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La «falta de trabajo» no hace presumible la fuerza mayor y por ello no se aplica automáticamente el art. 247 LCT

RenunciaPartes: Ruiz Ismael David c/ Offset Sud S.A. s/ despido

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo

Sala/Juzgado: II

Fecha: 29-sep-2014

Cita: MJ-JU-M-90029-AR | MJJ90029 | MJJ90029

En tanto la «falta de trabajo» no exime por sí misma de responsabilidad a la empresa, la demandada no puede alegar válidamente el art. 247 de la LCT ante el despido del trabajador.

Sumario:

1.-Corresponde admitir las pretensiones salariales e indemnizatorias que se reclaman puesto que la accionada no pudo amparar válidamente su responsabilidad en las previsiones del art. 247 de la LCT dado que no puede soslayarse que el artículo citado constituye una excepción al principio de la ajenidad del riesgo -característico de la relación de dependencia-, razón por la que se impone una apreciación estricta de las circunstancias que lo configuran.

2.-Resulta innegable que la crisis que pudo haber sufrido la empresa demandada, no evidencia, -por sí sola-, la imposibilidad de continuar con la actividad, ni la configuración de un hecho que no haya podido ser previsto; por lo tanto, tal circunstancia no alcanza para evidenciar que la falta o disminución de trabajo, esgrimidas en la comunicación resolutoria, resulte no imputable al empleador.

3.-Toda vez que la accionada no ha respetado el orden de antigüedad y cargas de familia que exige el art. 247 LCT, es evidente que no se ha cumplimentado ninguno de los recaudos previstos en esa norma.

4.-Dado que no se verifica en el caso de autos un supuesto de clandestinización que justifique la sanción prevista en el art. 1 de la Ley 25.323 ni, menos aún, las indemnizaciones de la Ley 24.013 , no cabe admitir las multas que genéricamente se piden.

Fallo:

En la ciudad de Buenos Aires, 29/09/2014 , reunidos los integrantes de la Sala II a fin de considerar los recursos deducidos en autos y para dictar sentencia definitiva en estas actuaciones, practicado el sorteo pertinente, proceden a expedirse en el orden de votación y de acuerdo con los fundamentos que se exponen a continuación.

Miguel Ángel Pirolo dijo:

La sentencia de primera instancia hizo lugar a las pretensiones salariales, indemnizatorias y sancionatorias deducidas en el escrito inicial.

A fin de que sea revisada esa decisión por este Tribunal de Alzada, interpusieron recurso de apelación la parte actora y la demandada Offset Dus S.A., en los términos y con los alcances que explicitan en sus respectivas expresiones de agravios (fs.243/245 y fs. 247/250). La representación y patrocinio letrado de la parte actora y la perito contadora apelan los honorarios regulados en su favor por considerarlos reducidos. La demandada apela los honorarios regulados a los profesionales por considerarlos elevados.

Al fundamentar el recurso, la parte actora cuestiona que el Sr. Juez a quo considerara que no se encontraba acreditada una fecha de ingreso distinta a la registrada y el rechazo del incremento previsto en el art. 1 de la ley 25.323; asimismo, solicita la viabilización de las indemnizaciones previstas en la ley 24.013. Cuestiona la base de cálculo utilizada.

La demandada se agravia por cuanto el sentenciante de anterior instancia consideró no acreditada la falta o disminución de trabajo alegada para extinguir el vínculo. Cuestiona la aplicación del art. 9 de la ley 25.013.Se agravia por la condena a la entrega del certificado de ley y el apercibimiento de aplicar astreintes en caso de incumplimiento.

Se agravia la demandada Offset Sud S.A., por cuanto el a quo consideró que no se ha acreditado la situación de falta de trabajo alegada en la contestación de demanda.

En primer lugar cabe memorar que se encuentra fuera de controversia que, mediante CD del 16/06/10 la ex empleadora le comunicó a Ruiz el despido por falta de trabajo no imputable a su parte (ver CD obrante en sobre de fs. 4 y fs. 38).

