Procede el despido indirecto de trabajador mal registrado al que en consecuencia le adeudaban diferencias salariales

shutterstock_160228961Partes: Fábregas María Alejandra Isabel c/ ICT Services of Argentina S.A. y otro s/ despido

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo

Sala/Juzgado: VIII

Fecha: 5-dic-2014

Cita: MJ-JU-M-90759-AR | MJJ90759 | MJJ90759

Legitimidad del despido indirecto ante el registro erróneo de la categoría laboral y la negativa a reconocer las diferencias salariales correspondientes.

Sumario:

1.-Se ajustó a derecho el despido indirecto, pues la negativa al pago de las diferencias salariales devengadas a favor del actor, derivadas de su errónea registración, constituyó injuria que no consentía con la prosecución de la relación laboral

2.-Para que nazca la responsabilidad de una empresa por las obligaciones laborales de otra en los términos del art. 30 de la LCT es menester que esta contrate o subcontrate servicios que complementen su actividad normal, debiendo existir una unidad técnica de ejecución entre la empresa y su contratista.

3.-Procede la indemnización del art. 80 LCT., pues la actora no estaba registrada en la categoría correspondiente según los servicios que prestaba, de modo que en el caso de existir los certificados de trabajo a los que hace alusión la empleadora, los mismos no estarían bien confeccionados.

4.-El convenio colectivo no puede contrariar la norma del art. 103 LCT, sin colocar a la propia convención fuera del marco legal, por lo que el acuerdo es nulo en tanto determina que las sumas percibidas en función del mismo no son remuneratorias.

5.-El convenio colectivo no puede exceder los límites de la disponibilidad colectiva, particularmente cuando se trata de una materia tan delicada como el salario, que se proyecta sobre numerosas prestaciones laborales, y la calificación ilegítima de una determinada prestación como no salarial puede originar un grave conflicto para la empresa, pues esta materia está siempre sujeta a la decisión judicial, que tiene la obligación de adecuar lo actuado en la sede administrativa al tipo legal.

Fallo:

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 05 días del mes de DICIEMBRE de 2014, se reúnen en acuerdo los jueces de la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo para dictar sentencia en la causa del epígrafe, y, de acuerdo con el resultado del sorteo realizado, proceden a votar en el siguiente orden:EL DOCTOR VICTOR ARTURO PESINO DIJO:

I.- Llegan las actuaciones a esta Sala, por el recurso de apelación interpuesto por las partes demandadas y por la perito contadora contra la sentencia que hizo lugar al reclamo.

II.- ICT SERVICES OF ARGENTINA S.A.se agravia porque el Juez a quo resolvió condenar de manera solidaria a ambas demandadas; por la arbitrariedad en la valoración de la prueba; por la aplicación de la multa del art. 2 de la 25.323, como así también por la condena a la entrega de certificados del art. 80 de la L.C.T y al pago de la sanción del art. 45 de la ley 35.345; porque el Juez a quo consideró inconstitucional la cláusula convencional que califica como no remuneratorio a los incrementos fijados convencionalmente y los adiciona a los rubros indemnizatorios. Por otro lado se queja por la admisión de diferencias salariales y, por último, apela los honorarios de los profesionales de la parte actora y de la perito contadora por considerarlos elevados. Los términos de la apelación de la demandada HSBC BANK ARGENTINA S.A. toman caminos similares.

III.- Por cuestiones prácticas, trataré ambos recursos de formaconjunta.

Las partes se agravian, porque el Juez a quo entendió que la categoría que corresponde a la actora es la de Administrativa B según el C.C.T.130/75.

En primer lugar, cabe aclarar que las demandadas únicamente se limitan a disentir de la interpretación y la calificación que el Juez a quo realizó sobre esas tareas basándose, únicamente, en las consideraciones que realizó sobre las declaraciones testimoniales de los testigos presentados por la parte actora, las que transcriben en forma fragmentada.

Ahora bien, es relevante recordar que al contestar demanda ICT indicó que la actora desarrollaba tareas de servicios contactando a los clientes de HSBC mediante una base de datos que le proporcionaba el mismo (ver fs. 42 vta.). Por su parte, en su contestación de demanda, HSBC (ver fs. 18 vta.) señaló que la actora desempeñaba tareas en el call center de “promoción de determinados servicios”, los cuales, según fs. 309 in fine (apelación de ICT) consistían en la oferta de tarjetas de crédito.

