llegar a ver una, dos o cinco veces, que era relativo. Que lo veía a las 8 de la mañana. Que los trabajos de reparaciones efectuados en el taller a la testigo se los pagaba la demanda. Que se lo abonaba presentando la factura y esperaban el cheque, que la testigo retiraba los pagos en la compañía. Que no sabe cómo le pagaban al actor. Que al taller de la dicente asistía un solo inspector y antes de que se fuera el actor, asistió otro.

Finalmente, Perazzo a fs. 81/82, expuso que hace aproximadamente 10 años que conoce al actor, como inspector de seguros. Que conoce a la demandada por tratar con la misma a través del inspector de seguros. Que el dicente posee una relación comercial con Provincia Seguros SA. Que el taller donde trabaja el dicente se llama Barrios Automotores SA; que el testigo es el encargado de ese taller de reparaciones. Que sabe que el accionante trabajaba para la demandada, ya que dejaba órdenes de reparación, toda vez que tenía el membrete que decía “Provincia Seguros SA”. Que el actor concurría al taller donde laboraba el dicente dos o tres veces por semana, pudiendo ser a la mañana o a la tarde, que dependía del trabajo. Que desconoce los días y horarios en que laboraba para la demandada. Que cuando el accionante iba al taller, luego de una inspección ocular del rodado en cuestión, sacaba fotos, varemizaba los tiempos, emitía una orden manual, insertando en esta orden los valores de la reparación, Que esa orden servía para facturar y cobrar a Provincia Seguros SA. Que desconoce si el actor recibía órdenes o instrucciones respecto al trabajo a realizar.Que en el supuesto en que el dicente o la gente del taller mencionado necesitaba comunicarse con el actor, debía previamente hacerlo con la demandada telefónicamente o vía mail, donde se le comunicaba al testigo qué día y en qué horario pasaría nuevamente el inspector Brea (actor). Que por haberlo visto, sabe que en ese momento efectuaba las órdenes presupuestarias de reparación, colocando los valores monetarios ya mencionados. Que desconoce si consultaba los valores que colocaba en estas órdenes. Que sin la orden firmada por el inspector, el taller no podía facturar. Que el taller cobraba con el número de siniestro al Banco Provincia. Que sin la orden firmada tampoco podía iniciarse la reparación del automóvil. Que en el tiempo que conoció al actor, no se presentó otro inspector por su trabajo.

De las declaraciones testimoniales producidas en autos, que se mencionaron precedentemente, concluyo que la demandada no logró desvirtuar la presunción legal del art. 23 LCT, pues todos los testigos sostuvieron que el actor era inspector de siniestros de la demandada y que laboraba para ella, por lo que les otorgo fuerza convictiva a estas declaraciones (arts. 386 y 456 del CPCCN, art. 90 de la L.O.).

Además, los testigos que declararon a propuestas de la parte actora, afirmaron que ellos, desde el taller (domicilio), primeramente debían solicitar el pedido a la empresa demandada para que mandara al actor a inspeccionar los vehículos, que no había otro inspector de la accionada que no fuera el reclamante para inspeccionar los rodados, en la época en que éste concurría a realizar ese trabajo.De ello, se deduce que no era un inspector externo e independiente, sino un empleado en relación de dependencia con Provincia Seguros SA, pues esta última era la que le daba las planillas de los lugares donde tenía que ir, y decidía cuándo lo mandaba a realizar las inspecciones en los distintos domicilios, a los que concurría con regularidad.

En consecuencia, concluyo que está acreditada en autos la relación de dependencia laboral del actor con la demandada por el período reclamado (30.11.98 al 25.6.12), en los términos de los arts. 21 y 22 de la LCT.

Cabe señalar, que si bien el perito contador a fs. 204 punto 3), informó que el actor facturó su trabajo como honorarios, no modifica dicha conclusión, pues se aplica el principio de primacía de la

realidad. Es decir, se da preeminencia a la verdad, por sobre los documentos que pudieran existir y que no reflejan las realidad. Así, es que con este criterio analizo la documental acompañada por el perito a fs. 179/vta., donde figura cada cliente con el pago imputado como honorarios, por tres montos fijos ($ 15, $ 50 y $ 60).

Estos montos, se condicen con lo denunciado por la parte actora en la demanda a fs. 5, de $ 15 por fotos, $ 50 por verificación de daños al asegurado, y $ 60 por inspecciones finalizadas con éxito, según el tipo de trabajo cumplido por el actor y la tabla tarifaria establecida por la accionada.

En consecuencia, concluyo que si bien figuraban las sumas como honorarios, en realidad conformaban la remuneración del trabajador (arts. 63, 103 y concs. de la LCT).

Respecto de la antigüedad del reclamante, y la solicitud de la parte actora de aplicar el Fallo Plenario N° 321, del 5/6/2009, recaído en los autos “Couto de Capa, Irene Marta c/ Aryva S.A.” , cabe realizar las siguientes consideraciones.

El mismo, establece que “Es aplicable lo dispuesto por el art. 253 último párrafo L.C.T.al caso de un trabajador que sigue prestando servicios sin interrupción a las órdenes del mismo empleador, luego del goce del beneficio de la jubilación”.

Es mi criterio reiterado que el art. 303 del CPCCN resulta inconstitucional, toda vez que viola la independencia judicial, solo atada a la aplicación del derecho dictado por sus autoridades naturales con respecto a la Constitución Nacional. Esto no impide que adhiera a su doctrina, pero no estoy obligada a hacerlo. Ello, en razón de la afectación de la independencia judicial, en donde los jueces sólo se encuentran atados a la Constitución Nacional, y a las leyes con arreglo a la misma. Claramente, este no es el caso del artículo 303 del CPCCN, que prevé la vinculancia de los plenarios, colocando así a las cámaras en el lugar del legislador, por lo que considero que esta norma es inconstitucional.

Por otra parte, toda vez que la ley 26853 en su artículo 12 dispone dejar sin efecto al artículo 303 del CPCCN, y siendo que la misma establece su obligatoriedad de manera inmediata, lo que viene a sumarse el carácter adjetivo de la misma, no existe más la contradicción constitucional.

Ahora bien, en el presente caso, no considero aplicable, ni de manera independiente, la doctrina del fallo plenario “Couto de Capa”, porque el actor estaba “en negro”. Es decir, la demandada no lo tenía registrado en sus libros. Por ende, no se da el supuesto previsto en dicha doctrina plenaria.

En cambio, sí entiendo que corresponde emplear la presunción contemplada en el art. 55 de la LCT, precisamente porque el accionante no estaba registrado en los libros de la demandada. Por lo tanto, se tiene por cierta la fecha de ingreso al empleo (30.11.98), denunciada por aquél en la demanda (fs. 4 vta.).

Si bien el citado art.253, segundo párrafo, de la LCT establece que cuando el trabajador obtiene la jubilación, pero sigue trabajando para el mismo empleador, se computa la antigüedad en el empleo desde la jubilación (es decir desde la fecha posterior al cese por jubilación), concluyo que esta tesitura cae en casos como el presente, en que el actor no estaba registrado y se consideró despedido por ese motivo. Ello, porque como indiqué precedentemente, la falta de registro del contrato laboral, produce la aplicación de la presunción del art. 55 LCT, y por ende, debe tomarse la antigüedad denunciada por el reclamante en el inicio.

En consecuencia, auspicio modificar la sentencia apelada, y recalcular el monto de condena, tomando la fecha de ingreso del 30.11.98.

Así, y manteniendo los conceptos receptados en la sentencia de primera instancia de fs. 223/225 y que llegan firmes a esta Alzada, la demanda procede por los siguientes rubros y montos: a) Indemnización por antigüedad $ 196.000 ($ 14.000 x 14); b) Preaviso $ 28.000 ($ 14.000 x 2); c) SAC s/ preaviso $ 23.333; d) Integración del mes de despido $ 12.638,88; e) SAC s/ integración $ 1.053,24; f) Art. 2 ley 25.323 $ 130.512,56 (50% de a+b+c+d+e); g) Art. 80 LCT $ 42.000; h) Vacaciones prop. con SAC $ 4.676; i) SAC prop. 6.789,04; j) Vacaciones 2010 $ 11.760: k) Vacaciones 2011 $ 11.760; l) SAC 1er sem. 2010 $ 7.000; ll) SAC 2do sem. 2010 $ 7.000; m) SAC 1er sem. 2011 $ 7.000; n) SAC 2do sem. 2011 $ 7.000; ñ) Art. 1 ley 25.323 $ 196.000.Es decir, un total de $ 692.522,72.