Fecha de firma: 29/09/2014 Ahora bien, a mi entender, la queja no puede tener favorable acogida, pues, a la luz de los elementos de juicio aportados a esta causa, entiendo que la demandada no ha acreditado que se encuentren reunidas las exigencias legales y jurisprudenciales aplicables al sub-exámine que permitan encuadrar el caso en la situación prevista en el art. 247 LCT (conf. art. 377 CPCCN).

Al respecto me remito, al muy buen trabajo de Verónica Moreno, «Despido por falta o disminución de trabajo» (en la obra «Extinción de la relación laboral», dirigida por Mario Ackerman, Editorial Rubinzal-Culzoni, pág. 413 y sgtes.) en el que se exponen en forma precisa y detallada las opiniones doctrinarias y los fallos judiciales de los que surge que la configuración de esa causal, exige la demostración cabal de una situación de crisis económica particular de la empresa que no pueda considerarse imputable a actos u omisiones de quienes la administran o dirigen, que no haya sido previsible o que, de haber sido prevista, no haya podido evitarse.

No puede soslayarse que el art. 247 LCT constituye una excepción al principio de la ajenidad del riesgo -característico de la relación de dependencia-, razón por la que se impone una apreciación estricta de las circunstancias que lo configuran.Desde tal perspectiva, es innegable que la crisis que pudo haber sufrido la empresa demandada, no evidencia -por sí sola- la imposibilidad de continuar con la actividad, ni la configuración de un hecho que no haya podido ser previsto; es decir, que tal circunstancia no alcanza para evidenciar que la falta o disminución de trabajo, esgrimidas en la comunicación resolutoria, resulte «no imputable al empleador». Por lo tanto, para acreditar la ajenidad respecto de la coyuntura económica de la empresa demandada, era necesario que ésta, en su caso particular, acreditara la adopción de oportunas medidas tendientes a evitar la configuración de la crisis en el seno del establecimiento o a paliar sus efectos, de modo que quedara evidenciado que la situación económica concreta que pretende alegar la recurrente en apoyo de su postura recursiva no era imputable a la conducción de la empresa.

A la luz de las constancias probatorias de la causa, entiendo que, en el caso, no hay evidencia objetiva acerca de la implementación de tales medidas concretas, tendientes a revertir la situación. Cabe agregar que la alegada «falta de trabajo», que se relata en el intercambio telegráfico así como en el responde no es demostrativa -por sí misma- de que esa coyuntura de crisis le fuera inimputable, ni revela que la accionada hubiera adoptado otras medidas tendientes a reducir los gastos sin despedir empleados.

Por otra parte, tampoco se encuentra acreditado, en la especie, que la accionada haya respetado el orden de antigüedad y cargas de familia que exige el art. 247 LCT, por lo que es evidente que no se ha cumplimentado ninguno de los recaudos previstos en esa norma.

Por los fundamentos vertidos, concluyo que el segmento recursivo articulado no logra rebatir la conclusión a la que se arribó en la instancia anterior y que, por ende, la accionada no pudo amparar válidamente su responsabilidad en las previsiones del art. 247 de la LCT.En consecuencia, estimo que corresponde confirmar la sentencia de grado anterior en el punto.

Se agravia la demandada por la tasa de interés que estableció el sentenciante de grado quien consideró configurado el supuesto que prevé el art. 9 de la ley 25.013, que autoriza la aplicación del art. 275 de la LCT.

Al respecto, corresponde señalar que la directiva que emana del art. 9º, persigue evitar actitudes reticentes y evasivas de parte de empleadores que, injustificadamente, se muestren remisos a abonar las indemnizaciones que, con motivo de un despido injustificado, adeuden al trabajador. A su vez, corresponde señalar que arriba firme a esta Alzada la decisión del Dr. Ramonet de rechazar el incremento previsto en el art. 2 de la ley 25.323.

Sobre tal base, y dado que la actitud asumida por la demandada conduce a presumir la existencia de una conducta maliciosa y temeraria (cfr. arts. 9 ley 25013 y 275 LCT), en razón de los antecedentes analizados en el caso, que tornan inexcusable e infundada la adopción de la conducta asumida por la demandada, y que, en el caso de autos, el actor tuvo que promover ésta demanda para obtener el cobro de las indemnizaciones derivadas del despido incausado, propicio desestimar este aspecto del recurso y confirmar la sentencia en el punto.

