Si la remuneración abonada supera a la correspondiente a pautas del convenio, no procede el reclamo por diferencias salariales

Pesos argentinos 3Partes: Villarreal Oscar Julio c/ Coto C.I.C. S.A. s/ despido

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo

Sala/Juzgado: X

Fecha: 3-feb-2015

Cita: MJ-JU-M-91907-AR | MJJ91907 | MJJ91907

Rechazo del reclamo por diferencias salariales, pues la remuneración total abonada superaba la que hubiera correspondido liquidar de acuerdo con las pautas del convenio.

Sumario:

1.-Corresponde mantener el rechazo del reclamo por diferencias salariales, pues el salario mensual percibido por el accionante evidencia que la demandada abonaba a su dependiente una retribución superior a la que resultaría de considerar el básico más los adicionales convencionales; es decir, la remuneración total abonada superaba la que hubiera correspondido liquidar de acuerdo con las pautas del convenio.

2.-No es factible reclamar diferencias salariales por la mera supresión de rubros adicionales, si no se prueba fehacientemente la existencia de una rebaja remuneratoria, pues la intangibilidad salarial sólo es afectada cuando las motivaciones impuestas por el empleador alteran razonablemente la composición del salario, lo disminuyen o implican la desjerarquización respecto del nivel alcanzado por el trabajador.

3.-Cabe confirmar el rechazo de la la multa contemplada en el art. 45 de la Ley 25.345, toda vez que la intimación efectuada por el actor resulta extemporánea por premature, dado que la misma fue cursada en el mismo telegrama mediante el cual el trabajador se consideró despedido y, consecuentemente, no respetando lo exigido por la norma citada y sus decretos reglamentarios en cuanto a producir el emplazamiento con posterioridad a la disolución del vínculo.

Fallo:

Buenos Aires, 3/2/15

El Dr. GREGORIO CORACH dijo:

Llegan los presentes actuados a esta instancia a propósito de los agravios que, contra la sentencia de primera instancia, interponen la parte demandada Coto CICSA a fs. 173/175 y la parte actora a tenor del memorial obrante a fs. 179/182, ambas mereciendo réplica de su contraria (ver fs. 188 y fs. 185/187, respectivamente). Por su parte, a fs. 177 la perito contadora recurre los estipendios que le fueran regulados por considerarlos reducidos.

Se agravia el demandante por cuanto la sentenciante de grado rechazó la pretensión indemnizatoria deducida. Señala que el encuadre convencional invocado por su parte y que según su postura fuera acreditada con las testimoniales, resulta ser de orden público. Sostiene que la remuneración que le era abonada como fuera de convenio no incluía los rubros convencionales adicionales por presentismo y antigüedad. Critica la valoración de las pruebas aportadas. Se queja por la interpretación que se le diera al art. 3 del decreto 146/01. Plantea la inconstitucionalidad del artículo mencionado y la procedencia de su declaración de oficio.

La accionada apela la condena a hacer entrega de la constancia documentada de aportes previsionales y certificado de trabajo bajo apercibimiento de aplicar astreintes en caso de eventual incumplimiento oportuno de la obligación de entrega del certificado de aportes y contribuciones.

Razones de índole metodológico me llevan a examinar en primer término los agravios vertidos por la parte actora.

Liminalmente cabe destacar que arriba firme a esta instancia, al no merecer cuestionamiento alguno ni haber sido objeto de crítica concreta y razonada por parte del apelante (conforme art. 116 de la LO), el rechazo de la pretensión interpuesta por la parte actora respecto de las horas extras y lo resuelto por el magistrado en relación a la negativa de tareas invocadas en el escrito de inicio (ver fs.166/167 puntos 3 y 4 del decisorio atacado).

Ahora bien, no existe controversia en cuanto el actor se encontraba bajo la denominación “fuera de convenio”.

La accionada aduce que el demandante se encontraba fuera de convenio debido al carácter de tareas jerárquicas que desarrollaba, agrega que el actor tenía personas a cargo y que percibía sumas mucho mayores a las que le hubieran correspondido por la categoría de “auxiliar” del CCT 130/75 que pretende el demandante y que consecuentemente no le corresponde percibir las diferencias salariales originadas en los aumentos convencionales que no le fueron otorgados.

Ahora bien, tal como lo señalara la sentenciante de grado lo relevante del caso es que conforme lo informado por el perito contador a fs. 101/104 el salario mensual percibido por el accionante evidencia que la demandada abonaba a su dependiente una retribución superior a la que resultaría de considerar el básico, más los adicionales convencionales. Repárese que el experto contable al realizar una análisis comparativo entre la suma abonada por la demandada como personal fuera del convenio y la que pretende el accionante como auxiliar del CCT 130/75, apuntó que “monetariamente el más conveniente fue el percibido por el actor como fuera de convenio…” (ver fs. 103 y 123).

En otras palabras, de acuerdo surge de las constancias de la causa no cabe duda alguna que la remuneración total abonada al Sr. Villarreal superaba la que hubiera correspondido liquidar de acuerdo con las pautas del convenio.

Vale destacar que el art. 7 de la LCT se opone a que las partes acuerden condiciones menos beneficiosas que las que emergen de normas imperativas pero no a que convengan mayores beneficios que los establecidos por esas normas.Es decir, el empleador no puede abonar menos de lo que establece la ley o el convenio colectivo pero nada se opone a que abone sumas mayores supuesto en el cual no se vulneran las normas de orden público.