A continuación cabe analizar los conceptos de interés y actualización monetaria, en virtud de que un fenómeno de la actualidad de orden económico que se impone, tiene efectos sobre estos, los atraviesa, e inevitablemente entrecruza el análisis de estos institutos.

Así, por la complejidad del tratamiento y para que los afectados por el resultado de esta sentencia no se pierdan en el análisis, haré breves enunciados previos que se desarrollarán en los posteriores considerandos.

En este sentido, entiendo prioritario y elemental, aun cuando pareciera no existir la necesidad del distingo por su obviedad, precisar, desde el inicio que ambos institutos responden a necesidades diversas. Puesto que, el interés responde a un efecto sancionatorio por la falta de pago tempestivo de las sumas adeudadas, y la actualización pretende mantener el valor adquisitivo del capital que por el transcurso del tiempo resultó afectado por la depreciación monetaria.

Luego, en estos momentos no se puede soslayar el tratamiento de la inflación como un hecho de la realidad que trasciende la traba, y que por sus niveles, permanencia, y efectos, resulta ser el eje del debate económico social -basta con observar los distintos medios de comunicación-, instalándose como un hecho público y notorio.

Entre sus efectos, provoca que los intereses aplicados en una tasa que no atiende esta realidad, no cumplan con su función sancionatoria y admonitoria, por resultar irrisorios, y consecuentemente, no satisfagan la función esperada por el derecho. Y en concreto, debemos reflexionar, que esta situación habilita la aplicación de la nueva tasa de interés (Acta 2601 de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo), en todos los casos.

A su vez, se amplía el marco del decisorio, dado que, si la inflación es la base de la anterior reflexión, la actualización debe correr la misma suerte, a fin de mantener a justado el monto de condena.Viniendo a sumarse a los argumentos que la suscripta, en el tema, viene manifestando desde la década del noventa, siendo juez de la primera instancia, como expresaré en detalle.

Estas reflexiones tendrán sustento en la realidad, que se impone leída desde el marco teórico jurídico del paradigma vigente de los Derechos Humanos Fundamentales. El mismo mantiene el reflector apuntando a la efectividad del derecho, y a la mentada seguridad jurídica para TODOS LOS HABITANTES.

Dado que, de otro modo, desde la justicia se terminaría incentivando el incumplimiento del pago de un crédito alimentario en tiempo y forma, fomentando la especulación financiera de un sector.

En consecuencia, anticipo que lo aquí justificado y decidido será aplicado en todos los casos, haya o no pedido de parte, y en cualquier etapa del proceso.

Con lo cual, ingresarán en el debate, necesariamente, en el marco de la teoría general del derecho, y sea o no ajustado exclusivamente al caso: el alcance de principios generales del proceso como el de congruencia, el extra petita, la reformatio in pejus, y el iura novit curia.

Este último, que es la visión de la racionalidad del sistema “todo”, es el que va a demostrar que no puede haber ni incongruencia, ni extra petita, ni reformatio in pejus, cuando el ajuste del crédito por vía de intereses y actualización, es una consecuencia necesaria de la inflación, que constituye un hecho de público y notorio.

En tal sentido, y entrando de lleno en el análisis, corresponde determinar en primer lugar, qué se entiende por interés, y qué función cumple. En el punto, considero que la aplicación de intereses es necesaria para reparar la falta de pago en tiempo oportuno en la que incurriera la parte demandada, la cual, la gran mayoría de las veces, se encuentra en mejores condiciones materiales.Mientras que, como reconocen los principios fundamentales del derecho laboral, el trabajador está a la espera del cobro de una suma de dinero con características alimentarias, en condiciones de hiposuficiencia.

Cabe enfatizar, que precisamente el juez está obligado a resolver conforme los principios de racionalidad, (apego al paradigma normativo), y de razonabilidad (en el marco de la realidad). Asimismo, debe ser previsible, todo lo cual hace a la seguridad jurídica (motivo por el cual memoro mi postura sobre el tema, sostenida desde hace muchos años, y no abandonada al llegar a la Cámara).

Por estas razones, el juzgador no puede desconocer los datos de público y notorio (cuestiones del orden de la naturaleza, o sociales y/o económicas, de macro impacto), porque en este caso, al ignorar la realidad (razonabilidad), negaría la racionalidad. Como anticipara, este es el caso de la inflación.

Es así que a fin de acreditar los efectos de la misma, para una mayor claridad, realicé un gráfico con distintos índices. De tal suerte, consideré los datos aportados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) -según: Página web INDEC-; el “índice Congreso” (IPC Congreso, el que surge de un promedio simple entre los cálculos de consultoras privadas); el índice de las Remuneraciones Imponibles Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE); y el índice que elabora la Cámara Argentina de la Construcción (CAC, compuesto por el Costo de Construcción, de la mano de obra y de los materiales) -según

http://www.camarco.org.ar y http://www.cifrasonline.com.ar/cifras/index.php/content/view/full/76/(offset)/cac-.

Asimismo, cabe aclarar que se realizaron cálculos cuatrimestrales para cada uno de dichos índices, sumando el porcentaje de la variación mensual.A su vez, el índice RIPTE no se calculó en el segundo cuatrimestre del año 2014, dado que la última publicación del mismo por parte del Ministerio de Trabajo, fue realizada hasta junio 2014.

De lo investigado se observa, que el índice RIPTE en el 1º cuatrimestre del año 2012, alcanzó un incremento del 12,70%, mientras el Instituto Nacional de Estadística y Censos, denunció que la suma ascendió a 3,30% (superando el primero 3,85 veces). Por otro lado, en el 2º cuatrimestre del año 2012, el índice CAC aumentó un 12,30%, en cambió el INDEC denunció que la inflación para ese período fue del 3,20% (siendo el índice que elabora la Cámara Argentina de la Construcción 3,84 veces superior). Por último, el IPC Congreso para el 1º cuatrimestre del año 2014 indicó que la inflación aumentó un 14,99%, mientras que el Instituto

Nacional de Estadística y Censos publicó que fue de 11,50%.

También corresponde precisar, que en el gráfico existen descensos del porcentaje de variación de la inflación, por ejemplo el índice RIPTE en el 1º cuatrimestre del año 2012 fue de 12,70%, y en el 2º cuatrimestre del mismo año, fue de 8%, sin embargo de modo alguno significa que no hubo inflación, sino que el porcentaje decreció en una medida que confirma el efecto reseñado supra.

En general, a través de los gráficos de las fojas subsiguientes, al mostrar los análisis en comparación, puede observarse la tendencia de las variaciones, es decir, la manera en que éstas se fueron sucediendo, una en comparación con la anterior, en tanto el nivel de variación de los precios mostrará una tendencia hacia arriba más o menos marcada.

Dicha variación, también puede advertirse en el cuadro que antecede, aplicando ese porcentaje de variación a un precio hipotético, cuyo valor inicial era $ 100.La tasa de cambio del precio siempre exhibe una tendencia hacia arriba, lo cual indica una suba de los precios en todos los periodos computados. Entonces, lo que se observa es cómo el precio de este “producto” fue elevándose progresivamente, hasta alcanzar cierto valor total para el segundo cuatrimestre de 2014 (con excepción del índice RIPTE).

Por ello, el precio total al que se arriba tras la aplicación de los diferentes índices, constituye un valor total de pago, y no un porcentaje de variación, como en el gráfico anterior.

Con lo cual, cabe concluir, que aún cuando los porcentuales según los índices reseñados, varían entre sí (sin entrar a evaluar la veracidad de uno u otro en sí mismo), lo que aquí interesa es que todos, en mayor o menor medida, con concuerdan en que existe la inflación. Obsérvese que tomando únicamente el registro oficial (INDEC), nos encontramos por sobre el nivel cero, en una medida relevante a nivel de consumo diario, para el bolsillo de un trabajador.

