La falta de antideslizantes no basta para responsabilizar a la empleadora por la caida de un trabajador por la escalera

AccidentePartes: Berón Delia Beatriz c/ Actionline de Argentina S.A. Y otro s/ despido

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo

Sala/Juzgado: X

Fecha: 10-nov-2014

Cita: MJ-JU-M-91003-AR | MJJ91003 | MJJ91003

La responsabilidad de la empleadora por la caída de la actora en la escalera del lugar de trabajo no puede admitirse, pues la sola falta de antideslizantes no implica responsabilidad civil como dueño o guardián.

Sumario:

1.-No corresponde admitir la responsabilidad de la empleadora por el infortunio laboral puesto que si bien el accidente producto de la caída de una escalera en el lugar de trabajo fue reconocido y la ART otorgó las prestaciones médicas hasta el alta, esta circunstancia no resulta suficiente para tener por comprobada la existencia de los factores de atribución de responsabilidad, ya sea de índole subjetiva u objetiva.

2.-Toda vez que la actora no produjo prueba para demostrar la existencia de la cosa riesgosa que le habría provocado el infortunio reclamado al caer por una escalera en el lugar de trabajo, pues los testimonios brindados no fueron testigos presenciales del referido accidente, no puede atribuirse responsabilidad a la empleadora en los términos establecidos en el Código Civil.

3.-No corresponde admitir la responsabilidad de la empleadora por la caída, pues lo cierto es que su sola ocurrencia de que las escaleras no tengan antideslizantes, no implica responsabilidad civil del empleador como dueño o guardián.

4.-Corresponde desestimar el planteo de una mala praxis por parte de la ART pues ello no obedece más que a un problema de criterios médicos, y es materia de otro proceso, porque frente a un supuesto como el que se plantea la proyección de culpa ajena, en materia extracontractual como no hay representación para actos ilícitos (arg. arts. 1869 y 1870, inc.1° Cciv.), la culpa del representante no compromete al representado.

5.-No resulta determinante o excluyente de responsabilidad de la ART que se trate de una afección no listada (conf. dec. 659/96 ), pues tratándose de una de las provocadas por causa directa e inmediata de la ejecución del trabajo (conf. art. 6, ap. 2, inc. b, párr. 1ro.), su reparación, luego de la tramitación cumplida en esta instancia, corresponde en el marco del art. 6, ap. 2do. de la ley 24.557 (to dec. 1.278/00 ).

6.-Ante la contundencia de los dictámenes médicos, no corresponde admitir el reclamo de la ART respecto de la falta de valoración de las impugnaciones, pues la impugnación formulada por la parte con relación únicamente al informe médico psicológico no logra conmover los fundamentos científicos expuestos por el galeno, en cuanto consideró que la actora presenta un cuadro depresivo que la incapacita y que tiene de modo verosímil, relación causal con el accidente que originó la causa.

7.-Sin perjuicio del rechazo de la acción civil respecto de la empleadora, corresponde mantener la condena de la ART en los términos de la ley 24.557, pues la aseguradora ha sido parte en las actuaciones y no se discute el hecho del siniestro, pues se trata de un típico accidente de trabajo resarcible.

8.-Corresponde confirmar el rechazo del reclamo por despido indirecto pues la negativa de tareas alegada no resultó acreditada ya que ninguno de los testigos hizo referencia a la negativa que motivo la decisión rupturista y todo lo relatado lo fue en base a comentarios de la propia trabajadora.

Fallo:

Buenos Aires, 10 de noviembre de 2014.

El Dr. GREGORIO CORACH dijo:

I- Llegan los autos a conocimiento de esta alzada a propósito de los agravios vertidos por la parte actora y codemandada Liberty ART S.A. contra la sentencia dictada a fs. 571/576 a mérito de los memoriales obrantes a fs. 579/582 y fs. 588/592, mereciendo réplica de la contraria a fs. 609/612, 618 y vta. y fs. 619/620.