No resulta ocioso recordar que se ha expresado que no es factible reclamar diferencias salariales por la mera supresión de rubros adicionales, si no se prueba fehacientemente la existencia de una rebaja remuneratoria. Ello es así pues la intangibilidad salarial sólo es afectada cuando las motivaciones impuestas por el empleador alteran razonablemente la composición del salario, lo disminuyen o implican la desjerarquización respecto del nivel alcanzado por el trabajador (cfr. CSJN, 13/10/87, “Carol Haginian, Washington y otros c/ La Prensa”) supuesto que tampoco se da en la especie.

En este contexto, estimo que en el caso concreto la omisión en el pago de los adicionales por antigüedad y presentismo que fueran reclamados por el actor, no origina la la existencia de diferencias en favor del accionante como se promueve en la queja.

En suma, toda vez que no se ha demostrado que de acuerdo con los parámetros explicados la remuneración percibida por el trabajador haya sido inferior a la que le correspondía de acuerdo con la categoría en la cual se desempeñaba (art. 12 CCT 130/75) o que el accionante haya sufrido una merma en la remuneración al ser incorrectamente categorizado como “fuera de convenio” corresponde mantener en este punto el fallo de grado.

Frente a lo manifestado a fs. 179vta respecto del perjuicio monetario sufrido por el actor en base a lo informado por el experto a fs. 100, advierto que aún en la mejor de las hipótesis para el demandante, la medida adoptada por el dependiente resulta desproporcionada ya que el auto – despido constituye la medida más grave y en casos como el presente, debió haber acudido a otras menos gravosas, teniendo en cuenta lo normado por el art.63 de la LCT y la seguridad jurídica.

Con respecto a las demás alegaciones del memorial recursivo, tengo en cuenta que es jurisprudencia de la CSJN que no resulta necesario seguir a las partes en todas y cada una de sus argumentaciones, bastando hacerse cargo de las que resulten conducentes para la decisión del litigio (cfr. Fallos 272:225; 274:113; 276:132; 280:320, entre otros) y, con tal base, -como adelanté- no las encuentro eficaces para rebatir la valoración realizada precedentemente.

Idéntica suerte correrá la multa contemplada en el art. 45 de la Ley 25.345 toda vez que la intimación efectuada por el actor con fecha 09 de marzo de 2012 (ver fs. 30) resulta extemporánea por prematura dado que la misma fue cursada en el mismo telegrama mediante el cual el trabajador se consideró despedido y, consecuentemente, es evidente que la interpelación cursada en el mismo instrumento no respetó lo exigido por la norma citada y sus decretos reglamentarios en cuanto a producir el emplazamiento con posterioridad a la disolución del vínculo, para habilitar al dependiente a efectuar el requerimiento antes indicado.

Así las cosas, es evidente que la interpelación cursada en el mismo instrumento no respetó lo exigido por la norma citada y sus decretos reglamentarios en cuanto a producir el emplazamiento con posterioridad a la disolución del vínculo, para habilitar al trabajador a efectuar el requerimiento indicado (conf. SD N°: 13.116 in re: “Simoes Barros Natalia Carolina c/ Marsandi SRL s/ despido” del 27/10/04, SD 15.927 del 29/2/08 “Meza Guarie María Teresa c/ Alarcia Abel Eduardo y otros s/ despido”).

Atento la propuesta de mi voto, el tratamiento de las restantes cuestiones vertidas relacionadas al punto (es decir la interpretación respecto del cumplimiento del plazo otorgado a la por la norma mencionada, la petición de declaración de inconstitucionalidad del decreto 146/01 así como su declaración de oficio), deviene abstracto.

En efecto, en el supuesto de autos el reclamante no cumplió debidamente con la intimación prevista en el art.80 de la ley de contrato de trabajo, por lo que carece de todo sentido en la especie examinar la constitucionalidad del plazo dispuesto en el decreto 146/01.

Respecto a la regulación de honorarios practicada al experto contable en la instancia anterior, teniendo en cuenta el mérito, la extensión de la calidad de las tareas desarrolladas y de conformidad con las pautas arancelarias vigentes, estimo que corresponde mantener la suma asignada en origen (art. 38 LO).

En definitiva, y por las razones expuestas, de prosperar mi voto sugiero : 1) Confirmar la sentencia apelada en todo lo que fue materia de recurso y agravios; 2) Imponer las costas de Alzada al actor vencido (art. 68 C.P.C.C.N.) a cuyo efecto regúlanse los honorarios de la representación y patrocinio letrado de la actora y demandada en esta etapa en el 25 % de lo que le corresponda a la representación letrada de cada una de sus partes por las tareas efectuadas en la anterior instancia (art. 38 de la L.O.).

El Dr. DANIEL E. STORTINI dijo:

Por compartir los fundamentos del voto que antecede, adhiero al mismo.

El Dr. ENRIQUE R. BRANDOLINO: no vota (art. 125 de la LO).

Por lo que resulta del acuerdo que antecede, el Tribunal RESUELVE:

1) Confirmar la sentencia apelada en todo lo que fue materia de recurso y agravios;

2) Imponer las costas de Alzada al actor vencido (art. 68 C.P.C.C.N.) a cuyo efecto regúlanse los honorarios de la representación y patrocinio letrado de la actora y demandada en esta etapa en el 25 % de lo que le corresponda a la representación letrada de cada una de sus partes por las tareas efectuadas en la anterior instancia (art. 38 de la L.O.), 4) Cópiese, regístrese, notifíquese y oportunamente, cúmplase con lo dispuesto en el art. 1 de la ley 26.856 y con la Acordada de la CSJN Nº 15/2013 y devuélvase.

ANTE MI: R.B.

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