Así se desprende, de todos los datos recogidos, la evidencia de la inflación que se vive, la cual el juez no puede desconocer a la hora de utilizar las herramientas necesarias para preservar el crédito del trabajador. Máxime, cuando los juzgadores mismos ven la afectación del salario con la simple operación de hacer las compras, realidad de la que nadie escapa.

Por todo lo dicho, entiendo que el fenómeno de la inflación debe ser tenido como un hecho de público y notorio por la suscripta, para que la resolución pueda entenderse ajustada a derecho.

Obsérvese, que la CSJN misma, ha entendido que la depreciación monetaria debe ser entendida como un hecho público y notorio: “Las variaciones del valor de la moneda, lo que por otro lado es público y notorio y se refleja con asiduidad en los valores de las cosas, son valores venales que sufren, desde hace largo lapso, fuertes alteraciones.De ello resulta el grave deterioro en la remuneración real recibida por los señores jueces ya que el envilecimiento del signo monetario disminuye notablemente el poder adquisitivo de una cantidad; de aquí pues que para compensar el mayor valor de las cosas sea necesario recibir una mayor retribución (A. 302. XXII- “Almeida Hansen, Jorge A. c/ Estado Nacional (Ministerio de Educa- ción y Justicia) s/ amparo”, 28-03-1990,T. 313, P. 344).

A su vez, el tribunal superior ha manifestado que, si un acontecimiento es de público y notorio conocimiento ” los jueces no deben sustraerse porque integra la verdad jurídica objetiva” (C. 2002. XXXII.; Chubut, Provincia del c/ Centrales Térmicas Patagónicas S.A. s/ sumario.07-12-2001T. 324, P. 4199); “ya que sus sentencias han de ceñirse a las circunstancias dadas cuando se dictan, aunque sean sobrevinientes al recurso extraordinario, pues la subsistencia de los requisitos jurisdiccionales es comprobable de oficio y su desaparición importa la del poder de juzgar”( P. 679. XLVIII; REX04-09-2012).

Actualmente, la Sala III de la Cámara de Apelación Penal de Santa Fe, también trabajó el concepto, y en un caso sobre la fuga del imputado y su repercusión en los medios, expresó que: “Cuando un hecho es público y notorio no necesita de

pruebas”http://www.ellitoral.com/index.php/diarios/2012/07/30/ sucesos/SUCE-02.html).

Y si bien es cierto lo que expresa esta última jurisprudencia, creo necesario exhibir las planillas invocadas precedentemente, de manera de sumar a pesar de no ser necesario por lo evidente del hecho, una prueba directa. Veamos.

A la expresividad de estos gráficos, sobre la notoria variación en los precios, también fue destacada en un trabajo publicado por el Dr.Pascual Antonio Finelli, Secretario Académico del Colegio de Abogados de La Matanza, titulado “Irrazonabilidad de la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, sentada en los autos “Abraham”, por la que declarara la inconstitucionalidad de la ley 14.399, y mantuvo la aplicación de la tasa pasiva a los créditos laborales” (http://www.calm.org.ar/default.asp?p=nuevo).

En el mencionado trabajo de investigación, del cual recomendamos su lectura, realizó una serie de comparaciones numéricas en las cuales, la tasa pasiva era muy inferior al fenómeno inflacionario. Consideró distintas variables, a modo de ejemplo, la variación – ascendente- de los salarios de los propios jueces del tribunal superior de la provincia, desde el 01/03/2012 hasta el 01/09/2014.

Como conclusión, sostuvo que “la decisión de la SCJBA se aparta llana y concretamente de toda pauta que tenga por fin, resarcir y restituir al trabajador y, eventualmente, a sus derechohabientes, del daño que sufrió como consecuencia del

incumplimiento del empleador. lo único que fomenta es. el incumplimiento y la especulación financiera por parte de los deudores” (destacado, me pertenece).

Los dichos del Dr. Finelli, si bien refieren a un criterio judicial diverso, cual el de la SCBA, enrolada en la tasa pasiva -situación mucho más gravosa que la de la justicia nacional-, también resultan de utilidad para justificar aquí, no sólo la modificación del índice de interés a aplicar, sino también su uso en todos los casos.Ello, so pena de discriminación, dado lo público y notorio del desfasaje económico, que deja al salario, y en su consecuencia a las indemnizaciones, fuera del poder adquisitivo del trabajador que, para más, en la mayoría de los casos, ha perdido su trabajo y/o se encuentra discapacitado.

Definitivamente, en un análisis lógicamente vinculado, entre inflación e intereses, resulta necesario que por efecto de la primera, al llegar a cierto nivel detectable en lo cotidiano, se retoquen los segundos, y que modificando estos últimos, también deba incluirse la primera.

Por tales circunstancias, es que la jurisprudencia, adaptándose a la realidad, ha ido contemplando e introduciendo, el concepto de diferentes tasas de interés, puesto que el retardo injustificado e imputable al deudor en el incumplimiento de las obligaciones, las desajusta por el efecto inflacionario, si no se lo repara.

En este mismo sentido, es trascendente a estos efectos, la mencionada Acta nº 2601, mediante la cual esta misma cámara, el 21 de mayo del corriente año, entendió necesario elevar la tasa de interés, como reconocimiento de la inflación por la que se atraviesa, y que tal realidad debió ser atendida por los jueces que la componen.

Precisamente, y haciendo un poco de historia, a fin de entender profundamente la situación, vale mostrar que los vaivenes de la inflación históricamente tuvieron implicancia en las decisiones del órgano. Cabe rememorar que en 1991, cuando se adoptó la convertibilidad y se eliminó la indexación hasta entonces vigente, esta Cámara, dictó la Resolución Nº 6/91, del 10/4/91, cuyo artículo 6° establecía: “Sin perjuicio de la tasa aplicable hasta el 31 de marzo de 1991 sobre créditos indexados, a partir del 1° de abril de 1991 se aplicará la tasa de interés que resulte del

promedio mensual de la tasa activa aplicada por el Banco de la Nación Argentina para operaciones corrientes de descuento de documentos comerciales, según el cálculo que será difundido por la Prosecretaría General de la Cámara.Para las fracciones del período mensual que se halle en curso, se aplicará el promedio del mes anterior”.

Luego, a partir del dictamen de la Corte Suprema de Justicia en el fallo “López, Antonio Manuel c/Explotación Pesquera de la Patagonia S.A.”, esta Cámara adaptó el anterior criterio y sustituyó la tasa activa por la pasiva (Acta 2.100 del 24/6/92).

Pero a partir del fallo “Banco Sudameris c/Belcam S.A. y otro”, también dictado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación el 17/5/94, se acordó, mediante acta

2.155 del 9/6/94, dejar sin efecto el punto 6º de la Resolución 6/91, así como su modificación por acta 2.106; y se dispusieron tasas de interés fijas para períodos sucesivos, la última de las cuales era del 12% anual.

Dicho compromiso, “del que no quedó constancia escrita porque carecía de obligatoriedad jurídica, rigió en gran medida las decisiones de esta Cámara en ese entonces” (según texto Acta CNAT N° 2.357).

En atención a ello, en la actualidad, se decidió que resultaba necesario tomar explícitamente una nueva posición, que exteriorizase el criterio que la Cámara adoptaba, a fin de hacer frente a las nuevas circunstancias.

Así, se acordó mediante el acta 2.357, que, “sin perjuicio de la tasa aplicable hasta el 31 de diciembre de 2001, a partir del 1° de enero de 2002 se aplicaría la tasa de interés que resulte del promedio mensual de la tasa activa fijada por el Banco de la Nación Argentina para el otorgamiento de préstamos”.

Dicha tasa, como manifestó ésta Cámara, resultaba “la más apropiada para su aplicación a los créditos judiciales, ya que equivalía, al menos aproximadamente, al costo que el acreedor impago debería afrontar para obtener, en el momento del vencimiento de la obligación, el monto que el deudor moroso hubiese retenido, a la vez que ponía en cabeza del deudor la responsabilidad por el resarcimiento de aquel costo,sea este real o equivalente en términos de postergación de consumos o privaciones en que el acreedor hubiese debido incurrir para hacer frente a la falta de pago oportuno de su crédito”.