A fs. 578 (perito Fermoso) y fs. 593 (perito Herszhorn) apelan por entender exiguos los emolumentos fijados en la instancia anterior.

II- Para una mejor exposición de los planteos recursivo, en primer término se analizará la que interpuesta por la parte actora con fundamento en la acción civil.

Arriba firme a esta instancia que el día 22/4/05 la actora sufrió un infortunio laboral al caer de una escalera en su lugar de trabajo, como también que la empresa aseguradora reconoció el infortunio, brindándole las correspondientes prestaciones médicas y que luego del alta médica otorgada por la Comisión Médica, fue intervenida quirúrgicamente (1/9/05) por un síndrome meniscal interno, obteniendo el alta médica definitiva el 24/4/036.

Sabido es que la procedencia de una pretensión de reparación integral como la intentada se supedita a que el trabajador demuestre la existencia de un daño que guarde una relación de causalidad adecuada con alguno de los factores de atribución de responsabilidad, ya sea de índole subjetiva (v.g. dolo, culpa o incumplimiento contractual) u objetiva (v.g. vicio o riesgo de una cosa o responsabilidad refleja por actos del dependiente) que resulte atribuible al empleador y que, por otra parte, no se verifique alguna circunstancia eximente de responsabilidad legalmente prevista (arg. arts. 508, 511, 512, 1074, 1109, 1113 y cctes. Código Civil, art. 75 inc.1º LCT).

En el caso particular de auto si bien no está en discusión que la actora padeció el accidente denunciado en el inicio, el mismo -reitero- se encuentra reconocido por la aseguradora demandada en el responde y por el cual recibió las prestaciones en especie por la ART en el marco de la ley 24.557, lo cierto es que, tal como lo afirmara el sentenciante, el recurrente no produjo prueba para demostrar la existencia de la cosa riesgosa que le habría provocado el infortunio reclamado en autos, pues como bien lo ha señalado el magistrado los testimonios de Rossi, De Marco y La Padula no fueron testigos presenciales del referido accidente.

No dejo de advertir que si bien fue reconocido el infortunio por la ART demandada quien otorgó las prestaciones médicas correspondientes hasta el alta médica, esta circunstancia no resulta suficiente para tener por comprobada la existencia de los factores de atribución de responsabilidad, ya sea de índole subjetiva u objetiva como fue referido precedentemente. Es decir, que frente a la carencia de elementos que determinen a qué obedeció el siniestro pues ninguna prueba en tal sentido fue aportada por la parte actora, cabe destacar que únicamente surge del testimonio de La Padula que las escaleras no tenían antideslizantes, y sin olvidar la forma en que fue planteada la cuestión, lo cierto es que su sola ocurrencia no implica responsabilidad civil del empleador como dueño o guardián.

En otras palabras, el accionante debió extremar todos los esfuerzos para demostrar la existencia de los factores de atribución de responsabilidad establecidos en el Código Civil demostrar en todas sus partes, por lo que considero ajustada a derecho la sentencia cuestionada.

En cuanto al planteo de una “mala praxis” por parte de la ART demandada – como se sostiene en el memorial recursivo- ello no obedece más que a un problema de criterios médicos, y es materia de otro proceso, porque frente a un supuesto como el que se plantea (proyección de culpa ajena), en materia extracontractual como no hay representación para actos ilícitos (arg.arts. 1869 y 1870, inc.1° C.Civil), la culpa del representante no compromete al representado; y cuando actúan dependientes la situación está regida por el art. 1704 C. Civil; pero ninguna de estas situaciones se da en autos. Esto, más allá de que aunque se pudiera aludir, como lo hace el apelante, a una mala atención de la aseguradora, o un alta prematura, en tal caso para establecer una responsabilidad derivada de un deber de contralor, es menester que se establezca previamente la responsabilidad del médico o profesional tratante por culpa, negligencia o impericia, quien no fue parte en estas actuaciones.