Dentro de ese esquema los servicios que brindaba la actora en HSBC, incluyen una actividad que permite que una persona adquiera las prestaciones brindadas por el banco (así sea la de obtener su tarjeta de crédito) actividad que termina siendo facturada por el mismo.

Sin embargo, el relato omite indicar a través de quién, ni de qué modo, se propician las condiciones para que un usuario de una empresa que utiliza los servicios de la accionada, termine celebrando con aquélla una compra-venta, luego de comunicarse con el call center sólo dedicado a dar de alta tarjetas de crédito de su clientes

Tal como surge del informe pericial, la actora estaba categorizada como ayudante Administrativa B, C.C.T. 130/75 (ver fs. 255). Pero teniendo en cuenta la valoración que realiza el Juez a quo sobre los testigos, soy de opinión, que la propia promoción de servicios, es una tarea que no lleva adelante un mero Ayudante. Es más, siendo Juez de primera instancia he considerado en “Teruzzi, Pablo Ignacio c. Atento Argentina S.A. y Otro s.despido” que el ofrecimiento en venta de servicios a los clientes, permite coincidir que la correcta categoría corresponde a la de Vendedor “B”, ya que el C.C.T. 130/75 establece en su artículo 10 que se considera personal de ventas a los trabajadores que se desempeñen en tareas y/u operaciones de venta, cualquiera sea su tipificación. Me parece sumamente difícil poder separar la tarea de promoción de un servicio brindado por el Banco, de la de vendedor.

Ahora bien, teniendo en cuenta que en el caso, la actora no ha reclamado esta última categoría (Vendedor “B”); considero que tiene derecho a las diferencias de haberes concedidos en grado; por lo tanto propicio confirmar la sentencia en este aspecto.

Ello conllevará la desestimación de agravio relativo a la validez del despido en que se colocara la accionante toda vez que la negativa al pago de las diferencias salariales devengadas en su favor, constituyó injuria que no consentía con prosecución de la relación laboral (art. 242, L.C.T.)

IV.- Trataré conjuntamente la condena al pago de la multa del art. 2 de la ley 25323, la condena a la entrega de los certificados y multa que acarrea el art. 80 de la L.C.T.

No está en discusión que ICT fue la empleadora y que HSBC fue condenada como deudora solidaria en los términos del artículo 30 L.C.T. Pero por lo dicho en el considerando anterior, la actora no estaba registrada en la categoría correspondiente según los servicios que prestaba; por lo tanto; en el caso de existir los certificados de trabajo a los que hace alusión ICT a fs. 306, los mismo no estarían bien confeccionados, teniendo en cuenta las conclusiones a las que arribé en el considerando anterior. Por lo tanto también es procedente la multa que acarrea dicho incumplimiento, así como también la condena a entregar los mentados documentos.

Misma tratativa merece la aplicación de la multa del art.2 de la ley 25323; esta Sala entiende que su objeto es compeler al empleador a abonar en tiempo y forma las indemnizaciones por despido y evitar litigios, y su presupuesto de procedencia es el no pago de la indemnización en tiempo oportuno. Dado que la actora no estaba debidamente registrada; las indemnizaciones no pudieron ser abonadas mediante los requisitos de la norma por la existencia de las diferencias salariales a favor de la misma.

Por lo tanto auspicio confirmar la sentencia de grado en cuanto a la condena los aspectos mencionados.-

V.- En cuanto al agravio que se basa en la inconstitucionalidad de la cláusula convencional que califica como no remuneratorio al incremento salarial fijado y lo adiciona a los rubros indemnizatorios; el señor Juez a quo consideró que las sumas abonadas a la trabajadora en virtud de su prestación de servicios, deben mantener el carácter remunerativo para resguardar el principio de protección ante el despido arbitrario -conf. fs. 292-.

Fernández Madrid (“Tratado Práctico de Derecho del Trabajo, Tº II, pág. 1331) sostiene, con criterio que comparto, que cualquiera sea la causa del pago del empleador, “la prestación tendrá carácter salarial si -como enseña Justo López- se dan las dos notas relevantes del concepto jurídico del salario consistentes en que, en primer lugar, constituya una ganancia (ventaja patrimonial) para el trabajador y en segundo término, que se trate de la retribución de los servicios de éste.es decir.como contrapartida de la labor cumplida”, condiciones que se cumplen con las sumas que surgen del acuerdo de marras.