Ahora bien, esta situación ya cambió hace mucho tiempo, y después de un período de contención de la inflación, hemos sufrido varios impactos rebotando en la actualidad, en términos que pueden calificarse de “altos”, según la mayoría de los criterios académicos que se puedan considerar, pero sobre todo según el sentido común, de quien cotidianamente adquiere insumos para el hogar.

En consecuencia, las condiciones tenidas en cuenta al momento de dictar dicha acta, ya no son las mismas.

Esta circunstancia, de notorio y público conocimiento, como se anticipara, llevó a que el 21-05-2014, esta Cámara acordase el acta Nro. 2.601, la cual dispone “la aplicación de una tasa de interés nominal anual para préstamos personales libres, destino del Banco Nación, para un plazo de

49 a 60 meses”.

Si bien se convino que dicha acta “comience a regir desde que cada suma es debida, respecto de las causas que se encuentran sin sentencia”, resulta evidente en el estado de la realidad, que entiendo que para los juicios que se encuentren en cualquier estado del proceso, inclusive los que se encuentran en etapa de ejecución, también debe ser aplicable. Ello, en un nuevo análisis del tema, realizado en su momento en los autos “González Florentino Oscar C/ FGC Construcciones SRL y Otros S/ Accidente – Acción Civil” S.D.Nº 94.068 del 30/06/2014, arribo al precedente criterio ante la mutación de la realidad.

Ello, ya que la normativa, como fuera mencionado en su momento por la Cámara, al dictar el acta 2.357, tiene como finalidad compensar “la postergación de consumos o privaciones en que el acreedor hubiese debido incurrir para hacer frente a la falta de pago oportuno de su crédito”.

En efecto, “el problema no está en los intereses, sino en la desvalorización de la moneda, lo que implica la variación de la regla con que se mide la reparación. La cuestión de los intereses es un mero accesorio, tendiente a reparar lo que no se puede resguardar de otro modo, porque el legislador prefiere no asumir los datos de la realidad. Lo que está en juego no es pues, en definitiva la necesidad de una doctrina legal única, sino, sobre todo, una necesidad de una doctrina legal que asuma la realidad del deterioro monetario”- (Punte, Roberto Antonio , comentario a fallo dictado por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, sala B ~ 2011-11-29 ~ Pereyra Sergio Horacio c. Hospital Cosme Argerich y otros s/daños y perjuicios – La Ley 17/04/2012, 4, La Ley 2012-B, 581).

Finalmente, cabe rememorar que, la lógica del hecho público y notorio de la inflación, se encuentra en la base de una decisión de3 esta misma Cámara, cuando se encontraba vigente ley 24.283 (B.O. 21.12.93), conocida como la Ley Martínez Raymonda. Pero en este caso, para reducir el crédito de la parte actora. Así, ante el pedido de las empleadoras de que en plena etapa de ejecución, se hiciera una adecuación indemnizatoria, en base a lo que cobraría al tiempo de la liquidación un trabajador de la misma categoría, antigüedad y condiciones, comparándolo con el resultado que se arrojaba en favor del que había tenido sentencia favorable, la Cámara propició tal solicitud.Así, se comenzó a abrir a prueba en etapa de ejecución, para que los demandados no terminasen pagando sumas exorbitantes.

Entonces, cabe reiterar que no se incurre ni en aparente discrecionalidad ni en arbitrariedad manifiesta al modificar la tasa de interés, sino que la obligación de un juzgador, consiste en el respeto al derecho todo, de conformidad con sus reglas jerárquicas. Hoy en día, regidas en particular por los principios normativos del paradigma de los Derechos Humanos Fundamentales (derecho vigente, aunque pueda no compartirse, ver la salvedad formulada en la columna de opinión titulada “Criticar la Constitución”, Diario La Ley, 19/11/2014, con lo que no concuerdo, si de verdad nos queremos alejar de un mero emotivismo, realizando por el contrario una aplicación racional de las normas, ver en el punto “El conflictivismo en los Derechos Fundamentales”, Juan Cianciardo, Buenos Aires, 2006, http://www.austral .edu.ar. Ver asimismo, “Principios de derecho y discrecionalidad judicial”; Guastini,Riccardo,file:

///C:/Users/27124124226/Downloads/Dialnet PrincipiosDeDerechoYDiscrecionalidad Judicial-174776.pdf).

Nada de lo cual puede ni “debe” hacer el juzgador por fuera del imperativo marco de la realidad, es decir, la racionalidad en un par con la razonabilidad, en un juicio de proporcionalidad (ver entre otros “Los derechos fundamentales y el principio de proporcionalidad”, Robert Alexy, Revista española de derecho constitucional, ISSN, 0211-5743, Año nº 31, Nº 91, 2011, pág. 11-29; “Entre arbitrariedad y razonabilidad. Hacia una teoría crítica del neoconstitucionalismo”, Massimo Cuono, Università di Sassari, EUNOMÍA. Nº 3, Septiembre 2012-febrero 2013, pp 44-60, ISSN 2253-6655).

Como se advertirá más abajo, la racionalidad al momento de decidir implica emplear el marco normativo de un modo integral, es decir, respetando la prelación de derechos constitucionales y convencionales que indica el referido paradigma, haciendo que dichos derechos gocen de una efectividad plena, no solo al momento de dictar,

sino también de ejecutar la sentencia.Este es el aspecto central del paradigma de los DDHHFF, y es allí cuando se observa, si logra reflejar en los hechos aquello que se alega en la teoría.

Asimismo, súmese como argumento justificativo de la aplicabilidad inmediata e indiscriminada por el carácter adjetivo de lo dispuesto, y porque se trata de mejoras en la situación del trabajador, por imperio del artículo 9 de la LCT y del principio de progresividad.

Como consecuencia de todo lo dicho, y teniendo en cuenta los efectos de la referida inflación, el incumplimiento de una obligación, tiene que ser castigado más duramente. Ello, puesto que de otro modo, se transformaría en un negocio, afectándose directamente el derecho de propiedad del trabajador, que recalco, se encuentra en una situación más desventajosa.

Propicio de tal suerte, emplear en todos los casos, la tasa de interés nominal anual para préstamos personales libres destino del Banco Nación, para un plazo de

49 a 60 meses (conf. Acta de ésta Cámara Nro. 2.601, del 21- 05-2014), desde la exigibilidad del crédito, hasta su efectivo pago.

En atención a todo lo manifestado, entiendo que la aplicación de la tasa de interés dispuesta por el acta mencionada, para todos los casos a resolver, no afectaría los efectos de la cosa juzgada ni dejaría en estado de indefensión al deudor, sino que simplemente adecuaría las consecuencias del pronunciamiento al contexto actual.

Por lo que, esta decisión, como lo adelanté en la introducción del tema, me pone en la situación de abordar, desde una visión estructural, algunos principios generales del derecho que podrían entenderse comprendidos: el de congruencia, el extra petita, la reformatio in pejus, y el iura novit curia.

Así, considero que lo resuelto no importa la violación del principio de congruencia. Lo entiendo de este modo, puesto que las decisiones del sentenciante no pueden hacer oídos sordos a la realidad en la cual se enmarca el proceso en su conjunto, y la traba de la litis en particular.En base al Principio de la Realidad no puede el juez ceder nunca ante una pretendida seguridad jurídica, que arrojara a un resultado final técnicamente “injusto”, puesto que inclusive dicha seguridad, para subsistir, debe funcionar en el contexto de los hechos: en la realidad misma.

Por lo tanto, si los hechos de la traba de la litis se vieron afectados por los hechos y plataforma material de la realidad general, como se observara anteriormente por la gran inflación, el juez debe tenerlos en cuenta a la hora de fallar, y de dictar resoluciones aún posteriores a la sentencia misma, sin poder pretender “pensar el caso”, bajo un status quo económico- social idéntico, cuando ya no existe.

Grafiquemos la idea:

Hechos de la Traba de la Litis

B: TIEMPO CRISTALIZADO

del c

Hechos y plataforma material de la Realidad

Aquí vemos claramente, cómo los hechos umidos en una realidad mayor, que

funcion

rte de to

A: TIEMPO EN DEVENIR

el derecho supone ciertas constantes entre las que también está la variabilidad.