En tales condiciones, corresponde desestimar la queja incoada al respecto y, en consecuencia, confirmar en este aspecto el pronunciamiento de grado.

III- Cuestiona la codemandada Liberty ART SA la decisión de grado sosteniendo que en el caso de autos no se ha cumplido con una valoración objetiva de las afecciones invocadas por la actora y su relación la contingencia laboral denunciada. Alega que lo resulto en la sentencia causa un perjuicio irreparable al obligarla a responder por supuestos daños excluidos de cobertura, afectando los derechos amparados por los arts. 17 y 19 de la Constitución Nacional.

Frente a lo manifestado por la accionada, como ya lo he sostenido en caso similar al presente (ver entre otros esta Sala X SD 20.866 del 22/3/13 in re “Sosa Flavio Hernán c/ Provincia ART s/ accidente – ley especial” ), advierto que la falta de inclusión de determinadas afecciones en el Listado de Enfermedades Profesionales del decreto 659/96 no es un dato que por sí sólo pudiera llevarnos a adoptar una solución diferente a la efectuada en grado, y sobre el tópico, cabe señalar que la posibilidad de que en el marco de la normativa especial (ya con la reforma introducida por los arts. 2º y 13 a 16 del decreto 1278/2000, complementada por las reglas del art.2do del decreto 410/2001), existe cierta morigeración del esquema normativo original que dejó de ser, por llamarlo de algún modo, de lista cerrada, pues existe la posibilidad, que otras enfermedades no listadas o que aparezcan vinculadas con otros agentes de riesgo o en otras actividades, en situaciones individuales, frente a la concurrencia de ciertos factores causales, otorguen derecho a las prestaciones del sistema.

De esta forma, se ha entendido que son enfermedades profesionales, además de las incluidas en el mencionado listado, las que han sido motivadas por el trabajo, con la salvedad, claro está de que, respecto de aquellas en cuyo origen o agravamiento el trabajo sólo haya incidido parcialmente y, en tal caso, la incapacidad indemnizable en el marco de la ley 24557 se limita a la proporción imputable al trabajo, como se ha establecido en el presente (conf. esta Sala X SD 20542 del 27/11/12 en autos: “Romero Hernán Alfredo c/ Liberty ART S.A. s/ Accidente – Ley Especial”).

En esta inteligencia, no resulta determinante o excluyente de responsabilidad de la ART que se trate de una afección no listada (conf. dec. 659/96), pues tratándose -valga la reiteración- de una de las “provocadas por causa directa e inmediata de la ejecución del trabajo, excluyendo la influencia de los factores atribuibles al trabajado o ajenos al trabajo” (conf. art. 6, ap. 2, inc. b, párrafo 1ro.), su reparación, luego de la tramitación cumplida en esta instancia corresponde en el marco del art. 6, ap. 2do. de la ley 24.557 (to dec. 1.278/00).

Respecto a la apreciación de la pericia médica efectuada en la sentencia.Dice que se omitió considerar las impugnaciones efectuadas así como, también, las demás constancias de la causa y que no se realizó una valoración objetiva de las afecciones invocadas por la actora y su relación con una contingencia laboral.

No encuentro motivo válido para entender que la sentencia dictada sea arbitraria, pese a lo sostenido por el recurrente, ya que el juez “a quo” interpretó y valoró los hechos y la prueba producida conforme a derecho.

A mi entender, no se observa que de la prueba producida, surjan elementos para modificar lo dispuesto en la etapa anterior.

A partir de la prueba pericial médica señalada por el magistrado de grado -a la que me remito en mérito a la brevedad (ver fs. 372/375 -sin que fuera cuestionadas por las partes- y fs. 517/522 y aclaraciones de fs. 544, sin que las impugnaciones de fs. 548 y fs. 553 logren rever tales fundamentos)- entiendo que las conclusiones a las que arriban los galenos poseen plena fuerza probatoria y valor convictivo en razón de que se encuentran respaldadas en sólidos principios científicos y sus conclusiones no se ven enervadas, en modo alguno, por los señalamientos efectuados por la recurrente en la impugnación que realizara (analizadas conf. arts. 386 y 476 C.P.C.C.N.).