Dice el autor citado (ob. cit., pág. 1354) que “El convenio colectivo no puede contrariar la norma del artículo 103, L.C.T., sin colocar a la propia convención fuera del marco legal (art. 7º, ley 14.250)” (CNAT, Sala III, 17/12/93, “Taborda, Javier H. c/Florentia S.A.”, D.T.1996-A-264) y, desde esa óptica, solo cabe concluir que el acuerdo es nulo en tanto determina que las sumas percibidas en función del mismo no son remuneratorias ya que “El convenio colectivo, fuera de las hipótesis expresamente previstas por la ley (vgr. art. 106, L.C.T.), no puede válidamente cambiar la naturaleza remuneratoria de un rubro establecida por el art. 103 de la Ley de Contrato de Trabajo” (ob. cit., Tº III, pág. 370).

No obsta al carácter nulo de las cláusulas analizadas que el acuerdo haya sido homologado por el Ministerio de Trabajo ya que, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 9 de la L.C.T. el orden de prelación normativo (art. 31, C.N.), en caso de duda en la aplicación de normas legales o convencionales preponderará la más favorable al trabajador. En el derecho del trabajo la norma de rango inferior prevalece sobre la superior solo si establece mayores beneficios, que no es justamente el caso que nos ocupa. No puede soslayarse tampoco en este análisis que el principio protectorio es el abrigo del derecho del trabajo y ha sido consagrado constitucionalmente en el artículo 14 bis, que determina que las leyes deben asegurar al trabajador una retribución justa.

En materia de derecho del trabajo la naturaleza salarial de las prestaciones está expresamente legislada. Como señalara, el artículo 103 de la L.C.T. establece que, a los fines de la ley, se entiende por remuneración la contraprestación que debe percibir el trabajador como consecuencia del contrato de trabajo.Por lo tanto una resolución ministerial homologatoria no puede calificar un “incremento de salarios” como no remuneratorio porque ello contraría una norma de rango superior y, además, va en contra de principios elementales del derecho del trabajo.

Como dice también Fernández Madrid el acto homologatorio no tiene la virtualidad de purgar el vicio de origen, ya que la autoridad de aplicación debe, en todos los casos hacer un control de legalidad de los convenios y acuerdos, en los términos del artículo 7º de la ley 14.250 y 8º de la L.C.T. Y si lo hace mal, la sanción es la nulidad de la cláusula que contraría la ley. El convenio colectivo no puede exceder los límites de la disponibilidad colectiva, particularmente cuando se trata de una materia tan delicada como el salario, que se proyecta sobre numerosas prestaciones laborales. Y la calificación ilegítima de una determinada prestación como no salarial puede originar un grave conflicto para la empresa, pues esta materia está siempre sujeta a la decisión judicial, que tiene la obligación de adecuar lo actuado en la sede administrativa al tipo legal”.

Finalmente, no puede soslayarse que conforme a lo dispuesto por el artículo 9 de la L.C.T. cabe a los jueces la interpretación de las normas y, dentro de esa tarea, la determinación del verdadero alcance de un acuerdo de salarios, por lo que resulta inoperante que exista homologación ministerial. Por esos argumentos, sugiero desestimar los agravios de las accionadas.

VI.- En cuanto a la condena por solidaridad en virtud del art. 30 de la L.C.T. considero que la misma debe mantenerse.

El hecho de haberse extendido la responsabilidad en los términos del artículo 30 LCT a HSBC no la convierte en empleadora, ya que la actora trabajaba para ICT.

Ahora bien, para que nazca la responsabilidad de una empresa por las obligaciones laborales de otra en los términos del artículo 30 de la L.C.T.es menester que esta contrate o subcontrate servicios que complementen su actividad normal. Según el artículo 6 de la L.C.T. debe existir una unidad técnica de ejecución entre la empresa y su contratista. HSBC contrató el servicio de aspectos o facetas coadyuvantes de su actividad normal y específica; de manera que si se ha servido de un tercero para prestarlos debe responder solidariamente en los términos del artículo 30 de la L.C.T.

Según surge del escrito de inicio (fs. 5) la actora se dedicaba a tareas administrativas de diferentes productos que HSBC comercializa. De fs. 18 surge que la actora realizaba la promoción de “determinados” servicios para HSBC; y por último a fs. 42 se establece que las tareas que prestaba la actora era la de contactar a los clientes del propio banco para proponer “dar de alta” sus respectivas tarjetas de créditos. Nótese que he citado los diferentes hechos a los que aluden las partes en sus respectivos escritos y, entiendo, que cualquiera de ellos hacen al normal y específico funcionamiento de un establecimiento bancario. Porque aún siendo “secundarias”, “auxiliares” o “de apoyo”, son imprescindibles para que se pueda cumplir con el objetivo empresarial perseguido.