Esto le permite crear institutos universales. Por dar un ejemplo, las rebeldías. Cuando alguien no se presenta a estar a derecho, existe la suposición de que no desea ser hallado, y en consecuencia, se considera ficcionalmente, que los hechos, sucedieron como el demandante los afirmó.

¿Podría entonces tenerse por cierto cualquier dato de la demanda? No, si se trata de algo que va contra la regularidad de la naturaleza (por ejemplo que trabajó 24 hs. seguidas todos los días, durante un año), o de algo que por ser público y notorio el juez no pueda desconocer. Así, aparecen factores mudables y otros constantes, a lo que la justicia no puede ser ciega.

Al dictarse la sentencia, se “cristaliza” un pasado (B. TIEMPO CRISTALIZADO). Ese tiempo ya no transcurre. Pero la realidad durante la que se desarrolla el proceso, sigue deviniendo, resultando vulnerable a vaivenes de todo tipo (A.TIEMPO EN DEVENIR).

Con lo cual, la realidad socio-económica y la naturaleza misma, son factores mudables, que el juez siempre debe tener en cuenta, porque la variación en si misma, “es” una constante.

Cabe reflexionar, que un tsunami, o un terremoto por ejemplo, que afectasen gravemente la economía, podrían eventualmente justificar una corrección de las condenas “en favor de los empleadores”, que de otro modo no pudieran seguir adelante.

De modo que a su vez, en una base macro (reflejada en el gráfico mediante el círculo más amplio), que contiene a los hechos de la traba, (aspecto micro, el que aparece en el dibujo como la esfera más pequeña), puede haber variaciones naturales o sociales, que impongan al juez advertir cómo lo macro incide en lo micro, en calidad de hecho público y notorio, durante TODO el proceso.

¿Cuál es la medida de esa variación que justificaría la intervención del juez, aun sin pedido de parte, y en cualquier etapa del proceso? Pues bien, para ello no hay pautas objetivas preestablecidas (lo que no implica que no las pueda haber en el futuro), de modo que se impone un análisis como el precedente, demostrativo en el tema que nos convoca, de la afectación general del salario, y su marcada pérdida de poder adquisitivo. Será este, además, un juicio de proporcionalidad o de razonabilidad (Juan Cianciardo. 2009. “El Principio de Proporcionalidad: sus dimensiones y límites” Disponible en: http://works.bepress.com/juan_cianciardo/).

Justamente, recordemos en este punto a los romanos, quienes le dieron basamento al derecho desde el sentido común.

En este orden de ideas, la racionalidad del sistema recoge esta versión. El art. 277 del CPCCN expresa que “el Tribunal, no podrá fallar sobre capítulos no propuestos a la decisión del juez de primera instancia. No obstante, deberá resolver sobre los intereses y daños y perjuicios, u otras cuestiones derivadas de hechos posteriores a la sentencia de primera instancia”.

Dicho articulado, como expone el Dr.Enrique Néstor Arias Gibert “faculta a los tribunales de alzada la consideración de hechos posteriores a la sentencia definitiva, dentro de los cuales se encuentra el tratamiento de los intereses, materia que puede y debe ser analizada por el tribunal de alzada, sobre todo teniendo en cuenta la motivación del acta CNAT 2.601”.

“Ello en modo alguno implica afectar el principio de congruencia pues la determinación de los intereses constituye materia aplicable de oficio, aun en caso de falta de petición expresa por lo normado en el ámbito general de las obligaciones por los artículos 519, 508 y 511 del Código Civil y, en el ámbito de los hechos ilícitos por la norma del artículo 1.069 del Código Civil, por lo que la falta de petición específica del tipo de interés en la demanda, a fortiori, no importa incongruencia en el tratamiento por los tribunales”. “Tampoco afecta la cosa juzgada pues el hecho sobreviniente no está comprendido en ella como lo recepta expresamente el artículo 277 CPCCN” (Sala V- Expte. nº CNT 43.382/2010/CA1- “Mendel Marta Graciela C/ HSBC La Buenos Aires Seguros SA Dra. Cristina Elizabeth Rohr S/ Diferencias De Salarios”, del 19-9-2014, en minoría).

Además, tampoco se podría sostener que se incurre en una reformatio in pejus. Ello, porque entre la jerarquía de valores (afectación de la seguridad jurídica, o la afectación social, como es el caso de un hecho de público y notorio), el in pejus, tiene que ceder para mantener constante el valor indemnizatorio.

Finalmente, es necesario, según los supuestos fácticos y jurídicos del caso, que deba ser tenido en cuenta el principio iura novit curia, receptado por los arts. 34 inc.4º, y 163 inc.6º del C.P.C.C., que impone al juez la obligación de aplicar el marco completo del derecho vigente, adecuándolo al caso particular, y teniendo en vista los principios generales que rigen el paradigma de los Derechos Humanos Fundamentales.

Ello nos lleva indeclinablemente a recordar, cuál es la función del juzgador. Y esta es, sustentar la primacía de la ley fundamental de la Nación con todas sus garantías materiales. Entre ellas, el derecho de defensa en juicio, que implica tanto el acceso a la justicia para el que reclama (lo que incluye también la realización efectiva de las sentencias), cuanto la plenitud de defensa para el que contesta.

No debiendo incurrirse en la consabida confusión por vía interpretativa, en donde al tiempo de atender cuestiones de tipo adjetivo (entre muchas otras, y en lo que aquí interesa, medidas cautelares, extensiones de condena en etapa de ejecución, carácter, oportunidad y medida de los intereses, etc.), las normas sustantivas que sirvieron de necesario basamento a la sentencia enmarcadas en el nuevo paradigma, son frustradas al tiempo de efectivizar el decisorio. Este efecto retrógrado se logra leyendo lo adjetivo desde la jerarquía de valores de dos paradigmas más atrás: el del derecho clásico. Esto lleva a la nociva consecuencia, en relación con el tema en debate, de que solo se defienda un patrimonio: el deudor, y no el del acreedor, sujeto especialmente protegido.

De modo que no es conforme a derecho que uno sea el paradigma vigente, en un nivel cuasi exclusivamente teórico, y otro el de su interpretación cuando de la bajada práctica hacia la realidad se trate (“Los Paradigmas normativos e interpretativos: relojes que suelen atrasar”, Revista Spes Nro: 34,octubre 2012).

La identificación correcta del derecho vigente por parte del juzgador (ver “El Digesto Jurídico Argentino y el Derecho del Trabajo”, El Digesto Jurídico Argentino Suplemento Especial, Editorial Erreius, pág.45), brinda la garantía de que aunque uno u otro, funden equivocadamente el derecho, y aún de modo insuficiente, sea el juez el encargado de corregirlo mediante su obligación de ejercer el iura novit curia. Ello, sin desvirtuar el soporte

fáctico sobre el cual las partes han desplegado sus argumentos, y ofrecido prueba. Precisamente, ese soporte fáctico, también supone una realidad de base que, como ya manifesté, sigue transcurriendo durante el proceso judicial, que no debe ser ignorada en beneficio de todas las partes del proce so.

Asimismo, tiene dicho la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que el Juez está facultado a aplicar el derecho que regula la situación fáctica que, denunciada por las partes, deviene acreditada en la causa. Ello, con prescindencia de las afirmaciones o argumentaciones de orden legal, formuladas por los litigantes, e independientemente del encuadre jurídico que ellos asignen a sus relaciones (CSJN G. 619-XXII, en autos “Gaspar, Rodolfo y otros c/ SEGBA SA”, sentencia Nº 92.515 del 19.4.11, en autos “Castro Sebastián Marcelo c/ La Segunda ART SA s/ accidente-acción civil”, del registro de esta Sala). Criterio que también he sostenido como Juez de primera instancia (conf. sentencia definitiva Nº 2.834, del 9/12/10, en autos “Monteagudo Barro, Norberto Constantino c/ Banco Central de la República Argentina s/ reincorporación”, del registro del Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo Nº 74).