El art. 477 del C.P.C.C.N. establece que la fuerza probatoria del dictamen pericial debe ser estimada teniendo en cuenta la competencia del perito, los principios científicos o técnicos en que se funda, la concordancia de su aplicación con las reglas de la sana crítica, las observaciones formuladas por los letrados y los demás elementos de convicción que la causa ofrezca.

La jurisprudencia ha señalado que la apreciación de estos informes (reitero: de conformidad con las reglas de la sana crítica) es facultad de los jueces, que tienen respecto de este tipo de prueba las mismas atribuciones que para el análisis de las restantes medidas probatorias, pudiendo hacerlo con la latitud que le adjudica la ley (conf.”Ley de Organización y Procedimiento de la Justicia Nacional del Trabajo”, de A. Allocati, T. 2, pág. 276 y ss).

Además, conforme es criterio de esta Cámara, el juez solo puede y debe apartarse del asesoramiento pericial cuando éste adolezca de deficiencias significativas, sea por errores en la apreciación de las circunstancias de hecho o por fallas lógicas en el desarrollo de los razonamientos empleados que conduzcan a descartar la idoneidad probatoria de la peritación, extremos que no surgen del presente (esta Sala X, in re “Saenz c/Industria Plástica Yasban”, SA 462 del 22/10/96).

Para justificar n o seguir la opinión del experto, se deben enunciar argumentos científicos que pongan en evidencia el presunto yerro que se habría cometido, lo que no sucede en la especie. De ahí que, frente al imposibilidad de oponer fundamentos de mayor rigor científico, la sana crítica aconseje aceptar sus conclusiones (art. 386 CPCCN, SD 7142 del 30/9/99 en autos: “Álvarez Ferrel Cruz c/ Emaco S.A. s/accidente-ley 9688”).

Por ello, ante la contundencia de los dictámenes médicos, la suerte del reclamo se encuentra sellada, pues -reitero- la impugnación formulada por la parte recurrente (con relación únicamente al informe médico psicológico) no logra conmover los fundamentos científicos expuestos por el galeno, en cuanto consideró que la actora presenta un cuadro depresivo que la incapacita en un 7% y que tiene de modo verosímil, relación causal con el accidente que originó la presente causa.

En definitiva, concluyo en que corresponde desestimar la queja interpuesta por la demandada y, consecuentemente, confirmar la decisión de grado en cuanto condenó a la recurrente al pago de las indemnizaciones derivadas de la ley 24.557.

IV- Por otra parte también Liberty ART S.A.cuestiona la decisión en grado en cuanto tras rechazarse la acción civil, fue condenada en los términos de la ley 24.557, cuando el actor no demandó ni como pretensión principal ni en subsidio.

Si bien es cierto que se ha rechazado la acción incoada contra la codemandada con fundamento en la ley civil, esta sala ya se ha expedido en caso similar al presente, este hecho no lleva a desestimar el reclamo incoado contra la misma, porque, en el marco del antecedente “Aquino” (en el que se lee que no se sigue de la solución alcanzada que las compañías de seguros queden relevadas de satisfacer las obligaciones que han contraído en el plano de la ley especial), atendiendo a que dicha aseguradora ha sido parte en estas actuaciones y que no se discute el hecho del siniestro, el cual se trata de un típico accidente de trabajo resarcible en los términos de la L.C.T. (conf. arg. brindados por el Procurador General de la Nación, CSJN, “Rodríguez, Ramón c/ Electricidad de Misiones SA s/ Recurso de Hecho” , R. 134.XLIII, 21/4/09), y sobre lo cual no existe oposición de la aludida codemandada, determinada la incapacidad de la actora en un total 17% de la total laborativa parcial, permanente y definitiva, la cual es de carácter irrenunciable para el trabajador (conf. art. 11 ap.1 ley 24.557), aunque no soslayo que el fundamento de la presente acción no es la Ley de Riesgos del Trabajo sino las normas de derecho civil, y que el seguro contratado por la empleadora con la ART no cubre a estas últimas indemnizaciones, lo cierto es que si eximiera a esta última de toda responsabilidad, ello redundaría en un enriquecimiento de la aseguradora, la cual cobró primas de un seguro que, finalmente, no tendría que afrontar, por el sólo hecho de que el reclamo judicial es diferente al sistema de reparación que prevé la ley 24.557.