Por lo tanto propongo confirmar la sentencia en este punto.-

VII.- Atento que existen planteos respecto de los honorarios regulados a la representación letrada de la parte actora y peritos, corresponde tratarlos. En atención al mérito, calidad y extensión de las labores desarrolladas en la anterior instancia, el marco del valor económico en juego, y de conformidad con las pautas arancelarias previstas por el art. 38 de la L.O., y los arts. 6, 7, 8, y sig. Ley 21.839, soy de opinión que los honorarios regulados resultan adecuados, por lo que propicio que sean confirmados, (conf. art. 38 de la ley 18.345, arts. 6, 7, 8, 9, 14, 19, 37, 39 y conc.De la ley 21.839).

VIII.- Con fecha 21 de mayo del corriente año la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, mediante Acta 2601, adoptó, para corregir los créditos laborales, la tasa de interés nominal anual que el Banco Nación aplica para préstamos de libre destino.

En la misma reunión se estableció que la nueva tasa sería aplicable para los juicios sin sentencia, en la inteligencia de que, en los que ya hubiere recaído pronunciamiento, aplicar retroactivamente la nueva tasa afectaría de algún modo la cosa juzgada.

Ahora bien, es claro que la Cámara adoptó una nueva tasa de interés a partir del 21 de mayo de 2014 lo que, en definitiva, no implicó más que un sinceramiento con las diferentes variables de la economía, frente a una tasa evidentemente desactualizada.

Los índices oficiales revelan un notorio incremento en el costo de vida (superados ampliamente por otras entidades que relevan los mismo datos) y esta circunstancia, que se trasluce asimismo en las negociaciones salariales, impone a los jueces el deber de revisar esta cuestión, por resultar inequitativo mantener la tasa de interés cuyo sentido es el de compensar la mora y penar la demora en el pago de créditos laborales.

Aplicar la nueva tasa, a partir de su vigencia, simplemente implica mantener la obligación originaria corregida tan sólo en la expresión nominal, permitiéndole conservar el sentido con el que fue fijada en la sentencia.

De otro modo los acreedores laborales verían notoriamente reducidos sus créditos, afectándose directamente su derecho de propiedad.

La modificación de la tasa de interés a partir de la vigencia del Acta 2601, no afectaría los efectos de la cosa juzgada ni dejaría en estado de indefensión al deudor, sino simplemente adecuaría los efectos del pronunciamiento al contexto actual, al cual no se habría arribado si la deudora hubiese cumplido sus obligaciones en tiempo propio.

Con base en todo lo expuesto, considero que corresponde establecer que la tasa fijada en grado regirá hasta el 21de mayo de 2014, fecha a partir de la cual se utilizará la tasa de interés nominal anual que el Banco Nación aplica para préstamos de libre destino, plazo 49 a 60 meses.

IX.- Por lo expuesto, propongo en este voto se confirme la sentencia apelada en todo lo que ha sido materia de recurso y agravios con los intereses establecidos en grado corregidos de conformidad al presente pronunciamiento; se impongan las costas de esta instancia a la apelante (artículo 68 CPCCN); se regulen los honorarios de los profesionales intervinientes en el 25% de lo que fueran regulados en la instancia anterior.

EL DOCTOR LUIS ALBERTO CATARDO DIJO:

Que, por compartir sus fundamentos, adhiere al voto que antecede.

Por ello, el TRIBUNAL RESUELVE:

1) Confirmar la sentencia apelada en lo que ha sido motivo de recurso y agravios, con los intereses establecidos en grado corregidos de conformidad al presente pronunciamiento;

2) Imponer las costas de Alzada a las demandadas;

3) Regular los honorarios del profesional interviniente por sus trabajos en esta instancia, en el 25 % respectivamente, de los fijados en la anterior.- Regístrese, notifíquese y, cúmplase con lo dispuesto en el artículo 4º Acordada CSJN 15/13 del 21/5/13 y oportunamente, devuélvanse.-

VICTOR ARTURO PESINO

JUEZ DE CÁMARA

LUIS ALBERTO CATARDO

JUEZ DE CÁMARA

Ante mí:

ALICIA E. MESERI

SECRETARIA

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