En este sentido, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, también ha dicho que, “sostener, como fundamento del rechazo, un erróneo encuadramiento legal del reclamo (.), importa soslayar que los jueces tienen no sólo la facultad, sino también el deber de discurrir los conflictos y dirimirlos según el derecho aplicable, calificando autónomamente la realidad fáctica y subsumiéndola en las normas jurídicas con prescindencia de los fundamentos que enuncian las partes” (fallos: 324:2946 y sentencia del 2 de Marzo de 2011, S.C. G Nº134, L.XIV, in re “Guerrero Estela Mónica, por sí y por sus hijos menores c/ Insegna, Rubén s/ muerte por accidente de trabajo”).

En el punto, debo recordar que la finalidad del derecho del trabajo, consiste en procurar el respeto por la dignidad del hombre que trabaja, que facilite el ejercicio de su actividad (art. 14 bis C.N.).

Por todo ello, entiendo que la tasa de interés, mal podría castigar útilmente la mora, desalentando su perpetuación, si con el tipo interés que se emplee, por efecto de la inflación, se evapora su relevancia. Por ello, se hace forzoso aplicar la nueva tasa de interés en toda oportunidad, tanto en etapa de conocimiento cuanto en etapa de ejecución, ya que si, como se mencionó en el caso de la Ley 24.283, se ha verificado la hipótesis de que, ya existiendo cosa juzgada, se alterara el crédito del trabajador en su perjuicio, tanto más podrá hacerse este proceso en su favor, en el marco del paradigma vigente de los Derechos Humanos Fundamentales, donde éste constituye un sujeto de preferente tutela, “Señor de todos los mercados”, conforme “Vizzoti”.

Ahora sí, y en virtud de lo referido precedentemente, no cabe duda de que la suscripta considera procedente la actualización del capital también en todos los casos Cabe tener presente, que este criterio de la actualización, lo vengo sosteniendo hace tiempo junto al Dr. Capón Filas en el sentido de que ambos, hemos declarado la imperiosa necesidad de actualizar los créditos salariales. (Ver, por ejemplo, (“Larotonda, Sergio Bruno c/ Del Campo Materiales SRL y otros s/ despido”, sentencia nº 1881, del 22 de octubre de 2003; “Paz, María Isabel c/ Met AFJP S.A. s/ despido”, sentencia nº 2422, del 30 de octubre de 2007; o “Gutiérrez, Edgardo David c/ Labora S.A.s/ despido”, sentencia nº 2454, del 18 de marzo de 2008, entre muchas

otras, todas del juzgado 74, en mi labor como juez de primera instancia; o “Santucho, Sergio del Valle c/ Castagnola, Pablo Daniel s/ despido”, Sentencia nº 93533, del 22 de mayo de 2013; “Leguizamón Ricardo Hernán c/ R. Carpaccio S.R.L. s/ despido” , sentencia nº 93.570, del 31 de marzo de 2013, entre muchas otras, todas del registro de esta sala).

Por ello, apoyando esta tesitura, se ha sostenido que “derogada la Ley 23.928, en lo vinculado con la paridad cambiaria y generado un aumento del costo de la vida, según parámetros que serán utilizados entre otros aspectos para el pago de las obligaciones de los deudores del sistema financiero, aparece como irrazonable que el trabajador, sujeto constitucionalmente protegido, se encuentre desguarnecido frente al envilecimiento del dinero por una mera prohibición legal, que a todas luces aparece como irrazonable y violatoria del derecho de propiedad y de justamente garantizar lo que pretendía la ley de convertibilidad y sus decretos reglamentarios: ¨mantener incólume el contenido de la pretensión¨ (Cámara del Trabajo de Córdoba, Sala X, sentencia del 22 de marzo de 2002, in re “Rodríguez, Pedro E. c/ Carlos A. Meana y otro s/ demanda”).

De hecho, que el art. 276 de la L.C.T., aun cuando se encuentra derogado tácitamente por la Ley 23.928, muestra la lógica en el legislador sobre la necesidad de actualizar los montos laborales, puesto determina que “los créditos provenientes de las relaciones individuales de trabajo, serán actualizados, cuando resulten afectados por la depreciación monetaria, teniendo en cuenta la variación que experimente el índice de los precios al consumidor en la Capital Federal, desde la fecha en que debieron haberse abonado hasta el momento del efectivo pago.Dicha actualización será aplicada por los jueces o por la autoridad administrativa de aplicación de oficio o a petición de parte incluso en los casos de concurso del deudor, así como también, después de la declaración de quiebra”.

Asimismo, y como ha quedado claro con la aplicación del RIPTE según dispone la ley 26.773, el propio legislador hoy ha decidido así.

Otro tanto, ha hecho al establecer en la Ley 26.844, sobre el “Régimen Especial del Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares” (pub en B.O. el 12/4/13), la forma en que se actualizarán los salarios y cuál será la tasa aplicable. En efecto, en su artículo 70 dispone que “los créditos demandados provenientes de las relaciones laborales reguladas por la presente ley, en caso de prosperar las acciones intentadas, deberán mantener su valor conforme lo establezca el Tribunal competente, desde que cada suma es debida y hasta la fecha de su efectiva y total cancelación”.

Y agrego, también ha contemplado la realidad inflacionaria la CNAT con la modificación del Acta Nro. 2.601, del 21-05-2014, de la C.N.A.T. según la cual se elevó la tasa de interés aplicable, como extensamente ha sido reseñado ut supra.

Con lo cual, el círculo se cierra en donde empezamos. Claramente, tanto los legisladores, como los jueces realizaron las tres modificaciones (Ley 26.773, Ley 26.844, y Acta Nro. 2.601), reconociendo implícitamente a la inflación como un hecho de público y notorio.Esto es, un dato de la realidad que no pudieron desoír en lo macro, y que la suscripta no desoirá en el análisis micro de cada una de las sentencias que deba dictar.

Para así resolver, corresponde declarar, según el caso, aún de oficio, la inconstitucionalidad del artículo 4º de la ley 25561.

Precisamente, por imperio de la misma realidad que he tenido en cuenta para resolver el fondo de la cuestión, es que declaro la inconstitucionalidad de marras e impongo el índice de actualización que se indicará.

Con respecto a las inconstitucionalidades de oficio, he sostenido inveteradamente (aún como juez de primera instancia), que el decreto de inconstitucionalidad de oficio, no es una facultad, sino un deber de los jueces. Precisamente, en un reciente pronunciamiento la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dicho “que cabe recordar que con arreglo al texto del artículo 100 (actual 116 de la Constitución Nacional), tal como fue sancionado por la Convención Constituyente ad hoc de 1860 -recogiendo a su vez el texto de 1853, tributario del propuesto por Alberdi en el artículo 97 de su proyecto constitucional-, corresponde a la Corte Suprema y a los tribunales inferiores de la Nación el conocimiento y decisión, entre otras, de todas las causas que versen sobre puntos regidos por la Constitución, por las leyes de la Nación (con la reserva hecha en el art. 75 inc. 12) y por los tratados con las naciones extranjeras.

“Que en este marco constitucional, la ley 27 estableció en 1862 que uno de los objetos de la justicia nacional es sostener la observancia de la Constitución Nacional, prescindiendo, al decidir las causas, de toda disposición de cualquiera de los otros poderes nacionales, que esté en oposición con ella (art. 3). Al año siguiente, el Congreso dictó la ley 48, que prevé que:‘Los tribunales y jueces nacionales en el ejercicio de sus funciones procederán aplicando la Constitución como ley suprema de la Nación, las leyes que haya sancionado o sancione el Congreso, los tratados con naciones extranjeras, las leyes particulares de las provincias, las leyes generales que han regido anteriormente a la Nación y los principios del derecho de gentes, según lo exijan respectivamente los casos que se sujeten a su conocimiento, en el orden de prelación que va establecido’(artículo 21)”.

“Que con estas bases normativas, la doctrina atinente al deber de los jueces de efectuar el examen comparativo de las leyes con la Constitución Nacional fue aplicada por esta Corte desde sus primeros pronunciamientos cuando -contando entre sus miembros con un convencional constituyente de 1853, el Doctor José Benjamín Gorostiaga- delineó sus facultades para aplicar las leyes y reglamentos tales como son, con tal que emanen de autoridad competente y no sean repugnantes a la Constitución (Fallos: 23:37)”.