De acuerdo con lo expuesto, cabe también en este punto confirmar la decisión de grado.

V- La accionada se agravia por cuanto la juez de grado entendió que resulta de aplicación del decreto 1694/2009 y el monto de condena.

De comienzo cabe señalar que está fuera de discusión que el infortunio de autos ocurrió el 22/4/05, es decir, con anterioridad a la entrada en vigencia del decreto cuya aplicación se pretende (el Nº 1694/09), por lo que la cuestión central se ciñe en dilucidar si corresponde aplicar o no retroactivamente los beneficios del citado decreto al presente caso.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación en un caso de similares características (“Lucca de Hoz, Mirta Liliana c/ Taddei, Eduardo y otro s/ accidente-acción civil” , C.S.J.N., L.515, L.XLIII del 17/8/10) se expidió en contra de la aplicación retroactiva de un decreto (el Nº 1278/00) que otorgaba mayores beneficios en las prestaciones adicionales contempladas por la ley 24.557, criterio que, sin perjuicio de señalar que esta Sala con anterioridad al presente se ha pronunciado en sentido contrario, por razones de acatamiento institucional, corresponde aplicar.

En efecto, en dicha causa, referida a la aplicación del decreto 1.278/00 a una situación consumada con anterioridad a su vigencia (proyectable en sus argumentos al decreto 1.694/09, el cual alude a la fecha de la primera manifestación invalidante), el Procurador General de la Nación dictaminó que “el planteo referido a la aplicación del decreto 1278/00, en cuanto incrementó el tope indemnizatorio y fijó un pago directo a los derechohabientes no es aplicable al presente caso ya que no estaba vigente al momento de ocurridos los hechos que dieron motivo al reclamo. Al respecto V.E. tiene dicho que el fallo judicial que impone el pago de una indemnización por un infortunio laboral, sólo declara la existencia del derecho que lo funda, que es anterior a ese pronunciamiento; por ello la compensación económica debe determinarse conforme a la ley vigente cuando ese derecho se concreta, lo que ocurre en el momento en que se integra el presupuesto fáctico previsto en la norma para obtener el resarcimiento, con independencia de la efectiva promoción del pleito que persigue el reconocimiento de esa situación y de sus efectos en el ámbito jurídico (Fallos 314 315:885); sostener lo contrario conllevaría la aplicación retroactiva de la ley nueva, a situaciones jurídicas cuyas consecuencias se habían producido con anterioridad a ser sancionada (Fallos 314:481; 321:45)”, por lo que cabe sin más dejar sin efecto la aplicación del decreto 1694/09.

De acuerdo con ello, y en el caso particular de autos, tomando en cuenta los parámetros de fs.222 aportados a la causa por la propia codemandada recurrente y mediante los cuales se calcularon con base a un grado de incapacidad inferior al determinado en esta acción, corresponde modificar la suma que en definitiva deberá abonar la codemandada, la que asciende al monto total de $ 7.340,84.

VI- Con relación a la cuestión planteada por la codemandada respecto a los intereses considero que asiste razón a la queja opuesta.