Se agravia la parte actora porque el sentenciante de grado consideró que no se encontraba acreditada una fecha de ingreso distinta a la registrada. Cuestiona la base de cálculo considerada, señala que, además, se acreditó que el actor percibía parte de su salario en negro.

Los términos del recurso imponen memorar que el Sr. Juez de grado entendió que, «la única declaración testimonial con la que cuenta para acreditar sus dichos es la de Rolando Javier Espindola que, analizada a la luz de la sana critica (art. 386 del CPCCN), no resulta suficiente para acreditar los extremos que invocara.En efecto, este testigo habló de un horario rotativo de 7 a 19 horas que no fue invocado en el inicio, y, también de la percepción de pagos «en negro», pero mediante deposito en cuenta, lo que resulta poco creíble. Cabe destacar que, aun de tener por cierto que les abonaran a los empleados de la demandada sumas fuera de registro pero por depósito bancario, el actor debió ofrecer y producir la prueba informativa al banco respectivo, cosa que no hizo, por lo que la declaración prestada no encuentra sustento en ninguna otra constancia de la causa y resulta insuficiente, aun pese a lo normado por el art. 9 de la LCT, para acreditar los extremos invocados en el inicio, máxime cuando ni siquiera aportó un indicio acerca de la cuantía de la remuneración registrada del accionante que, por otra parte y a la luz de lo informado por el perito contador, luce adecuada para la índole de las tareas realizadas (art. 56 LCT). Tampoco la parte actora produjo prueba alguna tendiente a acreditar una fecha de ingreso distinta a la registrada. Aclaro que hago todo este análisis en función de los extremos invocados en los hechos, pero lo cierto es que el actor no reclamó multa alguna en los términos de la ley 24.013 o del art. 1 de la ley 25.323″. Luego, sostuvo que «a fin de determinar el monto de condena, estaré a la mejor remuneración informada por el perito contador a fs. 137vta./138vta., que corresponde al mes de abril de 2010 y asciende a $2.624,08…» (ver fs. 240 y vta.). Estos fundamentos del fallo no han sido objeto de crítica concreta y razonada alguna por lo que llegan incólumes a esta Alzada (conf. art.116 LO).

El segmento recursivo de la parte actora dirigido a cuestionar el decisorio de grado en cuanto consideró que no se encontraba acreditada una fecha de ingreso distinta a la registrada y consideró la remuneración de $2.624,08 -y sin que esto implique desmerecer en modo alguno la labor profesional del letrado que suscribe la presentación-, no cumplimenta el recaudo de admisibilidad formal previsto en el art. 116 de la L.O. porque se basa en consideraciones de carácter genérico que no llegan a constituir una crítica concreta y razonada de las partes de la sentencia que se estiman equivocadas. Creo conveniente recordar aquí que la expresión de agravios debe constituir una exposición jurídica que contenga el análisis serio, razonado y crítico de la sentencia recurrida, a través de argumentos tendientes a descalificar los fundamentos en los que se sustenta la solución adoptada en el decisorio, mediante la invocación de la prueba cuya valoración se considera desacertada o la puesta de manifiesto de la incorrecta interpretación del derecho declarado aplicable a la controversia (art. 116 LO). A tal fin, se debe demostrar, punto por punto, la existencia de los errores de hecho o de derecho en los que pudiera haber incurrido el juzgador y se deben indicar en forma precisa las pruebas y las normas jurídicas que el recurrente estime le asisten (cfr. esta Sala, in re: «Tapia, Román c/Pedelaborde, Roberto», S.D. Nº73117, del 30/03/94; «Deganutti, Nestor Daniel c/ Canal del Este S.A. y otro s/ Diferencias de Salarios», S.D. Nº 102.136 del 30/08/2013; «Arias, Luis Bernardo C/ Inducon Contenedores Flexibles S.R.L. y Otros s/ Despido», S.D. Nº 102.178 del 18/09/2013 y «Boracchia, Pablo Ignacio c/ Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte S.A. s/ Despido», S.D.Nº 102.323 del 15/10/2013, entre otras).