“Que en esta senda se expidió el Tribunal en 1888 respecto de la facultad de los magistrados de examinar la compatibilidad entre las normas inferiores y la Constitución Nacional con una fórmula que resulta hoy ya clásica en su jurisprudencia: es elemental en nuestra organización constitucional, la atribución que tienen y el deber en que se hallan los tribunales de justicia, de examinar las leyes en los casos concretos que se traen a su decisión, comparándolas con el texto de la Constitución para averiguar si guardan o no conformidad con ésta, y abstenerse de aplicarlas, si las encuentran en oposición con ella, constituyendo esta atribución moderadora uno de los fines supremos fundamentales del Poder Judicial nacional y una de las mayores garantías con que se ha entendido asegurar los derechos consignados en la Constitución, contra los abusos posibles e involuntarios de los poderes públicos”. Tal atribución -concluyó la Corte- “es un derivado forzoso de la separación de los poderes constituyente y legislativo ordinario” (Fallos:33:162).

“Como es bien sabido, un año antes, en el caso ‘Sojo’, esta Corte ya había citado la autoridad del célebre precedente ‘Marbury vs. Madison’ para establecer que ‘una ley del congreso repugnante a la Constitución no es ley’ y para afirmar que ‘cuando la Constitución y una ley del Congreso están en conflicto, la Constitución debe regir el caso a que ambas se refieren’ (Fallos: 32:120). Tal atribución encontró fundamento en un principio fundacional del orden constitucional argentino que consiste en reconocer la supremacía de la Constitución Nacional (art. 31), pues como expresaba Sánchez Viamonte ‘no existe ningún argumento válido para que un juez deje de aplicar en primer término la Constitución Nacional’ (Juicio de amparo, en Enciclopedia Jurídica Omeba, t. XVII, pág. 197, citado en Fallos: 321:3620)”.

“Que el requisito de que ese control fuera efectuado a petición de parte resulta un aditamento pretoriano que estableció formalmente este Tribunal en 1941 en el caso ‘Ganadera Los Lagos’ (Fallos: 190: 142). Tal requerimiento se fundó en la advertencia de que el control de constitucionalidad sin pedido de parte implicaría que los jueces pueden fiscalizar por propia iniciativa los actos legislativos o los decretos de la administración, y que tal actividad afectaría el equilibrio de poderes. Sin embargo, frente a este argumento, se afirmó posteriormente que si se acepta la atribución judicial de control constitucional, carece de consistencia sostener que el avance sobre los dos poderes democráticos de la Constitución no se produce cuando media petición de parte y si cuando no la hay (Fallos: 306:303, voto de los jueces Fayt y Belluscio; Y 327:3117, considerando 4°)”.

“Agregó el Tribunal que la declaración de inconstitucionalidad de oficio tampoco ‘se opone a la presunción de validez de los actos administrativos o de los actos estatales en general, ya que dicha presunción cede cuando se contraria una norma de jerarquía superior, lo que ocurre cuando las leyes se oponen a la Constitución.Ni (. ) puede verse en ella menoscabo del derecho de defensa de las partes, pues si así fuese, debería también descalificarse toda aplicaci6n de oficio de cualquier norma legal no invocada por ellas so pretexto de no haber podido los interesados expedirse sobre su aplicación al caso” (Fallos:327:3117, considerando 4° citado)”.

“Que, sin perjuicio de estos argumentos, cabe agregar que tras la reforma constitucional de 1994 deben tenerse en cuenta las directivas que surgen del derecho internacional de los derechos humanos. En el precedente ‘Mazzeo’ (Fallos: 330:3248), esta Corte enfatizó que ‘la interpretación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos debe guiarse por la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)’ que importa ‘una insoslayable pauta de interpretación para los poderes constituidos argentinos en el Ámbito de su competencia y, en consecuencia, también para la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a los efectos de resguardar las obligaciones asumidas por el Estado argentino en el sistema interamericano de protección de los derechos humanos’ (considerando 20)”.

“Se advirtió también en “Mazzeo” que la CIDH “ha señalado que es consciente de que los jueces y tribunales internos están sujetos al imperio de la ley y, por ello, están obligados a aplicar las disposiciones vigentes en el ordenamiento jurídico.Pero cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convención Americana, sus jueces, como parte del aparato del Estado, también están sometidos a ella, lo que les obliga a velar porque los efectos

de las disposiciones de la Convención no se vean mermados por la aplicación de leyes contrarias a su objeto y fin, y que desde un inicio carecen de efectos jurídicos”. Concluyó que “En otras palabras, el Poder Judicial debe ejercer una especie de ‘control de convencionalidad’ entre las normas jurídicas internas que aplican en los casos concretos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos” (caso “Almonacid”, del 26 de septiembre de 2006, parágrafo 124, considerando 21)”.

“Que en diversas ocasiones posteriores la CIDH ha profundizado el concepto fijado en el citado precedente ‘Almonacid’. En efecto, en el caso ‘Trabajadores Cesados del Congreso’ precisó que los órganos del Poder Judicial deben ejercer no solo un control de constitucionalidad, sino también ‘de convencionalidad’ ex officio entre las normas internas y la Convención Americana [‘Caso Trabajadores Cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros) vs. Perú’, del 24 de noviembre de 2006, parágrafo 128]. Tal criterio fue reiterado algunos años más tarde, expresado en similares términos, en los casos “Ibsen Cardenas e Ibsen Pefia vs. Bolivia” (del 1° de septiembre de 2010, parágrafo 202); “Gomes Lund y otros (‘Guerrilha do Raguaia’) vs. Brasil” (del 24 de noviembre parágrafo 176) y “Cabrera y Montiel noviembre de 2010, parágrafo 225).

“Recientemente, el citado Tribunal ha insistido respecto del control de convencionalidad ex officio, añadiendo que en dicha tarea los jueces y órganos vinculados con la administración de justicia deben tener en cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana (conf. caso ‘Fontevecchia y D’Amico vs.Argentina’ del 29 de noviembre de 2011)”.

La jurisprudencia reseñada no deja lugar a dudas de que los órganos judiciales de los países que han ratificado la Convención Americana sobre Derechos Humanos están obligados a ejercer, de oficio, el control de convencionalidad, descalificando las normas internas que se opongan a dicho tratado. Resultaría, pues, un contrasentido aceptar que la Constitución Nacional que, por un lado, confiere rango constitucional a la mencionada Convención (art. 75, inc. 22), incorpora sus disposiciones al derecho interno y, por consiguiente, habilita la aplicación de la regla interpretativa -formulada por su intérprete auténtico, es decir, la Corte Interamericana de Derechos Humanos- que obliga a los tribunales nacionales a ejercer de oficio el control de convencionalidad, impida, por otro lado, que esos mismos tribunales ejerzan similar examen con el fin de salvaguardar su supremacía frente a normas locales de menor rango”.

“Que resulta preciso puntualizar, sin embargo, que el ejercicio del control de constitucionalidad de oficio por los magistrados debe tener lugar ‘en el marco de sus respectiva competencias y de las regulaciones procesales correspondientes’ (confr. casos ‘Ibsen Cardenas e Ibsen Pefia’ y ‘Gómez Lund y otros’, citados).

“Desde esta perspectiva, el contralor normativo a cargo del juez presupone un proceso judicial ajustado a las reglas adjetivas aplicables entre las cuales revisten especial relevancia las que determinan la competencia de los órganos jurisdiccionales y, sobre todo, las que fijan los requisitos de admisibilidad y fundamentación de las presentaciones o alegaciones de las partes.Es conveniente recordar, al respecto, que la descalificación constitucional de un precepto normativo se encuentra supeditada a que en el pleito quede palmariamente demostrado que irroga a alguno de los contendientes un perjuicio concreto en la medida en que su aplicación entraña un desconocimiento o una restricción

manifiestos de alguna garantía, derecho, titulo o prerrogativa fundados en la Constitución; es justamente la actividad probatoria de los contendientes así como sus planteos argumentales los que debe poner de manifiesto tal situación”.