En efecto, tal y como ya lo ha sostenido esta sala en autos “Paz Jorge Nicolás c/ ART Interacción S.A. s/ accidente-ley especial” SD 21.058 del 30/5/13 (entre otros), el régimen de la ley 24.557, por imperio de lo previsto por el art. 9º ap. 2 de dicho cuerpo legal, el derecho a percibir una suma de pago única nace cuando se determina el carácter definitivo de la ILP, circunstancia que puede acaecer en los supuestos contemplados por el art. 7º apartado 2º, entre ellos, a la fecha del alta médica y a la declaración de Incapacidad Laboral Permanente, mientras que por influjo del art. 2º de la Resolución SRT nro. 414/99 la mora en el pago de la misma acaece una vez transcurrido el plazo de 30 días desde que la prestación debió ser abonada, esto es, en función del juego armónico de la normativa citada y atendiendo al caso de autos, desde la fecha del alta médica (ver fs. 296).

De acuerdo a la fecha en que tuvo el alta el trabajador (24/04/06), los intereses corren desde el 24/05/06 por lo que corresponde modificar en este aspecto la sentencia apelada.

VII- Resta expedirse con relación al reclamo con fundamento en la L.C.T.

Cuestiona la accionada la sentencia de grado que desestimó la acción que persigue el cobro de las indemnizaciones por despido.

La actora con fecha 23/8/06 (ver comunicado obrante a fs.324) luego de relatar las circunstancias ocurridas el día 22/8 intimó a su empleador a fin que aclare situación laboral y cumpla con la obligación de dación de tareas. El empleador mediante las cartas documentos obrantes a fs. 322 y 323 dio respuesta a la intimación efectuada por la trabajadora, haciéndole saber que deberá presentarse en la oficina de recursos humanos a fin de retomar tareas.

La relación concluyó por decisión de la actora, quien mediante la comunicación emitida enviada el día 28/8/06 (ver fs. 321) alegando nuevamente negativa de tareas se consideró despedida, intimando al pago de la liquidación final, haberes y salarios caídos y las indemnizaciones derivadas del despido y se pongan a disposición los certificados previstos en el art. 80 de la L.C.T.

En cuanto a la negativa de tareas que el actor hizo referencia en su comunicado, las testimoniales aportadas por la recurrente a fs. 458, 464, 467 y 469 (analizados de acuerdo con lo normado por los arts. 90 de la L.O. y 386 del C.P.C.C.N.), no resultan suficientes para lograr acreditar los fundamentos que llevaron a Beron a producir la ruptura de la relación laboral. Según se desprende del relato de los deponentes, se advierte que ninguno hizo referencia a la negativa de tareas que motivo la decisión rupturista y todo lo relatado lo fue en base a comentarios de la propia trabajadora. En definitiva, al no existir en la causa prueba alguna que logre revertir los fundamentos que llevaron al Juez “a quo” a decidir el rechazo del reclamo por despido indirecto sugiero en este aspecto confirmar la sentencia dictada en la instancia anterior.

La pretensión de la apelante planteada en el escrito recursivo en cuanto a la indemnización que prevé el art. 80 de la L.C.T.y a la oportuna entrega de los certificados allí previstos, no ha de prosperar, pues las mismas no fueron concretamente reclamadas en la demanda, lo que descarta sin más su procedencia toda vez que su admisión resultaría violatoria de lo dispuesto por el art. 163 inc. 6) C.P.C.C.N. ( el cual, como es sabido, posee incluso raigambre constitucional )

Señala Palacio ( Manual de Derecho Procesal Civil 2da. ed. Tomo II pág. 12 ) comentando dicha norma que la ley exige una estricta correspondencia entre el contenido de la sentencia y las cuestiones planteadas por las partes y resalta que se trata de una aplicación del denominado principio de congruencia, que constituye una de las manifestaciones del principio dispositivo y que como lo t iene reiteradamente establecido la Corte Suprema de Justicia de la Nación, comportan agravio a la garantía de defensa, tanto las sentencias que omitan el examen de cuestiones propuestas oportunamente por las partes que sean conducentes para la decisión del pleito, como aquéllas que se pronuncian sobre pretensiones o defensas no articuladas en el proceso.