En el caso de autos, la parte actora no explica cuál habría sido el error en el que incurrió el sentenciante en la valoración de las pruebas obrantes en autos de la que surge que la relación con el actor fue registrada en forma correcta y que percibió una remuneración de $2.624,08.

Si bien la insuficiencia formal apuntada bastaría para desestimar -sin más- la procedencia de la vía recursiva intentada, a fin de no privar al recurrente del acceso a esta instancia de revisión y para dar el más amplio campo de operatividad posible a la garantía constitucional al derecho de defensa en juicio, analizaré -seguidamente- el contenido de su presentación. En orden a ello, observo que las genéricas consideraciones efectuadas por el apelante no alcanzan a rebatir los fundamentos en los que se basa la conclusión a la que se arribó en la instancia anterior. En efecto, la sentencia de primera instancia trasluce un cuidadoso análisis y una razonable valoración de los elementos de prueba aportados a esta causa y de los hechos que pueden tenerse por acreditados a través de ellos.

El testigo Espinola (fs.216/217), propuesto por la parte actora, dijo que ingresó a trabajar en agosto del año 2008, por lo que es obvio que no pudo haber tenido conocimiento directo y personal de que el actor ingresara en la fecha que invocó en el escrito de inicio (24/06/06). Luego señaló que «no sabe cuál era la remuneración del actor».

Creo necesario recordar aquí que la declaración del testigo único debe ser valorada con criterio estricto. Su testimonio debe ser sumamente convictivo, a punto tal que no deje lugar a dudas en el ánimo del juez. Si bien, en el sistema de apreciación de la prueba testimonial que resulta de los arts.90 de la ley 18345 in fine y 386 del CPCCN, el testimonio único no excluye por sí solo el valor probatorio de la declaración (in re «Dias Fernando Daniel y otro c/ Yazbak Ismael» SD Nº 96.330 del 30/12/08 del Registro de esta Sala), lo cierto es que debe ser sometido a una valoración crítica con criterio de apreciación estricto, (cfr. «Código Procesal Civil y Comercial de la Nación» comentado por Fenochietto Arazi Tomo II pág. 481).

Por tales razones, concluyo que la declaración precedentemente analizadas carece de toda eficacia probatoria para acreditar que Ruíz haya ingresado en la fecha denunciada y que percibiera la remuneración señalada en el escrito inicial (arg. art. 90 LO).

Si bien en el recurso se efectúan argumentaciones tendientes a sostener que en el intercambio telegráfico se han reclamado «las leyes 20744, 24013, 25323, 25345 y 25877», lo cierto es que, en definitiva, no se verifica en el caso de autos un supuesto de clandestinización que justifique la sanción prevista en el art. 1 de la ley 25323 ni, menos aún, las indemnizaciones de la ley 24.013.

En consecuencia, corresponde desestimar el agravio sub- examine y confirmar la sentencia de grado.

Finalmente, la parte demandada se agravia por la condena a la entrega del certificado de ley. Señala que el actor no dio cumplimiento con lo dispuesto en el art. 3 del decreto 146/01; pero, a mi juicio, no le asiste razón.

Más allá que el actor no cumplió acabadamente con el recaudo previsto en el art. 3 del decreto 146/01 reglamentario de la ley 25.345, lo cierto es que el recaudo mencionado en el decreto en cuestión es un requisito para la procedencia de la indemnización prevista en el art.80 de la LCT y no se relaciona con la obligación de confeccionar y entregar el certificado que describe la norma.

En tal orden de ideas, y dado que medió concreto reclamo a fs.10 para que se condene a su entrega, estimo que corresponde confirmar la condena a la demandada a la entrega del certificado establecido en el art. 80 de la L.C.T. ajustado a las circunstancias que se han tenido por acreditadas en esta causa.