“En este sentido se impone subrayar que cuanto mayor sea la claridad y el sustento factico y jurídico que exhiban las argumentaciones de las partes, mayores serán las posibilidades de que los jueces puedan decidir si el gravamen puede únicamente remediarse mediante la declaraci6n de inconstitucionalidad de la norma que lo genera”.

“Como puede apreciarse, el reconocimiento expreso de la potestad del control de constitucionalidad de oficio no significa invalidar el conjunto de reglas elaboradas por el Tribunal a lo largo de su actuación institucional relativas a las demás condiciones, requisitos y alcances de dicho control” (R. 401. XLIII. Autos “Rodríguez Pereyra, Jorge Luis y otra e Ejército Argentino s/ daños y perjuicios”, del 27.11.12).

En consecuencia, sugiero devengar actualización monetaria sobre los créditos que proceden, empleando el índice RIPTE del mes en que se apruebe la liquidación.En caso de que no se encontrara publicado dicho índice, o que éste fuera inferior al índice que elabora la Cámara Argentina de la Construcción, se empleará este último a los fines de realizar el cálculo.

En virtud de lo expuesto, cabe remitir copia de la sentencia a la Organización Internacional del Trabajo para que la tenga en cuenta respecto de los Derechos Fundamentales del Trabajo y al Ministerio de Trabajo, para que la considere al momento de elaborar la Memoria Anual del Cumplimiento de la Declaración Sociolaboral del Mercosur, lo que oportunamente se pondrá en conocimiento por intermedio de la Secretaría de Primera Instancia.

Conforme con la modificación que propongo y lo dispuesto por el art. 279 del CPCCN, propongo dejar sin efecto la imposición de costas y las regulaciones de honorarios establecidas en la instancia previa, y proceder a fijarlas en forma originaria.

Propongo imponer las costas de ambas instancias a la demandada vencida en lo sustancial (art. 68 del CPCCN).

En atención al monto de condena, al mérito e importancia de las tareas realizadas por los profesionales intervinientes y lo dispuesto por los arts. 6,7,8,9,17,19,22,37,39 y conc. de la ley 2 1.839, art. 38 de la L.O., arts. 3,6 y con. del dec. ley 16638/57, ley 24.432 y demás leyes arancelarias vigentes, propongo regular los honorarios de la representación letrada de las partes actora, demandadas y del perito contador en 16%, 14% y 8%, respectivamente, del monto de condena, comprensivo de capital e intereses, con más el impuesto al valor agregado.

Propongo regular los honorarios de los profesionales firmantes a fs. 227 y fs. 237 en 25% y 35%, respectivamente, de lo que -en definitiva- les corresponda percibir por su actuación en la instancia anterior.

Respecto del IVA, esta Sala ha decidido en la sentencia Nº 65.569 del 27 de septiembre de 1993, en autos “Quiroga, Rodolfo c/ Autolatina Argentina S.A.s/ accidente – ley 9688”, que el impuesto al valor agregado es indirecto y, por lo tanto, grava el consumo y no la ganancia, por lo que debe calcularse su porcentaje, que estará a cargo de quien debe retribuir la labor profesional. En el mismo sentido se ha pronunciado la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa “Compañía General de Combustibles S.A. s/ recurso de apelación” (C. 181 XXIV del 16 de junio de 1993) al sostener “que no admitir que el importe del impuesto al valor agregado integre las costas del juicio -adicionárselo a los honorarios regulados- implicaría desnaturalizar la aplicación del referido tributo, pues la gabela incidiría directamente sobre la renta del profesional, en oposición al modo como el legislador concibió el funcionamiento del impuesto”.

De prosperar mi voto propiciaré: I.- Modificar parcialmente el fallo recurrido, y por ende, elevar el monto de condena a la suma de $ 692.522,72, con más la actualización monetaria y los intereses, conforme lo expuesto precedentemente. II.- Imponer las costas de ambas instancias a la demandada vencida. III.- Fijar los honorarios de la representación letrada de las partes actora, demandadas y del perito contador en 16%, 14% y 8%, respectivamente, del monto de condena, comprensivo de capital e intereses, con más el impuesto al valor agregado. IV.- Regular los honorarios de los profesionales firmantes de fs. 227 y fs. 237 en 25% y 35% respectivamente, de lo que -en definitiva- les corresponda percibir por su actuación en la instancia anterior.

Oportunamente, cúmplase con lo dispuesto en el artículo 1º de la ley 26856 y con la Acordada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Nº 15/2013.

El Dr. Néstor M. Rodríguez Brunengo dijo:

Por compartir sus fundamentos, adhiero al voto que antecede en lo principal que decide, salvo en la actualización monetaria, y agrego:

En relación a los intereses, si bien no comparto el criterio de la Dra.Cañal, en cuanto modifica la tasa de interés aún sin haber sido cuestionada en la Alzada, a los fines de conformar la mayoría adhiero al mismo. Ello, pues el Dr. Pesino que vota en tercer término, coincide con ella en la aplicación amplia de la tasa establecida en el Acta 2601 del 21.5.2014, pero solo desde la fecha del acta, y no desde su exigibilidad (conf. sentencia Nº 94112 del 19.8.14, en autos “Otazo Osmar, Osvaldo c/ Luz ART SA y otros s/ Accidente – Acción Civil, del registro de esta Sala), criterio que no comparto. Por tal razón, voto en igual sentido que la vocal preopinante.

Discrepo con la Dra. Cañal, en cuanto ordena indexar el crédito que le asiste al trabajador. En efecto, tengo dicho que la pérdida de valor adquisitivo del crédito y las consecuencias dañosas originadas en el desfasaje producido por la situación económica de conocimiento público y notorio ha sido suficientemente morigerada por la tasa de interés activa fijada por el Banco de la Nación Argentina para el otorgamiento de préstamos personales, como medio para mitigar los efectos negativos del transcurso del tiempo sobre el monto de los créditos a percibir por el trabajador, tal como lo adoptó esta Cámara mediante Actas Nº 23557/02 y Nº 2601/14.

En consecuencia, voto por que al capital de condena se le apliquen los intereses que se indican en el compartido primer voto, pero sin la actualización de los créditos allí dispuesta.

El Dr. Víctor A. Pesino dijo:

En relación al tema en disidencia por el que fui convocado, de la actualización monetaria, adhiero al voto del Dr. Rodríguez Brunengo.

Por ello, el Tribunal RESUELVE: I.- Modificar parcialmente el fallo recurrido, y por ende, elevar el monto de condena a la suma de $ 692.522,72 (SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS VEINTIDOS PESOS CON

SETENTA Y DOS CENTAVOS), con más sus intereses, conforme lo expuesto precedentemente.II.- Imponer las costas de ambas instancias a la demandada vencida. III.- Fijar los honorarios de la representación letrada de las partes actora, demandadas y del perito contador en 16% (dieciséis por ciento), 14% (catorce por ciento) y 8% (ocho por ciento), respectivamente, del monto de condena, comprensivo de capital e intereses, con más el impuesto al valor agregado. IV.- Regular los honorarios de los profesionales de la parte actora, firmantes de fs. 227 y fs. 237 en 25% (veinticinco por ciento) y 35% (treinta y cinco por ciento), de lo que -en definitiva- les corresponda percibir por su actuación en la instancia anterior. V.- Oportunamente, cúmplase con lo dispuesto en el artículo 1º de la ley 26856 y con la Acordada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Nº 15/2013.

Regístrese, notifíquese y oportunamente devuélvase.

Víctor A. Pesino

Juez de Cámara

Néstor M. Rodríguez Brunengo

Juez de Cámara

Diana Regina Cañal

Juez de Cámara

Ante mí: Stella Maris Nieva

Prosecretaria Letrada

  1. Armando Rossano 27 julio 2015 a las 9:24 AM

    Lo importante de este fallo, además de dejar de lado la doctrina plenaria y arts de la ley de contrato de trabajo es que la actualización monetatria se toma desde el momento del distracto, (mes de junio de 2012) hasta la fecha de pago según la tasa activa Banco Nación para prstamos personales libre destino 49 a 60 meses.- Dr Rossano, letrado patricinante de Anibal Brea en estos autos

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