Por ello, dado que el ítem aludido si bien fue reclamado telegráficamente no fue demandado en el escrito de inicio, corresponde desestimar sin más la queja en este punto.

VIII- Sin perjuicio de la modificación que sugiero (art. 279 C.P.C.C.N.), propongo mantener la forma en que fueron impuestas las costas de la instancia de grado.

En cuanto a los honorarios fijados en grado, estimo que los mismos resultan ajustados y equitativos a las labores desempeñadas por cada uno de los profesionales intervinientes, por los que también en este aspecto propongo mantener lo dispuesto en la instancia anterior (arts. 38 L.O. y cctes. ley arancelaria y decreto ley 16638/57).

IX- Finalmente, atento la forma en que se resolvió la cuestión debatida en autos sugiero imponer las costas de alzada en el orden causado (art.68, 2º párrafo C.P.C.C.N.) y regular los honorarios de la representación letrada de la actora y de las demandadas, por las tareas cumplidas en esta instancia, en el 25% -respectivamente- de lo que les corresponda percibir por los trabajos realizados en la instancia anterior (art. 14 de la ley arancelaria).

X- Por todo lo expuesto, de prosperar mi voto correspondería: 1) Confirmar la sentencia en todo lo que ha sido materia de recursos y agravios en cuanto a la acción que persigue el cobro de las indemnizaciones previstas por la LCT; 2) Modificar parcialmente la sentencia de grado en cuanto a la acción que persigue el cobro de la indemnización por accidente y, consecuentemente, reducir el monto de condena a la suma de PESOS SIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS ($ 7.340,84) que deberá ser abonado por la codemandada Liberty ART S.A. con más los intereses dispuestos en el considerando VI de este voto; 3) Confirmarla en todo lo demás que ha sido materia de recursos y agravios; 4) Imponer las costas de alzada en el orden causado (art. 68, 2º párrafo C.P.C.C.N.); 5) Regular los honorarios de la representación letrada de la actora y de las demandadas, por las tareas cumplidas en esta instancia, en el 25%

-respectivamente- de lo que les corresponda percibir por los trabajos realizados en la instancia anterior (art. 14 de la ley arancelaria).

El Dr. ENRIQUE R. BRANDOLINO dijo:

Por compartir los fundamentos del voto precedente adhiero al mismo.

El Dr. DANIEL E. STORTINI no vota (art. 125 L.O.).

Por lo que resulta del acuerdo que antecede, el Tribunal RESUELVE:1) Confirmar la sentencia en todo lo que ha sido materia de recursos y agravios en cuanto a la acción que persigue el cobro de las indemnizaciones previstas por la LCT; 2) Modificar parcialmente la sentencia de grado en cuanto a la acción que persigue el cobro de la indemnización por accidente y, consecuentemente, reducir el monto de condena a la suma de PESOS SIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA CON OCHENTA Y CUATRO

CENTAVOS ($ 7.340,84) que deberá ser abonado por la codemandada Liberty ART S.A. con más los intereses dispuestos en el considerando VI del voto del Dr. Corach; 3) Confirmarla en todo lo demás que ha sido materia de recursos y agravios; 4) Imponer las costas de alzada en el orden causado (art. 68, 2º párrafo C.P.C.C.N.); 5) Regular los honorarios de la representación letrada de la actora y de las demandadas, por las tareas cumplidas en esta instancia, en el 25% -respectivamente- de lo que les corresponda percibir por los trabajos realizados en la instancia anterior (art. 14 de la ley arancelaria).

Cópiese, regístrese, notifíquese, oportunamente cúmplase con lo dispuesto en el art. 1º de la ley 26.856 y con la Acordada de la CSJN Nº 15/2013 y devuélvase.

ANTE MI:

MIC

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