El agravio de la demandada, referido al apercibimiento de aplicar astreintes por cada día de demora en la entrega del certificado de ley, resulta inatendible puesto que lo decidido en la sentencia no provoca agravio actual y concreto al apelante. Al respecto cabe memorar que, como lo ha señalado el maestro Lino Enrique Palacio, (Derecho Procesal Civil, Ed. Abeledo- Perrot, Buenos Aires, 1979, (T. V, págs.85/86) constituye un requisito subjetivo de admisibilidad del recurso la circunstancia de que la resolución correspondiente ocasione a quien lo interpone, o a su representado, un agravio o perjuicio personal porque, de lo contrario, faltaría un requisito genérico a los actos procesales de parte, cual es el interés. Asimismo debe tratarse de un agravio actual, desde el doble punto de vista del tiempo en que la resolución impugnada se dicta y del contenido de ésta.

La jurisprudencia también ha entendido que la expresión de agravios no puede reducirse a un planteo carente de interés económico o jurídico actual y, por ende, abstracto o insusceptible de ser tutelado concreta y efectivamente (Cámara Comercial, Sala C, in re «Casanovas Héctor c/ Armenia del Río de la Plata Cía. Argentina de Seguros Generales S.A. s/ Sumario», del 20/11/92; esta Sala in re «Araoz Blanca Pilar c/ Consorcio de Prop. Del Edificio Zapiola 969» sentencia Nro.97.640 17/2/10).

Por lo expuesto, propicio desestimar el agravio sub examine y confirmar la sentencia de grado en este aspecto.

En atención al mérito y extensión de la labor desarrollada durante el trámite en primera instancia y a las pautas que emergen del art. 6 y subs. de la ley 21.839, de la ley 24.432, del art. 38 de la LO y del decr. 16.638/57, considero que los honorarios correspondientes a la representación y patrocinio letrado de la parte actora y perito contadora, lucen equitativos y ajustados a derecho, por lo que propicio confirmarlos. A su vez, considero que los honorarios regulados a la representación y patrocinio de la demandada Offset Sud S.A. lucen elevados, por lo que propicio reducidos al 12%.

Por otra parte y de acuerdo con el resultado que se ha dejado propuesto para resolver las apelaciones, estimo que las costas de Alzada deben ser impuestas a cargo de demandada Offset Sud S.A., por resultar vencida en los aspectos principales de la controversia en esta instancia (art. 68 CPCCN).

A su vez y con arreglo a lo establecido en el art. 14 de la ley 21.839, habida cuenta del mérito y extensión de labor desarrollada en esta instancia por la representación y patrocinio letrado de la parte actora y de la parte demandada Offset Sud S.A., propongo que se regulen los honorarios por esas actuaciones en el 25% y 25%, respectivamente, de lo que corresponde, a cada una de ellas, por la totalidad de lo actuado en la instancia judicial anterior.

El Dr. Miguel Ángel Maza dijo: adhiero a las conclusiones del voto de Miguel Ángel Pirolo, por análogos fundamentos.

Por lo que resulta del acuerdo que antecede (art.125, 2ª parte de la ley 18.345), el Tribunal RESUELVE: 1°) Confirmar la sentencia de grado en lo principal que decide; 2°) Reducir los honorarios regulados a la representación y patrocinio letrado de la demandada Offset Sud S.A. en el 12%; 3º) Imponer las costas de Alzada a cargo de la parte demandada Offset Sud S.A.; 4º) Regular los honorarios de la representación letrada de la parte actora y demandada Offset Sud S.A. por los trabajos de Alzada en el veinticinco por ciento (25%) y veinticinco por ciento (25%), respectivamente, de lo que, cada una deba percibir por sus trabajos en la instancia anterior; 5º) Hágase saber a los interesados lo dispuesto por el art. 1º de la ley 26856 y por la Acordada de la CSJN Nº 15/2013, a sus efectos.

Cópiese, regístrese, notifíquese y devuélvase.-

Miguel Ángel Maza

Juez de Cámara

Miguel Ángel Pirolo

Juez de Cámara

  1. Rodolfo García Susini 8 febrero 2018 at 7:33 AM

    Muy útil.
    Muy claro.
    R.Garcia Susini
    Abogado Bariloche

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